Si bien con las últimas reformas constitucionales se ha dado un paso significativo en lo que respecta a las garantías universales, en el ámbito de los derechos sociales todavía hay mucho que hacer. Los movimientos sociales (que, por cierto, nada tienen que ver con la delincuencia) aún se encuentran muy desprotegidos en México. Hay muchos vacíos en las leyes que permiten a las autoridades criminalizar y abusar de aquellos grupos y comunidades vulnerables o de quienes se organizan para dar a conocer sus necesidades y demandar una solución.
Una herramienta importante que permite blindar (palabra tan necesaria últimamente) a los movimientos sociales es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC), aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y del que apenas el pasado 24 de septiembre se cumplieron dos años de la apertura a firmas, ratificaciones y adhesiones.
Luego de haberse firmado, si el Estado incumple con sus obligaciones de respeto, protección y realización de los derechos económicos, sociales y culturales (entre ellos, el derecho a la salud, a un trabajo digno, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la libre determinación, al agua), se permitirá que tanto individuos como grupos o comunidades puedan llevar ante la ONU los casos para que ésta investigue y tome una posición oficial. De tal manera que actúe como un árbitro internacional e influya directamente sobre las acciones que tomen las autoridades locales.
Sin embargo, para que el Protocolo Facultativo entre en vigor, se requieren 10 ratificaciones. A la fecha, sólo cuatro Estados, de 37 firmantes, lo han validado (España, Ecuador, El Salvador y Mongolia). Éste quedó abierto a firmas, autorizaciones y adhesiones desde el 24 de septiembre de 2009, cuando el gobierno mexicano copatrocinó una resolución (A/HRC/10/L.14) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde invita a todos los países miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a considerar la signatura, ratificación o adhesión a dicho instrumento. No obstante, a dos años de la apertura a firmas, México ni siquiera se encuentra entre las 37 naciones que han firmado el Protocolo Facultativo (como ya lo hicieron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay).
Debido a esto, diversas organizaciones civiles, sociales y redes promotoras y defensoras de los derechos humanos, entre ellas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, iniciamos el 25 de septiembre pasado la campaña por la ratificación del Protocolo Facultativo, en la cual demandamos al gobierno que avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Dicho cometido –en el que participan 67 organizaciones con presencia nacional y dos más de trascendencia internacional– se inició con la firma de una carta dirigida a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, en la que se reitera este llamado, nada nuevo, pero cada vez más intenso tanto en el ámbito nacional como en el internacional, al Estado para que ratifique el Protocolo Facultativo. También se solicita que se informe a la ciudadanía de los resultados de un análisis exhaustivo que la cancillería presume haber realizado al respecto de la ratificación de éste, y se insiste en la necesidad de que México lo adopte de una vez y sin reservas, al reconocer, con ello, la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para investigar violaciones a estos derechos y conocer de quejas interestatales.
La sentencia del poeta alemán Friedrich Hölderlin reza que “allí donde crece el peligro, crece también lo que salva”. Cuando la crisis es más profunda, más se abren las puertas para lograr un cambio que permita salirse de ésta (aunque, no porque estén abiertas, se utilizan). La oportunidad de la reivindicación se vuelve mayor entre más aumenta un problema, pero el ver esas coyunturas y aprovecharlas ya depende de cada sociedad. El caer cada vez más y más abajo también es una opción.
La crisis social en México es ya tan innegable que los propios políticos han tenido que reconocerla al grado de llegar a manifestarse rebasados. Pero esta dificultad también ha logrado despertar muchas voluntades. La gente se está organizando para manifestar sus desacuerdos y recordar las deudas (por sus seres queridos) que contrae el Estado.
Este movimiento desde abajo ya está obteniendo resultados. No suficientes ni del todo positivos. Pero, al menos, mucho más importantes que en muchos sexenios anteriores. Es sólo el principio. La sociedad mexicana no puede quedarse satisfecha con las garantías ganadas. Debemos de recordar que la historia de las libertades se ha escrito desde quienes lucharon por éstas, no desde quienes firmaron los acuerdos.
La c
ampaña mexicana por la ratificación del PFPIDESC estará vigilante del proceso de ratificación de este protocolo e impulsará diversas actividades en diferentes estados de la República. El público puede informarse a través del blog http://ratificapfpidescmex.org/. Es preciso sacar a la luz estos temas, pues la mejor carta para no firmarlos es que se sepa poco o nada de su existencia. Te invitamos a que te sumes a esta lucha, porque se ratifique y, sobre todo, porque se haga efectiva.
*Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
