ONU documentará violaciones en la presa El Zapotillo, en Jalisco

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estará hoy en las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, para documentar las violaciones a los derechos humanos ocasionados por la construcción del proyecto El Zapotillo.

Con la construcción de este megaproyecto podrían afectarse a más de 600 mil personas: 1 mil 500 de forma directa, pues sus comunidades serían totalmente inundadas, y 600 mil de forma indirecta.

La presencia de los representantes del organismo internacional es en respuesta a la convocatoria hecha por organizaciones defensoras de derechos humanos y de medio ambiente, entre las que se encuentran: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogados, después de los resultados del estudio “Jalisco Sostenible, Cuenca Río Verde, de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la decisión del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que avalan las inundaciones de estas comunidades.

La cortina a que se levanta en el Río Verde, Jalisco, beneficiará con contratos a las empresas españolas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Abengoa, y a las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes.

Con este proyecto pierden los campesinos y productores por qué:

• Les cerraran los pozos, con el argumento de que es necesario que la presa se alimente.
• Les obligaran a comprar el agua a costos definidos por la empresa Abengoa y ya no podrán sacarla de pozos, ni podrán captar el agua de lluvia.
• En la mayoría de los municipios de los Altos se prologaran las vedas de aguas profundas y superficiales.
• Los bordos y la captación de agua se volverán alternativas reprimidas por la Comisión Nacional del Agua, con el argumento que el agua de escurrimiento será para El Zapotillo.
• Les quitarán el agua a los campesinos y productores con la que se produce el 88 por ciento de todo el huevo que comemos en México y el 22 por ciento de la proteína animal, poniendo en riesgo el sector productivo rural, la economía y vida misma de más de 800 mil habitantes de la región de los Altos de Jalisco.

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