Las facilidades que el gobierno federal ha dado para la asignación de contratos de manera directa o por invitación restringida, es decir sin licitación y otros por dedazo, empieza a generar serios problemas de corrupción por los moches que algunos funcionarios exigen a las empresas.
Lo que se consideró como una ventaja al disminuir los plazos de contratación y compras de bienes y servicios y, al mismo tiempo, eliminar la carga burocrática y obtener mejores precios para el gobierno porque las empresas ya no tendrían que pagar sobornos, empieza a enfrentar una seria crisis en paraestatales tan importantes como Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde supuestamente funcionarios continúan exigiendo el diezmo a cambio de asignaciones millonarias directas.
Sin la supervisión debida por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, en Pemex y sus subsidiarias servidores públicos se dan vuelo en asignar contratos sin licitación o invitación directa a cambio de cuantiosos sobornos.
Según fuentes internas de esa empresa del Estado, el director general, Octavio Romero Oropeza, y el director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Herrería Alamía, estarían al tanto de esa corrupción, pero hasta ahora son omisos y permisivos del proceder ilícito de algunos directivos petroleros.
Otro caso singular es el que se vive en la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP), la principal subsidiaria petrolera, en donde su director general Miguel Ángel Lozada Aguilar fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública en diciembre del año pasado; sin embargo, continúa dando órdenes y asignando contratos millonarios mientras se resuelve su juicio de impugnación contra la sanción impuesta, lo cual es violatorio de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en donde también la secretaria Irma Eréndira Sandoval ha sido omisa.
En oficios internos de Pemex se confirman las cuantiosas asignaciones sin licitar por miles de millones de pesos y otras en dólares para los trabajos que la empresa necesita en la subsidiaria PEP.
En uno de esos oficios en poder de esta columna, DCAS-SA-CAEP-GCSEP-SCPSP-424-2019, la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicio de Pozos, bajo las órdenes del director corporativo Marcos Herrería y firmado por la suplente ingeniera María de la Luz Lozano Rodríguez, se informa que mediante el procedimiento para adjudicación directa No. PEP-AD-A-GCSEYP-100-69312-A100190613, y después de una “evaluación legal, administrativa, financiera, técnica y económica”, se determinó adjudicarles el contrato No. 641009833 a las empresas Grinnav, SA, OOS International, BV, y OSS Energy México, SA de CV, por un importe total de 52 millones 772 mil 738.13 dólares, que a precios actuales asciende a 1 mil 134 millones 606 mil pesos.
Esa asignación se hizo en octubre del año pasado y según el contrato que finaliza en diciembre de 2020 es para el “arrendamiento sin opción a compra de una plataforma de perforación marina tipo semi-sumergible o barco perforador, para operar en tirante agua nominal mínimo de 100 metros (328 pies), con capacidad de perforación mínima de 26 mil 500 pies de profundidad, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México”.
Otro contrato asignado por invitación restringida en la ciudad de Tabasco a tres empresas que presentaron una propuesta conjunta: Hoc Offshore, S de RL de CV; Construcciones Mecánicas Monclova, SA de CV; y Cotemar, SA de CV, es por un monto de 458 millones 927 mil 728.96 pesos y 131 millones 541 mil 832.05 dólares (en total suman 2 mil 828 millones 149 mil 340 pesos).
Dicha asignación firmada por el arquitecto Carlos Mario Martínez Gil, titular de la Superintendencia de Construcción de Infraestructura, y el ingeniero Mario Valle Paz, titular de la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, corresponde al número PEP-IR-O-GCSEYP-085-73394-0085190213, referente a “Ingeniería, procura y construcción de dos unidades de infraestructura marina denominadas Yaxché-C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México”.
En reportes entregados por órganos de inteligencia al ingeniero Octavio Romero Oropeza se le ha informado de la corrupción que hay en la extracción ilegal de combustibles en cuatro terminales de distribución de hidrocarburos del Valle de México y otra en Sinaloa, en donde las ventas diarias –de acuerdo con informes internos– ascienden a 135 mil barriles y en ese robo de combustibles estarían involucrados algunos trabajadores de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige Héctor Sosa Rodríguez.
Las distribuidoras que se localizan en el Valle de México se ubican en las zonas de Añil, Barranca, Azcapotzalco y San Juan Ixhuatepec, mientras que la quinta está en Mazatlán, Sinaloa.
No es la primera vez que reportan a Héctor Sosa en actos supuestamente ilícitos, pues en un informe de lo que antes era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –y publicado en esta columna– se revela que “el secretario general de la Sección 34 del Sindicato solicitaba a funcionarios petroleros que los camiones de transporte de combustibles de Fabián Rodríguez fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, a fin de obtener permisos oficiales de Pemex y evitar así ser detenidos cuando trasladaran petrolíferos robados de la paraestatal”.
En la poderosa estructura del sindicato petrolero Héctor Sosa es el número dos al mando y siempre estuvo bajo las órdenes del exlíder Carlos Romero Deschamps, antes de que éste renunciara a la dirigencia y estuviera sujeto a investigación por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
En entrevista, el líder de la Sección 34 ha negado tener vínculos familiares o de amistad con dirigentes de una red criminal de robo de combustible y asegura con seriedad que se trata de un homónimo que también trabaja en Pemex.
El robo de combustibles (huachicol) que ha ordenado combatir el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que involucra a trabajadores del gremio petrolero, ya es investigado por el Centro Nacional de Inteligencia, a cargo del general Audomaro Martínez Zapata, así que habrá que darle seguimiento para conocer más detalles y posibles detenciones.
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