Cerca de 500 detenciones y 1 millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del movimiento 15M (15 de mayo de 2011) hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas, y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista, cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.
Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su ADN se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos. Y aquí cabe recordar el último informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras; constató el aumento exponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.
También denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad de la Organización de las Naciones Unidas y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.
En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es, lisa y llanamente, la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales vulneran el derecho básico de una vida digna.
Como ha escrito Vicenç Navarro: “Todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini, economista que vio venir la crisis, asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo”. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.
Visto lo que ocurre, es obvio que la elite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales, al servicio de la elite económica reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…
La marcha hacia el autoritarismo puro y duro está servida porque es lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo.
El envite está claro: un mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario, camino a la perdición.
*Periodista y escritor
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