Estados Unidos decidió reorientar su política estratégica en la región Asia Pacífico como prioridad geopolítica, geoeconómica y geoestratégica desde 2011. A partir de ello, creó sus nuevas doctrinas de defensa y de seguridad nacionales; ambas, entendidas en términos absolutos, globales o planetarios. Luego, más recientemente, en un discurso ante la Sociedad Asiática en Nueva York, el consejero de Seguridad Nacional estadunidense, Thomas Donilon (marzo de 2013), ofreció un resumen de la estrategia de aquel país para esa zona del planeta, subrayando que el “reequilibrio” será completo, poniendo atención tanto al papel económico de Washington como a su presencia militar. Pero la política actual en curso en el Pacífico latinoamericano indica claramente que en ésta última, Estados Unidos está operando un giro estratégico adicional, complementario, que articula los dos grandes movimientos (Asia y Latinoamérica) en una sola política estratégica para los dos espacios geopolíticos del Océano Pacífico. Una sola política de doble vertiente.
Lo anterior puede deducirse con precisión al analizar el proyecto político estadunidense en curso sobre la partición del territorio subcontinental latinoamericano en dos grandes ejes estratégicos: el “eje del Pacífico” (que trasciende el núcleo comercial andino originario que formaron Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Chile) y el “eje del Atlántico” (fundamentalmente representado por el Mercado Común del Sur con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ahora también con Venezuela). La partición geográfica territorial no se refiere a la subregión latinoamericana del Sur debido a su división geográfica y política natural, que así divide a los estados y naciones de ambas subregiones, sino a la estrategia en marcha de la geopolítica estadunidense que dividiría de esa manera la influencia de los tres grandes liderazgos suramericanos (Brasil, Argentina y Venezuela) y los circunscribiría hacia la costa atlántica, involucrando en este reacomodo geoestratégico a Centroamérica y México en dicha maniobra para reforzar el eje del Pacífico, su actual prioridad regional-global no sólo en Asia-Pacífico, sino desde el Pacífico latinoamericano. Se trata de una clara recomposición de su geopolítica para articular en sólo un diseño estratégico ambas subregiones geopacíficas.
Es decir, a partir de este rediseño estratégico se impulsa un nuevo modelo de integración latinoamericana bifurcado, competido económicamente y partido en dos grandes áreas, que bloquee e impida consolidar el proceso actual de una amplia zona de poder soberano en Latinoamérica, como la que hoy representa la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para abrir paso a la hegemonía estadunidense con sus aliados en el “eje Pacífico”, es decir, reforzada con la presencia de otras potencias (Japón, Canadá, Australia) de la región Asia-Pacífico.
Y en el “eje del Atlántico”, igualmente, los esfuerzos se orientan a generar las condiciones para el predominio de Estados Unidos y sus otras potencias aliadas de la unión económica europea (sobre todo, Alemania, Francia, Gran Bretaña), mediante el bloque llamado Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión, que es la integración económica de Estados Unidos-Unión Europea, la cual empezó a negociarse desde el año previo (2007) a la gran recesión mundial y la quiebra financiera internacional de 2008-2009. También, próximo a concluirse.
Es evidente cómo este modelo estratégico en curso en ambas regiones del Pacífico mencionadas conforma una nueva versión del predominio de la tríada Estados Unidos-Europa-Japón (de la que habló el consultor y escritor Kenichi Ohmae en su libro El poder de la triada: las nuevas reglas de la competencia mundial, en la década de 1990), que en estos tiempos no partiría desde la región del Atlántico, como históricamente sucedió, sino de la región del Pacífico, la cual pretende contener y revertir los cambios en la estructura económica mundial, surgidos a raíz de la emergencia y el desarrollo económico de la región asiática y de las potencias mayores de la misma (China, India y Rusia), y de los nuevos regímenes del cambio social y soberano en Latinoamérica (Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, etcétera). Ambos grandes procesos y otros más están llevando al planeta hacia la consolidación de un nuevo orden multipolar global. Dicho proyecto de reconfiguración geoestratégica de la región del Pacífico comandado por Estados Unidos y sus aliados europeos, asiáticos y latinoamericanos se orienta justamente a revertir el tránsito completo hacia ese nuevo orden global.
Todo ello a pesar de la oposición que el presidente Obama ha encontrado dentro de su propio partido (por diferencias tácticas en un año electoral en Estados Unidos, no por rechazo a los objetivos estratégicos que persigue y desde el liderazgo del Partido Demócrata en el Senado, con Harry Reid), por considerar dos cuestiones fundamentales sobre esta política: el deslizamiento hacia las posturas republicanas (del Tea Party Movement) en materia de tratados internacionales de integración económica que priorizan el libre comercio y la libre circulación de capital por encima de cualquiera otra consideración económica; y la agresividad de las posturas de las grandes corporaciones privadas trasnacionales impuestas en el articulado del TPP (cuya matriz es todo lo relativo a la propiedad intelectual), posturas que resultan lesivas para grandes sectores de la población estadunidense (en materia de libre acceso a redes y a software, a medicamentos con patentes vencidas, etcétera). En ambos casos, las posturas presidenciales son inaceptables para los demócratas en un año electoral.
Pero, sobre todo, el rediseño geoeconómico y geopolítico en desarrollo altera el fondo de la actual geografía económica latinoamericana, en donde los procesos de integración subregional, mediante la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur y su convergencia política en otros agrupamientos más amplios como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), expresión auténtica del nuevo latinoamericanismo, predominan hoy y tienden a predominar en el futuro.
Es decir, la estrategia estadunidense mencionada debilita todo un proyecto soberano en marcha de carácter subcontinental, y lo hace desde la implantación de un modelo distinto de integración económica transcontinental en donde los principios políticos e ideológicos se relegan para dar paso al predominio de la integración de procesos de negocios, en el cual Estados Unidos se ha convertido en el eje estratégico de una política de amplio impacto latinoamericano, particularmente para México, desde el Pacífico y desde el Atlántico.
Porque en este proceso se afecta a México, en su ya de por sí débil postura dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual no podrá compensar rápidamente por sus frágiles vínculos económicos actuales con los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú y Chile; menos aún, mediante su pertenencia al TPP, con cuyas economías también posee débiles vínculos, como Australia, Nueva Zelanda y Singapur, por ejemplo. Además, le afecta directamente, dado el contenido abiertamente lesivo que tienen varios de los artículos que están prácticamente consensuados, sobre todo, en materia de propiedad intelectual y lo que de ella se deriva, que impacta al conjunto del Tratado (en industria, agricultura, servicios, etcétera) y a los intereses nacionales. México está siendo arrastrado hacia un proyecto estratégico que le reporta muy pocos beneficios y muchas incertidumbres y riesgos, especialmente, desde el rediseño geopolítico y geoeconómico de ambas regiones, bajo una concepción de reconstrucción de una hegemonía estadunidense muy golpeada en las dos regiones: Asia y en América Latina.
Finalmente, dicha política de reconstrucción estratégica vulnera y limita la articulación de los países y economías latinoamericanas con sus nuevos aliados asiáticos: China, Rusia, India e Irán, que siguen siendo una opción sólida de diversificación económica y de acción política conjunta en los grandes temas de la agenda interregional y global, al margen de la estrategia estadunidense, de sus aliados y de la acción arbitraria y unilateral de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), hacia la cual se está intentando incorporar a Colombia, modificando con ello el balance militar de fuerzas en América del Sur.
Ésta es la vertiente militar del proceso regional-global descrito. En el caso de Chile, bajo la misma óptica, la elección de Michelle Bachelet ha complicado el desarrollo estratégico ideado, pero Paraguay representa aún un margen importante de maniobra en la posibilidad de su incorporación a la OTAN en el mediano plazo, por ser hoy aliado clave del actual gobierno estadunidense, lo cual, eventualmente y en su caso, rompería también el equilibrio dentro del actual Consejo de Defensa de la Unasur (organismo que agrupa a los mandos militares de los ejércitos de los países integrantes de la Unión, liderado actualmente por Brasil).
Evidentemente, la política de cooperación militar de Rusia es el factor de poder que mayores obstáculos puede contener para la implantación y desarrollo de la vertiente militar de este proyecto de recomposición geoestratégica de Estados Unidos.
En suma, la política de Barack Obama es una jugada estratégica en varios frentes: debilita el flanco Sur del subcontinente latinoamericano –hoy fortalecido– para reducir su espacio estratégico hacia la costa suratlántica, pero a la vez refuerza su presencia y la de sus grandes aliados europeos en esa zona del Atlántico Norte mediante su Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión con la Unión Europea, debilitando la presencia de México en su relación con América del Norte, y aumentando con ello mayormente la influencia en él del gobierno estadunidense. Paralelamente, con su propia inclusión en la Alianza del Pacífico y en el TPP (sin China ni Rusia), toma posiciones de fuerza en la región del Pacífico latinoamericano y en Asia-Pacífico, que son hoy su prioridad estratégica para contener a China y a Rusia y a los nuevos poderes asiáticos en ascenso (India e Irán), que incursionan con fuerza en la subregión latinoamericana con la preocupación de Estados Unidos.
Así se están jugando las piezas del ajedrez geopolítico y geoestratégico de Estados Unidos y aliados en todo el Continente Americano, en sus espacios geopolíticos del Pacífico y del Atlántico. Todo esto no es el “fin de la historia” antes proclamado, sino el pretendido comienzo de una “nueva historia” poco prometedora, porque tiende a quebrar el proceso actual de soberanía y recomposición geopolítica regional progresista para la consolidación de un espacio común auténticamente latinoamericano y bajo la óptica de sus intereses vitales.
En contrapartida, en este nuevo emplazamiento de fuerzas, y como contrapoderes, están los organismos de la América Latina alternativa, como son el Alba, la Unasur y la Celac, ligados a los bloques regionales ya existentes: al Mercosur (fortalecido con la incorporación de Venezuela), a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al bloque de México-Centroamérica y el Caribe, así como a la presencia creciente de los nuevos poderes en ascenso (China, Rusia, India) en todo el subcontinente, hoy con un posicionamiento económico de mayor fuerza con respecto del obtenido por la Unión Europea y Japón o Corea del Sur, y en un plazo menor de tiempo.
Hay tres opciones para obstruir la reconfiguración geoestratégica de Estados Unidos y avanzar en el proyecto soberano y progresista latinoamericano. Una, desde las propias iniciativas latinoamericanas. Las otras dos, con la participación de las grandes potencias asiáticas:
a) El proyecto del “corredor bioceánico” o “interoceánico”, formado a partir de un acuerdo trilateral denominado oficialmente Declaración de la Paz Construyendo la Integración de la Infraestructura para Nuestros Pueblos: Corredor Interoceánico, entre Brasil, Bolivia y Chile (2008), que sitúa a la propia Bolivia como otro posible “eje estratégico emergente” por su situación geopolítica en el “corazón del territorio suramericano”, conectado por vía terrestre mediante carreteras desde Chile, Bolivia y Brasil, es decir, comprende la conexión terrestre entre Puerto de Santos y Mato Grosso de Brasil (en el Océano Atlántico), Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz de Bolivia, y Arica e Iquique de Chile (Océano Pacífico), y que igualmente puede permitir un flujo dinámico entre las poblaciones de dichas regiones y también que las economías de ellas crezcan. El regreso a la Presidencia de Chile de Michelle Bachelet puede significar una oportunidad para fortalecer y darle mayor impulso al Acuerdo, como uno de los escudos contra el proyecto divisionista de Estados Unidos y sus aliados.
b) La opción que mete de lleno a China en las iniciativas estratégicas para el subcontinente latinoamericano, a pesar de la inconformidad de Estados Unidos y aliados: el proyecto dado a conocer por el diario británico Financial Times (2011) en cuanto al interés de China de construir un “nuevo canal seco” (una conexión ferroviaria de 220 kilómetros cuadrados) que uniría el Pacífico colombiano con una ciudad del Atlántico aún indefinida, con lo cual se advierte la intención colombiana de alinearse con el nuevo y actual eje predominante del comercio mundial (Asia) sin alterar su postura de aliado estratégico de Estados Unidos, al tiempo que China espera adecuar toda la infraestructura necesaria para hacer realidad la integración desde América Latina con Asia-Pacífico y establecer una alternativa de nuevo paso interoceánico ante el único hoy existente (el Canal de Panamá), a partir de lo cual también puede reconfigurarse la geografía económica de la región latinoamericana puesto que este “canal seco” comunicaría (igual que el actual Canal de Panamá) a la región Norte (México, Estados Unidos y Canadá), a la centroamericana y caribeña y a la suramericana.
c) La política actual de cooperación militar diversificada de la Federación Rusa en América Latina, incluyendo la implantación de diversas bases militares proyectadas en el subcontinente, como acuerdos que se están negociando con Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de otros países (como Ecuador). No son bases de carácter ofensivo (facilitarían la llegada de buques de guerra rusos a sus puertos y el reabastecimiento de aviones desde su territorio como el avión Cisterna Il-78). Sin embargo, cambiarían la presencia militar externa en la región; expresarían un entorno distinto: una tendencia a la multipolaridad regional en otro de los temas de exclusividad geopolítica de Estados Unidos, el militar.
Para los países de América Latina, toda esta política estadunidense se tiene que combatir y revertir desde tres perspectivas: retomando la alternativa de una política de integración latinoamericana desde una óptica transversal –no geográficamente segmentada– del Pacífico al Atlántico, que es realmente la histórica doctrina de la integración latinoamericana; desde el reforzamiento de su cooperación económica y alianzas con las grandes potencias asiáticas, así como reforzando sus políticas antiinjerencistas respecto de Estados Unidos.
Pero también, América Latina y el Caribe deben asumirse plenamente como jugadores geoestratégicos en su propio subcontinente, tomar nuevas iniciativas y proyectar mayormente a la subregión como “pivote geopolítico” (se utiliza este concepto para identificar un área geopolítica y geoestratégica que es determinante en el presente y futuro acontecer mundial) en el contexto global, y no ceder la iniciativa estratégica a su voraz, pero decadente, vecino –que por ello, se torna más agresivo– en el Norte del Continente. Si lograran vencer en esta nueva jugada estratégica a Estados Unidos y sus sumisos aliados regionales –como lo hicieron frente a la pretendida imposición de un Área de Libre Comercio de las Américas por George Bush–, podrían infligir una nueva gran derrota a la geopolítica de recuperación hegemónica militarizada de Estados Unidos y acelerar su histórica decadencia.
*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
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