Sistema penitenciario, talón de Aquiles de Herrera Beltrán

Torturados, extorsionados, alimentados con inmundicia, así ven pasar sus días los presos del penal de Misantla; cadenas y castigos similares a los que imperaban en los tiempos de San Juan de Ulúa, la “fortaleza de coral”. El que denuncie lo que allí ocurre estará bajo amenaza de muerte, como el abogado Ignacio Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, asesinada hace nueve años por su labor como defensora de los derechos de los presos

Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados

Misantla, Veracruz. El joven yace postrado en un camastro del hospital rural. Convalece de la operación de estómago e intestinos a la que fue sometido de emergencia por una infección provocada por engullir carne contaminada con excremento de rata, de la cual, lo único que recuerda, es que “apestaba a podrido y tenía gusanos”, el olor natural, dice, de la comida que les dan en prisión. Está encadenado de pies y manos. La cadena que une los grilletes de los pies asciende hasta la que le aprisiona la mano derecha; el óxido se ciñe en su muñeca marcándole la piel. Aun sin cadenas no podría moverse; apenas el día anterior estuvo en el umbral de la muerte.

Víctor Manuel Gómez es uno de los 280 internos de la cárcel de Misantla, eufemísticamente llamada Centro de Readaptación Social (Cereso). “Se trata del peor penal de Veracruz por las violaciones sexuales, torturas y abusos frecuentes que allí se registran, además de la enorme corrupción que lo hace también el penal más caro del estado”, explica Ignacio Ochoa y Plácido, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Los delgados labios resecos de Víctor se entreabren y en un susurro suplica: “Por favor, no me dejen morir solo porque puedo tener problemas con el jefe”. Desde el quicio de la puerta, a señas, un custodio le advierte que en el penal arreglarán cuentas, pero Víctor agarra valor. “Por favor ayúdeme”, musita mientras se descubre la bata color verde-hospital: el estómago suturado y cubierto por una gasa que sangra profusamente y tiñe las sábanas de rojo.

Diez días atrás tuvo los primeros síntomas: un intenso dolor estomacal, inflamados los intestinos, fiebre y la pesadez de los huesos. Pero los custodios decidieron que Víctor Manuel fingía estar enfermo y la directora del Cereso era la que indicaba al servicio médico la prescripción reducida a analgésicos. El deterioro de su estado de salud era tan evidente como la resistencia de los directivos del penal a que fuera tratado clínicamente. Hasta que, finalmente, la directora cedió a la suplica.

Antes de llevarlo al hospital, donde fue ingresado de emergencia, le advirtieron que dijera que su único síntoma era dolor de cabeza y que ignoraba por qué se había enfermado; a la esposa, que los directivos del Cereso le compraron todos los medicamentos prescritos en el hospital, y que ni se le ocurriera comentar que en una farmacia del pueblo debió empeñar su credencial de elector por unas pastillas.

—Si me hubieran hecho caso antes, no estuviera aquí operado, pero me tomaron de a loco. Me dijeron que no tenía nada. Nosotros somos pobres, por eso nada más se burlan de nosotros; nos dicen que no digamos nada porque derechos humanos sólo nos va a meter en problemas –lamenta.

—Me hicieron firmar que yo había recibido aquí el medicamento, cuando la verdad lo fui a traer a una farmacia allá afuera –comenta su esposa.

—Si me hubieran hecho caso, no estuviera aquí, pero cuando me vieron tirado en la celda, entraron y me patearon –insiste.

?Te dijeron que te enfermaste del hígado según porque haces corajes –ironiza ella.

—Nos han golpeado a varios. Yo nada más les pido que nos ayuden porque las amenazas son muy duras de parte de ellos. Me dijeron que nunca diga que me dolía la panza ni las piernas, que diga que me dolía la cabeza.

?Diles, diles todo lo que pasa, no tengas miedo –lo anima ella.

?No me dejen morir solo –le suplica al abogado Ignacio Ochoa, quien con una pequeña cámara de video logra recoger su testimonio como prueba de lo que ocurre en el penal de Misantla.

El caso de Víctor Manuel no es aislado, sino parte de un sistema de mano dura impuesto por el Ejecutivo estatal a los internos de los Ceresos de Veracruz, que, según el director general de Prevención y Readaptación Social (DGPRS), Samuel Juárez y López, responde “al plan de rehabilitación diseñado por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y su esposa Rosa Borunda”.

Aunque este sistema no es parejo, en la gestión de Herrera Beltrán ha sido frecuente la evasión de reos identificados como Zetas. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco, dice en entrevista que muchos de los penales están en manos de la organización criminal, conocida también como La Compañía. Pero para los presos comunes, es decir, aquéllos que no son parte de la delincuencia organizada, la “justicia” se aplica a tablazos. La verdad se desfoga en el pocito; la pena se cumple pagando el derecho de piso, el uso de celda, el de la cama, el jabón, la fajina, el pase de lista, la recepción de llamadas telefónicas, la visita de la familia y la de los abogados… todo en absoluto.

“De todas las cárceles que hay en Veracruz, el peor caso es el del penal de Misantla –detalla Ignacio Ochoa–, porque los internos son extorsionados y víctimas de castigos infrahumanos. Su sufrimiento es doble porque, como es gente muy pobre, de varios municipios serranos, la familia hace muchos sacrificios para pagar cada cobro ilegal que allí les imponen. Además de las torturas físicas y sicológicas, hay casos frecuentes de abuso sexual. En ellos se refleja un aparato de corrupción que impera en el estado”.

El Cereso de Misantla está ubicado justo detrás del Palacio de Gobierno, en la cabecera municipal. La bienvenida la brinda el calabozo o vocho, la celda más pequeña y lúgubre donde la ausencia de ventilación arrecia la humedad de la sierra. Seiscientos pesos como abono inicial y 70 mensuales posteriormente harán la diferencia entre que el interno permanezca allí durante seis meses o ingrese directamente a la celda.

Ya en “el dormitorio”, el uso de una litera cuesta entre 800 y 1 mil pesos mensuales, 30 por colchoneta; de 10 a 15 pesos por minuto de llamadas telefónicas recibidas; 5 pesos la solicitud de una caseta para visita conyugal y de 30 a 100 pesos el usarla, dependiendo el humor del custodio. El pago de la talacha es de cooperación obligatoria: 2 mil pesos mensuales, de lo contrario, el encierro en el vocho sin comer y tableado en los glúteos y las plantas de los pies o sumergido en la fosa séptica o drenaje adaptadas para el pocito. También se paga “cooperación” por la energía eléctrica, el insecticida Oko y el jabón. En fin, todo en la prisión tiene un precio. Dinero contante y sonante que no expide facturas y que va a parar a los bolsillos de los administradores en turno.

Las familias tienen que suministrar los alimentos, a no ser que quieran exponerse a una infección gástrica, como la de Víctor Manuel, porque los alimentos buenos, ésos que se compran con el presupuesto público, son revendidos por la administración dentro y fuera de la cárcel, lo mismo que los donativos en especie que ingresan al penal, entre ellos los refrescos y pastel que tradicionalmente envía la alcaldía cada fin de año, según denuncias de los internos.

Para ellos, es como pagar su estancia en un hotel cinco estrellas, porque la mayoría llegó hasta allí por delitos relacionados con el hambre, robos menores a los 10 mil pesos, según cifras proporcionadas por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Noemí Quirasco Hernández. Se trata, dice Ignacio Ochoa, “de un ilegal negocio muy lucrativo que involucra a directivos del más alto nivel”.

El precio de la denuncia

Centrados sus esfuerzos en buscar justicia para Digna Ochoa y continuar su trabajo en defensa de los derechos humanos de los más pobres, los Ochoa y Plácido fundaron en Misantla –el terruño familiar– el centro de derechos humanos que lleva el nombre de la abogada asesinada en la ciudad de México en octubre de 2001. En 12 municipios serranos, brinda asesoría y defensa legal a las víctimas de abusos de las autoridades locales, labor que hoy tiene a su director Ignacio Ochoa bajo amenaza de muerte, el mismo asecho que enfrentó su hermana.

Sentado frente a su pequeño escritorio de madera tallada, el joven abogado de 32 años explica el origen de las amenazas: “Como parte de nuestro trabajo, hemos presentado quejas y denuncias en contra de numerosos funcionarios, ministerios públicos, policías municipales, ministeriales y de seguridad pública del estado, y de manera constante contra los de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, actualmente a cargo de Samuel Juárez y López, un funcionario muy cercano al gobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien familiarmente llama Tío Fide, y en quien se ampara para cometer abusos de todo tipo”.

El abogado habla pausado, seguro. Quién diría que se ha convertido en el principal enemigo de algunos caciques locales. Sobre la pared entintada de verde, bañado con acrílico, un cartel que manufacturó Amnistía Internacional: Digna Ochoa enfundada en un saquito color crema y una blusa floreada; los labios apretados para reprimir la sonrisa, y detrás, un radiante sol sobre la Sierra. El póster lleva inscrita una consigna: “Para que tu muerte no sea en vano”; Ignacio Ochoa la lleva tatuada en la piel. Sus ojos guían por lo más oscuro del sistema carcelario en tiempos de Herrera Beltrán.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa se ubica en la parte alta de una modesta vecindad, sobre la avenida principal del municipio, donde en 1964 nació Digna. Poco después del asesinato de su hermana, Ignacio Ochoa dejó su trabajo en un bufete de Jalapa para litigar, como ella, por aquéllos que no tienen siquiera para cubrir los honorarios de una asesoría. Le ganó la misma vocación que les inspiró su padre Eusebio Ochoa López, jornalero de un ingenio azucarero encarcelado y torturado por la lucha agraria y por exigir mejoras para el pueblo.

La labor de Ignacio se centra en los casos de detenciones arbitrarias y torturas en los penales de Veracruz. Actualmente, prepara una radiografía del sistema penitenciario veracruzano, el talón de Aquiles del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Un solo dato es elocuente: en cinco años, la DGPRS ha tenido seis directores, casi todos destituidos por abusos de autoridad, malos manejos, corrupción, involucramiento en venta de droga y evasión de reos identificados como miembros de Los Zetas.

Pese al control férreo que el gobernador tiene de todas las instituciones, incluida la de derechos humanos, el año pasado, Ignacio logró una relevante recomendación, la 33/2009, emitida por la CEDH en el mes de mayo, por la violación de un joven con retraso mental al interior del penal de Misantla.

Javier Chino Arcos, contrahecho por la parálisis facial y discapacidad motora que padece desde sus tres años, fue violado por dos internos cerca de las nueve de la noche de un día que, tumbado boca abajo sobre su cama de cemento, no lograba conciliar el sueño.

Pese a su dificultad para pronunciar algunas palabras –secuelas de su parálisis–, Javier denunció la violación; situación traumática que, hasta ahora, lo tiene sumido en un estado de ansiedad y profunda depresión que sicosomatiza en su sistema digestivo. Los directivos del penal, Fernando Lara Serrano y Daniel Rosas Jiménez, ignoraron su denuncia, pero la intervención del Centro Digna Ochoa fue clave para que la Procuraduría General de Justicia del estado, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, investigara el hecho.

La indagatoria ministerial (número 33/2008) acreditó la violación. En mayo, la CEDH emitió la Recomendación 33/2009 en la que se determinó que el secretario de Gobierno y el titular de la DGPRS debían sancionar a los funcionarios Fernando Lara Serrano y Daniel Rosas Gómez, por incurrir con su proceder en violación a los derechos humanos de Javier Chino Arcos; iniciar procedimiento administrativo contra el médico adscrito al penal, Jorge Muñoz; implementar medidas de seguridad a favor de Chino Arcos, incluido tratamiento médico, sicológico y siquiátrico. Al secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, se le pide también investigar los abusos, torturas y cobros ilegales en los penales.

Pese a que fue aceptada, en realidad no se hizo investigación alguna. El director del penal únicamente fue transferido a otro Cereso. A Javier no se le dio la atención sicológica que recomendaron los peritos, ahora se le va cada vez más retraído e inseguro. Tiene sólo contacto ocasional con sus compañeros. La mayoría del tiempo vive con la vista clavada en la nada.

Omiso a las disposiciones de la CEDH, Juárez se niega a cumplir la recomendación que formalmente aceptó. En cambio, las amenazas de muerte contra Ignacio Ochoa se intensificaron, lo cual denunció ante el Ministerio Público en los expedientes 144/09/mis-03-IV y 527/09/mis-09-IV.

El fuero del Tío Fide

“¡A mí me vale madre eso de los derechos humanos! ¡Yo entro y me madreo a quien quiera y a la hora que yo quiera en cualquier penal, porque tengo la autorización del Tío Fide!”, se ufana Juárez en público y en privado.

Llegó a la DGPRS en agosto de 2008 con una cuestionada trayectoria como policía y director de la Policía Ministerial. A los pocos meses se vio involucrado en situaciones similares a las de sus cinco predecesores, lo que ha derivado que en más de una ocasión, desde el Legislativo, se pida a Herrera Beltrán su destitución. Él en cambio, capitaliza su supuesto compadrazgo con el gobernador, lo mismo que su posición en la DGPRS para su proyecto personal de convertirse en alcalde de Misantla. Primero mandó colocar mantas con su imagen en las fachadas de los reclusorios; creó una asociación civil cuyo nombre coincide con sus iniciales: Siempre Juntos y Libres, con la que, desde el año pasado hace campaña abierta, al margen de la ley electoral.

En junio de 2009, custodios y familiares de internos denunciaron actos de tortura a manos de un grupo de encapuchados que, bajo las órdenes de Juárez y López, ingresan a lo penales a golpear a los internos. En su primer año al frente de la DGPRS se registraron 15 “suicidios” en distintos penales del estado; en julio de 2009, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manuel Bernal Rivera, señaló en tribuna que tales muertes debían investigarse pues, sospechosamente, todos los “suicidas” recién habían ingresado a prisión y sus cuerpos aparecieron con cartas póstumas.

En la gestión de Juárez, la CEDH ha abierto 38 expedientes por golpes, tortura y diversas violaciones a los derechos humanos de los internos en 13 de los 18 centros que integran el sistema penitenciario veracruzano: Cereso de Misantla, Papantla, Villa Aldama, Pacho Viejo, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Zongolica, Veracruz, Jalacingo, Amatlán de los Reyes, Poza Rica, Tuxpan y Huayacocotla.

Uno de esos expedientes indica que la noche del sábado 27 de junio de 2009, un comando encapuchado ingresó al Cereso Pericles Morado en Villa Aldama, “para agredir y torturar a 90 presos y tres custodios: los desnudaron, los golpearon y torturaron”, según se documenta en la CEDH. Ante la prensa local, el abogado Alfonso Palomo Bueno, presidente de la Asociación Vida Digna, denunció que el comando actuó con la anuencia de Juárez y López. Dos meses después, los internos de esa prisión protagonizaron sendos motines en rechazo a las torturas, situación que se ha reproducido en diversos reclusorios.

Los dos señores del sombrero

Ambos abogados y activistas, los hermanos Digna e Ignacio Ochoa comparten otro rasgo en sus vidas: las amenazas de los caciques que controlan la provincia mexicana. Digna fue perseguida, amenazada y torturada por órdenes del polémico ganadero de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, popularmente conocido como “el señor del sombrero”, involucrado en el tráfico de madera en Guerrero, y quien, de proveerle armas de alto poder al cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán, el Chapo, se convirtió en el principal trasegador de goma de opio, cocaína y mariguana en la Costa Grande, para los cárteles de Sinaloa y La Familia michoacana. Hoy, Ignacio lidia con Juárez y López, cacique de Misantla, el otro señor del sombrero.

Contralínea acompaña a Ignacio en su peregrinar para ver a los internos Victoriano Cornelio, Abel Díaz Sánchez y Arturo Martínez Cruz, quienes tienen varios días enfermos, también por comer alimentos descompuestos. Presentan el mismo cuadro clínico que, por poco, envía a Víctor Manuel Gómez a la tumba. A Ignacio le apremia también la situación de Pedro Martínez, quien después de recibir una golpiza de la custodia, por no poder pagar su renta del mes y la talacha, fue confinado en el vocho durante 20 días completamente desnudo. Y le preocupa también el caso de la Campana, un interno a quien los custodios se llevaron arrastrando a punta de patadas desde “el nicho sagrado” hasta el calabozo.

Bajo la copiosa lluvia que desde la madrugada baña Misantla, con el acta constitutiva del Centro de Derechos Humanos bajo el brazo, Ignacio Ochoa se planta frente a la puerta del penal y solicita el ingreso para ver a sus defendidos. Por enésima ocasión, los directivos le cierran las puertas, mientras él, infructuosamente, acredita su estatus jurídico como asociación civil de defensa de derechos humanos y representante legal de los citados internos.

Como aquí no hay más normatividad que la que verbalmente impone Juárez, Ignacio decide ir en busca del funcionario. En el local que en su casa abrió para su asociación, el funcionario atiende el besamanos de un grupo de misantecos que desde temprana hora hacen fila para hablar con él. En el inmueble, afanosos trabajadores descargan camiones con tinacos y láminas de asbesto que Juárez reparte de la mano de su esposa, Vianey Guzmán, en su campaña para alcalde.

El besamanos avanza hasta que toca el turno a Ignacio. La sonrisa con la que Juárez recibió a los periodistas fuereños se desvanece cuando Ignacio le expone su necesidad de ver a los internos para verificar sus condiciones físicas. Juárez enfurece. El rojo de su chamarra Pierre Cardin –acorde con el color que por disposición gubernamental utilizan todos en el gabinete fidelista– se le refleja en las mejillas. Este otro señor del sombrero intimida a Ignacio por hacerse acompañar de la prensa, lo invita a dejar esa necedad de defender a los internos. Tímido, Ignacio le refiere que han recibido quejas, que sabe que los internos están enfermos, que tienen pendientes trámites legales.

?¡Mira, mi amigo, el sistema penitenciario ya no es la rosita de antes eh!

?Pero sólo voy a que me firmen sus oficios para los trámites de defensa.

?¡Te dije que no, tú no entras! –advierte enfurecido, arqueando las cejas y el dedo índice rozando el pecho de Ignacio.

La esposa interrumpe sus funciones de primera dama de la asociación para entretener a quienes esperan en la fila del besamanos y que no den cuenta de las amenazas que Juárez y López profiere a Ignacio, el activista del pueblo, el hermano menor de Digna Ochoa, la única misanteca en cuya memoria se develó una placa con la frase “porque tu lucha no sea en vano”.

La situación de riesgo que en el desempeño de su labor enfrentan los defensores de derechos humanos en México es uno de los temas que más ha ocupado la agenda de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en demanda para que el gobierno mexicano garantice la integridad de defensores y activistas. El organismo identifica la impunidad que existe en México como uno de los principales factores de riesgo para activistas y defensores. En tal situación se ubica el caso de Ignacio Ochoa y Plácido.

Fuente: Contralínea 172 – 07 marzo 2010 – www.contralinea.com.mx