Desaparición forzada en México: ¿que ni la ONU se meta?

Policías y marinos rodearon el taller mecánico. Pasaban de las 2 de la tarde. Los ministeriales estatales, con uniforme táctico en negro, irrumpieron en el modesto negocio, mientras los efectivos de la Armada de México resguardaban el perímetro. Iban por Víctor Álvarez Damián, de 16 años de edad. El adolescente fue sacado de su lugar de trabajo y encajado en una de las camionetas oficiales. Era el miércoles 11 de diciembre de 2013. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver.

Esas tropas estatales y federales fueron por otro menor de edad, Yonathan Isaac Mendoza, 15 minutos después. Lo sacaron de su domicilio mientras apuntaban con sus armas largas a sus familiares. También detuvieron a Marco Antonio Ramírez Hernández. Días antes habían capturado a Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González y José Armando Cortés Arrioja. Los sacaron del bar El Partido. Todos, adolescentes y jóvenes de la colonia popular Formando Hogar, ubicada al norte de la ciudad de Veracruz, Veracruz, en las inmediaciones del puerto. A casi 7 años, de ninguno se ha sabido nada.

Entre los más crueles y atroces crímenes está el de la desaparición forzada. Como es tristemente sabido, desde que Felipe Calderón desató la violencia en México los casos de este tipo de delitos se empezaron a contar por cientos, miles y decenas de miles. La pesadilla iniciada por el expresidente –en un intento de obtener la legitimidad que no le dieron las urnas– continuó durante el sexenio de su sucesor, Enrique Peña Nieto, y perdura en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

La impunidad que se le garantizó a los perpetradores hizo de México no sólo un gran cementerio, sino una gran fosa clandestina por la que transitaron y transitan miles de familias en la búsqueda de sus seres queridos. La ausencia de investigaciones reales y la consecuente falta de castigo para los culpables impiden que víctimas, familiares y amistades encuentren tranquilidad y reposo a una zozobra que, en muchos casos, cumple casi década y media.

Y es que a quién recurrir cuando los encargados de procurar justicia, buscar y encontrar a los desaparecidos y sancionar los delitos son los mismos que perpetran tales desapariciones. Todo el país está lleno de estos casos. No hay una sola entidad federativa que entre 2006 y el día de hoy no haya presentado este tipo de crímenes.

Por eso una familia tuvo que recurrir al auxilio internacional. Ante la cerrazón de las autoridades mexicanas en 2016, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conoció del caso del menor de edad Víctor Álvarez Damián. El organismo multilateral ordenó acciones de búsqueda ese mismo año.

Y en vez de que las autoridades estatales y federales de México atendieran tales requerimientos, negaron que estuvieran obligadas a cumplirlos. El manto de impunidad para los perpetradores parece inexpugnable. Pero la familia no se dio por vencida y interpuso un amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está próxima a resolver. Este caso de Víctor Álvarez Damián lo lleva el defensor de los derechos humanos Guillermo Naranjo, abogado del Proyecto Cihuacóatl.

En manos del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación está no sólo el caso de Víctor sino los de miles de otras personas víctimas de desaparición forzada. Lo que determinará la Corte es si México está obligado o no a acatar las acciones urgentes emitidas por este Comité de las Naciones Unidas.

El tipo de cuerpos policiaco-militares, integrados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Policía Investigadora Ministerial del estado y la Policía Naval de la Secretaría de Marina (federal), fueron creados cuando Fidel Herrera Beltrán era gobernador de Veracruz y Enrique Peña Nieto presidente de México. Hay constancia de ello, aunque luego las autoridades veracruzanas desconocieron tales operativos.

El penar de Perla Damián, madre de Víctor, inició el mismo día en que su hijo fue desaparecido de manera forzada. Lo buscó en la Agencia Veracruzana de Investigación y en los demás lugares que le dijeron que podría estar: en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, en el “Penalito” de Playa Linda y en las oficinas de Robo a Comercio. Uno a uno, en todos los centros de detención negaron tenerlo. Alrededor de las 9 de la noche acudió al Ministerio Público para solicitar una indagatoria que diera con el paradero de Víctor. Le informaron que tenían que transcurrir 72 horas para que pudieran iniciar la investigación…

Regresó al “Penalito” y ahí vio las dos camionetas tipo Suburban, blanca y negra, que habían participado en las detenciones.

Desde entonces, las investigaciones no avanzan. Dos años y medio después de los hechos (2 de febrero de 2016) y ante la nula respuesta de las autoridades mexicanas, familiares de los desaparecidos solicitaron acciones urgentes y medidas cautelares ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

El 12 de febrero, dicho Comité emitió al Estado mexicano Acciones Urgentes (280/2016) y medidas cautelares para las familias de las víctimas. Entre las Acciones que debían cumplir las autoridades mexicanas correspondientes se encuentra: “Realizar de inmediato un proceso de búsqueda integral y una investigación seria, exhaustiva e imparcial que permita establecer la suerte y el paradero (de los jóvenes)”. Además, señala que las indagatorias deben tener en cuenta “los indicios sobre la posible participación de las policías municipales, estatales, ministeriales y elementos miliares que pudiesen estar involucrados”.

Ante las deficiencias de la investigación y la negativa a acatar las acciones emitidas por el Comité de la ONU, el 16 de octubre de 2017 la familia de Víctor interpuso un juicio de amparo indirecto en contra de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Le fue turnado a la jueza tercero de distrito con número de expediente 952/2017 que emitió una sentencia favorable, en el sentido de que de entre las líneas de investigación debía seguirse una “teniendo en cuenta el contexto en que acontecieron los hechos” y que se realizara una “búsqueda e identificación exhaustiva atendiendo lo establecido por los estándares internacionales”.

Incluso la juzgadora estableció que los servidores públicos que intervienen en la investigación en realidad la han obstaculizado y son responsables de transgredir los derechos de integridad y libertad personal en perjuicio de Víctor.

Sin embargo, consideró que México no tenía por qué acatar las Acciones Urgentes de la ONU en la materia. Señaló “improcedente tener con carácter de vinculantes las Medidas y Acciones Urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas emitidas en favor de la víctima desaparecida, al considerar que no existe una obligación legal de su acatamiento forzoso”.

A lo anterior, la familia de Víctor –representada por el abogado Guillermo Naranjo– interpuso un recurso de revisión y ha escalado el asunto hasta la SCJN, donde el proyecto de resolución está a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Así que el caso de Víctor ya se discute en la Corte. Y como decíamos líneas arriba, no sólo tendrá implicaciones para él. De lo que determine la SCJN dependerán cientos y acaso miles de casos. México tiene 522 Acciones Urgentes de Naciones Unidas que se han  presentado por desapariciones forzadas.

“Si la Suprema Corte dice que las Acciones Urgentes no tienen validez, se vendrá abajo la mayor parte de las recomendaciones que la ONU ha emitido para México. Todos los casos perderían la fuerza y México estaría desconociendo una figura relevante en materia de desapariciones forzadas”, explica Guillermo Naranjo.

El abogado agrega que las víctimas quedarían en total desprotección y “a nivel internacional el Estado Mexicano estaría desconociendo un tratado al cual se obligó: la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

Vaya que no es un asunto menor el que tiene la Corte para Víctor y su familia, las demás víctimas de desaparición forzada y para el Estado mexicano: reconocer o no como vinculantes las Acciones que emita la ONU en esta materia. Estaremos pendientes.

Fragmentos

Las declaraciones a Contralínea del coordinador jurídico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz (https://bit.ly/39FJ7nR), generaron al interior de la institución ambivalentes reacciones. Por un lado, se apoyó el anuncio de la reforma indígena que se prepara para que las tribus, naciones y pueblos indígenas alcancen rango de sujetos de derechos público en el sistema jurídico mexicano. Por otro, provocaron una teleconferencia entre coordinadores estatales del INPI a propósito de la semiesclavitud de los taramaris (rarámuris o tarahumaras) en las minas clandestinas de la familia Sarmiento, en la sierra del norte de Sinaloa. Hay quienes buscan que el Instituto tenga una actitud más activa en este tipo de casos y hay quienes quieren dejar pasar de largo situaciones tan graves como ésta. Veremos quiénes ganan… ¿Qué va a hacer el gobierno de López Obrador con el estudio que desbarata la Manifestación de Impacto Ambiental que justifica el megaproyecto del Tren Maya? Ochenta y cinco científicos llaman a cancelar la obra porque causará daños de “dimensiones planetarias” (https://bit.ly/39Lo2s6). Es un documento de carácter científico que nada tiene que ver con los “conservadores” que tanto cita el presidente. Un debate con los autores del documento sí implicaría subir el nivel a la discusión. Pero tal vez eso es lo que, en este tema, menos quiere el gobierno federal… La minera Cuzcatlán (Fortuna Silver Mines, Inc) reconoce que sí hay cuerpos de agua contaminados en Magdalena Ocotlán (Valles Centrales de Oaxaca), pero no sabe quién es el responsable. Algunos arroyos y dos pozos presentan alteraciones de color rojizo producto de desechos tóxicos; pero no tiene ni idea de quién pudo haberlos contaminado. ¿Qué negocio estará afectando y devastando el ecosistema de la región? Vaya que los dueños de esa mina, canadienses, por cierto, está preocupados por encontrar a los culpables… El 28 de julio pasado se cumplieron 11 años de la detención, desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del maestro en ciencias Fermín Mariano Matías. Camaradas y familiares del estudiante destacado, atleta maratonista y activista del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo siguen demandando justicia. Otro de tantos crímenes absurdos que ni siquiera se investigan.