¿Conagua… o sin agua?

FOTO: CONAGUA

Un despliegue policiaco impidió a Elena Burns, ingresar a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por órdenes del director general del organismo, Germán Martínez. Elena fue designada en octubre de 2020 –directamente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador– subdirectora general de Administración del Agua en la propia Conagua, con la instrucción expresa de combatir la corrupción y garantizar el derecho al agua para el pueblo.

Esto, sin embargo, lo impiden altos funcionarios de Conagua, que actúan en sentido contrario a la cuarta transformación. La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todo ha denunciado esta situación en la que la mafia del agua ha implementado una purga en todo el equipo de la Subdirección de Administración del Agua para proceder con la entrega de concesiones de agua sin límite a los grandes intereses lecheros, cerveceros, mineros, agroindustriales, inmobiliarios que acaparan en México el precioso líquido, mismo que falta en nuestros hogares y a los indígenas y campesinos gracias a Carlos Salinas de Gortari (el español) y su  criminal ley Nacional de Aguas de 1972. Esta ley, hay subrayarlo, sigue vigente hoy en día. La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos ha trabajado una nueva Ley General de Aguas que, pese a mandato constitucional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores la han mantenido sin aprobar. Es grave.

Deben revertirse situaciones como la que vivió recientemente la población de Nuevo León, donde la mayoría de la población sufre mientras unos cuantos acaparan el agua: 20 corporaciones y 20 personas físicas que cuentan con grandes volúmenes de agua subterránea concesionada en la Zona Metropolitana de Monterrey cuentan con una capacidad de extracción de 1 mil 632 litros de agua por segundo, principalmente para fines industriales y agrícolas. Así acaparan lo que representa más del 50 por ciento del déficit de 3 mil litros por segundo que afecta a más de 1.3 millones de habitantes, principalmente en las colonias periféricas que han sufrido grave escasez, hasta verse en situaciones desesperadas y angustiantes.

Todas y todos sufrimos la constante falta de agua. Las comunidades constatan su contaminación, mientras las inmobiliarias y las grandes empresas acaparan el precioso líquido y lo derrochan y usan sin cuidar el entorno ni la gente. Contra eso ha luchado Elena Burns, que tiene una trayectoria histórica en defensa del derecho al agua y décadas de compromiso. La subdirectora ha enfrentado bloqueos y obstáculos por parte de la hidrocracia y sus redes de intereses y corrupción A pesar de todo, ella diseñó la primera Concesión Colectiva Indígena; trabajó a favor de los derechos de la Tribu Yaqui; apoyó a miles de ejidatarios y pequeños agricultores; se opuso tajantemente a la violación de la ley por  parte de  grandes acaparadores del agua, y al sobreconcesionamiento, que no es otra cosa que privatización simulada. Realizó acciones de ordenamiento hídrico en Guanajuato y Nuevo León; recuperó volúmenes para núcleos agrarios y de consumo humano en Mexicali, La Laguna y Valle del Yaqui; defendió el acceso al agua de pequeños productores y ejidatarios. Y en todo ello, pisó muchos callos. Su “despido” es ilegal, ya que éste sólo podría realizarlo María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales, que encabeza el Consejo Técnico, o el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La Coordinadora Nacional Agua para Todos y tres centenares de organizaciones sociales luchan activamente para que revierta la medida arbitraria que no afecta a una persona solamente, sino al derecho al agua de las y los mexicanos. Por esta razón las comunidades indígenas, agrarias, urbanas, defensores del medio ambiente, los sindicatos, los defensores de derechos humanos y sus movimientos la respaldan totalmente, a ella y a su equipo. Y se han dirigido directamente al presidente de la República para que pare en seco esta acción que se realiza a sus espaldas y es contraria a su lucha contra la corrupción y el acaparamiento del agua. Tomemos en cuenta que el Artículo Cuarto de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,  salubre, aceptable y asequible. Asimismo, refiere que el Estado es el encargado de hacer valer este derecho. Esto debe estar por encima de privilegios y concesiones a las corporaciones.

El director de Sin agua –perdón, Conagua–, Germán Martínez, ha sido fuertemente cuestionado. Cuando el río suena, agua lleva. El Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra de La Laguna ha demandado su salida como director General de Conagua, pues se desde que llegó en su momento como director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte en la ciudad de Torreón, Coahuila, se amafió –indican– con los interés de los empresarios agrolecheros, en la gestión extractivista y neoliberal del agua subterránea y del agua superficial. Y con ello evitó atender la problemática principal, que es la sobreexplotación de los acuíferos, despojo y acaparamiento de los derechos agrarios de los núcleos agrarios en manos de no más de 30 familias de la agroindustria láctea en la región y, por ende, permitió la contaminación del agua sin garantizarse ese derecho humano. Se le ha criticado también a Germán Martínez porque cuenta con el 50 por ciento de las acciones de la empresa Avalón Servicios de Ingeniería Civil y se ha desempeñado como asesor privado para el desarrollo de estudios y supervisión de ingeniería de obras hidráulicas. En un claro conflicto de interés, recibe millones de pesos de distintas áreas del gobierno, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia que pertenece al gobierno federal, y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), organismo que dirigió hace años y con quien mantiene trato privilegiado. Su actuar en la Conagua ha sido cuestionado. El hecho de que trate de deshacerse de toda un área clave que trabaja para la justicia en el agua y una subdirectora capaz, experimentada y honrada, lo exhibe a la luz del día. En fin, el Consejo Técnico de Conagua tiene la última palabra. Esperemos actúe de cara al derecho al agua y no de su mercantilización.

Cuidado… Agua estancada, agua envenenada… El Consejo Técnico debe considerar que se han violado derechos, al grado que se han usado armas largas para amenazar a funcionarios de Conagua. El golpe es contra todos quienes defienden el agua. En la Conagua, este martes 1 de noviembre elementos policíacos con armas largas (incluso llegaron a apuntarles a los funcionarios) impidieron arbitrariamente el acceso a sus oficinas de Oscar Monroy, exrector de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en el tema hídrico, y de Rolando Cañas, abogado ambientalista, parte del equipo de Elena Burns, según consta en imágenes divulgadas en redes sociales. Sacar de la Conagua a personas con tradición de lucha, del lado de los intereses populares, de los pueblos originarios y de la naturaleza, refleja que sigue en la Conagua la línea salinista del neoliberalismo y de la mercantilización de las aguas de México que impide la transformación.

Es inadmisible la agresión contra el prestigiado doctor y académico Oscar Monroy Hermosillo, quien encabezando la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía hizo uno de los pocos planes hídricos, con la participación popular de los habitantes de la cuenca, contemplando el manejo de los bosques para la infiltración de agua de lluvia, el revertir la sobreexplotación del acuífero y el tratamiento de aguas residuales, con el fin de recuperar los ríos y dotar el agua necesaria a los ejidatarios, agricultores, productores y al consumo humano, además de proteger el medio ambiente. Su equipo y él trabajan en la búsqueda del manejo sustentable del agua con la biotecnología en el centro de procesos descentralizados para la dotación de agua potable, el tratamiento de aguas residuales segregadas y su reúso. Su trabajo ha sido reconocido por la International Water Association entre otras instituciones de gran prestigio. A él, martes la  policía de Conagua lo amenazó con armas para expulsarlo violentamente… ¡Aguas!.

Han sido golpeados los funcionarios que nombró en septiembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando despidió a seis subdirectores y nombró en su lugar a “gente preparada y que no pertenece a ningún grupo político o con intereses económicos”, como él dijo. Luego, en junio de 2021 dispuso que la anterior directora general, Blanca Jiménez, saliera del país como embajadora en Francia. Se sabía que ella seguía trabajando con los mismos funcionarios del viejo régimen e incluso incluyó a siete exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón en puestos clave, como lo reveló Contralínea en su momento. Agua pasada no mueve molino.

Fue en el marco de estos cambios cuando el presidente hizo un recambio y German Martínez llegó a la Dirección General; pero a pesar de las buenas intenciones del presidente, Conagua fue de mal en peor. El equipo que nombró López Obrador fue “encapsulado” por las redes de interés de la cúpula de la Conagua y comenzó a desintegrarse. Una de ellas, Jacinta Palerm, dejó la Subdirección General Técnica. En su carta de renuncia recordó que había recibido su nombramiento con la indicación presidencial de “erradicar la corrupción y recuperar los valores perdidos” en la Conagua, en lo que puso su “mayor esfuerzo y dedicación… tratando de lograr avances importantes”, pero “causas ajenas a mi voluntad –dice su escrito– me obligan a dejar esta tarea”. Ella no aceptó que le impusieran a sus subordinados para bloquear su trabajo y hacerle el vacío para sabotear su trabajo. Luego salió Mario Esparza, de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, quien reconoció en mayo pasado que de las 4 mil 116 plantas tratadoras de aguas residuales que existen en el país, 1 mil 330 se encuentran inoperantes porque no se les dedica presupuesto y apoyo técnico para operar, y ahora pretenden expulsar a toda un área que defiende con honradez y eficacia el derecho al agua, con métodos tan violentos que no se habían visto al interior de la administración pública en los 4 años que lleva el actual gobierno federal.

La situación es delicada, porque tiene que ver con uno de los problemas prioritarios en México y también en el mundo: el manejo del agua, que impacta en la vida misma de la gente y en el equilibrio de la naturaleza. Las grandes corporaciones han acaparado este recurso, que es público, para sus negocios, sin importarles la contaminación, el desperdicio y quitársela a las comunidades. Hace falta un gobierno que transforme esta situación, colocando en primer lugar a la gente, al derecho y la defensa ambiental. Tal idea ha sido expresada por el presidente, quien ahora, al ver traicionadas sus indicaciones, debe actuar en bien de la justicia más elemental. Los enjuagues de la Conagua deben parar… por el bien de todas y todos. Que después de los años mil, vuelven las aguas a su carril, confiamos.

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