Ataques de Washington al mundo y a su propio pueblo

Primera parte. Desde hace más de siglo y medio, el gobierno de Estados Unidos ha protagonizado los golpes de Estado más cruentos y las intervenciones militares más destructivas. Ha respaldado represiones, controlado gobiernos y saqueado recursos naturales y riquezas estratégicas sin importar el costo humano: muertes, sacrificios, deterioro de las condiciones de vida y sanciones económicas que persisten hasta hoy.

Para sostener su aparato militar, sus operaciones de inteligencia, sabotaje, provocación y su propaganda de desinformación, Washington requiere enormes cantidades de dinero. Ese financiamiento lo obtiene al reducir su propio presupuesto destinado a educación, salud, infraestructura y protección civil. Mientras tanto, reprime las luchas sociales y las demandas de derechos dentro de su propio territorio.

En los tiempos actuales, muchos atribuyen la política agresiva de Washington a “la locura de Trump”. No es así. El verdadero problema es el Imperio, el monstruo de dos cabezas: la republicana y la demócrata. En este artículo damos seguimiento a los ataques impulsados tanto por el gobierno de Biden como por el de Trump, porque –como dice el refrán– “tan malo el pinto, como el colorado”.

Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano son fuerzas de guerra, imperialistas, reaccionarias y contrarias a los pueblos. No solo atacan al mundo: también agreden a su propia población. La administración Biden-Harris proporcionó a Israel todo el apoyo político, económico y militar necesario para ejecutar su campaña de limpieza étnica y su genocidio abierto, del mismo modo que después lo haría Trump.

Durante el gobierno de Joe Biden, en 2022, Estados Unidos realizó al menos 20 ataques aéreos en Siria, principalmente en el norte y el este del país. El pretexto fue combatir al Estado Islámico (ISIS o Dáesh), organización que, según el propio Trump y diversas fuentes, fue creada bajo la administración de Obama y Hillary Clinton. Ese mismo año, Washington intervino en Yemen, Somalia y Gaza, además de ejecutar operaciones militares en otras regiones.

También interfirió en la política interna de Pakistán, al impulsar una moción de censura que destituyó al primer ministro Imran Khan. Y el 29 de agosto de 2022, en Kabul, Afganistán, Estados Unidos lanzó un ataque con drones “por error” contra un automóvil que supuestamente contenía explosivos. El ataque mató a 10 civiles; entre ellos, siete niños.

El presidente Biden prometió poner fin a las detenciones en Guantánamo, pero en 2021 solo fue liberado un prisionero. Aún permanecían detenidos 39 hombres: 10 en proceso ante comisiones militares y dos cumpliendo condenas.

El gasto militar estadunidense alcanzó en 2022 los 877 mil millones de dólares, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Fue un incremento respecto a 2021, consolidando a Estados Unidos como el país con el mayor gasto militar del mundo. Mientras tanto, dentro del país, se deterioraban los servicios de salud, vivienda, empleo y educación, y aumentaba la concentración de la riqueza.

Durante la pandemia, un tercio de las muertes por Covid-19 ocurrió en asilos para ancianos, a causa de la deficiente atención médica. La falta de acceso a seguros y servicios de salud elevó las tasas de mortalidad materna y por cáncer cervicouterino, especialmente entre mujeres negras. Las comunidades afroamericanas, latinas y nativas resultaron las más afectadas por los efectos de la pandemia, lo que profundizó las desigualdades raciales.

En 2022, la represión hacia los pueblos indígenas continuó mediante la discriminación sistémica en el sistema de justicia penal, el encarcelamiento desproporcionado y el abandono estructural que mantiene a estas comunidades en la pobreza, según reportes del Departamento de Justicia y diversas organizaciones.

Los pueblos originarios sostuvieron luchas constantes por el derecho a la tierra. Grupos apaches enfrentaron proyectos mineros en zonas sagradas y promovieron demandas legales para proteger los recursos hídricos. Las naciones nativas ven limitada su soberanía, dependientes del gobierno federal, que ejerce tutela plena sobre ellas sin garantizar financiamiento suficiente.

De acuerdo con el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), las comunidades indígenas en Estados Unidos defendieron sus territorios y recursos naturales frente al auge de la minería impulsada por la transición energética.

Los pueblos sioux y otras naciones originarias centraron su resistencia en la defensa del agua, especialmente ante el oleoducto Dakota Access (DAPL), que amenaza el suministro hídrico y el entorno ambiental. Mantuvieron su activismo para evitar derrames y exigir auditorías ambientales. Buscaron proteger fuentes vitales como el acuífero Ogallala y el río Misuri.

Las tribus apaches de San Carlos y Tonto continuaron su batalla legal contra los proyectos de minería de cobre, sobre todo en Arizona, defendiendo tierras sagradas como Oak Flat.

La tribu apache de San Carlos llevó su lucha contra el proyecto Resolution Copper ante la Suprema Corte de Estados Unidos, luego de que la corte estatal de Arizona fallara a favor de la empresa Rio Tinto-BHP. Éste vierte cobre y contaminantes en la comunidad de Queen Creek. Oak Flat, propiedad federal, es considerado por los apaches un sitio sagrado.

La tasa de pobreza suplementaria –que considera la asistencia pública y las diferencias en el costo de vida– aumentó del 7.8 por ciento en 2021 al 12.4 por ciento en 2022.

La desigualdad en Estados Unidos es una de las más altas entre los países desarrollados: el 10 por ciento más rico concentra casi la mitad de los ingresos, mientras el 50 por ciento más pobre recibe solo el 13 por ciento. La riqueza combinada de los multimillonarios estadunidenses creció de 2.9 billones de dólares en marzo de 2020 a 4.7 billones en julio de 2021.

En cuanto al daño ambiental, Estados Unidos es el país que más ha contribuido a la crisis climática mundial, responsable de un número creciente de víctimas. Es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y encabeza los planes de expansión de extracción de petróleo y gas entre 2023 y 2050. Los combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global, están ligados a violaciones de derechos humanos.

Aunque el presidente Biden anunció que priorizaría la lucha contra el cambio climático y regresó al Acuerdo de París en su primer día de mandato, el objetivo de reducción de emisiones fijado por su administración es insuficiente para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, de acuerdo con Climate Action Tracker.

El Pentágono, con su extensa red de transporte y logística para sostener más de 800 bases militares, contamina más que 140 países juntos. Reducir esa maquinaria de guerra es una urgencia global.

En materia migratoria, el gobierno de Joe Biden incumplió las promesas hechas durante su campaña presidencial. Mantuvo las políticas heredadas de la era Trump que negaban el acceso al asilo en la frontera. Continuó aplicando el Título 42 –que supuestamente debía eliminar–, aumentó las detenciones y deportaciones, y reforzó los controles fronterizos.

Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron abusos, condiciones inhumanas y tratos degradantes en los centros de detención. Señalaron la retórica hostil contra los migrantes y las prácticas de deportación que, en algunos casos, implicaron la repatriación de personas hacia países distintos a su lugar de origen.

El Título 42 se consolidó como una herramienta central del control migratorio, al permitir expulsiones exprés y restringir el derecho a solicitar asilo. Las políticas y prácticas en la frontera fueron señaladas por organismos internacionales como violatorias de los derechos humanos.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2023, bajo la administración Biden, se realizaron 2 millones 800 mil expulsiones. Persistió además el aumento en las detenciones de niños migrantes no acompañados –en su mayoría provenientes de América Central– a lo largo de la frontera sur.

Tanto las administraciones de Biden como la de Trump violaron abiertamente las protecciones legales internacionales. Miles de solicitantes de asilo fueron deportados bajo procesos acelerados, sometidos a detenciones arbitrarias y castigados con una prohibición de ingreso a Estados Unidos por cinco años.

En cuanto a la seguridad interna, durante 2022 el país experimentó un aumento en los delitos violentos, incluidas agresiones y homicidios con armas de fuego. Ese año se registraron 45 mil 222 muertes por disparos y más de 331 tiroteos masivos.

De acuerdo con The Sentencing Project, en ese mismo periodo había 27 mil 600 menores detenidos en instalaciones de justicia juvenil, tanto en detención preventiva como cumpliendo sentencias. Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo que permite condenar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores de edad.

La pobreza también aumentó. En 2023, alrededor del 13.5 por ciento de los hogares estadunidenses –muchos con niños– padecieron inseguridad alimentaria en algún momento del año, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). La cifra fue mayor que en 2022, cuando alcanzó el 12.8 por ciento.

Mientras millones de familias enfrentaban hambre y precariedad, el Ejército estadunidense destinó más de 430 millones de dólares a operaciones en el extranjero. Esto incluye el entrenamiento de tropas ucranianas, el transporte de equipo bélico y el despliegue de soldados en Europa.

En octubre de 2023, Washington, junto con Ecuador, copatrocinó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para enviar una fuerza de seguridad multinacional a Haití, encabezada por Kenia.

Durante ese mismo año, en marzo y octubre, Estados Unidos incrementó significativamente sus ataques aéreos contra instalaciones vinculadas a grupos afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). En noviembre, bombardeó el este de Siria, acumulando más de 10 ataques en total. El imperio estadunidense continúa ocupando ilegalmente bases militares en el este de Siria y el oeste de Irak, violando la soberanía de esos países.

En este segundo país, el 26 de diciembre, aviones estadunidenses atacaron la ciudad de Hillah. Mataron a un miembro de las Fuerzas de Movilización Popular e hirieron a otras 20 personas. El gobierno iraquí condenó el hecho, calificándolo como un “acto hostil” y una clara violación a su soberanía.

A finales de 2023, Estados Unidos y el Reino Unido ejecutaron ataques aéreos coordinados contra posiciones de Ansarolá en Yemen. Según los hutíes, las ofensivas causaron la muerte de al menos 37 personas y dejaron una treintena de heridos.

Todo esto confirma que el sistema político estadunidense mantiene una política exterior basada en la guerra, el intervencionismo y la expansión imperial, de espaldas a las necesidades y derechos de su propio pueblo.

Sin embargo, el descontento crece dentro de su sociedad. Cada vez más personas despiertan y se movilizan por un cambio profundo: un gobierno anti-guerra que garantice derechos, justicia social y un sistema distinto a la mal llamada “democracia americana”.

Una verdadera democracia –no de partidos, sino del pueblo– donde las decisiones se tomen en función del bienestar común y en armonía con los pueblos del mundo. A problemas de fondo, soluciones de fondo. Esa es la demanda de millones de trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos que luchan por un futuro distinto.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social