Guatemala, Guatemala. Este país continúa siendo un paraíso para la trata de personas: la posición geográfica, las precarias condiciones económicas, y la alta tasa de población joven, así como la corrupción y la impunidad, conspiran a favor de esto.
Según la defensora de las Personas Víctimas de Trata, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Ana Lucía Peláez, el país continúa en el nivel de vigilancia dos en ese sentido, por cuanto incumple buena parte de las normas mínimas para la eliminación del flagelo de carácter global.
En Guatemala los proyectos desarrollados para prevenir la trata de personas carecen de un sistema de evaluación y ello redunda en el desconocimiento de sus alcances, resultados o impacto en las causas estructurales, reflexionó.
Al mismo tiempo manifestó su inconformidad porque “las instituciones del Estado siguen sin abordar la problemática social de la trata de personas como un tema de violencia de género, pese a que el 66 por ciento de las víctimas de este delito son mujeres.
No obstante, reconoció que en muchos casos nunca lograron identificar el sexo y la edad de las víctimas.
La trata de personas es un crimen que suele ocultarse bajo un sinfín de camuflajes y, peor aún, alimentarse de quienes recurren a los servicios de los captados por esas redes, incluso niñas y niños, sin parar mientes en la historia de terror que existe detrás de estos.
“Los traficantes ven a las personas como mercancía para obtener un beneficio económico personal y cualquiera, sin importar la edad o el origen, puede ser víctima”, sentenció el jefe de la Fiscalía Contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), Alexander Colop.
Para muestra un botón: la historia de Lucía Samayoa, estudiante secuestrada tras ser drogada mediante un producto alimenticio que le dieron a probar presuntos encuestadores en la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y rescatada dos días después en Livingston, departamento caribeño de Izabal.
Las declaraciones de la joven a la revista Look Magazine corroboraron lo terrible de tales episodios, de los cuales salir con vida es una ganancia, pese a la cual nunca se borra la impotencia al pensar en cuántas personas pueden ser cómplices y en la posibilidad de ser asesinada en virtud de cualquier denuncia.
Informes de la PDH sugieren que en Guatemala al menos 33 mil 800 seres humanos son víctimas de la trata de personas, el 46 por ciento de ellas por debajo de los 18 años de edad.
Paralelo a esto la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth refiere que a inicios de 2017 alrededor de dos mil 208 personas comprendidas en ese rango etario estaban desaparecidas en el país, la mayoría niñas de 13 a 18 años.
Pero la problemática es vieja: en 2016 fueron creadas cinco mil 969 alertas por la desaparición de seis mil 583 infantes y adolescentes, sobre todo del departamento de Guatemala (dos mil 513), y los casos de niñas sobrepasaron igual los de niños, cuatro mil 597 y mil 986, de manera respectiva.
Súmase a esto que el año precedente cerró con la pérdida de dos mil 234 menores de edad que nunca fueron localizados, pese a las gestiones de sus familiares y a las del mecanismo interinstitucional responsable de encontrar a la población infantil desaparecida.
La trata de personas es una problemática arraigada hace años en este país centroamericano, a pesar de lo cual continúa estando muy mal la prevención, reconoció el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien calificó el tema de tremendamente complicado.
Para el exrector de la USAC, es lamentable que la mayor parte de los casos nazcan en los hogares, como corroboró un estudio presentado en mayo de 2016 por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
De acuerdo con la indagación, casi siempre son los padrastros y hasta padres quienes principian a violar a sus hijos o hijas, y con ello los empujan a buscar otras alternativas de vida lejos de sus casas.
Ambas dependencias de la Organización de Naciones Unidas ratificaron a Guatemala como origen y tránsito de explotación y prostitución, aparejado a lo cual señalaron que cada día 33 niñas y mujeres son víctimas de la trata de personas, luego de ser engañadas para someterlas.
Precisaron, además, que de 2010 a 2014 fueron detectadas 48 mil 500 personas afectadas de ese modo en el territorio, donde las adultas rescatadas carecen de atención psicosocial y ello impide reparar los daños a que fueron sometidas.
La víctima de la trata es obligada a trabajar hasta 16 horas cada día, prestando servicios sexuales hasta 30 veces; por eso el negocio es rentable y genera millonarias ganancias a las redes dedicadas a este delito, agrega el informe.
Mientras, autoridades del Ministerio Público (MP) insisten en las dificultades que enfrentan para identificar a quienes caen víctimas de esas redes, ya sea para explotación sexual, laboral, mendicidad, venta de personas, prostitución ajena, trabajo forzado, pornografía u otras modalidades.
Por cada persona rescatada, otras 30 siguen ocultas en los entresijos de estas bandas delincuenciales, señalan a su vez organismos internacionales.
“Con responsabilidad vamos a retomar el tema, hay varios gabinetes que tienen que retomarlo, y trataremos que en un tiempo corto podamos entablar una relación interinstitucional, porque sólo así se va a poder establecer una ruta que nos permita paliar este problema”, declaró Cabrera.
Y manifestó confianza en que la trata de personas pueda erradicarse en Guatemala, pese a que en el nivel mundial es uno de los problemas más serios.
Unicef y Cicig presentaron un documento en el cual está muy clarificado el problema, y no hay que seguir hablando, hay que actuar, subrayó el vicepresidente, quien prometió en nombre del Gobierno hacer el esfuerzo para que las cosas se prevengan con tal de erradicarlo.
Pero el cambio añorado está por verse en este país, considerado uno de los más desiguales e impactados por el crimen organizado en el mundo, donde preservar la vida continúa siendo un desafío y más si se es niña o mujer.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
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