El homicidio de la reportera Regina Martínez, en Veracruz, corresponsal de la revista Proceso, como los más de 20 homicidios de periodistas en la entidad desgobernada por el heredero del nefasto y corrupto Fidel Herrera (de tal palo tal astilla), Javier Duarte Ochoa, primo hermano del desgobernador de Chihuahua, no ha sido siquiera investigado, aunque las mentiras y enredos del duartismo digan que encontraron al ladrón, que confesó haberla matado para robarle bienes, entre los que está la computadora y papeles relacionados con el trabajo profesional de la reportera.
Por eso es que la revista
Proceso, a toda una página al iniciar su número del 11 de noviembre [de 2102], dirigió un texto titulado “Caso Regina: no les creemos”, suscrito por todo el personal de ese medio de comunicación. El “no les creemos” son las palabras dirigidas al
desgobernador por don Julio Scherer García, ya que la información deducida de la arreglada investigación no es verídica y sólo quisieron
echarle más tierra al homicidio, como lo han hecho con el resto de los asesinatos de periodistas en Veracruz (que entre otros más se consignan en el reciente libro del periodista sonorense Carlos Moncada, de editorial Grijalbo, titulado
Oficio de muerte, periodistas asesinados en el país de la impunidad, con el último prólogo que escribió Miguel Ángel Granados Chapa).
A la par de que las delincuencias, los funcionarios e incluso empleados menores han dado en cometer toda clase de homicidios con todas las agravantes penales, también eliminan a los trabajadores de los medios de comunicación, particularmente a quienes acuden a los hechos para informar: reporteros y fotógrafos, sobre todo de la prensa escrita, pero también a quienes cubren esas tareas para los noticieros de radio y televisión.
Así, los mexicanos han sido víctimas de la guerra calderonista contra los sicarios de los cárteles del narcotráfico, secuestradores, rateros, tratantes de personas y cazadores de inmigrantes para sus fines delictivos de toda naturaleza. Entre los cientos de miles de homicidios que dejó Calderón a su paso por más de 5 años de militarismo, están los periodistas: en 12 años cayeron más de 80, bajo las balas de matones, marinos, soldados y policías.
Estos homicidios ocurrieron sobre todo en 18 entidades, pero Veracruz tuvo el mayor número: 12 mujeres y hombres acribillados durante el desgobierno de Javier Duarte Ochoa.
El “no le creemos” de Proceso lo suscribimos en todas sus consecuencias, porque el homicidio de Regina Martínez no fue para robarle. Fue para silenciarla. Para que ya no siguiera ejerciendo el periodismo de investigación, para que dejara de dar cuenta y razón de los hechos con veracidad, en una entidad donde su exdesgobernador, el nefasto Fidel Herrera (escondido en alguna madriguera y revolcándose en el botín de su corrupción), dejó 6 años de nepotismo, criminalidad, auge del narcotráfico y una consigna al sucesor: duro contra las libertades de prensa, al hacer a un lado a quienes las ejercen y no aceptan sobornos ni favores.
Regina Martínez era una de esas reporteras. “No hay duda –escribe Carlos Moncada en su libro– de que la delincuencia organizada, con la probable participación de funcionarios del gobierno local, tramaron y llevaron a cabo el asesinato de Regina Martínez Pérez, periodista modelo de rectitud y probado profesionalismo, corresponsal de la revista Proceso. La hallaron muerta por estrangulación y con diversos golpes en el rostro y en el cuerpo, en su casa de Xalapa [capital de Veracruz] el 28 de abril de 2012. Regina, de 49 años, había laborado en Chiapas cierto tiempo, pero se había asentado en su estado natal colaborando en varios medios, hasta 2000, cuando fue enrolada por la revista. Se distinguió siempre por el valor con que hizo denuncias de atropellos oficiales, cometidos en cualquier nivel”.
En la reunión del director general de Proceso, Julio Scherer García, y el director de la misma, Rafael Rodríguez Castañeda, el desgobernador veracruzano y el procurador daban enredadas seudoexplicaciones, por lo que Scherer García interrumpió la perorata: “Lo que usted está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera. La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie. Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos”.
Los titulares de los poderes municipales de las 31 entidades, del gobierno del Distrito Federal y de la Presidencia de la República (donde están incluidos jueces, magistrados y ministros; diputados locales y federales, y senadores) han perdido credibilidad. Y son ya enemigos de los mexicanos, a quienes, directa o indirectamente, privan de sus vidas. Y nunca imparten justicia, porque matones y funcionarios tienen mucho que ver en esos hechos de sangre. Son gobernantes contrarios a los principios que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sociedad civil se encuentra emplazada a recobrar su libertad para restablecer la observancia de la ley suprema.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 317 / enero 317
