Tortura sexual, una práctica generalizada contra las mujeres reclusas mexicanas

De una muestra de 100 mujeres que actualmente se encuentran en prisión, 72 afirman que fueron víctimas de tortura sexual durante su arresto. Sin embargo, en 6 años, de 2010 a 2015, sólo 15 agentes federales de seguridad –integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal– han sido “sancionados” por su participación en algún delito relacionado con violencia sexual. El resto continúa en el anonimato y sin castigo. La tortura y la impunidad son parte de un mismo fenómeno.

Estas cifras provienen del informe elaborado por Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. El documento es el resultado de una investigación realizada con base en 100 casos de mujeres reclusas en cárceles federales de los estados de Nayarit y Morelos; el propósito es dar cuenta de la situación generalizada de tortura que se vive a nivel nacional, la cual, según el organismo internacional, tiende a ser con mayor frecuencia de índole sexual cuando se trata del género femenino.

De acuerdo con los datos obtenidos por Amnistía Internacional a través de la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de los 15 militares vinculados con delitos por violencia sexual, 11 de ellos son soldados adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); siete que entre 2012 y 2013 fueron juzgados por violación y cuatro cuya averiguación sigue en curso por abuso sexual. El resto son marinos que pertenecen a la Secretaría de Marina (Semar); en 2013 tres marinos fueron suspendidos por abusar sexualmente de una mujer, y uno más fue “inhabilitado temporalmente de sus funciones por 5 años” en 2015 debido al mismo delito.

Sin embargo, gracias a la información recuperada por la organización, se sabe que la mayoría de esas “sanciones” están sumergidas en la irregularidad. Por un lado, el Ejército reconoció que varios de los soldados juzgados por el delito de violación fueron procesados por la jurisdicción militar y que ninguno de ellos fue suspendido de sus funciones mientras eran investigados. Por otro lado, aunque la Semar informó sobre cuatro casos, Amnistía Internacional presume que uno de los marinos podría recuperar su trabajo luego de cumplir su condena, pues sólo fue declarado como “inhabilitado temporalmente de sus funciones”.

Sin castigo y sin registro

De las 100 mujeres entrevistadas por el grupo de investigadores de Amnistía Internacional, el 72 por ciento aceptó haber sido víctima de tortura sexual y 33 por ciento, específicamente, de una violación por parte de miembros de la Policía Federal, el Ejército o la Marina. No obstante, el efecto de “bola de nieve” que describe Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional y una de las autoras del informe, refleja que la violencia sexual puede ser la norma que aqueja a las más de 13 mil mujeres que, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, habitan las prisiones tanto federales como estatales del país.

 “Empezamos con seis testimonios, terminamos con 100 y pudieron ser más, pero desafortunadamente las autoridades no lo permitieron”, cuenta Penman en entrevista con Contralínea.

A pesar del elevado número de casos, Amnistía Internacional señala en el informe que “en la Ley Federal Contra la Tortura vigente no existe un aparatado específico que hable acerca de la violencia sexual”. Además, el organismo internacional evidencia que no hay registros disponibles ni de las víctimas ni de los integrantes de las fuerzas de seguridad que son confirmados como agresores.

Ante la solicitud del organismo para conocer el número de elementos de la Policía Federal que desde 2010 hasta 2015 habían sido suspendidos por abuso o violencia sexual, la Unidad de Asuntos Internos  dijo que sólo sabían que se habían suspendido a más de 4 mil por “mala conducta”. Sin ahondar en las particularidades de  su sistema de registro o control, este cuerpo de seguridad se limitó a asegurar que “de los miles de expedientes disciplinarios abiertos contra policías, la violencia de la policía contra mujeres no era uno de los temas que más les ocupaban”.

En ese sentido, Madeleine Penman asegura que “es preocupante que el gobierno no pueda dar cifras desagregadas por género”. Esta situación se agrava debido a que, de acuerdo con la investigadora, “la violencia sexual tiene una característica muy particular: las huellas tienden a borrarse rápidamente”.

Esto se contrapone con otra de las fallas que el equipo de Amnistía Internacional logró documentar  en su informe: la deficiencia del diagnóstico médico. En los casos de violencia sexual, los cuales según Penman “deberían ser investigados de inmediato por un cuerpo especializado de médicos y sicólogos”, se ha demostrado que las pruebas se realizan meses o, incluso, años después.

Según información obtenida por la organización a través de los testimonios de abogados defensores, denunciantes de tortura y sus familiares, las respuestas de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la solicitud de un examen forense oficial para una víctima de tortura sexual son que “hay un lista de espera de más de 3 mil” o que “no pueden realizar ningún examen hasta 2020”.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres con bajos ingresos y bajo nivel educativo; las madres solteras y las trabajadoras sexuales son las más vulnerables ante la tortura sexual. Esta práctica es definida en el Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –el Protocolo de Estambul– como amenazas verbales, insultos, burlas sexuales y cualquier clase de toqueteos.

Los abusos van desde los tocamientos hasta la violación; Penman observa que en el sistema de justicia mexicano “el cuerpo de la mujer es un blanco; sobre todo en un contexto en el que dentro del combate a la delincuencia organizada se les ve como objetos desechables. En muchas ocasiones, a las mujeres se les acusa porque se cree que son cómplices de los detenidos sólo por ser sus novias o sus acompañantes. Se les juzga así, sin mayor fundamento, lo cual es bastante arbitrario”.

Además, Amnistía Internacional señala que dentro de las mujeres –un grupo que ya por sí mismo es vulnerable– preocupa la violencia sexual cometida contra aquellas que se encuentran embarazadas o que se declaran homosexuales.

Práctica generalizada

La violencia sexual es una de las formas de una práctica que se ha expandido en todo el país: la tortura. De la muestra de 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, además del 72 por ciento que vivió tortura sexual, la totalidad señaló haber sufrido violencia verbal o sicológica, el 97 por ciento física y en 41 casos se presentaron métodos como la semiasfixia.

Los datos reflejan que el número de casos de tortura va exponencialmente en aumento, lo que para Andrés Díaz Fernández, abogado e investigador del área de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, se debe a factores como la impunidad, la falta de capacitación de los servidores públicos para investigar más allá de las confesiones forzadas y la falta de voluntad política del estado.

 “La impunidad aumenta las posibilidades de que los crímenes que comete el Estado sean reproducidos una y otra vez. La ausencia de sanciones cuando se cometen actos de tortura se convierte en una especie de permiso para que esta práctica siga operando”, asegura Díaz Fernández.

Tan sólo de 2013 a 2014, las denuncias por tortura ante autoridades federales se duplicaron. Además, de acuerdo con el informe, el Instituto Nacional de Estadística declaró en diciembre de 2015 que “la tortura y otros malos tratos eran la segunda violación a los derechos humanos más denunciada, –sólo después de la detención arbitraria– ante las comisiones estatales de derechos humanos en los 32 estados mexicanos y la Comisión Nacional”.

La investigadora de Amnistía Internacional Madeleine Penman coincide en que el incremento de casos de tortura en México tiene que ver con “una cultura de encubrimiento y una falta de castigo al respecto”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe titulado Situación de derechos humanos en México, desde 1991 sólo en 15 casos de tortura se han alcanzado sentencias condenatorias penales federales para los agresores.

El número de denuncias por tortura aumenta, pero el de sanciones no. Y este es el patrón que permite la reproducción de una práctica que “conlleva que no exista el derecho a la verdad: ni para las víctimas del delito ni para las nuevas víctimas de delito, esta vez cometido por el estado: la tortura”, explica Andrés Díaz, colaborador de Fundar y de otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Agrega que “independientemente de si una persona es responsable o no, el hecho mismo de la tortura vicia todo contenido de prueba. Cuando hay tortura se habla de una doble violación a los derechos humanos: el acceso a la justicia tanto para las víctimas del delito como de la tortura. Además, a la sociedad se le priva la posibilidad de acceder a la verdad”.

Legislación pendiente

Aunque la fecha límite para su aprobación venció en enero de este año, la Ley General contra la Tortura que se “discute” desde hace ya varios meses en el Congreso continúa formada entre los pendientes de los senadores. Apenas el pasado 26 de junio, el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, la CNDH emitió una recomendación para exigir la pronta atención de los legisladores en este rubro durante su próximo periodo de sesiones.

Junto con el proyecto de Ley sobre Desaparición Forzada, la Ley General contra la Tortura lleva ya algún tiempo “olvidada” entre las prioridades de los diputados y senadores de la República. Sin embargo, tanto los familiares de las víctimas como algunos organismos internacionales –tal es el caso de la CIDH– no han dejado de evidenciar las razones por las que la aprobación de dichas legislaciones es inminente.

Para Andrés Díaz, la Ley General contra la Tortura tiene que garantizar “en primer lugar, que cualquier prueba que sea obtenida bajo tortura e, inclusive, bajo tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes debe ser eliminada totalmente de los procesos judiciales. En segundo lugar, que la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes deben ser investigados, es decir, no solamente excluir este tipo de confesiones, sino también denunciar al servidor público que agredió e investigar por qué se produjeron estos hechos”.

Además, el investigador destaca otros factores de la ley, tales como “el Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura, el cual descansa en la CNDH, y con el que se espera que miembros de esta institución visiten los centros de detención y comiencen a documentar los casos de tortura, pero sin la presencia de los agentes policiacos. Asimismo, es fundamental que la nueva legislación incorpore y valide por completo los peritajes independientes, por ejemplo, el Protocolo de Estambul”.

A estas demandas se suman una serie de recomendaciones que el equipo de Amnistía Internacional presenta en su informe. Sin embargo, según Madeleine Penman, autora del documento, urge que “el gobierno mexicano utilice sus herramientas para asegurar que el sistema de seguridad y justicia del país no depende de la tortura”: En ese sentido, la investigadora de Amnistía Internacional destaca el seguimiento al mecanismo contra la tortura sexual de la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual desde su aprobación en septiembre de 2015, “se encuentra adormecido”.

Ana Laura Bañuelos