No el del expresidente municipal de Iguala y su esposa, la entonces directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local, sino el que denunció en una de las grandes manifestaciones frente al Palacio Nacional, según Jody Williams, una de las oradoras: “El pueblo mexicano ya no aguanta el matrimonio entre políticos, militares, policías y narcotraficantes”. En efecto, Ayotzinapa sólo puede entenderse como resultado de la militarización con la que, después de 20 años, se impuso en México el neoliberalismo.
En muchas asambleas se discuten las verdaderas causas que han hundido al país en la barbarie y sólo a partir de atacar la raíz de los problemas podría iniciarse un cambio en México. Hoy, el debate se concentra en la caracterización: “Ayotzinapa es un crimen de Estado”, al que se opone la respuesta de Jesús Murillo: “Iguala no es el Estado”, que expresa la pretensión del gobierno de superar la crisis simplemente encarcelando al exalcalde de Iguala, quizá a los munícipes de otros ayuntamientos más y repartiendo algunas despensas a la población. Si ello ocurre continuarán creciendo los panteones clandestinos en este país. El matrimonio de conveniencia que denunció Jody Williams, Premio Nobel de la Paz, ha destruido instituciones y puede observarse en muchos lugares de la República.
Cientos de artículos periodísticos, ensayos e incluso libros han contribuido a explicar que la militarización es concomitante a la imposición del modelo económico.
El caso de Ayotzinapa no es el primero. Varias matanzas que también fueron atribuidas a grupos del narcotráfico habían ocurrido recientemente, como la de Tlatlaya, en el Estado de México, y la del municipio de Allende, en una zona prospectiva de lutitas, en Coahuila, para no citar la masacre de indocumentados en San Fernando, Tamaulipas.
Tal vez lo que distingue a los asesinatos en el caso Ayotzinapa es que el matrimonio fue sorprendido in fraganti, aplicando la pena de muerte contra la disidencia. La policía municipal y los soldados de la Zona Militar quedaron exhibidos como mercenarios, pero son pagados con recursos fiscales; este renglón del presupuesto federal ha crecido tres veces, 300 por ciento, en los últimos sexenios.
Pero tanta prepotencia ha vencido el miedo que imperaba en el país; decenas de miles han salido a las calles y expresan no sólo apoyo a la movilización por Ayotzinapa: algunos están formulando sus propias demandas. Quizá se está conformando un programa para un cambio a nivel nacional:?observo el surgimiento de una nueva generación de líderes, entre ellos la joven dirigencia del congreso refundacional del Instituto Politécnico Nacional, movimiento que estalló simultáneamente.
Un papel destacado empiezan a tener campesinos y otros núcleos afectados por las grandes obras faraónicas en diversas regiones, donde reclaman la libertad de sus dirigentes presos o denuncian asesinatos que han sufrido como respuesta a sus luchas. Es decir, muestran que en muchas partes lo único que el sistema político puede darles es represión.
Si el movimiento logra mantenerse un poco más seguramente demandará la libertad del doctor José Manuel Mireles, uno de los dirigentes de las autodefensas en Michoacán, así como de innumerables presos políticos en muchas cárceles del país (escribo “innumerables” y me pregunto si algún organismo cuenta con la lista de todos ellos y el registro de dónde los tienen…).
No veo que se haya generalizado, pero grupos de profesores reclaman la derogación de la mal llamada reforma educativa, porque realmente es una reforma laboral.
Entre el paquete de reformas, presentadas como la “modernización de México”, es difícil distinguir cuál tiene efectos más perniciosos, si esta última, o la energética; la educativa tuvo efectos inmediatos: ha provocado un ambiente de sometimiento humillante entre los profesores, todos se sienten degradados, vulnerables, ahora el director de un plantel puede expulsarlos con facilidad. Es una réplica, a nivel de cada escuela, del autoritarismo que se extiende a nivel nacional.
En este gremio –que conozco porque pertenezco a él– los mecanismos de ingreso han cambiado radicalmente con la reforma educativa que el Partido Acción Nacional llama “transformación cultural”. Ahora es el director del plantel un factor decisivo: muchas jóvenes aspirantes son objeto de acoso sexual.
En las escuelas, sobre todo las del Distrito Federal, impera una atmósfera de silencio, temor, coraje, impotencia, un ambiente envenenado que desde luego afecta a los niños en las primarias y secundarias; en algunos planteles del Colegio de Bachilleres, también del Distrito Federal, es un caldo de cultivo para el surgimiento de porros. De ahí que el movimiento estudiantil y popular que se está desarrollando haya planteado, por lo menos en algunos lugares, la inmediata derogación de la mal llamada “reforma educativa”.
Se generaliza la demanda pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto y se preparó un paro cívico nacional; y en diciembre la ocupación pacífica de la plancha del Zócalo, además de un gran encuentro nacional obrero, campesino y popular.
Muchos coincidimos en que, al combinarse este movimiento con las dificultades económicas –como la disminución de recursos fiscales– se introduce al país en una situación de emergencia, porque en el gobierno y entre la dirigencia de los grandes partidos políticos no se entiende ni su magnitud ni la profundidad de los agravios. La elite actúa con arrogancia, confía en que podrá superarla.
Una síntesis que escuché en una asamblea es que la Presidencia, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y/o las dirigencias de los partidos, están respondiendo “sólo con un manejo político de los tiempos políticos”, esperan que el conflicto se enfríe. Mientras tanto, incluso continúan arreglos secretos para repartirse el pastel electoral, pues ya comenzaron nuevas elecciones. No se observa que intentas alguna concesión.
Ante la situación del mercado petrolero mundial y la creciente movilización campesina se esperaría una pausa en la reforma energética; por lo menos, diferir la ronda uno…
En el 46 Foro Nacional de la Industria Química, los dirigentes industriales reclamaron atender los problemas de “seguridad”. En el contexto, no creemos que pidieron iniciar la represión, sino que urgieron al gobierno a emprender soluciones políticas. La asombrosa respuesta del secretario de?Energía, Pedro Joaquín Coldwell, fue que “la violencia no inhibe el interés de las petroleras por invertir en México”.
El mercado petrolero internacional ha entrado a una etapa de sobreoferta y bajos precios. A contracorriente, el gobierno mexicano acelera las licitaciones y ha modificado los calendarios; ahora ha programado cinco rondas (una por mes) de noviembre hasta marzo de 2015, anunciando una gran barata, ofreciendo lo que no es suyo, como ganga.
De tal manera, cuando este artículo sea publicado, ya se habrá realizado la primera licitación en proyectos de aguas someras frente a Tabasco, por ejemplo el campo Yaxché; en diciembre ofrecerá los proyectos de ultrapesados, también en campos del Golfo de México, como Ayatsil y Tekel. En enero de 2015 licitará las primeras áreas en lutitas al Norte de Veracruz y bloques de Chicontepec; en febrero, algunos campos en tierra en el Sureste, y para marzo –lo que ellos creen– la joya de la corona: los prospectos en aguas profundas.
Así, en los hechos, están indicando que nada se detiene, ni siquiera se pospone: la política entreguista se mantiene. Como ha ocurrido en otras crisis de precios en el pasado, seguirán vendiendo el petróleo al precio que sea, los preparativos de resistencia ante el temor de despojos en el campo mexicano no les preocupan. Van a licitar, en enero, los primeros bloques donde se realizarán los primeros frackings en bloques concesionados a los extranjeros.
Al acelerar las licitaciones están respondiendo a la movilización popular con la profundización de la política que provocó el conflicto de Ayotzinapa. La continuación de los desplazamientos de población, sobre todo indígena, esperan lograrla con la insistente militarización del país.
Pero también les tiene sin cuidado la creciente actividad sísmica en Nuevo León y los problemas de escasez de agua en Tamaulipas y otras entidades del Norte.
En las asambleas ha resurgido el viejo planteamiento de la década de 1960 de rechazo a “la farsa electoral”, porque millones de compatriotas consideran que los partidos políticos se han convertido en un simple aparato de miles de profesionales, sólo dedicado a formar clientelas electorales con el reparto de despensas u otros recursos similares: un aparato cuyo objetivo es mantener la ficción de que en este país las elecciones son la vía para cambiar el estado de cosas.Al mismo tiempo todos dicen que es incorrecto generalizar en forma tan rotunda, porque no todos los políticos participan en el matrimonio con los narcos, pero ¿qué pasa con los militantes honestos, que seguramente existen, en unos más, en otros menos, pero en todos los partidos?
Esos militantes, ¿temen que si expresan apoyo a la movilización estudiantil popular, sus jefes cancelen su carrera política? ¿Ningún militante partidista en las cámaras, sea nacionales o estatales apoya el movimiento estudiantil-popular? ¿Apuestan a que esta lucha terminará con cambios cosméticos y que el viejo sistema de simulación continuará?
Ayotzinapa debe ser una oportunidad para reflexionar. Segmentos de la clase política, como la llaman, podrían intentar un deslinde.
Y si pretendemos realmente atacar al matrimonio entre políticos y narcos deberíamos discutir la verdadera situación del cultivo de mariguana en este país. ¿Es exagerado o extremista legalizar la mariguana en las mismas condiciones que se ha hecho en algunas partes de Estados Unidos? ¿Debe de ser un negocio sólo para algunos altos mandos del Ejército o de las policías? ¿No sería un golpe al negocio del narcotráfico? Pero sobre todo, ¿no sería un reconocimiento de una de las realidades de México, abandonando la hipocresía?
Para detener el curso de militarización ¿no deberíamos, como se planteó en la Tercera Reunión de Enlace Nacional, celebrada el 1 de noviembre pasado, apoyar el fortalecimiento de los municipios? Fortalecimiento que ya está en curso en diversos estados como Guerrero, Michoacán o el Estado de México… Apoyo que comienza con la más amplia difusión a la organización que ya están realizando en asambleas, en su policía ciudadana y su milicia popular, única forma eficaz para defenderse del narco, ante la evidencia, en Iguala o en Cocula, que las “institucionales” son instrumentos a su servicio.
El modelo extractivista, ampliamente extendido en la minería y que se pretende ampliar en la petrolera, ha sido una fuente inagotable de conflictos. En los países más desarrollados como Alemania o Francia, por ejemplo, las comunidades afectadas participan en las decisiones relacionadas con sus recursos vitales como el agua y en problemas tan importantes como su salud. ¿No es pertinente la discusión sobre un nuevo papel de las asambleas municipales? ¿De sus facultades para que puedan examinar, discutir y participar en la autorización o rechazo de las concesiones mineras y petroleras?
Coincidiendo en que es necesario insistir en la consulta ciudadana para rechazar la reforma petrolera, también podrían impulsarse cambios concretos sin esperar a que una votación nacional restaure la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Muchos de los aspectos más ominosos de las reformas están en la legislación secundaria, misma que ésta o cualquier otra legislatura puede modificar con simple mayoría.
¿Acaso los legisladores federales o locales no pueden intentar alianzas pluripartidistas para prohibir el fracking en Nuevo León, Coahuila, Veracruz? ¿Incluso en Tabasco, aunque no forma parte de las áreas prospectivas de lutitas? ¿A poco no se puede modificar la ley educativa para impedir que los profesores sean despedidos por la sola firma del director? Aspecto que ha creado un ambiente de descomposición en el aula misma…
Los precios de la mezcla mexicana se sitúan hoy entre los 75 y 80 dólares por barril. Pronto vamos a enfrentar el problema de los recortes que tienen que ver con la conflictividad social y la militarización. ¿No podríamos desde ahora proponer que los gastos suntuarios encabecen los renglones a recortar, como los bonos extras a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los diputados y senadores, para no sacrificar, como ya ocurre, a las universidades y hospitales?
El caso de Ayotzinapa debe ser una oportunidad para reflexionar y un ejercicio de sinceridad.
Fabio Barbosa*
*Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Contralínea 413 / del 23 al 29 Noviembre de 2014
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