Tras la agresión física en contra del compañero Antonio Heras Sánchez, comunicadores independientes y dirigentes e integrantes de asociaciones periodísticas de Baja California, hacemos un pronunciamiento público para exigir a las autoridades garantías para el ejercicio periodístico, labor fundamental en toda sociedad democrática, sustentada en el respeto irrestricto a la dignidad personal y protección de quienes desempeñamos esta profesión en la entidad.

 

Exigimos que se investigue de manera clara, objetiva y expedita cualquier agresión o amenaza en contra de periodistas en el estado.

 

Solicitamos que se establezca un plazo perentorio para que la Procuraduría General de Justicia estatal dé a conocer resultados concretos sobre la investigación de la agresión a Heras Sánchez, así como respecto de las amenazas en contra de los compañeros del semanario Zeta.

 

Damos un voto de confianza a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California para que vigile el proceso de investigación a cargo de las autoridades competentes y el procedimiento para la protección del corresponsal de La Jornada y de los compañeros del semanario Zeta.

 

Confiamos en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concrete la facultad de atracción de la agresión contra Heras Sánchez, así como en la indagatoria que se abra respecto a las amenazas a los compañeros del semanario, que dirigen Adela Navarro y René Blanco Villalón, que de acuerdo con la denuncia del propio medio de comunicación, corren el riesgo de un ataque mortal a manos de integrantes del crimen organizado de la región.

 

Al colega Heras ya lo agredieron hasta dejarlo inconsciente en la vía pública y a plena luz del día. De igual forma exdirectivos del semanario han sido víctimas de arteros ataques.

 

En uno de éstos, el fundador de ese medio, Jesús Blancornelas quedó agonizando luego de una balacera. Al codirector Francisco Ortiz Franco lo acribillaron frente a sus pequeños hijos y a Héctor Félix Miranda, el Gato Félix, también lo ultimaron con arma de fuego. Hoy, de nuevo la amenaza de muerte circunda a Zeta.

 

En virtud de estos hechos, exigimos que se instrumenten medidas de seguridad pública tendentes a proteger a la comunidad en general en las calles de municipios de la entidad, más allá de la simple presencia del Ejército o el desplazamiento común de patrullas policiacas. Los bajacalifornianos merecemos vivir seguros y en paz. Desterremos el miedo a posibles agresiones causales o deliberadas.

 

Solicitamos la presencia y respuesta de policías preventivos de acuerdo con estándares policiales, como respuesta inmediata a las denuncias presentadas por los gobernados. Que lo de “mejor prevenir que lamentar” sea un objetivo real y no una mera propuesta demagógica.

 

Las agresiones y amenazas que se precisan son una muestra de los riesgos que afrontan los periodistas en Baja California. Requerimos respuestas inmediatas, contundentes y claras por parte de instituciones públicas, principalmente de las que les corresponde realizar labores preventivas e indagatorias, y en su momento las correspondientes a la administración de justicia. Esperamos respuestas francas, concretas, reales e inmediatas.

 

Por un periodismo libre, serio, responsable, ajeno a agresiones e intimidaciones,

 

 

 

En Poza Rica, Veracruz, los petroleros y periodistas conocemos muy bien la capacidad profesional del maestro Fabio Barbosa Cano, quien es uno de los más completos especialistas en temas relacionados con la industria petrolera y sabemos también de lo minucioso y preciso que son sus trabajos. ¡Felicidades por el artículo “El extraño caso de Puzkón” y por el buen trabajo periodístico de Contralínea!

 

 

 

Excelente, el reportaje sobre el congelamiento de la ley de seguridad alimentaria. Desespera que tengamos un territorio rico con gobernantes de cerebro pobre… y un pueblo adormecido.

 

 

 

Se agradece que existan medios de comunicación, como Contralínea, que permiten que se escuche la voz del pueblo, en especial la de los estudiantes de una organización estudiantil tan legendaria y autentica: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Me gustaría leer más acerca del seguimiento a la represión contra los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

 

 

 

Me ha producido una gran tristeza la lectura del reportaje “Normal Rural El Quinto, Sonora: los olvidados”. Esas raciones que actualmente ofrecen las autoridades como alimento para los estudiantes que están haciendo sus prácticas no alcanzan. Nunca fueron suficientes desde que yo era alumno. Tampoco los recursos para el material didáctico. Los propios estudiantes financiábamos su compra. Pero la lucha no debe acabar. Debemos de exigir lo suficiente. No es posible que los caballos del Ejército coman mejor que nosotros, los “somos los encaminadores del futuro”.

 

 

 

¡Muy buena la información contenida en el reportaje “Entregan oro y plata de México a trasnacionales”! Es vergonzoso que las autoridades otorguen permisos pisoteando la Constitución y sus leyes. Si al saqueo de la riqueza material le sumamos las pérdidas culturales y sociales –como las que enfrentan los huicholes en Real de Catorce, San Luis Potosí–, el daño es aún más profundo.

 

Pareciera que los actuales gobernantes pretenden dejar al país como la superficie de la luna. ¡Es verdaderamente indignante! Los otorgantes de permisos de explotación a cielo abierto son unos verdaderos trogloditas. Valdría la pena investigar los beneficios que recibieron estos seudofuncionarios.

 

 

 

¡Muchas felicidades a Marcos Chávez por su artículo “La época infame”! Vaya que es un texto feroz, que me hace pensar en el México que deseo. No pertenezco a ningún partido político. Me gustaría que las campañas electorales se enfocaran a la realidad. Escritos como éste tienen muchísimo más valor que los puños de billetes que la Mota o el Copetón le puedan tirar a un periodista. ¡Felicidades a Contralínea! Que la revista siga con ese espíritu independiente que tanto bien hace al país.

 

 

 

Desde el inicio de la administración de Javier Duarte Ochoa no hay recursos para pagos de proveedores del gobierno de Veracruz. Tampoco para los programas. El estado sufre de inercia y parálisis, gracias a que el exgobernador Fidel Herrera se llevó todo el dinero que había (y hasta el que todavía no había). Duarte, alumno de Herrera, salió muy penco ante el maestro y no supo conducirse. El problema es que los políticos en el poder se envilecen tanto, que piensan que son sobrehumanos y que pueden hacer todo lo que deseen sin rendir cuentas a nadie. Duarte ha ordenado recortes de hasta el 25 por ciento a algunas dependencias. Si sigue estirando la liga, le reventará en la cara.

 

 

 

En la opinión 67/2011, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró arbitraria la detención del señor Israel Arzate Meléndez, quien lleva más de dos años privado de libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusado de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. Recordemos que la acusación en su contra se sustenta en una confesión falsa arrancada bajo tortura en instalaciones militares.

 

El Grupo de Trabajo considera grave que la jueza de garantías, Anabel Chumacero Corral, no tomara en cuenta las denuncias de tortura que hizo valer Israel en su audiencia de vinculación a proceso por homicidio, y que, hasta la fecha, el amparo interpuesto contra la vinculación a proceso no haya prosperado ni en primera ni en segunda instancia. Actualmente, tras ordenarse la reposición del juicio de amparo, éste se encuentra nuevamente ante el juez Noveno de Distrito en Ciudad Juárez. Con ello, el juez de amparo está en posibilidad de invalidar la vinculación a proceso de Arzate Meléndez.

 

También, el Grupo de Trabajo observa que mientras Israel “fue detenido en la calle” el 3 de febrero de 2010, militares declararon, de manera inverosímil, que él había sido detenido en flagrancia el 4 del mismo mes. La opinión destaca que el fiscal a cargo del caso solicitó retirar el cargo de posesión del vehículo robado por falta de pruebas (es decir, sobreseer el proceso penal), pero después se retractó de la solicitud y siguió con la acusación. El Grupo de Trabajo considera que la acusación subsiste hasta hoy porque: “Era la única explicación que podría justificar flagrancia y cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal, revelando todo ello una falta de seriedad en el proceso.” Además establece que resulta violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el que Israel fuera vinculado a proceso en ausencia por posesión del vehículo robado, por el juez de garantía Alberto Ocon Campos.

 

El Grupo condena que, ante la ausencia de pruebas de la participación de Arzate en algún delito y después de vencerse el plazo de un año de prisión preventiva, (sin que avanzara el caso) se recurriera a la figura de arraigo para mantenerlo privado arbitrariamente de su libertad.

 

Cabe destacar que, aun cuando el Estado mexicano no respondió, dentro del plazo establecido la solicitud para proporcionar información directamente al Grupo de Trabajo, dicho mecanismo de la ONU tomó en cuenta los documentos oficiales disponibles para abonar a su análisis del caso. En particular, señala: “Si alguna duda pudiese haber sobre la veracidad de los dichos de Arzate Meléndez, y especialmente, sobre las alegaciones de tortura, ésta se disipa luego de la contundente recomendación 49/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]”, y menciona que el peritaje denominado Protocolo de Estambul realizado por la CNDH “comprueba las quemaduras por corriente eléctrica”, entre otras huellas de tortura presentes en el cuerpo de Israel.

 

En conclusión, el Grupo de Trabajo expresa que “considerando que las violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo son de una gravedad tal que otorga a la privación de libertad un carácter arbitrario”, pide al Estado mexicano “que disponga la libertad inmediata del señor Israel Arzate Meléndez”.

 

También exige una investigación de las denuncias de tortura e insta al Estado a realizar las reformas necesarias para impedir el abuso de la figura de flagrancia y para suprimir la del arraigo; este último, de acuerdo con lo que ha recomendó el Grupo de Trabajo desde su visita a México, en 2002.

 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, compuesto por cinco expertos independientes internacionales, fue establecido en 1991, con el mandato de investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los instrumentos internacionales. Es el único procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos con la facultad de examinar y emitir opiniones sobre casos concretos mediante un mecanismo de comunicaciones individuales.

 

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes exigimos al Estado que acate los puntos señalados por el Grupo en su opinión 67/2011, empezando por la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez, víctima de detención arbitraria.