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Sedatu gasta 374 millones en conflictos sociales, ASF encuentra irregularidades

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Érika Ramírez @erika_contra

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Rosario Robles Berlanga, suministró 374 millones 313 mil 300 pesos a la “resolución” de 38 conflictos agrarios. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no constató el respaldo de la transferencia de los recursos hasta en 26 de los casos, según el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

La ASF constató que sólo 22 de las operaciones se encuentran respaldadas en las copias simples de los cheques, de las transferencias y de los oficios de solicitud de recursos suscritos por la Dirección General de Concertación Social. Sin embargo, asuntos como el de Plan de Arroyo (en Puebla) y Francisco de la Fuente Oviedo (en Tamaulipas) “no cuentan con las pólizas cheque y los recibos de entrega de las contraprestaciones suscritos por los beneficiarios”

De los conflictos Casas Grandes —ubicado en Chihuahua— y Margaritas (en Jalisco), “no cuentan con la documentación que soporte las transferencias de los recursos efectuadas al FIFONAFE por 150 mil pesos y 7 millones 880 mil 600 pesos, respectivamente. En tanto que el asunto Adolfo López Mateos por 8 millones de pesos “tampoco cuenta con documentación que la respalde”, pero si se acreditó el retiro de los depósitos.

Las transferencias fueron hechas al programa de Atención a Conflictos Agrarios, y el rubro de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer); así como los relacionados con el Acuerdo Nacional para el campo.

Los recursos fueron transferidos a Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Durango, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Colima.

El máximo órgano de fiscalización del país “emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria original que sustente la emisión de 26 Cuentas por Liquidar Certificadas por 374 millones 313 mil 300 pesos para el pago de las contraprestaciones de los 38 asuntos concluidos…”, dice la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-15100-02-0382.

Érika Ramírez

 

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