Desde el inicio del actual sexenio, en Guerrero han sido desaparecidas 848 personas y otras 919 han sido ejecutadas. Los gobiernos de Calderón y Torreblanca dicen que en todos los casos se trata de levantones y ajustes de cuentas entre integrantes del crimen organizado. Analistas, defensores de derechos humanos y pobladores observan una “guerra preventiva” contra movimientos sociales, pueblos organizados y movimientos armados. La supuesta “guerra contra el narcotráfico” y su estela de muertos y secuestrados encubrirían una política de contrainsurgencia en la que el Estado mexicano estaría utilizando no sólo al Ejército, sino a grupos paramilitares asociados a dos cárteles del narcotráfico
Segunda de cinco partes
Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados
Acapulco, Guerrero. En el estado de la república donde se encuentran las zonas más pobres del país, el Ejército Mexicano es policía, Ministerio Público y juez, señalan defensores de derechos humanos. A pesar de la militarización, “o tal vez por eso”, de diciembre de 2006 a la fecha han sido ejecutadas al menos 919 personas y 848 se encuentran en calidad de desaparecidas.
En el embate contra pueblos y organizaciones sociales acusados de conspirativos, lo mismo se encuentra el Ejército que dos grupos de sicarios: Los Pelones y Los Zetas, explican activistas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que dictar medidas cautelares para 109 defensores de derechos humanos del estado, una disposición sin precedente en el país. A pesar de ello, dos han sido asesinados.
Además, en las pasadas elecciones, el 68 por ciento de los electores rechazó emitir su voto o lo anuló. El ganador, el Partido Revolucionario Institucional, recibió el respaldo de apenas el 12.48 por ciento del total del electorado.
La militarización
Una pertinaz llovizna cala en el bosque tropical que bordea esta ciudad, considerada la “capital” económica del estado, en contraposición a Chilpancingo, donde se asientan los poderes políticos. Dos soldados casi adolescentes permanecen impasibles en el retén ubicado en el kilómetro 19 de la carretera costera que va de esta metrópoli a la de Zihuatanejo. El resto de la tropa se guarece bajo las lonas verde olivo de la improvisada garita militar, una de entre las decenas que el Ejército Mexicano instala en el estado, imposibles de contar pues la mayoría son efímeras y pueden ubicarse en el interior de las ciudades y en las carreteras principales, pero también, y con mayor abundancia, en los caminos terregosos y en los pueblos serranos y montañeses.
La presencia del Ejército Mexicano en el estado ha sido constante desde la Guerra Sucia que el Estado mexicano libró contra las guerrillas de Lucio Cabañas Barrientos, de Genaro Vázquez Rojas y de la Unión del Pueblo en la década de 1970. El Ejército nunca se fue, tampoco la insurgencia ni la pobreza.
Pero la presencia militar reinició su ascendente intensidad, en número y en acoso, luego de la masacre de 17 campesinos en el vado del “río chiquito”, en el ejido de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995. Al año siguiente hizo su aparición en ese lugar el Ejército Popular Revolucionario (EPR), del cual se escindieron en 1998 las columnas más importantes en el estado para formar el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y otras agrupaciones guerrilleras, como Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP).
Un segundo ascenso en el nivel de militarización de Guerrero inició luego de otra masacre: la de la comunidad El Charco, municipio de Ayutla, en la Costa Chica, ocurrida el 7 de junio de 1998. Oficialmente se trató de un enfrentamiento entre militares e insurgentes del ERPI. Pobladores y activistas sobrevivientes señalan que se trató de una matanza del Ejército Mexicano contra campesinos indefensos.
Sólo el estado de Guerrero integra una región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la IX, con sede en Cumbres de Llano Largo, Acapulco. Cuenta con dos zonas militares: la 27, asentada en El Ticui, en Atoyac de Álvarez, Costa Grande, municipio en el que Lucio Cabañas fundaría el Partido de los Pobres; y la 35, cuyas instalaciones principales se encuentran en la ciudad de Chilpancingo.
De acuerdo con información del investigador Jorge Luis Sierra, el despliegue militar en el estado incluye ocho batallones de infantería: el 19, de Petatlán; el 27, de Iguala; el 40, de Altamirano; el 48, de Cruz Grande; el 49, de Petatlán; el 50, de Chilpancingo; el 56, de Acapulco, y el 93, de Tlapa de Comonfort. Además, en el estado se encuentran dos destacamentos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales: en Cumbres de Llano Largo y Atoyac de Álvarez. También en la entidad se asienta el 93 Batallón de Infantería de Operaciones Especiales (Chilpancingo) y un regimiento del Grupo de Morteros de 81 Milímetros del Cuerpo de Guardias Presidenciales.
Ahora que los efectivos han sido sacados de sus cuarteles para patrullar las ciudades y los pueblos del estado, defensores de derechos humanos guerrerenses advierten por separado que “la militarización no había alcanzado nunca antes los niveles de la actualidad”. Con la supuesta guerra que el gobierno federal de Felipe Calderón libra contra el narcotráfico, el Ejército colocó decenas de retenes móviles y semifijos en las siete regiones que integran la entidad: Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Montaña, Centro, Norte y Tierra Caliente (la cual también puede subdividirse en Sierra y Valle).
—La militarización es más bárbara que hace 10 años –sostiene Bertoldo Martínez Cruz, defensor de los derechos humanos del Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
El médico de profesión y activista con una trayectoria de alrededor de 30 años en la lucha social señala que los militares no acabarán con los problemas del estado.
—No se están atacando los problemas de pobreza, de falta de educación ni de servicios de salud. No. Se militariza. Y es mentira que el Ejército esté combatiendo al narcotráfico. La realidad es que está combatiendo a las organizaciones sociales y a la insurgencia.
—El Ejército está actuando como policía ministerial, Ministerio Público y juez en los lugares donde pone sus puntos de control; ellos mismos (los militares) dicen que no tienen por qué informar a autoridad alguna sobre los operativos que realizan, con el pretexto de que agentes de las corporaciones policiacas están ligados al crimen organizado; estamos viviendo un estado de excepción: las garantías están supeditadas a la decisión del poder castrense, y las autoridades se subordinan por, dicen ellos, cuestiones de seguridad nacional –explica el antropólogo desde Tlapa de Comonfort, sede de Tlachinollan.
La subordinación de las autoridades civiles habría ocurrido luego de los asesinatos y decapitaciones de ocho militares en Chilpancingo, en diciembre pasado: uno el día 9 y siete los días 20 y 21. De los hechos dio cuenta la propia Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado emitido el mismo día 21 en el que calificó de “cobardes” los asesinatos y los atribuyó “a los fuertes golpes que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana han dado a las organizaciones criminales de esa entidad federativa”.
La militarización no acabó con la violencia que vive el estado: el último reporte del Taller de Desarrollo Comunitario, una organización no gubernamental promotora de los derechos humanos en Guerrero, contabiliza hasta el 22 de mayo pasado 848 desaparecidos –sin que especifique si las víctimas fueron levantadas por bandas del narcotráfico o desaparecidas por motivos políticos–, 949 asesinatos y 42 secuestrados por los que se pidió rescate, de estos últimos, 26 ya habían sido liberados.
Entre los asesinados se encuentran Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes se desempeñaban como presidente y secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, una organización promotora de los derechos humanos de las comunidades na’saavi, principalmente del municipio de Ayutla.
La violencia también alcanzó a dos diputados del Congreso local. El legislador panista José Jorge Bajos Valverde, quien también había sido candidato a gobernador en 1999, fue ejecutado el 4 de enero de 2007 cuando se dirigía a las instalaciones del canal estatal con sede en Acapulco. El presidente de la mesa directiva del Congreso, Armando Chavarría Barrera, fue asesinado el 20 de agosto pasado cuando salía de su domicilio. El perredista había fungido como secretario general de Gobierno y era considerado el “candidato natural” del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del estado en las elecciones de 2011.
Con la militarización de las ciudades, las carreteras y los pueblos, los asesinatos y desapariciones no se detuvieron, por el contrario, se incrementaron. Además, el Ejército mismo se convirtió en agresor, documenta el informe Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta, elaborado por Tlachinollan.
En el análisis, que abarca de mayo de 2007 a mayo de 2008, el centro de defensa de los derechos humanos documenta 16 casos de detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, allanamientos de morada, torturas sicológicas, torturas físicas, amenazas, intimidación, robos, detenciones en retenes, interrogatorios y retenciones en campamentos cometidos por efectivos militares contra 31 habitantes y una comunidad entera, principalmente de las regiones de Costa Chica y La Montaña.
En 2009 vendrían a sumarse las incursiones y torturas contra habitantes de las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas de la Costa Grande y la Tierra Caliente, respectivamente (cuatro entre junio y julio de 2009 en ambas poblaciones), y las intromisiones en Guadalupe Mano de León, municipio de Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica (dos incursiones en julio pasado), que dejaron tres mujeres golpeadas, 18 domicilios allanados y tres detenciones. Además, el 26 de junio un grupo de alrededor de 30 soldados disparó contra un autobús de migrantes en un retén en La Montaña. Un pasajero, Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de 29 años, fue alcanzado en el cuello por una bala y murió en el instante.
La militarización del estado no ha llegado sola. Desde el inicio del gobierno de Zeferino Torreblanca y hasta mayo de 2008, Tlachinollan había documentado 201 acciones penales emprendidas contra líderes sociales.
En el capítulo “Cifras de la criminalización de la lucha social” del informe Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta, se detallan 73 procesos penales contra líderes sociales, 75 órdenes entonces pendientes de ejecutarse y 44 averiguaciones previas en proceso de integración.
—Y a los defensores de derechos humanos se nos ubica como parte de estos actores incómodos –denuncia Abel Barrera–. Las autoridades propalan el discurso de que los organismos de derechos humanos somos brazos civiles de la guerrilla, que tenemos una doble agenda: la de los derechos humanos y la de la insurgencia armada.
El antropólogo explica que aunque las descalificaciones a este tipo de organizaciones por parte de las autoridades se han recrudecido, en realidad siempre han sido objeto de ataques.
—Cuando hay tranquilidad nomás se nos dice que somos defensores de delincuentes. Y cuando hay una confrontación abierta se nos dice que somos cómplices de las acciones armadas, que le estamos dando un respaldo jurídico a las acciones que toman los grupos guerrilleros. Se nos acusa de conspirar contra el Estado. Obviamente que también nuestro trabajo es cuestionar de fondo al sistema. No estamos peleando por un cargo público o a favor de algún partido, sino por la instauración de un nuevo sistema basado en los derechos humanos y la justicia.
Bertoldo Martínez Cruz, activista del CCTI, señala que en el estado actúan alrededor de 60 grupos compactos de guardias blancas. Indica que estos grupos armados no son de nueva aparición, sino que “por décadas han existido” y están al servicio de los caciques regionales, principalmente de la sierra de Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica.
El fenómeno nuevo, que tanto los defensores de derechos humanos del CCTI como de Tlachinollan observan, es que los grupos de sicarios al servicio de viejas familias caciquiles ahora se han asociado a cárteles del narcotráfico y a talamontes.
En la sierra de la Tierra Caliente y la Costa Grande, un nombre genera temor entre los habitantes: Rogaciano Alva Álvarez. A decir de lugareños que solicitaron el anonimato, “la gente” de Alva Álvarez –expresidente municipal de Petatlán– se encarga de traficar y sembrar estupefacientes en la Costa Grande. Atemoriza a la población y trafica también madera. Además, tiene otra misión: combatir a la guerrilla y desaparecer a los pueblos que son considerados por autoridades “base social” del ERPI.
En dos entrevistas que sostuvo con medios de comunicación estatales y nacionales en mayo pasado, el comandante Ramiro señaló que la columna que encabeza ha sostenido combates con grupos paramilitares al servicio del cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
El rebelde, a quien las autoridades identifican como Omar Guerrero Solís, dijo que los sicarios han sido expulsados de la sierra de la Tierra Caliente, pero se disputan con la guerrilla las partes bajas.
En páginas de internet circulan corridos y videos donde Rogaciano Alva es el protagonista: se le señala como el encargado del cártel de Sinaloa en Guerrero.
En la página www.youtube.com/watch?v=lxe0wG5JZlo se promueve El corrido de Rogaciano. La composición y la interpretación son de Cachuy Rubio y sus Compas. Se observan fotografías del propio Rogaciano Alva y de metralletas bañadas en oro alternadas con videograbaciones de entrenamientos en un campo clandestino de tiro. Las leyendas que acompañan las imágenes son: “En vivo desde Petatlán” y “Dicen que su gente es preparada, no mamadas”. En uno de los versos, el interprete dice: “Tiene amigos sinaloenses, de eso no hay que dudar / usted nació en Guerrero, yo aquí en Culiacán”.
En otro video, (www.youtube.com/watch?v=SqjWmSqKR3M&feature=channel_page) dedicado a Roosvelt Alva, hijo de Rogaciano, se puede observar al joven al frente de un grupo paramilitar uniformado y portando rifles de asalto AK-47 y AR-15. En sus playeras y gorras negras destacan las iniciales “CRC”. En atentados contra Rogaciano Alva, ocurridos los días 3 y 4 mayo de 2008, fueron asesinados sus hijos Roosvelt y Alejandro junto con otras 15 personas. Desde entonces, Rogaciano ha pasado a la clandestinidad.
—Estos grupos son utilizados por el aparato del Estado para golpear a las organizaciones democráticas. Son los que le están haciendo el trabajo sucio; y no de ahora, sino de hace tiempo –considera Bertoldo Martínez.
Abel Barrera dice: “Las estructuras de los grupos del narcotráfico siguen intactas, incluso están a la ofensiva. Y en este caso, el Ejército se repliega. En cambio, ante comunidades vulnerables e indefensas actúa de manera muy agresiva. Son dos estrategias: toda la fuerza contra los grupos insurrectos y las comunidades supuestamente aliadas a ellos, y un repliegue ante el narcotráfico”.
En esta ocasión, los militares no hacen demorar a ningún automovilista ni lo someten a revisión alguna. Inalterables, los dos adolescentes apostados en las orillas de la carretera ni siquiera parpadean mientras la lluvia les resbala por sus rostros morenos. Los faros de los automóviles hacen ver que sus capas verde olivo escurren abundantemente bajo sus cabezas de aspecto pétreo, como talladas en obsidiana.
Fuente: Taller de Desarrollo Comunitario. Cifras al 22 de mayo de 2009. De los secuestrados, 17 habían sido liberados
Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional y autor de El enemigo interno: contrainsurgencia y fuerzas armadas en México, dice que no sería la primera vez que el Estado mexicano utilizaría a los pistoleros del narcotráfico para acabar con la guerrilla: lo hizo en las décadas de 1960 y 1970.
El investigador, quien ha documentado la participación del narcotráfico en el combate a los grupos guerrilleros de Jalisco y Sinaloa en las décadas de 1970 y 1980, dice que “desafortunadamente sí existe la posibilidad” de que los grupos de narcotraficantes de nueva cuenta tengan la encomienda de acabar con los grupos guerrilleros.
—La historia nos dice que el Ejército ha utilizado a criminales para la consecución de sus fines: 1968, 1971, y la lucha contra los movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Ocurrió en Jalisco y Sinaloa. El Ejército se vinculó con el narcotráfico en una alianza en la que también participaron paramilitares y guardias blancas. Recordemos que entonces fueron policías los que hicieron los tres grandes cárteles.
Egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, Sierra explica que los desertores siguen manteniendo lazos de amistad con los que se quedan dentro de las fuerzas armadas, a pesar, incluso, de que los primeros ingresen a las filas del crimen organizado.
—No se rompen los vínculos y hay posibilidad de que militares dentro del Ejército estén al tanto y en complicidad. Es un ambiente favorable.
Expone que sicarios al servicio de Rogaciano Alva que han sido capturados han declarado la manera en que contactaban al Ejército con el cacique de la Costa Grande. Los sicarios habían sido militares y una vez que desertaron fueron “contratados” por el cártel de Sinaloa.
—Y hay una parte importante de militares que se encuentran dentro de la institución que participan o simpatizan con el narcotráfico. Esto no quiere decir que el Ejército, como institución, participe, sino que se trata de militares.
“Guerrero es un estado muy complejo. Dada la radicalidad de los movimientos sociales, éstos tienen intersecciones con los movimientos armados. Y se usa ese pretexto para decir que son lo mismo; pero no, se trata de una lógica ciega y represiva decir que el movimiento armado es igual al movimiento social.” (ZC)
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