ONU condena violencia en el penal de Cadereyta

La Organización de las Naciones Unidas condenó –a través de sus oficinas en México contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)– los violentos hechos que cobraron la vida de 16 personas y en los que otras 30 resultaron heridas, en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, Nuevo León, el 9 y 10 de octubre.

Ambas oficinas pidieron a las autoridades de Nuevo León realizar una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, para esclarecer la tragedia y otorgar justicia a las víctimas y sus familiares.

La investigación –completa y exhaustiva– es una medida fundamental de prevención para que hechos similares no se repitan, al igual que la sanción de los responsables, indicaron a través de un comunicado conjunto.

Para la UNODC y la ONU-DH “resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio Cereso de Cadereyta”.

Las autoridades son responsables de acreditar si se llevó a cabo un uso de la fuerza ajustado a la ley, señalan. En su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad, el Estado mexicano tiene obligaciones especiales, como lo disponen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las “Reglas Mandela”, recuerdan.

Por ello, a las agencias les preocupa la situación en el centro de Cadereyta y en el conjunto del sistema penitenciario mexicano. Pues de acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2016 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos éste presenta graves deficiencias.

Las oficinas de la ONU refieren que en la Encuesta nacional de población privada de la libertad 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estableció que en Nuevo León 40.5 por ciento de las personas privadas de libertad se sentían inseguras en el centro penitenciario y 28.9 por ciento en su celda.

Por ello, la UNODC y la ONU-DH llamaron a las autoridades federales y estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos.