Opinión

Donbass, la agresión invisible

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Prensa Latina

Moscú, Rusia. Las relaciones entre Rusia y Ucrania cerraron el 2018 como un diálogo de sordos, donde Kiev defiende peligros invisibles para acomodar a un reducido grupo de políticos aferrados al poder.

En la primera etapa del año, el equipo del presidente ucraniano, Piotro Poroshenko dio, como dicen los rusos, un tiro en el pie: apoyó el bloqueo de los ultranacionalistas al flujo de mercancías desde y hacia la región hullera de Donbass.

El grueso del carbón y materiales acompañantes para el trabajo en las fábricas metalúrgicas se extrae en las minas del Donbass, donde se ubican las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ello llevó al cierre de fábricas y cortes de energía.

Luego, en medio de un litigio judicial para evitar pagos a la empresa rusa Gazprom por el gas suministrado, Ucrania decidió “independizarse” y comprar carbón estadunidense y gas reexportado desde Europa.

Sin embargo, finalmente la propia élite del negocio nacional de producción de carbón y de comercio de gas en Ucrania decidió la compra de gas ruso y carbón de Donbass.

El esquema consiste en simular un gas comprado a naciones del este europeo a precio de mercado, aunque en realidad se desvía de los depósitos de gas ruso, donde se debe acumular para su exportación a Europa por el gasoducto ucraniano.

Algo parecido ocurre con el carbón, las empresas ucranianas simulan la adquisición en el extranjero a un precio mucho mayor para de forma indirecta comprar a Rusia el carbón que le vende Donbass.

A finales de este año, las tarifas para la población de gas y calefacción crecieron entre 12 y 25 por ciento, lo cual formó una deuda en los pagos de más de 250 mil millones de grivnas (más de 9 mil 18 millones 759 mil dólares).

En una segunda etapa del año, se hicieron más frecuentes los ataques de los ultranacionalistas y neofascistas a sucursales de bancos rusos y se refuerzan los pasos de Kiev para institucionalizar una mentira: la agresión rusa en Donbass.

La Rada Suprema (parlamento unicameral) aprobó una ley que calificó a Rusia como país agresor en Donbass, y consideró a ese territorio como zona ocupada.

Además, la ley cambia el estatus del conflicto en Donbass y el mando se traslada del Servicio de Seguridad de Ucrania a la jefatura de las Fuerzas Armadas.

Recordemos que tras el golpe de Estado de febrero de 2014, cuando los neofascistas tomaron por la fuerza edificios administrativos en la capital y otras provincias, en Donbass la población se movilizó para rechazar a los golpistas.

Así, la operación de castigo contra la población rebelde de Donbass fue calificada por el propio Kiev como antiterrorista, es decir, eran los militares ucranianos contra sus ciudadanos.

El cambio del estatus pretendió legitimar la fábula del gobierno de Poroshenko de la invasión rusa y de la guerra librada contra el agresor por el ejército ucraniano, argumento utilizado para justificar el uso de la fuerza contra los civiles.

Kiev reforzó, sobre todo, la “limpieza” del espacio informático ucraniano para liberarlo de la “propaganda rusa” y eliminar las alternativas a la leyenda de lucha contra el invasor.

Por mucho tiempo, los medios ucranianos denunciaron la supuesta falsedad de la construcción por compañías rusas de un puente sobre el estrecho de Kerch, para unir la comarca rusa de Krasnodar y la península de Crimea.

Tras ser inaugurado el puente en el verano de este año, se inició una etapa de descrédito y amenazas contra esa instalación.

A la par, Ucrania introdujo otra técnica: ante la deuda pública equivalente a más del 70 por ciento de su producto interno bruto, Kiev presentó varias demandas contra Rusia en entidades judiciales europeas. La empresa ucraniana Naftogaz, luego de negarse a pagar una deuda de 3 mil millones de dólares a Gazprom por el gas ruso suministrado, recibió un veredicto a su favor. Ahora Gazprom debe pagar 2 mil 500 millones de dólares en materia de compensación.

Otra demanda de Kiev pretende impedir la construcción del gasoducto Torrente Norte 2, que une estaciones de bombeo en Rusia con Alemania a través del mar Báltico, con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos al año.

Ucrania afirma que si se construye el Torrente Norte 2 y Rusia decide suspender el suministro de gas a Europa a través de Ucrania, Moscú deberá pagar unos 12 mil millones de dólares como compensación por su pérdida del estatus de país de tránsito.

Ese proceso coincide con pasos dados por Kiev para boicotear la celebración en Rusia del campeonato mundial de futbol, mientras Moscú anunciaba el fin de la construcción de una vía ferroviaria en la región de Rostov del Don, para evitar el paso por Ucrania.

Desde los días de la preparación del mundial, se aceleraron las tensiones en la zona de confrontación en Donbass. Rusia respondió con la aplicación de sanciones contra empresas y personalidades ucranianas.

En el horizonte asomaron las elecciones de marzo de 2019, en medio del resurgimiento de protestas en el cuarto trimestre del año contra la subida de las tarifas, la reducción de salarios y de puestos de trabajo en instituciones estatales. Ante la posibilidad real de las protestas, toma fuerza otro aspecto en Ucrania: la probabilidad de una autocefalia para la ortodoxia en Ucrania, lo cual amenaza con otro conflicto interno, ahora de carácter religioso, y con un nuevo diferendo con Rusia.

Poroshenko, interesado en poner en práctica su lema de “Patria, religión y tierra”, interfiere en los asuntos de la Iglesia y de facto encabeza el proceso de autocefalia que introduce otro motivo de confusión y confrontación en Ucrania. Al finalizar 2018 Poroshenko, luego que los servicios de seguridad interrogaron a dirigentes religiosos y el Gobierno, anunció la confiscación de santuarios a la Iglesia canónica ortodoxa de Ucrania, y la división entre líderes religiosos aumentó.

En la última etapa del año salieron a relucir con más claridad los temores y ambiciones de Poroshenko. Su popularidad está por debajo de al menos cuatro candidatos y en caso de perder, analistas consideran que podrían presentarse cargos judiciales en su contra.

Por ello, los pasos dados por el mandatario ucraniano más bien responden a supervivencia personal. Así, el 25 de noviembre, dos lanchas artilladas y un remolcador violaron las aguas territoriales rusas en el mar Negro y se acercaron al estrecho de Kerch.

La provocación, para lo cual existían órdenes especiales de Kiev, según demostró Moscú, concluyó con una operación de los guardacostas rusos, con saldo de tres heridos.

El incidente completó el expediente preparado por Poroshenko para avalar la imposición de la ley marcial en más de una decena de regiones, sobre todo las fronterizas con Rusia, donde encuentra más resistencia a su reelección.

Por otro lado, el mayor respaldo popular en los sondeos lo tiene el Ejército, a causa de lo que Kiev considera como guerra en Donbass. Analistas estiman que en el afán por aumentar su apoyo electoral, Poroshenko habla de una confrontación con Rusia.

Al finalizar 2018, como señaló la presidenta del Consejo de la Federación (senado ruso) Valentina Matvienko, Occidente logró lo impensado: enemistar a dos pueblos hermanos como el ruso y el ucraniano. Todo ello basado en el fantasma de la agresión de Moscú.

Antonio Rondón/Prensa Latina

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