Al amparo de la influencia que la jerarquía católica tiene sobre el gobierno de Calderón, en los últimos años han cobrado mayor relieve grupos confesionales que buscan no sólo defender los intereses clericales, sino también perseguir a los críticos y disidentes del catolicismo oficial.
Son grupos que se oponen a la vigencia del Estado laico y de las libertades, especialmente en el terreno de la sexualidad, y que simpatizan con el panismo.
Uno de ellos es el Colegio de Abogados Católicos de México (CACM), creado en 2005 a imitación de grupos existentes en Italia, Francia, Argentina y España, para defender al clero, así como “los valores” y “la fe” (www.es.catholic.net/abogadoscatolicos/435/…/articulo.php?…).
Con la venia de Norberto Rivera
El Colegio de Abogados Católicos de México (www.abogadoscatolicos.org.mx) surgió “con la esperanza de constituirse con la venia del eminentísimo arzobispo primado de México en una asociación pública de fieles laicos”, para “contribuir a la recuperación o al mantenimiento de los principios cristianos en la filosofía y la ciencia del derecho, en la actividad legislativa, judicial y administrativa, en la enseñanza y en la investigación, así como en la vida pública y profesional”.
En particular, buscan “defender al clero en el ejercicio de sus actividades profesionales y representarlos ante el Estado y sus demás sociedades intermedias y particulares”.
En los hechos, esa labor se entiende como la persecución judicial contra los disidentes y críticos del clero y en particular del arzobispo, como si ese Colegio quisiera hacer el papel de lo que antiguamente era la Santa Inquisición.
Por ello, en noviembre de 2007 Armando Martínez, presidente de dicho Colegio, anunció que presentaría ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por las protestas que en la Catedral habían protagonizado grupos de manifestantes de la resistencia civil.
Martínez Gómez es abogado egresado de la Universidad Anáhuac, donde estudió de 1993 a 1998 (“Armando Martínez Gómez”, en LinkedIn), y ha fungido también como director de derecho de la Universidad del Pedregal, de la que es rector desde el 19 de noviembre de 2008 (www.siame.com.mx/index.php?option…) y como apoderado legal de la Arquidiócesis de México.
Al lado de personajes de grupos conservadores, como Jorge Serrano Limón, de Provida; Paola Villela, de Yo Influyo, entre otros, Armando Martínez pertenece al autodenominado Consejo de Analistas Católicos de México, que promueve la defensa de la jerarquía religiosa en los medios de comunicación (www.analistascatolicos.org).
En particular, los abogados católicos han querido fincar cargos contra Julia Klug, quien valientemente ha protestado contra los abusos del clero y ha sido agredida por los guardianes del cardenal Rivera.
Los Abogados Católicos han lanzado la extravagante acusación de que Klug “discrimina” al cardenal, es decir, recurren a la idea de que quien critica al clero debe ser acusado de “discriminarlo”.
Con argucias como ésas, dicho grupo pretende presentar al jerarca, que tiene a su servicio en la Catedral a un contingente de la Policía Federal, nada menos que como un “perseguido por sus ideas religiosas”.
En marzo de 2010, Martínez pretendió justificar las agresiones físicas de fanáticos contra Julia Klug y otros manifestantes, alegando, con hipocresía: “No queremos que la gente salga a hacerse justicia para defender su fe” (Milenio, 29 de marzo de 2010).
El 24 de abril de 2011, domingo de Pascua, el propio Armando Martínez golpeó a un joven que junto con otras personas participó en una protesta dentro de la Catedral.
Los manifestantes, pertenecientes al parecer a un grupo evangélico, destruyeron una imagen que llevaban de la Virgen de Guadalupe, lo que al parecer desencadenó la fanática respuesta de Martínez, en su papel de jefe de los policías federales que dentro de la Catedral respaldan a Norberto Rivera.
En el Colegio de Abogados Católicos Norberto Rivera ejerce “las funciones y venia eclesiástica a través del canciller de la Curia, quien tendrá voz y voto de calidad en todas y cada una de las decisiones del Colegio”.
En la página de internet del Arzobispado de México se mencionan, además de los Abogados Católicos, otras dos organizaciones que brindan servicios “jurídicos” a los religiosos: Fratesa (Fraternidad Sacerdotal, una asociación civil ligada al Arzobispado) y la Unión Nacional de Padres de Familia.
Por ejemplo, en San Luis Potosí, los Abogados Católicos han estado defendiendo al sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, acusado desde el año pasado del asesinato de una estudiante del Colegio Carlos Gómez.
En los primeros días de este mes de junio, Armando Martínez intervino a favor de María Carrera Rivera, prima de Norberto Rivera, quien fue detenida y luego liberada en Durango, acusada de posesión de drogas; el abogado atribuyó el arresto a un error del juez.
Además de defender la llamada “libertad religiosa”, entendida como la injerencia ilimitada del clero católico en la vida pública y en las instituciones, los llamados Abogados Católicos buscan perseguir a las mujeres que abortan y se oponen a los derechos, como los sexuales, porque contravienen las normas que dicta la jerarquía católica.
El Colegio de Abogados Católicos de México ha sido uno de los grupos más activos en la lucha para penalizar el aborto, por lo que en 2007 respaldó el recurso que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PGR para derogar la despenalización del aborto en la capital.
Se opone al reconocimiento de derechos para las uniones homosexuales, por lo que en noviembre de 2009, Martínez calificó de “adefesio jurídico” las propuestas para ampliar esos derechos, por ejemplo en materia de seguridad social.
En enero de 2010, el CACM emprendió una campaña política y jurídica contra miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se atrevieron a criticar al extinto cardenal Ernesto Corripio. Armando Martínez anunció que buscaría entrevistarse con Jesús Ortega para solicitarle que “meta en orden” a los integrantes de su partido que osaron cuestionar al jerarca.
A fines de noviembre de 2009, Armando Martínez hizo declaraciones sobre el conflicto en Iztapalapa entre Rafael Acosta, Juanito, y Clara Brugada, siguiendo la línea oficialista que con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder ha adoptado la derecha católica.
En esa ocasión, y con la obvia intención de perjudicar al gobierno capitalino y apoyar al PAN, el litigante afirmó que “Iztapalapa es un gran reto a la gobernabilidad porque, por un lado, legalmente tiene la razón Juanito y políticamente ahí va a tener que emplearse muy a fondo el gobierno para lograr la paz” (www.milenio.com/node/331434).
Los ataques de Martínez Gómez como presidente del mencionado Colegio contra el gobierno de Marcelo Ebrard en la ciudad de México han sido frecuentes, siguiendo simplemente las consignas oficialistas de la derecha en el poder.
Desde luego, los Abogados Católicos, presididos por Armando Martínez, han respaldado a los cardenales Juan Sandoval y Norberto Rivera en sus enfrentamientos con el gobierno de Ebrard, por temas como el de la autorización del matrimonio homosexual en la ciudad de México.
En diciembre de 2010, Armando Martínez criticó de nuevo al PRD por la Ley de Gestación Subrogada, aprobada el 30 de noviembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reforma a la que la Iglesia Católica consideró una “perversidad”.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
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