El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) recomendó que se reformen los marcos penales y administrativos “para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres”.
En el Informe implementación del tipo penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género (2014-2017), el ONCF señaló que a pesar de la tipificación de este delito “existen resistencias por parte de los operadores jurídicos, tanto para iniciar las investigaciones desde la hipótesis de feminicidio, como para considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones”.
En casos donde “la línea lógica de investigación” es la participación de las parejas sentimentales, se les dice a las familias que no se trata de probables responsables sino que son víctimas también, denuncia el informe y añade que es el caso de Mariana Lima Buendía, Wendy Hernández González y Lesvy Berlín Rivera Osorio.
De acuerdo con las conclusiones del informe las investigaciones carecen de diligencias básicas que permitan identificar a los agresores, “situación que lleva a que los casos queden en la impunidad”. En Sinaloa, por ejemplo, de un total de 85 asesinatos de mujeres registrados en 2017, las autoridades desconocen al victimario en 94 por ciento de los casos.
Marcial Yangali
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