Según una pesquisa revelada el año pasado, cerca de 40 mil personas fueron atendidas en el sistema de salud brasileño de 2007 a 2017, luego de su exposición a agrotóxicos.
Brasil ocupa los primeros puestos del ranking mundial en el consumo de agrotóxicos. En las dos últimas décadas, el país aumentó el empleo, principalmente del glifosato, tras la adopción de cultivos transgénicos a gran escala.
En el gigante sudamericano, la utilización de estos productos se incrementó 190 por ciento en 10 años. Sumado a lo anterior, el gobierno de Jair Bolsonaro, con poco más de 100 días en el poder, confiere ataques sistemáticos al medio ambiente.
En menos de 4 meses, la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, concedió 152 licencias para el registro de nuevos agrotóxicos en el territorio, algunos de ellos considerados dañinos por la comunidad científica internacional y prohibidos en mercados consumidores como el europeo y el estadunidense.
Los especialistas indican que, bajo el argumento de incrementar la producción, el ejecutivo patrocina el envenenamiento de los productos dirigidos al pueblo brasileño. A largo plazo, eso contribuye también a la pérdida de compradores foráneos pues la tendencia global es a reducir los químicos.
“Alrededor de 70 por ciento de los alimentos están contaminados. Lamentablemente, ese fenómeno ocurre igual en la agricultura familiar, pues en los últimos 30 o 40 años, los agricultores no tuvieron más opción, asistencia técnica o alternativa que el uso de agroquímicos o fertilizantes”, considera Nilto Tatto, diputado federal por el Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, en declaraciones exclusivas a Telesur.
De ahí que, a juicio del parlamentario, la mayoría de los alimentos en supermercados y ferias posean esos venenos. Según la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, cada habitante consume un promedio anual de 7.3 litros de esas sustancias.
En Brasil, el proceso de aprobación de un agrotóxico incluía su evaluación por el Ministerio de Agricultura, el de Salud y el de Medio Ambiente representados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
No obstante, desde el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, ha ocurrido un desmonte de las dos últimas carteras y el Ministerio de Agricultura, tradicionalmente volcado al agronegocio y al lucro, atiende los intereses de las grandes corporaciones agroquímicas –Bayer, Basf, Syngenta y Monsanto– flexibiliza la legislación y libera el uso de más venenos.
“Precisamos de un trabajo profundo con la población. Ella debe tomar conciencia de los males que causan los agrotóxicos al medio ambiente, el segundo factor de contaminación del agua en Brasil. Un estudio reciente asegura que uno de cada cuatro ríos en el país posee 27 tipos de agrotóxicos diferentes.”, advierte Nilto Tatto.
Según una pesquisa revelada el año pasado, cerca de 40 mil personas fueron atendidas en el sistema de salud brasileño de 2007 a 2017, luego de su exposición a agrotóxicos. La mayoría de los afectados eran hombres.
Los médicos confirmaron que, de esa cifra, 26 mil pacientes sufrieron de intoxicación a partir de síntomas clínicos como: náuseas, diarreas y problemas respiratorios. Los exámenes determinaron también la presencia de alteraciones bioquímicas en la sangre y la orina. El número confirma que, al menos, siete personas son intoxicadas por día.
“En la ciudad de Teresina, al extremo noreste del país, se detectó leche materna contaminada con glifosato; con una gravedad aún mayor porque estas señoras investigadas no son trabajadoras rurales pero ¿dónde adquirieron el glifosato? Por el agua. Es decir, el agua que estamos tomando ya está contaminada por el veneno”, informa Joao Pedro Stédile, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, en entrevista exclusiva a Telesur.
Joao Daniel, Diputado y Coordinador del Núcleo Agrario del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados afirma que la pulverización aérea y la matanza de las abejas ocasionaron el fin de la producción de miel en varias regiones.
“Tenemos 8 millares de personas con cáncer. Sin embargo, la medicina brasileña rara vez dice que esos problemas de salud son causados por los agrotóxicos. Las empresas no permiten que el Ministerio de Salud, los municipios, estados o el ciudadano les exija que pague la cura de la enfermedad de los venenos que ellas venden”, explica a Telesur el parlamentario.
Para Joao Daniel es muy difícil la lucha contra la fuerza conservadora del agronegocio, las grandes transnacionales y el capital, fundamentalmente, porque ellas también impulsan la industria farmacéutica. “Además de producir los venenos, fabrican remedios, la cura de las enfermedades y así el capital se alimenta de ese ciclo”.
A juicio de Stédile, las únicas cifras que el Ministerio de Salud de Brasil acompaña son de aquellos trabajadores del campo que, afectados por alguna pulverización del veneno se desmayan y fallecen. “Esos son alrededor de 200 o 300 trabajadores por año, un número más pequeño que el real”, apunta.
“Los más graves son los efectos que esos alimentos contaminados causan despacio y a largo plazo en las personas. El glifosato, como principal materia prima de todos esos venenos, causa cáncer. Está comprobado por varios estudios en Europa, Estados Unidos y aquí en Brasil en el Instituto Nacional del Cáncer”, asevera.
Una ley sancionada en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva exige que no se utilicen contaminantes intencionales en el proceso de producción; la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas; el uso saludable del suelo, el agua y el aire; así como el reciclaje de los residuos orgánicos y la reducción al mínimo del empleo de recursos no renovables.
El Movimiento Sin Tierra de Brasil defiende el producto agroecológico. En su concepción, rescata las técnicas preindustriales utilizadas en la agricultura familiar: menos agresivas con el ecosistema, relacionadas con el conocimiento científico moderno de análisis de las aguas y del suelo, y de los hábitos y necesidades de la fauna local.
“Nosotros debatimos con la sociedad acerca del consumo agroecológico como alternativa al veneno. El pueblo precisa despertar sobre la urgencia de la reforma agraria y el combate a las enfermedades causadas por el modelo de agricultura capitalista”, recuerda Alexandre Conceicao, de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra en declaraciones a Telesur.
Stédile explica que es preciso realizar una campaña de información masiva sobre ese fenómeno. “Logramos que en el rótulo de las mercancías constara si es transgénico y lo aprobamos en la época de Lula, pero todavía no hay una identificación en los productos con el rótulo del agrotóxico, para que la persona cuando va al supermercado tenga la opción de recusarlo”.
Otro de los beneficios de la agroecología es que la rotación de cultivos, cumple con la lógica de la alimentación de la familia productora y no la planificación financiera de los hacendados, lo cual permite una producción más diversificada.
“Algunos artistas y personajes conocidos en la sociedad brasileña se han sumado a nuestra lucha. Existe una preocupación en los formadores de opinión pero todavía el pueblo trabajador es víctima, no tiene opción, tiene que comprar lo que le ofrecen, en este caso, la mercadería afectada por los agrotóxicos”, concluye Stédile.
Danay Galletti Hernández/Telesur
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