Ya sólo dos grandes cárteles del narcotráfico cuentan con estructura y presencia nacional: el del Pacífico-Sinaloa (CDP) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), según el análisis Mapa criminal en México, sobre organizaciones criminales con presencia en México 2020, elaborado por Lantía Consultores.
Además de estas organizaciones criminales, observa que hay por lo menos otras cuatro con presencia regional, entre éstas Cártel de Tijuana Nueva Generación y La Línea (Cártel de Juárez). Asimsimo, que las organizaciones Beltrán Leyva (OCBL), Los Zetas, Cártel del Golfo (CDG), Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana se han pulverizado en decenas de agrupaciones menores, como pandillas, que no tienen ninguna afiliación y que incluso son antagónicas entre sí. También refiere que hay actividades de un centenar de células criminales o mafias que operan autónomamente o bajo el mando de alguna organización.
Al respecto, el análisis indica que, para 2019, muchas de las organizaciones criminales que operaron desde la década de 1980 han desaparecido o se han atomizado en tantos grupos que en los hechos han dejado de existir, para dar paso a cientos de grupos delictivos y pandillas de toda índole que mantienen en jaque al gobierno de la “cuarta transformación”.
Por la complejidad del actual panorama criminal de cárteles y organizaciones delictivas, el informe de Lantía Consultores advierte que ubicar con precisión determinadas organizaciones criminales en una especie de mapa nacional resulta complicado debido a la fragmentación que ha ocurrido a lo largo de la última década y a la cantidad de éstas (la mayoría son locales y regionales).
Con el fin de elaborar un panorama general de las organizaciones criminales del país se propone un mapa que intenta reflejar esa diversidad. Éste contempla siete componentes: el Cártel del Pacífico-Sinaloa; Cártel Jalisco Nueva Generación; escisiones de Los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel Beltrán Leyva y La Familia-Los Caballeros Templarios; así como grupos criminales locales o regionales de relevancia, ya sea porque son enlaces con cárteles nacionales, por su arraigo o por su capacidad económica o predatoria.
El documento de Lantía Consultores describe el estado de cada organización, sus principales grupos y líderes, así como su presencia territorial y ofrece una propuesta de mapa criminal nacional con base en información “sustentada en un monitoreo y análisis exhaustivo de fuentes abiertas con corte a 1 de noviembre de 2019”.
Señala que los datos sobre ejecuciones, violencia criminal, conflictividad social y presencia criminal se obtuvieron por medio de inteligencia en fuentes abiertas: es decir, “mediante un seguimiento exhaustivo y sistemático de diarios, periódicos y revistas de circulación nacional y locales, y redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), verificando cada suceso con dos o más fuentes”.
El monitoreo se realizó desde hace más de una década (2008). En algunos casos, para el perfil de las organizaciones criminales analizadas se consultó fuentes cerradas en agencias de seguridad, procuración de justicia e inteligencia.
Precisa que se eligieron estos siete componentes de las organizaciones criminales como elementos de análisis, porque se trata de agrupaciones que en su momento tuvieron capacidad económica, armamentística, logística y corruptora que les permitía tener presencia en cinco o más entidades del país, y coludir o infiltrar autoridades locales. Estas características les permitieron permanecer vigentes por lo menos una década.
El informe indica que actualmente Los Zetas, Golfo, Beltrán Leyva y Caballeros Templarios-Familia Michoacana ya no existen como organizaciones cohesionadas; “se han atomizado en varias escisiones, algunas antagónicas entre sí o sin relación alguna con los liderazgos originales. De cualquier forma, la mayor parte de las organizaciones criminales que actualmente operan en el país provienen de éstas; en ese sentido, utilizarlas como categorías resultan útiles para elaborar una propuesta de mapa criminal”.
Para comprender las tendencias de violencia de los últimos años y cómo éstas explican en cierta medida la fragmentación y el estado actual de las principales organizaciones criminales, el informe divide en dos periodos lo considera como las dos crisis de violencia más recientes: por un lado, la de 2008-2012 y, por otro, la de 2014-2019, así como sus consecuencias para las organizaciones criminales en México. Ya sean éstas cárteles, mafias o grupos criminales locales.
Indica que las consecuencias de esta primera crisis fue la fragmentación de las grandes organizaciones criminales que existían desde finales de la década de 1970. En primera instancia, se debió a disputas internas como en el caso de la bifurcación del Cártel del Pacífico tras la separación de la facción de los hermanos Beltrán Leyva, o la escisión de Los Zetas de su histórica alianza con el Cártel del Golfo como brazo armado de éste último.
Después obedeció a la política gubernamental de captura y abatimiento de líderes que pulverizó a las organizaciones criminales en múltiples células antagónicas entre sí. Estas nuevas agrupaciones tuvieron que recurrir a otras actividades ilícitas y mercados además del narcotráfico para mantener sus rentas: como la extorsión (cobro de derecho de piso) o el tráfico y trata de personas.
En buena medida, la violencia criminal del periodo se explica por el rompimiento de La Federación –alianza de liderazgos del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez (familia Carrillo Fuentes) y de los hermanos Beltrán Leyva– y las posteriores disputas entre el Cártel del Pacífico y el Cártel de Tijuana en Baja California y Baja California Sur, entre Pacífico y el Cártel del Golfo-Los Zetas en Guerrero y Tamaulipas, entre Pacífico y Cártel de Juárez en Chihuahua, y entre La Familia y Cártel del Golfo (Los Zetas) en Michoacán.
A partir de 2012 la violencia comenzó a disminuir en buena medida por un cambio en la estrategia de seguridad federal que privilegió la persecución de los delitos más nocivos, y de las organizaciones criminales más violentas como Los Zetas.
El viraje también privilegió componentes de políticas de prevención como el programa Todos Somos Juárez, en Chihuahua y que combinaba la aplicación de programas de desarrollo social o un traslado del mando militar de las operaciones conjuntas a uno civil, e inversiones en infraestructura y colaboración con organizaciones no gubernamentales.
Estos hechos coincidieron con una aceleración del proceso de fragmentación de las organizaciones criminales con presencia nacional y regional que había comenzado en la crisis previa.
Si a finales del sexenio de Calderón, los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel del Golfo dejaron de existir en los hechos –cediendo sus plazas a varias células criminales, algunas antagónicas entre sí–, con Peña Nieto el abatimiento y captura de líderes de Los Caballeros Templarios, La Familia y el CDP concedieron el fortalecimiento del CJNG, así como el surgimiento de nuevos grupos criminales locales y regionales –algunos dirigidos por exlíderes de grupos de autodefensa o sicarios que quedaron de las organizaciones previas.
En esta nueva etapa, diversificaron sus actividades a nuevos mercados como el robo de combustible, a ferrocarril, a transportista y trata de personas. Actualmente, los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los únicos con presencia nacional y con una capacidad económica, armamentística y corruptora notable.
La federación de Sinaloa –que surgió como una escisión del Cártel de Guadalajara a inicios del decenio de 1990 de varios liderazgos como Héctor Luis Palma Salazar (a) Güero y José Esparragoza Moreno (a) Azul– ha mantenido estabilidad durante las dos crisis de violencia de la última década, a pesar de escisiones –la más notable la de los hermanos Beltrán Leyva en 2008–, abatimientos, detenciones y extradiciones, como la de uno de sus líderes más emblemáticos: Joaquín Guzmán Loera (a) Chapo.
Su éxito se debe, en parte, a la base social que construyó tanto en comunidades de Sinaloa como de Durango, y que está sustentada en apoyos económicos y obra pública, así como en vínculos con políticos locales. También contribuyó a su consolidación que no optara por dedicarse a delitos predatorios como la extorsión o el secuestro, y que enfocara sus esfuerzos exclusivamente en el narcotráfico: desde la producción, trasiego, hasta la venta de estupefacientes; y a que construyeran alianzas con mafias y familias criminales regionales.
Como en el caso del CJNG, todavía tiene capacidad de corromper funcionarios de los tres ámbitos de gobierno y trabajar de la mano de empresarios. Desde luego, el caso más emblemático es el de Genaro García Luna, detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas por agentes de la DEA –acusado de aceptar sobornos del Cártel del Pacífico (tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción). fungió como una especie de mano derecha del ex presidente Calderón. Por tanto, no se descarta que el ex presidente haya solapado las actividades delictivas de García Luna o al menos las haya ignorado deliberadamente.
El 13 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador ordenó el despido de cualquier funcionario federal vinculado con García Luna. La Fiscalía General de la República también inició una carpeta de investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que denunciaría a García Luna por desvío de recursos federales a cuentas personales (enriquecimiento ilícito).
El fin del juicio del Chapo en Estados Unidos en febrero de 2019 –y la sentencia de cadena perpetua de julio– extinguieron en alguna medida su capacidad de influencia. Sin embargo, el cártel continúa siendo junto con el CJNG, el único que cuenta con cohesión para tener operaciones en la mayor parte del país y tiene presencia en Asia, América Latina, Estados Unidos y Europa –como lo sugiere información de inteligencia de un campo de marihuana de la facción de los “Erres” en la región de Andalucía en España y enlaces para trasiego en Londres, Inglaterra.
Actualmente el liderazgo del cártel se basa en tres pilares: Ismael Zambada García (a) Mayo; la familia Guzmán Loera encabezada por Los Chapitos y la célula Gente Nueva; y Rafael Caro Quintero (a) Narco de Narcos. De acuerdo con un informe de la DEA, tras su liberación en 2013, el exlíder del Cártel de Guadalajara fue integrado por el Mayo.
Según datos de Lantia Consultores, el CDP dispone de 37 células en 29 entidades del país. Entre éstas destacan Gente Nueva en Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco; Cárteles Unidos-La Unión (CU/CDS) en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos (conocidos como “La Mera Verga”) y Oaxaca; La Barredora-El Comando de la Muerte en Colima, Baja California y Ciudad de México; Los Cabrera en Chihuahua y Durango; Los Erres en Baja California y Baja California Sur; Los Mayitos en Baja California y Sinaloa; Los Salazar en Chihuahua y Sonora; Los Artistas Asesinos en Chihuahua; y Los Jaguares en Chihuahua.
El Cártel Jalisco Nueva Generación –antes conocido como Los Mata Zetas o Los Torcidos– surgió en 2010 como una escisión del Cártel del Milenio de Los Valencia y fungió en sus inicios como un brazo armado del Cártel del Pacífico. Tras el enfrentamiento, y posterior victoria frente a La Resistencia en 2012 –otra escisión del Cártel del Milenio aliada primero con La Familia y después con Los Zetas–, y el posterior debilitamiento de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, el CJNG fortaleció presencia regional en Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, y afianzó el control de algunos puertos estratégicos como el de Manzanillo en Colima y el de Lázaro Cárdenas en Michoacán.
Con el debilitamiento del Cártel del Pacífico por la extradición y conclusión del juicio al Chapo, se puede concluir que la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes (a) Mencho es la organización criminal con más capacidad operativa en México.
El CJNG cuenta con una red de protección judicial que permitió que Rubén Oseguera González (a) Menchito, hijo del líder del CJNG, saliera varias veces de prisión. También se ha convertido en una especie de “cártel de cuello blanco”. Es notable su capacidad para corromper altos funcionarios de los ámbitos de seguridad y procuración de justicia, y para vincularse con la clase empresarial.
El listado de funcionarios señalados por colaborar con el CJNG incluye a Édgar Veytia, titular de la Fiscalía General de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda del PRI (2011-2017) –capturado cuando aún estaba en funciones por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego, California (27 de marzo de 2017).
Además, el CJNG ejerce actividades predatorias como la extorsión, usa la violencia en forma excesiva, recluta de forma forzada a menores de edad y a personas en situación de pobreza –engañándolos con anuncios de supuestas ofertas de empleo en seguridad privada, por ejemplo–; contrata abogados, contadores e ingenieros, y ex militares de México y otros países. Por estos motivos, el CJNG es hoy por hoy la organización criminal de más alto riesgo para la seguridad nacional del Estado mexicano.
En ese sentido, se puede considerar tan nociva como Los Zetas fueron durante el sexenio del presidente Felipe Calderón; y, por tanto, el Gobierno de México debería priorizar su neutralización, sugiere el documento.
En 2019 el CJNG tiene 37 células y una escisión –el Cártel Nueva Plaza en Jalisco y Nayarit; en ese sentido, registra presencia en todas las entidades con excepción de Sinaloa. Destaca la alianza con la familia Arrellano Félix y el Cártel de Tijuana conocida como el Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) en Baja California; con La Fuerza AntiUnión Tepito en Ciudad de México y Estado de México; la célula de El Negro en Puebla; el Cártel del Poniente en Coahuila y Durango; así como Los Talibanes (escisión de Los Zetas) en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. Por otra parte, mantiene enfrentamientos por el control de mercados ilícitos contra el Cártel del Pacífico en varias entidades, con Los Viagra y La Nueva Familia Michoacana en Michoacán, y frente al Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
A diferencia de otros grupos –posiblemente, porque no tenían control de la producción y de algunos puertos estratégico para el trasiego de narcóticos– Los Zetas optaron por recurrir a los delitos predatorios como la extorsión y el secuestro como ingreso adicional. Como tal fueron de los principales generadores de violencia durante el sexenio de Felipe de Calderón. En 2019, el resto de Los Zetas se encuentra atomizado en pequeñas células criminales antagónicas entre sí y sin cohesión, por lo que, en los hechos, Los Zetas ya no existen como tal.
Hay doce escisiones en 12 entidades del país, entre las que destacan Cártel del Noreste (Los Laredo) en Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; Los Zetas Vieja Escuela-Vieja Escuela Z en Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; Zetas Sangre Nueva en Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz; Los Talibanes (actualmente grupo asociado al CJNG) en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas; Sangre Zeta en Coahuila y Tamaulipas; y el Cártel de la Laguna en Coahuila.
El Cártel del Golfo fue fundado por Juan Nepomuceno Guerra para el tráfico de alcohol (whisky) durante la prohibición en el decenio de 1930 en Estados Unidos y después se orientó al narcotráfico bajo la dirección de Juan García Ábrego y, tras su captura en 1996, por Osiel Cárdenas Guillén. Cárdenas Guillén (a) Loco o Mata Amigos consolidó su liderazgo al inicio de la primera década de 2000, así como sus vínculos con traficantes sudamericanos. En buena medida su obsesión con la seguridad personal y por sus negocios lo llevó a recurrir a un brazo armado: Los Zetas.
Hasta 2019 se registran catorce escisiones del CDG en once estados de México. Destacan Los Ciclones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; Los Pelones (en alianza con el CDP en Guanajuato) en Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán; Los Metros en Nuevo León y Tamaulipas; Cártel Nuevo Imperio en Estado de México; y Los Fresitas y Panteras en Tamaulipas.
Para 2019, la organización criminal de Los Beltrán Leyva había dejado de existir en los hechos. Quedan sólo diez restos atomizados y antagónicos entre sí en trece entidades federativas. Quizá el grupo más relevante y que aún mantiene ciertos elementos de la estructura original es la familia Meza Flores encabezada por Fausto Isidro Meza (a) Chapo Isidro –en alianza con la familia Ruelas Torres–; dirige los grupos criminales de La Oficina y Los Mazatlecos con presencia en Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Otros grupos que surgieron de las cenizas de la OCBL –pero antagónicos y sin nexos– son: Los Rojos en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla; Guerreros Unidos en Ciudad de México, Estado de México y Guerrero; Sierra Unida Revolucionaria (SUR)-Cártel del Sur en Estado de México, Guerrero y Morelos; La Barredora-El Comando de la Muerte –actualmente célula del CDP– en Baja California, Ciudad de México y Colima; y Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) en Ciudad de México y Guerrero.
Aunque inicialmente se generó base social y cooperación con las comunidades, los abusos no tardaron en llegar. Los Caballeros Templarios, y las distintas escisiones de La Familia, extorsionaron a productores de aguacate, jitomate y limón, y buscaron apropiarse de sus plantíos. En otras regiones –cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, por ejemplo– intentaron controlar hasta las mineras.
Para 2019, en oposición a estas actividades predatorias y para hacer frente a las organizaciones criminales michoacanas, desde inicios de 2013 se establecieron grupos de autodefensa – conformados por ejidatarios, propietarios de plantíos y miembros de las comunidades– y se reunieron en un Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán (CAM).
Entre los casi treinta grupos de autodefensas que surgieron ese año, los más relevantes fueron los de Estalisnao Beltrán Torres (a) Papá Pitufo de Buenavista –apoyado por la familia Sierra Santana–; José Manuel Mireles Valverde de Tepalcatepec; Hipólito Mora Chávez de la comunidad de La Ruana del municipio de Felipe Carrillo Puerto; Juan José Farías Álvarez (a) Abuelo en Tepalcatepec; y Miguel Ángel Gallegos Godoy (a) Migueladas en La Huacana.
Sin liderazgos claros, la pulverización de La Familia y de Los Caballeros Templarios dejó doce escisiones en ocho estados –en su mayoría conformados por ex integrantes de autodefensas o de los grupos criminales michoacanos. Entre estos destacan Los Viagra encabezados por Nicolás Sierra Santana (a) Gordo en Michoacán, Colima y Jalisco; Cártel de Zicuirán-La Hermandad H-3 de Miguel Ángel Gallegos Godoy (a) Migueladas (en alianza con el CJNG) en Michoacán, Jalisco y Colima.
El Cártel de Tláhuac (familia Pérez Luna) en Ciudad de México; La Nueva Empresa de José Alfredo Hurtado Olascoaga (a) Fresa y Johnny Hurtado Olascoaga (a) Pez en Estado de México, Guerrero y Michoacán; la Empresa Vieja Escuela en Estado de México y Morelos; Los Tequileros en Guerrero; El Grupo en el Estado de México; La Nueva Familia Michoacana de Homero González Rodríguez o Gonzalo González (a) Gallito; y Las Moicas en Michoacán.
Finalmente, el informe de Lantía Consultores refiere que en todas las entidades hay grupos, bandas, pandillas o familias dedicadas a delitos de fuero común como robo, narcomenudeo, y en algunos casos al mercado Ilícito de hidrocarburos (robo de combustible y Gas LP), de transportista o contrabando, por lo que Identificarlos en un mapa nacional resulta contraproducente, pues sus actividades suelen localizarse en municipios, alcaldías o colonias o calles en específico.
Un ejemplo es la banda de “huachicoleros” dirigida por Julio César Zúñiga Cruz (a) Parca con operaciones en poliductos de Mixquiahuala y Tezontepec, y presuntamente involucrada en la explosión de Tlahuelilpan (Hidalgo) del 18 de enero de 2019.De acuerdo con información de inteligencia de Lantía, en al menos 16 entidades hay 29 organizaciones locales y regionales que por su arraigo, capacidad económica, armamentística y de despliegue (en varios municipios, incluso de entidades distintas) –así como participación en delitos predatorios– son de relevancia para fines del mapa. Sin embargo, se identifican en total 160 agrupaciones locales o regionales en 25 estados del país.
Entre estos destacan: Los Rodolfos (Rodolfo Rodríguez Morales (a) Gorda) en Ciudad de México; Comando Suicida, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense en Guerrero; el Cártel de Tepalcatepec de los exautodefensas Juan José Farías Álvarez (a) Abuelo y Alfonso Fernández Magallón, Poncho Kiringüas o Comandante Poncho; Comando Tlahuica de Homero Figueroa Meza (a) Tripas en Morelos; Cártel de Juchitán (familia Terán) en Oaxaca; Cártel de Oaxaca-Cártel del Istmo (familia Díaz Parada) en Oaxaca.
Así como el Bukanans (Zetas Sangre Nueva) en Puebla; la Familia Téllez de Óscar García Téllez (a) Loco Téllez en Puebla; Cártel de Cancún –actualmente en alianza con el CDP– en Quintana Roo; Los Hechiceros –dirigidos por Juan Carlos Zamora Rodríguez (a) Brujo y Tomás Martínez Valencia (a) Jarras– en Tlaxcala; y Los Epitacio de Herbert Armando Bautista Epitacio (a) Lic. o Rey –aliado al Cártel de Oaxaca– en Yucatán.
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