Un régimen con presos políticos

El de Enrique Peña Nieto es ya un régimen con decenas de presos políticos.

Los mexicanos que se encuentran en prisión por su participación en actividades políticas no son famosos líderes partidistas ni son patrocinados por grandes medios de comunicación o sectores empresariales. Son generalmente activistas que no tuvieron otra opción que la de oponerse al despojo de su ejido, su agua o sus derechos laborales. Posiblemente el listado más completo es el que lleva el Comité Cerezo (www.vientodelibertad.org/spip.php?mot4). Suma 197 casos. La recopilación de información es un esfuerzo importante en el que, además del nombre, se proporciona una pequeña ficha de cada persona en la que se indica la organización a la que pertenece, los motivos formales de la detención y las actividades políticas que realizaba.

Con todo, el listado es una aproximación a la realidad, pues otros casos conocidos no se encuentran en dicho registro, como el de los anarquistas, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o los integrantes de las autodefensas y policías comunitarias de Michoacán, por ejemplo. Un caso destaca dentro de estos últimos: el de Cemeí Verdía Zepeda, un muchacho nahua de la costa michoacana.

El Estado mexicano sólo pudo detenerlo mediante un complejo operativo militar en el que participaron los batallones 65, 82 y 30 del Ejército Mexicano, dos unidades de combate de Infantería de Marina de la Armada de México con helicópteros artillados, fuerzas especiales de la Policía Federal y elementos de la Fuerza Ciudadana de Michoacán. Se trató de un despliegue táctico militar de alrededor de 3 mil 500 efectivos en toda la región para contener a las comunidades nahuas.

A sus 35 años, Cemeí Verdía es el comandante de las Autodefensas de la Costa-Sierra Nahua de Michoacán. Y también es el comandante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula: una tenencia (cabecera) con 23 encargaturas (pequeños poblados o rancherías). Esta comunidad nahua formalmente pertenece al municipio de Aquila, sin embargo ha mantenido formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con relativa autonomía desde la época de la Colonia. Cuenta con un territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas: playas apacibles y montes húmedos y abigarrados. La máxima autoridad es la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas. Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y religiosas.

La Guardia Comunal de Ostula es anterior al movimiento de las autodefensas en la región. Se reactivó en 2009 cuando la comunidad se enfrentó al narcotráfico y a los pequeños propietarios que le habían arrebatado ilegalmente varios parajes, entre ellos el denominado Xayacalan. Hasta antes de haber sido recuperado por la comunidad, en ese predio ocurrían asesinatos y desembarques ilícitos; además estaba habilitado como bodega para guardar drogas y armas. Cuando los habitantes de Ostula ya no pudieron más y decidieron que tenían que defenderse del crimen organizado, sabían que la confrontación con los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y Los Zetas sería directa. Lo asumieron. Lo que no sabían es que también recibirían el acoso de las policías estatal y federal y del Ejército y la Armada. Casi 2 decenas de comuneros, entre asesinados y desaparecidos, ha sido el costo para este pueblo.

A Ceme (como le dicen sus compañeros) se lo llevaron marinos el 19 de julio pasado. El gobernador Silvano Aureoles le había pedido que acudiera a la comunidad mestiza de La Placita para que le revisaran armas y vehículos de las autodefensas. A su llegada, Cemeí incluso invitó a comer a los militares con los que dialogó. Después de la comida los efectivos lo detuvieron y lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social 4, El Rincón, Nayarit. Desde entonces está preso. El primer cargo fue el de posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, algo que inmediatamente se vino abajo pues las armas que portaba habían sido proporcionadas por las propias autoridades en el marco del reconocimiento y legalización de las autodefensas. No lo dejaron libre porque entonces lo acusaron de delitos electorales. Tampoco prosperó la imputación y luego le achacaron robo y homicidio calificados. Formalmente está preso por este último delito.

Lo cierto es que lo que le preocupa al gobierno federal y al estatal es el proyecto autonómico de la comunidad nahua de Ostula (y de sus vecinas, también nahuas, El Coire y Pomaro). La organización indígena ha frenado no sólo al narcotráfico: también a los megaproyectos turísticos y mineros que amenazan su territorio.

Antes de su detención, las autoridades querían “negociar” con él. El narcotráfico, expulsado de la región por la Guardia Comunal y las autodefensas, incursionaba intermitentemente para intentar asesinarlo. Fue emboscado en dos ocasiones, de las que salió con vida. Finalmente lo que ocurrió fue que lo aprehendieron.

“Yo no sé si sea preso político, lo que sí sé es que estoy aquí por represalias”, dice Cemeí Verdía desde el penal de Mil Cumbres, Michoacán. Se escucha jovial y optimista, a pesar del encierro.

“Sí –dice–, nos levantamos en armas porque ya no teníamos de otra. Esto fue por nuestra comunidad y nuestro estado. No entré a esto por querer ser policía”, aclara.

Confía en que Ostula, con su Guardia Comunal, y las autodefensas sigan manteniendo a raya a la delincuencia organizada para que ésta no regrese a la región. Se muestra impaciente “por regresar con mi gente” y seguir construyendo un proyecto “tipo Cherán” (otra comunidad indígena michoacana, ésta purépecha, que ha recuperado su tranquilidad, ha expulsado a talamontes y narcotraficantes, ha desarrollado instituciones propias de educación y salud y que avanza en su proyecto autonómico).

Su comunidad, una esposa y dos hijos lo esperan en casa.

El de Cemeí, sólo un caso. La imposición de las reformas estructurales deja una estela de violencia, despojo y encarcelamientos. El actual régimen ha sido reprobado internacionalmente por sus violaciones a los derechos humanos. No faltará mucho para que la comunidad internacional tenga que pronunciarse por las decenas –acaso cientos– de presos políticos.

Zósimo Camacho*, @zosimo_contra

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 462 / del 09 al 15 de Noviembre 2015