FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Antes de dejar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –por la llegada del nuevo gobierno–, funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto saquearon el archivo del mayor desastre ambiental en la historia del país por derrame de residuos mineros.
De la existencia de un archivo integrado por 72 cajas sobre el Fideicomiso Río Sonora da cuenta el oficio DGAEFA/015/2017, del cual Contralínea posee copia. Fechado el 7 de julio de 2017, el documento respalda el traslado de todo el expediente al consorcio responsable del daño: Grupo México. Adjunto, un anexo enlista los contenidos de cada una de los recipientes: desde censos, estudios e informes hasta comprobaciones de gastos y contratos.
Rafael Pacchiano Alamán se desempeñaba como titular de la Semarnat y Rodolfo Lacy Tamayo como subsecretario de Planeación y Política Ambiental. De hecho, esta última era la encargada de la custodia del expediente del Río Sonora.
El archivo documentaba las acciones emprendidas por las autoridades y por el consorcio responsable de arruinar los ecosistemas de toda una región del país. Los expedientes debían justificar la decisión que tomó el gobierno pasado sobre el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos altamente tóxicos en los cuerpos de agua de la cuenca del Río Sonora: que el daño había sido resarcido y que el imperio de Germán Larrea Mota Velasco no tenía más que remediar.
En efecto, al asumir en diciembre de 2018, las nuevas autoridades ambientales no recibieron siquiera un informe del algún archivo especializado en el tema. La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la actual administración, bajo la titularidad de Iván Rico López, ubicó documentos dispersos, expedientes incompletos y sólo siete cajas desordenadas de las 72 que deberían integrar el expediente.
De esto último da cuenta el documento “Información sobre las actas de entrega-recepción del archivo ‘Río Sonora’”, del cual Contralínea posee copia.
A la fecha, en la Semarnat del presente sexenio no se tiene certeza de si los documentos originales fueron los que se entregaron a Grupo México. Y en tal caso, si la dependencia del sexenio anterior no se quedó con copia de los mismos. Mientras, el consorcio empresarial no ha respondido a la solicitud gubernamental de entrega de una copia del expediente que posee.
El oficio de entrega de los documentos a Grupo México, de julio de 2017, fue emitido por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, entonces a cargo de Rodolfo Lacy Tamayo. Se trata del mismo funcionario que firmó el convenio de transmisión del patrimonio y extinción total del fideicomiso irrevocable 80724 Río Sonora, que convalidó la “remediación” hecha por el consorcio empresarial luego de la contaminación por derrame y hasta le regresó los recursos remanentes.
En el oficio DGAEFA/015/2017, expedido por esa Subsecretaría, aparece la firma de José Antonio Moreno Mendoza, en su calidad, en aquella fecha, de director general adjunto de Esquemas de Financiamiento Ambiental. El documento está dirigido a Julián Jorge Lazalde Psihas, “director jurídico” de Grupo México, en realidad gerente legal de Americas Mining Corporation, una de las divisiones del conglomerado que encabeza Germán Larrea.
Mediante el documento, Moreno Mendoza le informa a Lazalde Psihas que está en disposición de entregarle el expediente del Río Sonora, luego de “la conclusión de las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento al objeto del Fideicomiso Río Sonora y de la extinción del mismo”. Con ese fin, le solicita el nombre de la persona designada para recoger “toda la documentación”. Incluso, menciona fecha y hora en que sería entregado el archivo: 11 de julio de ese año (2017) a las 10 de la mañana.
En el anexo, “Relación de cajas Fideicomiso Río Sonora”, se detalla el contenido del archivo, las 72 cajas. De la primera a la séptima, acciones de supuesto apoyo por afectaciones agropecuarias en los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Hermosillo, San Felipe de Jesús, Baviácora, Huépac y Ures.
Las cajas 8 a 11 contenían comprobaciones de contratos firmados al amparo del Fideicomiso. De la 12 a la 34 resguardaban expedientes varios, desde informes de pagos de materiales como supuestos apoyos a unidades económicas (empresas) afectadas por el derrame.
Mientras, de la caja 35 a la 44 había documentos sobre la situación de las tomas de agua ubicadas en los municipios afectados. De la 45 a la 48, comprobación de los supuestos apoyos a población afectada que se desempeñaba en albañilería y en el campo.
Las cajas 49 a 52 contenían comprobación que amparaba la adquisición de bienes y servicios con entidades como el Colegio de Ingenieros y la Desarrolladora de Mar de Cortés. Las 72 y 73, aquellos firmados con Cisena Grupo Integral de Servicios Especializados.
Las otras cajas, acuses de supuesto resarcimiento a personas por daños sufridos y expedientes de salud de los habitantes de 10 municipios (caja 63). También, el “Informe final Anexo ‘A’ Medio Abiótico” (sic) elaborado por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la caja 70.
Un acuse de recibido da cuenta de que el expediente fue recogido por Grupo México el 11 de julio de 2017.
El rastro de todo lo que tenía que ver con el Fideicomiso Río Sonora comenzó a perderse. En el Acta de Entrega-Recepción presentada por Rodolfo Lacy Tamayo al dejar la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat el primero de julio de 2017 –aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto–, no se observa ninguna referencia a expedientes del Río Sonora.
Sólo en el Informe de Separación se consigna la existencia de información, pero se trata de aquella de carácter público contenida en el portal de internet dedicado al tema. Se trata, por ejemplo, de datos generales sobre personas beneficiarias, recursos erogados y acciones realizadas.
En este documento, que recibe Juan Carlos Arredondo Brun en su calidad de nuevo encargado de despacho, se encuentra el apartado “Temas prioritarios, principales problemáticas y estado que guardan los asuntos”. No hay ninguna referencia al derrame ocurrido la cuenca del Río Sonora.
Por su parte, en el Acta de Entrega-Recepción de Juan Carlos Arredondo Brun a la nueva subsecretaria Katya Puga Cornejo, llegada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hubo referencia alguna a expedientes del Río Sonora. A pesar de contener apartados como “focos rojos”, nada se reporta sobre el derrame. Para la Semarnat de Peña Nieto, todo había quedado superado.
Con la restructura de la Semarnat, ordenada por López Obrador, continuaron los cambios en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. El encargado de recibir la documentación de parte de Katya Puga fue Eduardo Martínez. Por primera vez se encontró un expediente relacionado con el Río Sonora. Así se ubicaron, entre los documentos de la Dirección General Adjunta de Esquemas de Financiamiento Ambiental, 24 expedientes sueltos.
De Eduardo Martínez, la Subsecretaría pasó a Arturo Arteaga. Y de éste al actual titular, Iván Rico López. Se pudieron ubicar cinco expedientes sueltos, entre ellos, juicios de amparo que datan de 2014 a 2017, contratos del Fideicomiso y diversos oficios. Además, las siete cajas mencionadas.
El 6 de agosto de 2014 tuvo lugar el mayor desastre ambiental por derrame de desechos ocurrido en la historia del país. El represo del Bordo Poniente del sistema La Tinaja derramó más de 40 mil metros cúbicos –o aproximadamente 40 millones de litros– de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, manganeso, plomo, arsénico y vanadio. El sistema vertió los desechos tóxicos directamente en los cuerpos de agua de la Cuenca del Río Sonora: el afluente principal, el río Bacanuchi y la presa El Molinito.
Como lo ha documentado la Semarnat, la contaminación se extendió por los municipios sonorenses Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.
En agosto pasado, la Secretaría –a nombre del gobierno federal– interpuso una denuncia penal por el derrame y por la falta de remediación por parte de Grupo México. Destaca el documento que el siniestro ocurrió en el represo que servía para resguardo y almacenamiento de lixiviados para la extracción de cobre y molibdeno, en el marco de las actividades mineras de las empresas denunciadas. Advierte que el derrame no fue un accidente sino un crimen por negligencia.
Argumenta: “[…] los imputados no realizaron o cumplieron con las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa le ordenó o impuso”.
La Semarnat acusó a tres empresas de Grupo México: Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV. Además, formuló denuncias contra exfuncionarios que resultaran responsables por no haber cumplido con vigilar el cumplimiento de los objetivos del fideicomiso.
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