Martín Esparza Flores*
El 12 de agosto de 2009 (dos meses antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro) fue entregado un voluminoso expediente a las puertas de Los Pinos. La misiva, que fue sellada de recibida, estaba dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa; el remitente fue el entonces secretario de la Comisión de Energía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien buscaba alertar al presidente de los excesos y la corrupción con que se manejaban, en la más abierta de las impunidades, los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); incluidos el entonces director general, Alfredo Elías Ayub, y el exdirector de Operaciones, Néstor Moreno Díaz, hoy prófugo de la justicia.
Entonces y desde las instancias superiores del poder se cocinaba en el más absoluto de los sigilos, el golpe contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y eran los tiempos en que Calderón exaltaba, una y otra vez, las ficticias cualidades de su “empresa de clase mundial”. Decía entonces el mandatario, cuando se refería a la CFE: “Estamos alejando una de las peores o de las más dañinas amenazas, calamidades, que ha sufrido nuestro México y que es la corrupción, la trampa, la transa, que le ha hecho mucho daño a nuestro país, durante muchísimos años, durante muchísimas décadas”.
Dos años y medio después, parece que Calderón nunca abrió siquiera el cartapacio que le hubiera mostrado el verdadero rostro de la Comisión que hasta el momento no ha podido suplir en la zona centro del país a Luz y Fuerza del Centro. Ahora “desclasada” de los mínimos estándares internacionales de eficiencia, que ha convertido la prestación del servicio en un gigantesco cúmulo de fallas y apagones, y que perjudica además con los altos cobros a millones de usuarios en todo el país.
Pero, ¿qué contenía el expediente elaborado en el seno de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados? En síntesis, un detallado informe sobre los métodos y redes de corrupción con que se manejaban los altos funcionarios de la CFE, en el otorgamiento de los contratos a las empresas nacionales y extranjeras; también pruebas contundentes de la alteración de las licitaciones y la forma en que se extorsionaba a los empresarios, al más puro estilo del crimen organizado.
El legislador Velasco Oliva alertó entonces al jefe del Ejecutivo: “Es impostergable adoptar decisiones que pongan freno al insaciable apetito de los funcionarios que ven en un puesto o encargo público la mejor oportunidad de hacer negocios y enriquecerse a costa del erario”. Más aun, el entonces presidente de la Comisión de Energía puso en manos de Calderón la información a detalle de cómo se había constituido en más de una década una poderosa mafia en la paraestatal, donde un reducido grupo de socios, protegidos por Elías Ayub, controlaba y aniquilaba la más mínima fuga de información, al quitar de en medio a cualquier funcionario menor que se atreviera a investigar más allá de lo debido. Sin exageración, se conoce atinadamente a esta pandilla de corruptos como “el cártel de la Electricidad”.
Pero Calderón ignoró las recomendaciones del Congreso de la Unión y podemos suponer que el relevador documento ni siquiera llegó a sus manos, porque de haberlo leído hubiera sido imposible, ante el cúmulo de pruebas inobjetables, cruzarse de brazos o permitir que los excesos de este “cártel”, comandado por Elías Ayub y heredado a Antonio Vivanco, llegaron al punto de realizar cortes de luz a los hospitales públicos, como sucedió hace dos semanas en Campeche. El saldo, dos bebés muertos a consecuencia de la criminal insensibilidad e ignorancia de los funcionarios de la CFE; 14 pacientes más, uno en pleno quirófano, estuvieron en riesgo de perder la vida.
El asunto que ha enlodado a la “empresa de clase mundial” es analizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Campeche, cuyo titular, Renato Sales, declaró en un noticiario radiofónico, en red nacional, que la CFE actuó de manera irresponsable pues únicamente se le adeudaban los meses de octubre y noviembre de 2011.
Lo que el director de la CFE, Antonio Vivanco, y su superintendente en dicha entidad, José Bernal Segura, deberán de explicar a detalle, no sólo al país sino al mundo, es cómo al ocupar cargos de tal nivel en una empresa paraestatal (es decir, del gobierno y por ende de todos los mexicanos) se atrevan a cortar el suministro eléctrico a un hospital público, no importándoles poner en juego vidas humanas.
Peor aún, que en el colmo de los excesos, ignoren que las actividades de los nosocomios están protegidas por el derecho internacional y que ni siquiera en tiempos de guerra debe de interrumpirse su funcionamiento. ¿Son éstos los funcionarios de una “empresa de clase mundial”?, ¿o son simple y llanamente los exponentes de una mafia corrupta que piensa que la CFE es una compañía privada, carente de todo sentido social, ignorantes de lo que establece la Constitución, en el sentido de que la electricidad es un derecho de todos los mexicanos?
¿Qué explicación puede dar el superintendente Bernal Segura a Keneth Cervera y Rosario Caamal, padres del bebé que murió en el hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche? El infante, que nació prematuro, era atendido de una pulmonía intrauterina y al momento del criminal apagón ordenado por Segura se encontraba conectado a un ventilador que le permitía respirar.
¿No es acaso éste un homicidio con todas sus agravantes? ¿Qué nadie, del “cártel de la Electricidad”, será castigado por tan cobarde crimen? ¿Cuántos mexicanos cuya vida depende del funcionamiento de un aditamento médico corren el riesgo de perderla porque a la CFE se le antoja cortarles la luz? ¿Por qué el presidente ha consentido que se llegue a tan flagrantes abusos, a violarse los más elementales derechos humanos?
En posteriores entregas el lector encontrará a detalle las respuestas del porqué la CFE ha sido secuestrada por “El cártel de la lectricidad”, donde un puñado de mafiosos se han enriquecido en las últimas décadas, creyéndose dueños y señores de una empresa que es y debe de ser patrimonio de los mexicanos.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricista
