Monsanto se ha involucrado en prácticas que “han vulnerado los derechos humanos básicos a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Sumado a esto, la conducta de Monsanto ha tenido un impacto negativo sobre la libertad de los científicos de llevar a cabo de manera libre investigaciones indispensables”, concluyeron los jueces del Tribunal Internacional Monsanto.
El Tribunal es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Jueces de diversas partes del mundo escucharon testimonios de “víctimas” y brindaron una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.
El Tribunal y la Asamblea Popular, que se llevó de manera paralela, ocurrieron entre el 14 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos y hasta hoy se llevó a cabo la resolución.
En tanto, en México, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México retiraron el proyecto de sentencia en enero pasado, con respecto a la impugnación que Monsanto y las demás corporaciones presentaron en contra de la suspensión de siembra de maíz transgénico (vigente para todo el país desde el 17 de septiembre de 2013).
Se trata de que en el país Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, PHI y Syngenta acaparan 831 permisos para la siembra de transgénicos en 15 millones de hectáreas, otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los mismos que se encuentran en suspensión.
Los jueces internacionales “también concluyeron que a pesar del desarrollo de regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente, aún existe una brecha entre compromiso y realidad en la protección del medio ambiente. La ley internacional debe ser precisa y debe reafirmar la protección del medio ambiente y establecer el crimen de ecocidio. El Tribunal concluye que sí el ecocidio fuera reconocido formalmente como un criminal según la ley penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un crimen de ecocidio”.
Érika Ramírez
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