Asfixia al Estado de bienestar

Alberto López Herrero*/Centro de Colaboraciones Solidarias

El Estado de bienestar se fraguó a finales del siglo XIX en Alemania como la consecución más importante de la socialdemocracia europea y paulatinamente se fueron uniendo a ella todos los países. La ayuda a los grupos más desfavorecidos, junto con la igualdad de oportunidades, llegó a conseguir una sociedad mucho más justa y más equilibrada sobre la base de los tres pilares en los que se sustenta: educación pública gratuita, sanidad pública y un sistema de pensiones sostenido por la solidaridad entre las generaciones.

La crisis

Estado de bienestar, tres palabras utilizadas de manera habitual por los políticos hasta el punto de desvirtuar su originario significado de protección social y de contribución a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Utilizadas con verbos como garantizar, impulsar o consolidar, en realidad lo que están consiguiendo es todo lo contrario: limitarlo, asfixiarlo y minimizarlo.

La situación económica mundial ha sido la excusa perfecta para poner en práctica políticas neoliberales impuestas por organismos internacionales con el objetivo de consumar un Estado de mínimos, que no garantiza la ayuda a todo el que lo necesite sino sólo al que se lo merece por cumplir unos estrictos requisitos.

En la actualidad, el Estado de bienestar corre un serio peligro de desaparecer después de permitirnos unos aceptables niveles de justicia social. Todo se ha ido al traste con la crisis. Cada vez la brecha social entre unas naciones y otras, e incluso entre clases sociales de un mismo país, se antoja insalvable, y la incertidumbre sobre la protección social en el futuro con las variables de desempleo, envejecimiento y menor inversión, empieza a ser una realidad.

Los sucesivos recortes del Estado en la inversión social y su intervencionismo en la vida económica y financiera también han debilitado su capacidad para satisfacer esa necesaria protección cuando ha llegado la crisis. En la actualidad, el desempleo va unido al empobrecimiento de la clase media; los pensionistas deben financiar la sanidad mediante el copago, a la vez que ven congeladas sus pensiones; las familias tienen que costear los gastos por familiares dependientes; la sanidad pública sufre la restricción de medicamentos, la reducción de camas, cierre de especialidades; la educación vive la reducción de becas, la eliminación de interinos; hay facilidades para el despido aun estando de baja; congelación de salarios, supresión de pagas…

El actual modelo de Estado de bienestar está siendo atacado por los mismos responsables de la crisis, los artífices de la desregulación bancaria, los empresarios promotores de la burbuja inmobiliaria y los políticos enriquecidos por sobresueldos y comisiones a costa del erario. Ellos no lo necesitan y lo consideran un gasto superfluo, por lo que el resultado es el incremento de las desigualdades y el crecimiento de los grupos sociales más ricos a la vez que cae la renta disponible de las familias. Mientras la mayoría de la población es más pobre, una minoría se enriquece con la compra a precios de saldo de los hospitales, los centros de negocio, las empresas y las cajas de ahorros al mismo tiempo que languidecen las escuelas y universidades.

El gasto público sanitario, por ejemplo, está a la cola de la Unión Europea y más del 20 por ciento se dedica al sector farmacéutico. Las consecuencias de esta menor inversión son la externalización de servicios y la extensión de la medicina privada. En educación, donde el gasto público es más bajo que el promedio europeo, los recortes suponen un déficit de preparación y de horarios que, en términos prácticos, suponen que un alumno al finalizar la educación secundaria habrá tenido 1 año lectivo menos que el promedio de jóvenes europeos, por no hablar del aprendizaje de idiomas, la comprensión lectora o la investigación.

Los políticos creen que menor inversión en gasto social es igual a ahorro del déficit, cuando la realidad es la contraria. Un buen Estado de bienestar no puede sostenerse con financiamiento privado. Sin garantías sociales como una educación pública y de calidad estamos permitiendo que las generaciones perdidas y sin espíritu crítico ni formación adecuada continúen, en el futuro, dirigiendo nuestro retroceso de derechos sociales.

 *Periodista

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