México es un país donde el Estado de Derecho es débil, donde la justicia y las acciones no sirven, y éstas sólo se usan en contra de las personas que defienden los derechos; la justicia sólo funciona para las personas que tienen grandes capitales, asegura a Contralínea Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Este país es uno de los más peligrosos del mundo para “las personas que defienden el territorio y el medio ambiente, ellas se enfrentan a una grave situación: sufren de amenazas, ataques de diferentes tipos e, incluso, asesinatos. Todo debido a los altos niveles de impunidad y a las inequidades existentes, pues cuando se usa la justicia es solamente en contra de los más vulnerables, lo que provoca un contexto de inseguridad”, afirma Puentes Riaño.
De acuerdo con el informe ¿A qué costo?, elaborado por la organización internacional Global Witness, la situación de los defensores en México empeoró en 2017, al haberse registrado 15 asesinatos, en comparación de los tres ocurridos en 2016.
La codirectora de AIDA explica que la situación de violencia que viven estas personas es causada por los intereses económicos a los que se enfrentan, ya sea por parte de empresas o del gobierno, “y como ellas critican y se oponen a proyectos donde, identifican, se está haciendo algo mal, [se enfrentan] a una situación de riesgo alta”.
Además, Astrid Puentes señala que hay cientos de personas en este país que han sido llevadas a la cárcel o tienen denuncias penales en contra, sólo por su labor de proteger al medio ambiente. Las afectaciones al buen nombre, a la seguridad, espionaje digital, robos a las casas, a las oficinas, también son ejemplos de cómo se les controla a las y los defensores de derechos ambientales.
Según el mismo estudio de Global Witness, América Latina, en 2017, fue la región con el mayor número de asesinatos en el mundo, ya que ahí se registraron 60 por ciento de las muertes: Brasil con 57 defensoras asesinadas, Colombia 24, México 15 y Perú 8.
Ante esto, el pasado 27 de septiembre 14 países de Latinoamérica firmaron el Acuerdo de Escazú, el primer tratado en el mundo enfocado en derechos medio ambientales, según Naciones Unidas.
“Este tratado es muy importante porque es el único que reconoce el trabajo de los defensores de derechos ambientales y es la primera vez que los Estados acuerdan un documento específico para garantizar el derecho al acceso a la justicia, información y participación en temas ambientales. Sin embargo, lo preocupante es cómo se llevará a la práctica, porque en México estos marcos legales no son implementados para la defensa de las personas”, asegura Astrid Puentes.
La representante de AIDA recalca que lo que hace falta es voluntad política fuerte, “aunque sí existen mecanismos de protección, son débiles, no hay una independencia judicial, los jueces no investigan bien y esto, sin duda, es algo que se tiene que cambiar. Se necesita un poder judicial fuerte, independencia, recursos y eso tiene que ver también con voluntad política”.
Karen Ballesteros
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