Un 24 por ciento menos de veteranos de guerra duermen en la calle desde que el gobierno de Estados Unidos aprobara en 2010 un programa nacional para conseguir que no haya personas sin hogar. El sinhogarismo crónico ha descendido en un 16 por ciento. También hay menos familias que duermen en las calles o que formen parte de programas de reinserción.
El programa llamado Abrir Puertas se marcaba como objetivos acabar con la cronificación de este problema en los veteranos de guerra para finales de 2015, así como prevenir y acabar con la situación de calle de familias, jóvenes y niños en 10 años.
“Es inaceptable que personas, niños y familias, y los veteranos de guerra de nuestra nación se enfrenten a vivir en la calle”, dijo Barack Obama cuando se puso en marcha el programa. No ocurre con frecuencia que un jefe de gobierno reconozca la falta de efectividad de derechos fundamentales como el derecho a una vivienda digna, relacionado con otros derechos: salud, educación, una renta mínima, un empleo digno.
La puesta en marcha del programa, sobre todo en lo que se refiere a evitar que las personas en riesgo de exclusión acaben en la calle, coexiste con la creciente concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las clases medias y de jóvenes que se endeudaron para pagarse la universidad. Exenciones fiscales a grandes empresas, impuestos para la compra de bienes diarios de consumo que perjudican a las clases medias y bajas, como las subidas de impuestos directos y la tolerancia de paraísos fiscales dentro del propio territorio estadunidense (como el caso de Delaware)… Cuesta encajar este panorama con un plan para conseguir que las personas no acaben en la acera de alguna ciudad. Porque este fenómeno no se limita a “drogadictos”, “enfermos mentales” y a veteranos de guerra, sino que golpea a poblaciones vulnerables por su situación económica: desempleados, trabajadores con sueldos insuficientes y horarios laborales que impiden compaginar con otras fuentes de ingresos, inmigrantes irregulares, trabajadores que se habían endeudado para acceder a la universidad y en otras situaciones de vulnerabilidad.
Estas situaciones se tienen en cuenta al otro lado del Océano Atlántico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado contrarias al derecho europeo las ejecuciones hipotecarias de los bancos en España al entender que vulneran derechos fundamentales sin dejar opción a las personas a un alquiler social o una vivienda alternativa. El supuesto plan del gobierno español para frenar los desahucios no funciona porque contadas personas reúnen los requisitos para acogerse a él, y aún no toma medidas para ajustar la normativa al derecho europeo.
Al margen de estas consideraciones, la puesta en marcha de iniciativas como la del gobierno de Estados Unidos da muestra de una voluntad política para evitar que las personas sean sometidas al deterioro que supone vivir en la calle. Este programa se ha elevado a un plano federal, común a todos los estados del país, e implica a todos los ministerios del gobierno. Además, ha contado con las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil como la National Alliance to End Homelessness (Alianza Nacional para acabar con el Sinhogarismo) y otras que trabajan con veteranos de guerra.
El plan trabaja sobre distintos ejes en prevenir y en corregir el problema: incrementar la colaboración y la implicación ciudadana desde la administración; incrementar el acceso a una vivienda estable, segura y a precios asequibles; aumentar la seguridad económica, que pasa por facilitar el acceso a la educación, al empleo y a programas para reducir la vulnerabilidad económica; mejorar los servicios de salud para personas sin hogar o en riesgo de exclusión, y poner en marcha programas de respuesta rápida para que las personas que caen en la calle puedan volver a un sistema de viviendas estables.
En España, la Federación Española de Personas sin Hogar y distintas organizaciones de la sociedad civil han conseguido que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incorpore una estrategia contra el sinhogarismo en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de los próximos 3 años. Las campañas de sensibilización y de denuncia han contribuido para que se reconozca el problema y empiecen a ponerse los medios para resolverlo.
Carlos Miguélez Monroy*
*Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias
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Contralínea 397 / 3 – 9 agosto de 2014
