Indocumentados en Estados Unidos, el pesado fardo de la zozobra

Washington, Estados Unidos. El miedo constante a la separación de su madre, quien tiene una orden de deportación y corre el riesgo de ser detenida por autoridades, forma parte de la vida de Leah, una niña estadounidense de 11 años.

La pequeña integró recientemente una caravana juvenil de 40 miembros que viajaron desde el sureño estado de Florida hasta Washington DC para llamar la atención sobre las políticas antimigratorias de la administración del presidente Donald Trump.

“ÂíNo importa lo mucho que lo intentes, nunca romperás nuestro espíritu!”, expresó Leah en un mensaje dirigido al jefe de Estado el pasado 13 de abril desde el frente de la Casa Blanca.

Allí, los participantes en dicho recorrido tuvieron la compañía de niños, jóvenes y padres de esta capital y de estados como Nueva York, Colorado, Carolina del Norte, Maryland y Virginia, en una iniciativa con el lema We belong together (Debemos estar juntos).

Debido a esa campaña, Leah compartió con los presentes que es la hija orgullosa de una trabajadora doméstica que la enseña a tratar a la gente con amabilidad y respeto.

Vengo a decirles que los niños somos fuertes y vamos a defender a nuestras comunidades y familias del odio, estamos aquí para quedarnos, manifestó la chica.

Explicó que le rompe el corazón pensar todos los días en el posible  alejamiento de su madre, una inmigrante sin documentos legales como mismo existen más de 11 millones de personas en Estados Unidos, según estimados.

No es un pensamiento feliz, resulta un sentimiento terrible, es como si alguien a quien quieres pudiera morir en cualquier momento, lamentó la niña en la Plaza Lafayette.

Luna, otra de las asistentes a la manifestación, aseguró que Trump no se preocupa por ellos, y entonces, agregó, “debemos unirnos y hacer que nuestras voces se escuchen”.

A juicio de la adolescente Charlene, el mandatario estadounidense, cuya postura hacia los inmigrantes recibe críticas dentro y fuera de territorio norteamericano, está obrando mal.

Nosotros trabajamos muy duro, vamos a pelear por continuar en este país, sostuvo cuando dicha caravana hizo una de sus paradas en Carolina del Norte.

Quiero proteger a mi comunidad por todos los medios; nosotros los jóvenes tenemos el poder de resistir, unidos estamos negros, indígenas y latinos, comentó en el mismo lugar Joanna, de 13 años.

De acuerdo con los organizadores del viaje, muchos de estos chicos han sido directamente afectados por las deportaciones y la separación de familias, la falta de inversión en sus escuelas y la criminalización de amigos.

En opinión de Carmen Rodríguez, indocumentada de Carolina del Norte, fue un placer recibir a la caravana, que debe ser, estimó, el inicio de una gran lucha de los inmigrantes de todo el mundo.

Consignas como “Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos” y “La comunidad inmigrante está aquí para quedarse” distinguieron el recorrido.

Otras iniciativas similares también han acontecido desde la llegada al poder de Trump, quien prometió, con una retórica nacionalista, desde su campaña electoral, enfrentar la inmigración ilegal y construir un gran muro en la frontera de su país con México.

Por ejemplo, miles de personas recorrieron el pasado 9 de abril unos dos kilómetros y medio en la ciudad estadounidense de Dallas, Texas, para exigir respeto a los derechos de los inmigrantes.

Los participantes en la marcha, entre ellos muchos latinoamericanos, principalmente mexicanos, pero también de países como Jordania, Iraq, Irán y Afganistán, pidieron reformar las políticas migratorias y frenar la persecución que sufre ese tipo de personas.

El trayecto por varias de las principales calles del centro de la urbe, comenzó en la Catedral de Guadalupe y concluyó en la explanada del edificio del Ayuntamiento.

En ese último punto se produjo una concentración en la cual intervinieron activistas a favor de la protección de los derechos humanos, líderes civiles y legisladores locales y federales.

Dicha iniciativa, recordaron medios de prensa, coincidió con el aniversario 11 de la denominada Mega Marcha, que reunió a medio millón de personas en reclamo de una reforma migratoria integral.

Por otra parte, miembros demócratas de la Cámara de Representantes presentaron a fines marzo en el Congreso un proyecto de ley para prohibir a las autoridades la detención de inmigrantes indocumentados en sitios públicos notables.

De acuerdo con sus promotores, la norma responde al incremento de denuncias de arrestos de tales personas en escuelas, hospitales y espacios de culto religioso, entre otros.

Nuestra intención es imposibilitar que las fuerzas del orden realicen detenciones en lugares altamente sensibles, precisó el legislador por Nueva York, de origen dominicano, Adriano Espaillat.

Además de este representante, impulsaron la posible ley sus colegas José Serrano, también por Nueva York; Suzanne Bonamici (Oregón) y Don Beyer (Virginia).

Sin embargo, Trump considera que se debe restaurar la integridad y el imperio de la ley en las fronteras y resulta posible llevar a cabo una reforma migratoria real y positiva.

En su primer discurso ante el congreso el 28 de febrero, el jefe de Estado señaló que la aplicación de las leyes sobre inmigración representa un modo de garantizar el alza de los salarios de sus compatriotas, la ayuda a desempleados, el ahorro de miles de millones de dólares y la seguridad en todas las comunidades del país.

Queremos que todos los estadounidenses tengan éxito, y eso no puede ser en un ambiente de caos, hay que hacer cumplir las normas, recalcó el gobernante.

A pocos días de asumir como presidente, Trump firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.

La disposición también se encaminó a interrumpir la concesión de ciertos fondos a las llamadas “ciudades santuario”, que limitan su colaboración con las autoridades federales en aras de proteger a los inmigrantes indocumentados.

Para el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, cuando esas urbes y los estados se niegan a ayudar a hacer cumplir las leyes, su país es menos seguro, por lo cual, esas políticas no pueden continuar.

Sessions manifestó a finales de marzo que con tales posiciones las “ciudades santuario” están menos protegidas, y se ponen en riesgo de perder los recursos federales.

Puntualizó que los sitios interesados en subvenciones del Departamento de Justicia deberán mostrar que cumplen con las leyes gubernamentales y persiguen a los inmigrantes autores de crímenes o en situación irregular.

De su lado, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, John Kelly, defendió la semana pasada a los trabajadores del departamento bajo su cargo ante las constantes críticas por las políticas migratorias.

A nuestros empleados se les acusa injustamente, cuando lo que están haciendo es implementar medidas con la intención de aumentar la seguridad nacional, afirmó el titular en un discurso en la Universidad George Washington.

Con frecuencia funcionarios públicos se burlan de ellos, los ofenden, y se les condena en la corte de la opinión pública a raíz de acusaciones infundadas inventadas por leguleyos y portavoces profesionales, agregó.

En opinión de Kelly, sus subordinados se han convertido en “rehenes de la política”, y se les pide trabajar cada vez más con menos recursos.

Puntualizó que los congresistas que se quejan de las leyes migratorias deben tener el coraje y la destreza de cambiarlas o, de lo contrario, callarse.

Diversas voces han denunciado que el Departamento de Seguridad Nacional se está excediendo en sus funciones, inclusive arrestando extranjeros cuya única falta es estar en Estados Unidos de manera irregular.

Estadísticas oficiales muestran que más de 21 mil inmigrantes ilegales, de ellos unos cinco mil 500 sin antecedentes criminales, han sido arrestados desde que Trump ocupa la Casa Blanca.

Bajo la presidencia de Barack Obama (2009-2017), los agentes tenían instrucciones de detener solo a los inmigrantes hallados culpables de crímenes severos, o que por alguna razón representaban una amenaza para la seguridad colectiva.

Diony Sanabia*/Prensa Latina

* Corresponsal de Prensa Latina en Estados Unidos.