Anaya contra El Universal abusó de las libertades político-electorales

El núcleo de las libertades de prensa, como es informar con arreglo al periodismo de investigación y ejercer la crítica hasta sus últimas consecuencias, recibieron su confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por una mayoría de cinco magistrados de los siete que integran ese órgano, en una sesión histórica para ratificar la vigencia y legitimidad de esas libertades constitucionales. Estos derechos como medios para difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio de difusión. Y la prensa escrita es la punta de lanza de esa tarea democrática. Así que más que “un uso indebido” para su réplica el señor Ricardo Anaya, como candidato presidencial, cometió un abuso al utilizar la propaganda electoral para autodefenderse atacando al periódico; una vez que un juzgado federal falló a su favor.

Pero siendo tal sentencia una inquisición judicial y apelada ante el Tribunal, fue anulada y por mayoría de votos se determinó que Anaya-PAN-PRD-MC dispusieron de los tiempos en radio y televisión para atacar a El Universal, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017. Quiso Anaya que el matutino sufriera censura previa en el 2018 para coartar la libertad de difusión en torno a los 54 millones de pesos que recibió de una transacción comercial, y sobre la que se generó información que el candidato presidencial quiere impedir contra el libre acceso a toda información veraz sobre hechos y actos. En este caso estrictamente personal que Anaya convirtió en mensajes camuflados en contexto de la propaganda política-electoral.

La sentencia es un nuevo precedente que enriquece la conquista de los derechos a la libertad de expresión escrita, la investigación periodística y el libre examen para la discusión de las ideas y los hechos con miras a su información. Al haber impugnado el trabajo de El Universal, Anaya enseñó su intolerancia al derecho de tener informada a la opinión pública de los actos, conductas y actividades de quienes, ante todo, son actores de la vida pública. Y como Anaya en este caso, quieren hacerse de un cargo de representación por medio de la democracia directa.

Tiene derecho el candidato del PAN-PRD-MC a recurrir a los tribunales cuando a su parecer y el de sus abogados, considere que una información carece de veracidad y no obstante ser contrastada, le parece ser violatoria. En este caso, cinco magistrados del TEPJF –es decir, la mayoría–, razonaron sus votos en el sentido de que el quejoso careció de fundamentación legal contra la publicación de su participación en un asunto público. Y, además, que abusó de la propaganda autorizada al candidato presidencial, para un uso particular que debió ventilar por medio del derecho a la réplica (como lo hizo), y no aprovechar tiempos electorales para atacar al periódico con fines de una inquisición judicial.

La reportera Carina García (El Universal, 29 de marzo de 2018), realizó una reseña-crónica completísima de la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A toda una página del periódico informó a los lectores las siete partes medulares de los alegatos, en la sesión de los siete integrantes de la Sala Superior, sobre el caso de Anaya versus El Universal. Dos magistrados matizaron sus argumentos, mientras cinco de ellos votaron a favor de proteger las libertades de prensa, en su modalidad escrita, para poner a salvo también sus garantías en el contexto del imperio de la ley constitucional. Los siete, empero, aprobaron, en lo general, que Anaya hizo uso indebido de la propaganda electoral para tratar de menoscabar la libertad de escribir y difundir información sustentada en hechos salidos del periodismo de investigación. Anaya quería no solamente limitar las libertades citadas, sino, simultáneamente, infligir inquisiciones administrativas y judiciales al periódico.

Ha sido un fallo de gran transcendencia para la legitimidad y legalidad de los derechos de prensa escrita (oral, audiovisual y por las redes, empezando por Internet), para que los políticos no insistan en querer censurar la información, en su doble sentido: buscarla y publicarla. Lo que deviene en mantener la dinámica democrática para ofrecer día a día esa información tal y como se vaya generando. Los medios de comunicación han de estar atentos a los acontecimientos que irrumpen en el escenario de lo público, para difundirlos sin temor a los abusos de los protagonistas.

Quienes, como Anaya, pueden hacer uso indebido de sus prerrogativas, pero como El Universal, los medios de comunicación han de impugnar esos abusos para dirimir en los tribunales a quién le asiste la razón. Anaya ha equivocado el ataque y el tribunal le salió al paso, para hacerle entender que un asunto hecho público y difundido, no es un delito. El Instituto Nacional Electoral salió, de paso, cuestionado por no haber suspendido el spot de Anaya atacando a El Universal, en su intento por desacreditar al periódico; cuando éste únicamente difundió la información de un hecho noticioso.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN][DEFENSOR DEL PERIODISTA]