Mayela Sánchez/Rubén Darío Betancourt, fotos/enviados
Sierra de Zongolica, Veracruz. El camino serpentea entre los cerros, flanqueado por empinadas laderas en las que la tierra soporta y nutre la cosecha de los campesinos.
Como las arterias en el cuerpo, de tanto en tanto se bifurca y uno de esos desvíos enfila hacia Palulca, municipio de Texhuacán; el balastro que tapiza la tierra hace más lenta la marcha.
Abruptamente, como suelen aparecer las heridas en la piel, una enorme grúa irrumpe en el panorama. Es apenas la parte más vistosa de una obra que ha comenzado a erigirse en los márgenes de los cerros, entre los cuales corre el río Altotoco y que delimitan a las comunidades de Palulca y Xometla.
Se trata de la cortina de una minipresa hidroeléctrica que la empresa Electricidad del Golfo, SA de CV, construye desde el año pasado en la región. De acuerdo con el encargado de desarrollo de nuevos proyectos de la compañía, Mauricio Justus Villarreal, se prevé que las obras continúen los próximos tres años antes de que la minihidroeléctrica se ponga en marcha.
Pero eso es algo que los habitantes de Palulca y de otra veintena de comunidades nahuas aledañas a la obra desconocen. La mayoría ni siquiera sabe en qué consiste la obra y para qué servirá, no obstante que se trata de un proyecto que desviará, cuando menos, el 80 por ciento del cauce del río Altotoco durante los próximos 25 años, que supondrá la deforestación de cerca de tres hectáreas de bosque de pino y encino y que afectará al menos otras 11 hectáreas de uso agrícola y ganadero.
De esta falta de información son responsables las autoridades tanto federal como estatal y de los tres municipios cuyas localidades están siendo afectadas: Mixtla de Altamirano, Texhuacán y Zongolica.
Con ello, el Estado mexicano estaría quebrantando los compromisos adquiridos en materia de derechos de los pueblos indígenas que consignan los artículos 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 19 y 32.
Éstos se refieren al derecho de los pueblos indígenas a determinar la utilización de sus territorios y los recursos que existen en ellos, así como a ser consultados por el Estado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras y recursos, sobre todo aquéllos relacionados con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos y de cualquier tipo.
En sus 82 años de vida, es la primera vez que la señora Filadelfa Lara ve tan alterado el entorno de la comunidad donde nació y vivió durante 70 años.
El cuadro es un tanto penoso: una parte del cerro ha sido deforestado, pues ahí se construirá el vertedor de la presa. Por su dimensión –inundará sólo 4 hectáreas, a decir de los encargados–, la obra se considera una minihidroeléctrica.
La anciana recuerda que antes forraban esa tierra encinos, álamos, ocotes y escahuites. Sentada en la casa que durante 30 años fue su hogar, Filadelfa se acuerda también de los días en que ella bajaba al río a lavar o acarrear agua.
Ahora, en ese mismo lugar, maquinaria pesada opera sobre el cuerpo de agua que los pobladores conocen como Altotoco, pero que la autoridad identifica como Apatlahuaya. La construcción de una cortina de concreto de 29 metros de altura y 30 metros de longitud, que desviará el cauce del río, está en marcha.
Del lado de la comunidad de Palulca, el cerro Soyayo muestra un boquete de aproximadamente 3 metros de diámetro. Su forma de herradura es lo más seguro para evitar derrumbes, indican, satisfechos, los ingenieros de la obra.
Pero esta mañana, una inesperada detonación advierte que la perforación del túnel a través del cerro no ha terminado.
Nadie puede explicar el por qué de las frecuentes detonaciones durante la madrugada, ni si las repentinas cuarteaduras en algunas casas son a causa de esos trabajos. Los habitantes de Palulca, a pesar de ser de los pocos “informados”, no han obtenido respuestas de la empresa ni tampoco de las autoridades municipales.
Pero según Justus Villarreal, la empresa ha hecho reuniones informativas en todas las comunidades en las que se previeron afectaciones.
Eso significa que los habitantes de Palulca, Equimititla, Apanga, Atzingo, Tepetlapa (en el municipio de Texhuacán), así como los de Xometla, Xala y Xochitla (en Mixtla de Altamirano), además de los que viven en Macuilca, Comalapa, Zomajapa, Piedras Blancas, Acontla, Puente Porras, Ocotitla, Apanga, Tonalixco, Ixcohuapa, Tonacalco y Zacatal (en Zongolica) tendrían que saber en qué consiste la obra, cuál es su propósito y cómo los va a afectar, no sólo durante el proceso de construcción, sino una vez que la minipresa comience a operar.
Tan sólo en Zacatal, los pobladores manifiestan un absoluto desconocimiento sobre el proyecto, no obstante la cercanía de la comunidad con el sitio donde se construye la casa de máquinas de la minihidroeléctrica.
Justus Villarreal asegura que además de las reuniones informativas, la empresa ha hecho “consultas públicas” en la región. La primera de ellas, dice, fue en febrero de 2009, es decir, más de un año antes de que empezaran los trabajos de construcción de la minipresa.
—¿En qué consistió esa consulta pública?
—Es una invitación donde se les hace un resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental, de las condicionantes del resolutivo ambiental y de los permisos que ya se han otorgado o están en proceso de otorgarse.
—¿Pero, no se les consulta si están de acuerdo o no con el proyecto?
—Una consulta pública no es tener su anuencia. Es tener una oportunidad para que la gente pueda escuchar el proyecto, pueda hacer preguntas, pueda inconformarse con las autoridades o con nosotros para que podamos responder. […] Consulta pública no es llegar a pedir autorización, las autorizaciones las da la autoridad.
En efecto, en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.6125.09, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se indica que la dependencia entregó el permiso para la instalación del proyecto en octubre de 2009. El documento señala una vigencia de tres años para la construcción de la minihidroeléctrica, y de 25 años más para su operación.
Además, refiere que las afectaciones serán en alrededor de 112 mil metros cuadrados, que la autoridad ambiental reconoce como bosques de pino y encino y tierras de cultivo y de uso pecuario.
La autorización “de uso limitado” fue entregada por la Semarnat siete meses después de que le rechazara un primer permiso por lo que calificó como “incongruencias” en las afectaciones reportadas en el proyecto inicial.
Respecto a lo que manifiestan los pobladores de que la empresa no les ha informado sobre el proyecto, Justus Villarreal revira y dice que son ellos quienes no han tenido interés en acercarse.
El también socio de la empresa, defiende que ésta ha hecho “todo lo posible” por ir a las comunidades e informar a las personas “hasta de puerta en puerta”.
De ser necesario, los barrenadores entrarán al amacice: con barretas, desprenden los mantos de arcilla que hayan quedado y que sean susceptibles de caer. De nuevo se rezaga antes de que la cuadrilla de barrenadores entre otra vez, a lo largo de 2.8 kilómetros, que es lo que medirá el túnel que atravesará el cerro.
“Destruirle el rostro a la madre tierra de un solo jalón es doloroso”, expresa Cira Quechulpa Pérez, originaria de Cuapa Pinopa, también en la sierra de Zongolica.
“Para nosotros, el haberle hecho un túnel hacia su interior es destruirle su corazón. Le destruyes su rostro, le quitas su ropaje, le desgarras su vestido”, equipara la indígena nahua.
Cira Quechulpa expresa así la relación de los indígenas con la tierra: “La madre tierra es la que te da de comer, te da el sustento, es la que te da la vida y te guarda cuando tú mueres”.
Por ello, critica que la idea de desarrollo se aparte de esta cosmovisión en la que viven los pobladores afectados por la obra.
“Estar en contra de la presa no es estar en contra del desarrollo. ¿Cómo concibes el desarrollo hacia las comunidades indígenas cuando vienes y destruyes? No puedes construir sobre lo que estás destruyendo”, expresa.
Álvaro Salgado, miembro del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (Cenami), valora que la construcción de la minihidroeléctrica supone perjuicios sociales, culturales y económicos, además de los ambientales.
Sin embargo, considera que se han tratado de minimizar estas afectaciones al centrar el problema de la presa únicamente en el tema ambiental.
En todo caso, no se trata tampoco de un daño menor. De acuerdo con Salgado, quien trabaja con algunas de las comunidades afectadas, la modificación del cauce natural del agua puede traer aparejado el agotamiento de manantiales y de ríos subterráneos, así como la desecación del suelo y la cancelación de los escurrimientos de minerales que arrastran los ríos desde la montaña hasta el mar.
Mas el representante de la empresa justifica las afectaciones arguyendo que el proyecto le fue autorizado de esa manera por la Semarnat.
En entrevista con Contralínea, Justus Villarreal niega que el río vaya a ser desviado por completo, aunque acepta que la desviación será de entre el 75 y 80 por ciento de su cauce. Este dato no es mencionado en las “reuniones informativas” de la empresa.
De acuerdo con la autorización de la Semarnat, el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz afectará 24 hectáreas de la sierra de Zongolica, en donde se asienta una veintena de comunidades.
Pero la minipresa servirá para abastecer únicamente a los socios de la empresa Electricidad del Golfo; hasta ahora, el único “socio consumidor” con el que ya se tiene un convenio es la trasnacional Walmart, afirma Justus Villarreal.
A las comunidades se les plantean los “beneficios” como tinacos, lavaderos y en algunos casos trabajo en la obra. Lo que no se les advierte es que para hacer funcionar esos tinacos tendrán que solventar el pago de la gasolina para el motor de la bomba; tampoco que su falta de experiencia en la construcción limitará las ofertas de trabajo al de peones, y éstas serán temporales.
Ángel Lara Tezonahua, habitante de Palulca, critica estos “beneficios” y dice que son menores que las afectaciones que la obra traerá, pues el agua del río es un recurso que ellos usan cotidianamente.
“No son compromisos donde ellos se responsabilizen a mejorar la situación de las comunidades. Si nos van a ayudar que sea en algo que sí valga la pena, pero así como cosas mínimas, como dádivas, no está bien. Es como si nos estuvieran engañando”, manifiesta.
Algunos de éstos “beneficios” fueron entregados a los presidentes municipales anteriores, responsables de otorgar los permisos de uso de suelo a la empresa. Pero ahora, Electricidad del Golfo, se encuentra nuevamente en “negociaciones” con los actuales vecinos.
Se trataría, de acuerdo con Justus Villarreal, de tarifas preferenciales para el pago del alumbrado público. Pero para ello, aclara, los municipios tendrán que convertirse en “socios consumidores” de la empresa.
Hasta ahora, sólo el presidente municipal de Texhuacán, Juan Alejandro Hernández Cano, se ha negado a firmar el convenio que la compañía le propone.
El munícipe asegura que no va a firmar nada si no se hace del conocimiento de la comunidad; además, ha exigido a la empresa que informe sobre las posibles afectaciones que la obra tendrá en la región, respecto a las cuales ya se muestra suspicaz.
El presidente municipal de Mixtla de Altamirano, José Jacobo Romero y el secretario del ayuntamiento de Zongolica, Francisco Javier Tezoco Méndez, dicen a Contralínea que están en contacto con la empresa.
Aunque ambos servidores públicos aceptan conocer las quejas de los pobladores que están siendo afectados, éstas no son el objeto de la comunicación con la compañía. El propósito es, más bien, negociar nuevos “beneficios” para los municipios.
Cuestionados respecto a su responsabilidad de exigir a la empresa que responda por los daños, los munícipes se justifican diciendo que ellos no entregaron los permisos a la empresa, sino que lo hicieron sus antecesores.
Lizy Peralta, asesora externa del Cenami, afirma que el Estado mexicano estaba obligado a informar a las comunidades y tener su consentimiento antes de autorizar la realización del proyecto hidroeléctrico. Y enfatiza que esta irresponsabilidad corresponde a los tres niveles de gobierno.
Respecto a la obligación que tendría la empresa, la abogada señala que ésta “ha venido a solventar lo que en realidad es una obligación del Estado”, pero critica que lo ha hecho de forma tardía y como una reacción a la preocupación que la gente afectada comenzó a manifestar.
Peralta considera que sí habría elementos en el sistema jurídico mexicano para que se pudiera detener la obra, no obstante el avance que lleva. Y es que además de incumplir con el derecho a la información, el gobierno está afectando el derecho al agua, a la alimentación, al desarrollo y a la cultura, asegura.
“Sí hay posibilidad de detener cualquier obra en donde se haga valer un derecho que está siendo violado y particularmente en materia de consulta”, considera.
Cuestionada respecto a la responsabilidad del Estado al no consultar previamente a las comunidades sobre el proyecto, la diputada federal María Isabel Pérez Santos responde que si bien éste es un derecho de las comunidades indígenas “tampoco hay una ley que obligue a la autoridad o a terceras personas a hacerlo”.
Pérez Santos, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso y representante del Distrito 18, correspondiente a la sierra de Zongolica, no comparte la idea de que la construcción se detenga; antes bien, defiende que la empresa esté haciendo ahora reuniones informativas, aunque reconoce que éstas han sido tardías.
La riqueza de recursos hídricos ha favorecido la creación de centrales hidroeléctricas en el estado, particularmente de minicentrales hidroeléctricas, como el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, con el argumento de que no afectan grandes superficies ni desplazan comunidades.
Lizy Peralta dice que aun cuando se trata de pequeñas obras, éstas se suman a otros proyectos de mayor envergadura que generan un efecto acumulativo.
Refiere que en Veracruz suman 112 los proyectos de este tipo, los cuales van a afectar 142 regiones. La relevancia que éstos tienen se trata de minimizar al argüir que son obras “de bajo calibre”, sostiene.
Además de las afectaciones a los cuerpos hidrológicos del estado, Peralta concibe que estos proyectos tienden a la privatización de la energía eléctrica, aun cuando ello contraviene lo planteado en el artículo 27 constitucional respecto a la primacía del Estado sobre los recursos naturales nacionales.
El Proyecto Hidroeléctrico Veracruz forma parte de este esquema.
La empresa dueña del proyecto es filial de la compañía Comexhidro, responsable de la construcción de presas en los estados de Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Comexhidro se encarga, además, de dotar de electricidad a una decena de municipios, que fueron los únicos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció como los que han dejado de comprarle electricidad para adquirirla con particulares, de acuerdo con una nota del diario La Jornada, (8 de septiembre de 2006).
La información provino de la respuesta de la CFE a una solicitud de información. Sin embargo, conforme consigna la nota, ésta derivó en un recurso de revisión, cuya resolución fue el reconocimiento de que se trataba de al menos 50 ayuntamientos.
A Comexhidro pertenece también la presa Cerro de Oro, en Oaxaca. Dicha obra ha sido rechazada por los habitantes de las comunidades afectadas debido a los efectos ambientales que ha tenido.
De acuerdo con otra información de La Jornada, correspondiente al 12 de febrero pasado, una organización estadunidense llamada Accountability Counsel, que se dedica a revisar la aplicación de recursos públicos del gobierno estadunidense en el extranjero, investiga a la empresa por posibles irregularidades.
Éstas son no haber informado a las comunidades con anticipación sobre el proyecto, iniciar las obras sin haber demostrado que contaba con los permisos de la autoridad forestal y una posible violación a las leyes agrarias mexicanas por el cambio de uso de tierras ejidales.
Aunque la empresa manifiesta que tiene fines de autoabastecimiento, por lo cual sólo producirá 30 megawatts de energía, el permiso que le entregó la Semarnat contempla la generación de una cantidad mayor (42 megawatts).
A través del área de Comunicación Social de la Semarnat, Contralínea buscó a su director de Impacto y Riesgo Ambiental, Eduardo Enrique González, quien fue responsable de dicha autorización. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Aarón tiene un terreno en Palulca en el que se encuentra la casa que antaño fue su hogar y que ocasionalmente visita; incluso comenzaba a pensar en arreglar la propiedad para mudarse ahí en el futuro.
Pero sus planes se han visto trastocados, pues su terreno se encuentra justo debajo del que la empresa compró para tirar el material que saca del cerro.
La arcilla y las pesadas rocas son dejadas sin ningún cuidado en la inclinada superficie. Una cinta de precaución es lo único que delimita el terreno de la empresa y el de Aarón, pero se trata de un mecanismo por completo inútil para detener el tropel de la tierra y las rocas, algunas de las cuales miden más de 1 metro de ancho y pesan unos 300 kilogramos.
La casa de Aarón, frágil construcción de madera, podría ser arrollada por una pesada roca en cualquier momento, teme el hombre de 51 años.
Aarón se dice desesperado y enojado, pues buscó a un encargado de la obra y éste le dijo que se dirigiera con quien le había vendido el terreno.
Luego de interponer una demanda conciliatoria, los encargados de la obra le aseguraron que ya no tirarían más rocas. Se trató sólo de un acuerdo verbal que la empresa no ha cumplido.
Germán Tlaxcaltécatl, habitante de la localidad de Xometla, en Mixtla de Altamirano, habla de un antiguo puente que fue destruido por la constructora, pues se encontraba en la zona donde ahora se erige la cortina de la presa.
Éste unía a Xometla con Palulca y por él pasaban no sólo personas, sino también animales de carga. Los “ingenieros” de la obra han dicho a los pobladores que lo van a arreglar, pero no ha habido ningún documento que respalde su compromiso.
Fernando Carmona se enteró de la obra cuando comenzaron las detonaciones que cimbraron su frágil casa de madera durante tres meses. Su terreno, ubicado al lado de la salida del túnel, es proclive a los deslaves de tierra y al desprendimiento de piedras: unas ya cayeron mientras él cortaba café.
Uno de los trabajadores, encargado de la seguridad en esta parte de la construcción, dice que la empresa sólo se hace responsable por los accidentes que ocurren dentro de la zona de la obra.
Tratándose de la ladera del cerro, los derrumbes de piedras y rocas se han hecho comunes, con el riesgo permanente que eso implica para quienes viven cerca de la obra.
Fernando refiere que hasta ahora no ha tenido una respuesta de la empresa sobre el accidente.
Los testimonios de Aarón, Germán y Fernando contradicen las declaraciones del representante de la empresa, quien cuestionado respecto a las afectaciones que han tenido los habitantes de las comunidades aledañas, contesta: “Lo mínimo que puede hacer la empresa es reparar cualquier daño y proteger a la gente”.
Justus Villarreal habla ahora de la “estrategia social” que tiene la empresa para “contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente” en cuyas comunidades construyen obras similares al Proyecto Hidroeléctrico Veracruz.
Colchones, tinacos, lavaderos, medicamentos son enlistados por el empresario como los “beneficios” que han dado a las localidades de los tres municipios donde se asienta la obra.
Tales prebendas se están entregando a la par que se negocia con los presidentes municipales, afirma el empresario. Justus Villarreal ataja así la pregunta del porqué de tales prebendas: “Porque queremos ser buenos vecinos”.
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