Damnificados de la pandemia: incrementa pobreza y precariedad laboral

De la mano de la pandemia de Covid-19 –que ha golpeado a millones de personas no sólo en el ámbito de la salud y la vida, sino también en el económico– ha venido la profundización de la pobreza, lo que aleja al planeta, cada vez más, de aquellos ideales planteados por la Organización de las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y su agenda 2030. Los damnificados de la crisis sanitaria mundial se cuentan por millones.

La pérdida de empleos o su extrema precarización (porque empresas argumentan no tener ingresos suficientes para sostener los salarios íntegros y “justifican” recortes masivos de personal), la contracción de la economía internacional, la quiebra de negocios, la casi ausencia de turismo, entre otros factores, incrementaron la de por sí persistente desigualdad mundial. Lamentablemente, México no es la excepción.

Sobre el tema, el análisis Las dimensiones de la pobreza mundial en 2020 –publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)– observa que, en el país, “los efectos potenciales de la contingencia [sanitaria] podrían llevar a un aumento de la pobreza por ingresos de entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo cual llevaría a un incremento en la pobreza extrema de entre 8.9 y 9.8 millones de personas; mientras tanto, la pobreza laboral podría haber registrado un alza porcentual de entre 37.3 y 45.8 en el primer semestre de 2020”.

Uno de los factores que más incide en ese sentido es la precariedad en los trabajos, tanto por la caída de los salarios como por la pérdida de empleos lo mismo en zonas urbanas que en rurales. Ello, a pesar de que se redujo la caída de empleos en diciembre gracias al combate al outsourcing que ha encabezado el gobierno federal.

Al abordar el “escenario de la pobreza en México durante 2020”, el estudio elaborado por el economista Roberto Candelas Ramírez indica que “la población con ingreso medio puede verse empujada a vivir bajo la línea de pobreza por ingreso, al estarse registrando cambios en la configuración estructural del mercado de trabajo y, por consecuencia, de la escala de ingresos laborales”.

Los datos duros que aporta son contundentes: entre el primer y el tercer trimestre de 2020 el ingreso laboral real tuvo una disminución de 12.3 por ciento y un aumento de la pobreza laboral de 35.7 a 44.5 por ciento.

Además, destaca que 12 entidades federativas mantuvieron niveles de pobreza laboral por encima del 45 por ciento entre julio y septiembre del año pasado. Estas fueron Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Otro de los indicadores que toma en cuenta es el del poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita, que tuvo una disminución de 6.7 por ciento entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, al pasar de 1 mil 794.87 a 1 mil 675.21 pesos. “Es el más bajo desde el cuarto trimestre de 2017”, sostiene el análisis del CESOP.

Aunado a ello se destaca que de enero a septiembre de 2020 el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.2 por ciento, y en el sector rural de 2.8 por ciento. “Estos incrementos de las líneas de pobreza más la reducción del ingreso ha repercutido en la disminución en el poder adquisitivo de los hogares”, apunta el estudio.

Y agrega que el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó, al pasar de 38.5 por ciento en el tercer trimestre de 2019 a 44.5 por ciento en el tercer trimestre de 2020. Al respecto, señala que esta situación se debe al aumento de los precios de la canasta alimentaria y al aumento en la tasa de desocupación ocurridos en el mismo periodo.

Como consecuencia de lo anterior, en Quintana Roo, Baja California Sur y Sonora se registraron incrementos de 22.4, 13.7 y 13.1 puntos porcentuales, respectivamente. En contraste, las entidades que presentaron una disminución en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral durante el mismo periodo fueron Zacatecas, Morelos, Michoacán y Oaxaca, con 2.1, 2, 0.8 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente.

Y, como siempre, con la pobreza viene la terrible desigualdad. Sobre este punto, el análisis detalla que entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 se registró una ampliación en la brecha del ingreso laboral per cápita entre la población de menores y mayores ingresos laborales. Durante el tercer trimestre de 2019 el ingreso laboral promedio de 20 por ciento de la población con mayores ingresos laborales per cápita (quinto quintil) representó 34.3 veces el ingreso de 20 por ciento de la población con menor ingreso laboral (primer quintil), mientras que para el mismo periodo de 2020 representó 146.3 veces.

La profundización de la desigualdad también se refleja en el coeficiente de Gini, que entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020 aumentó de 0.49 a 0.54; lo que representa un incremento de casi 0.05 puntos Gini.

Los más afectados por esta crisis económica, como siempre, siguen siendo los más vulnerables. De acuerdo con el estudio del CESOP, entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, el ingreso de los ocupados residentes en municipios indígenas disminuyó 218.24 pesos, un ingreso promedio de 1 mil 999.25 pesos; en contraste, la población ocupada que reside en municipios no indígenas fue de 4 mil 252.90 pesos al mes.

Pobreza y contagios

El estudio del CESOP también aborda las afectaciones a la salud que ha causado la pandemia en las zonas más pobres de México. Uno de los aspectos que más destaca es que “en el periodo de abril a noviembre de 2020, la presencia de la Covid-19 ha sido creciente entre la población de municipios en donde existe una importante cantidad de habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema”.

Sobre esta base, señala que a noviembre del año pasado se identificaron casos de Covid-19 en 82 por ciento de los 623 municipios indígenas del país.

Tanto por la pobreza y la desigualdad como por la emergencia sanitaria han resultado cruciales los programas sociales de la federación, cuya cobertura ha permitido paliar la crisis en las regiones con mayores índices de miseria. Al menos las personas con más necesidades han tenido un ingreso que les garantiza una despensa.

Otro punto relevante es la universalidad de la salud, que aún no se logra y muy probablemente no se concrete en este sexenio, debe ser una aspiración nacional. El primer gran paso en ese sentido ha sido la aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Si esta pandemia hubiera acontecido en una administración panista o priísta: ¿nos habrían “inoculado” con solución salina porque algún funcionario corrupto se habría robado el dinero público destinado a la compra de las vacunas? ¿Cada quien tendría que haber comprado su dosis porque el gobierno habría empleado el erario en el rescate de trasnacionales y grandes empresas? Si observamos el comportamiento de las administraciones pasadas, esos escenarios serían lo mínimo que habríamos padecido, y la pobreza se habría extendido aún más.

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