El Congreso debe conocer atropellos laborales

Al acercarse el cambio de gobierno no estará de más recordar a los diputados y senadores de Morena –mayoría en el Congreso– algunos acontecimientos  que representaron abiertas agresiones a los sindicatos independientes e  incómodos a la política  tecnocrática y antilaboral, en los últimos tres sexenios.

Una recapitulación de tan evidentes arbitrariedades ayudará a impulsar las enmiendas que deben echarse a andar en materia de trabajo, con el fin de recobrar la defensa de los derechos de millones de trabajadores y evitar que atropellos de tales proporciones se repitan en el país.

Citemos tres de los más representativos casos que dejaron tras su devastadora injusticia miles de despedidos, un pisoteado estado de derecho y un anulado derecho a huelga, sin dejar de mencionar la represión y el encarcelamiento de decenas de trabajadores.

Nos referimos a los casos de la inducida quiebra de Mexicana de Aviación, a la declaración de invalidez de las huelgas de los mineros en Cananea, Sonora;  Sombrerete, Zacatecas, Taxco, Guerrero, y el artero golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el 11 de octubre del 2009. Todos ellos perpetrados en el gobierno de Felipe Calderón, pero consentidos e incubados desde el sexenio de Vicente Fox, y aún sin solución en la administración que está por concluir.

La protección y el solapamiento otorgados por los gobiernos panistas y las autoridades laborales a empresarios como Germán Larrea de Grupo México, provocaron que el 19 de febrero de 2006 –último año de gobierno de Vicente Fox- se registrara una tragedia en la Mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros –63 de los cuales permanecen sepultados aún en el socavón colapsado- a causa del abandono en los sistemas de seguridad por parte de la empresa que se negó a su mantenimiento con la complicidad de los inspectores de la Secretaría del Trabajo, que sabedores de las deficiencias no procedieron a sancionar al dueño.

Francisco Javier Salazar Sáenz, entonces  titular de la dependencia, empeñó su función en evitar que Larrea no respondiera al crimen de industria ocasionado por su negativa a destinar recursos para salvaguardar la seguridad de los mineros. Desde que iniciaron los intentos por rescatar a sus compañeros, los miembros del Sindicato de Mineros encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, se toparon con la negativa de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo que de acuerdo con la opinión parcial de sus “expertos”, descartaron el salvamento por considerarlo peligroso por la acumulación de gases.

Lejos de hacer justicia a los mineros, el gobierno de Fox emprendió una persecución política contra su líder Napoleón Gómez Urrutia, al grado de obligarlo a exiliarse en Canadá ante el riesgo de ser privado de su libertad. Electo como senador por Morena, el dirigente retornó al país hace unas semanas para tomar posesión de su cargo como legislador.

Un año después, ya en el gobierno de Felipe Calderón y con Javier Lozano como titular de la Secretaría del Trabajo, de nueva cuenta la falta de prestaciones y medidas  de seguridad para el trabajo en las minas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, obligó a que los mineros con su líder en el exilio decidieron estallar la huelga el 30 de julio de 2007.

Días después, el 8 de agosto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegales las huelgas estalladas, al considerar que supuestamente el sindicato no precisó las violaciones al contrato colectivo, lo cual fue el argumento para poner las banderas rojinegras.

El Sindicato Minero presentó un amparo iniciando una lucha jurídica que meses más tarde, por una nueva decisión de jueces por consigna, se traduciría en una brutal represión.

El 11 de enero de 2008, unos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, agredieron  a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ratificó la inexistente de la huelga iniciada el 30 de julio.

El violento operativo  dejó un saldo de 40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero. La embestida contra el Sindicato Minero abrió las puertas a los sindicatos charros de la CTM, que contrataron personal con salarios y prestaciones muy inferiores a los de los agremiados comandados por Gómez Urrutia.

Para acabar de dar la puntilla a una legitima lucha y entorpecer el derecho de huelga, las autoridades decidieron rescindir las relaciones con el Sindicato Minero alegando una causa de fuerza mayor, porque a su decir durante la huelga se habían dañado instalaciones y equipos, algo muy similar a lo sucedido dos años después, cuando en octubre de 2009 el ilegal Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro también fue sustentado en una causa de fuerza mayor, que nunca existió, para despedir injustamente y de la noche a la mañana a 44 mil electricistas que  fueron sacados de sus centro de trabajo a punta de metralleta, cuando la materia de trabajo y las instalaciones siempre subsistieron para ser manejadas con la peor de las impericias por los contratistas de la CFE y los esquiroles del SUTERM.

Otra de las infamias cometidas por la política antilaboral de Calderón y Javier Lozano fue la quiebra inducida de Mexicana de Aviación, que dejó de volar el 28 de agosto de 2010, luego de que el empresario Gastón Azcárraga, presidente del Grupo Posadas, llevará a la bancarrota a la empresa emblemática de la aviación nacional, fundada el 12 de julio de 1921.

El gobierno de Fox prácticamente regaló la empresa pública a Azcárraga en 165 millones de dólares, y más tarde el gobierno de Calderón le consintió llevar a cabo una estrategia de saqueo y desmantelamiento, al permitir la creación de dos empresas paralelas Aerovías Caribe (clikc) y Mexicana Inter (Link), con lo que contrataron personal ajeno a los sindicatos con bajos sueldos y magras prestaciones, bajo el argumento de que debían sanearse las finanzas de una aerolínea que fue la cuarta más importante y próspera del mundo.

En agosto de 2010, al declarar su quiebra, 8 mil trabajadores quedaron sin empleo, debiendo emprender una lucha por los derechos laborales, sus liquidaciones y pensiones. En 2014, un juez determinó su quiebra y la liquidación de los trabajadores, cuyo monto asciende a 4 mil millones de pesos, pero en su inmensa mayoría todavía no ve claro lo de sus pagos.

En estos tres hechos las empresas siempre responsabilizaron a los contratos colectivos y demás prestaciones de los trabajadores de ser una carga financiera  y representar un atentado a los estados contables de las empresas públicas y privadas en cuestión. En contrasentido a lo no valorado por las autoridades, por ejemplo, Larrea obtenía ganancias multimillonarias en sus minas –y lo sigue haciendo rehusándose a mejorar las condiciones de higiene y seguridad en sus minas-.

Javier Lozano parece que no tenía otra excusa para atentar contra los derechos de los trabajadores que el argumento de la “causa de fuerza mayor”. En estos tres casos siempre estuvo presente la represión: lo mismo extrabajadores de Mexicana que mineros o electricistas fueron brutalmente golpeados en reiteradas ocasiones por las fuerzas pública y castrense, algunos de ellos encarcelados por esos gobiernos que terminaron por criminalizar la protesta social.

La administración que concluye poco hizo por enmendar estos abusos de poder y, por ejemplo, el SME sigue en la lucha porque se cumplan a cabalidad los acuerdos planteados con las autoridades. Poderosos antecedentes que ilustran atropellos que no deben repetirse contra la clase trabajadora, por lo que el nuevo Congreso y la administración federal deben impulsar y corregir algunas leyes laborales que fueron torcidas para dejar de proteger a millones de mexicanos en beneficio de la clase patronal.

Martín Esparza