El asesinato del periodista Gerardo Nieto: 3 años de impunidad

El procurador general de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, suele ufanarse de los supuestos logros de la corporación que dirige cada que se le presenta la ocasión. Lo hace a través de las redes sociales o de boletines de prensa. Persiste en la tarea pese al ambiente de violencia y falta de credibilidad de las instituciones en Guanajuato. Así lo hizo el 26 de junio de 2015, cuando corrió la noticia de que Gerardo Nieto Álvarez, periodista de Comonfort y editor del semanario El Tábano, había sido asesinado al interior de sus oficinas en la plaza comercial Nuevo Siglo.

Gerardo Nieto era, al mismo tiempo, un político de años. Su militancia priísta no le impedía ejercer de periodista, como hacen otros informadores de Guanajuato y del país que sin pertenecer a ningún partido hacen política a través de las plataformas que dirigen o de las que son dueños, práctica común en algunos de los medios impresos, electrónicos y digitales más posicionados. Incluso miembros relevantes de la clase política llegan a decir de ellos, con cierto desprecio aunque a la vez les llaman amigos, que sólo sirven para enviarse mensajes entre los mismos políticos. “Están en el enjuague”, solía comentar un experimentado colega cuando esos directivos y dueños presumían de haber colocado a tal o cual reportero en alguna dependencia de gobierno.

Lejos estoy de pretender calificar y juzgar ese modo de conducta. Tampoco la defiendo, pero sí debo decir que Gerardo Nieto no hacía nada que no se conociera y menos que no fuera aceptado, o tolerado, por quienes detentan posiciones de poder y entre quienes hacen transcurrir sus días en los medios de comunicación tradicionales. El hecho en concreto es que Gerardo Nieto fue asesinado la noche del 25 de junio de 2015 en su doble condición de periodista y político. Y, en lógica mínima, esas actividades debieron ser las principales líneas de investigación a seguir por la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre.

El cuerpo de Gerardo Nieto fue encontrado a eso de las 8:00 del viernes 26 de junio de 2015 –algo así como 10 horas después de perder la vida– y al medio día Carlos Zamarripa ya declaraba a los medios que el asesinato no estaba relacionado con su labor como periodista, sino que murió tras una situación que se desbordó durante una reunión en la que circularon bebidas y que terminó por ser atacado en el cuello con un arma blanca, pero que ya tenían plenamente identificadas a tres de las personas que estuvieron presentes. El procurador repitió la versión el 30 de junio siguiente y el 2 de febrero y 28 de junio de 2016, fecha esta última en la que aseguró que el caso estaba resuelto y que era cuestión de semanas para detener a los responsables.

Acudir al comportamiento personal de la víctima y culparla por su destino no es cosa nueva, ha sucedido con muchos de los comunicadores y comunicadoras asesinadas en el país. Puede decirse, con apenas un ápice de exageración, que es el recurso más a la mano de funcionarios que tratan de ocultar que desde la misma esfera pública es de donde se originan la mayoría de las agresiones a periodistas. Otro es el silencio. En 2016 se pidió una entrevista con el gobernador. Nunca respondió. Y lo mismo se hizo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanjuato (PGJEG), pero Carlos Zamarripa no accedió. Así sucedió en 2017 y ahora mismo cuando, al pedirle a la corporación una postura respecto al limbo jurídico en que se encuentra el caso, alguien decidió que no se contestaran ni las llamadas.

Decir ahora comprende un prolongado lapso, 3 años desde aquel 26 de junio de 2015 en que lo único que se conoce de la PGJEG y del propio Carlos Zamarripa es, para efectos prácticos, nada. Tiempo más que prolongado para que acaben de instalarse no el olvido ni la resignación, sino el miedo y la impunidad. Tiempo en el que pese a todo no dejan de llegar flores al sepulcro de Gerardo Nieto de manos de familiares, amigos y colaboradores cercanos.

Desde el comienzo ocurrieron cosas siniestras, como si al difundirse la noticia de que había sido asesinado un periodista y político se hubiese puesto en marcha el plan previsto para semejantes casos. A la vez que el procurador Carlos Zamarripa insistía en que el homicidio no tenía nada que ver con su labor, agentes ministeriales iniciaron una persecución entre personas que conocieron a Gerardo Nieto. Detenidos en plena calle, fueron interrogados mientras eran paseados por las calles de Comonfort. Otros, sometidos a vigilancia permanente, hostigados por teléfono y convencidos mediante el miedo para que accedieran a platicar del caso en la vía pública. Y unos menos afortunados, llevados con engaños a la Subprocuraduría de Justicia de San Miguel de Allende sin permitirles dar aviso a sus familiares, luego encerrados por alrededor de 20 horas en un cuarto donde sólo había un escritorio y una pequeña ventana cerca del techo. De una y de otra forma a todos se les advirtió lo mismo: “Ya sabemos que fuiste tú”; “no te llevabas bien con Gerardo Nieto”, “tuviste problemas con él y por eso lo mataste”. La presión sicológica no obtuvo confesiones autoinculpatorias, ni siquiera cuando se les prometió que si se incriminaban recibirían ayuda y menos cuando los agentes les confesaron que ya sabían que ellos no fueron los asesinos, pero que señalaran a alguien, un nombre, el que quisieran, porque necesitaban un culpable.

Otras instituciones hicieron su parte. Al expediente C.I. 23668/2015 que abrió la PGJEG le siguió la investigación con oficio 105-/2015/C-II que en junio de ese año ordenó la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) y que sobreseyó, “de acuerdo con la ley”, antes de terminar el año. La subprocuradora de Derechos Humanos en Celaya, Margarita Camacho Trujillo, quiso explicar que tomó esa decisión porque los familiares aseguraron que no sabían si algún funcionario estaba involucrado en el asesinato. Con malabares parecidos eludió la responsabilidad ante la queja que le presentaron las personas que los agentes ministeriales trataron de incriminar. Su dicho fue concluyente: “Eso es otra cosa”.

Pero hubo más. Semanas antes de que se cumplieran 2 años de aquel 25 de junio de 2015, se hicieron llegar a SomosMass99 testimonios que señalaban al gobierno estatal encabezado por Miguel Márquez de presionar a la PDHG para que desistiera de la investigación. La versión decía que habría pactado en octubre (de 2015) con la dirigencia estatal del PRI dar carpetazo al asunto a cambio de seguir con las indagatorias por la agresión ordenada por el entonces alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, contra Karla Silva, reportera de El Heraldo de León. Meses después, en marzo de 2016, el priísta Solís Arzola fue detenido y encarcelado. Que la PDHG se haya atrevido a dar esos pasos, cerrar su investigación y colgar el teléfono cuando se pidió a sus funcionarios una entrevista sobre las supuestas presiones del gobierno estatal, muestra por lo menos displicencia.

Se sabía ya que la dirigencia estatal del PRI ha sido impermeable a estos hechos. Porque poco le interesaba el asesinato de Gerardo Nieto Álvarez o porque se protegía a sí misma. El presidente del Comité Directivo Estatal, Santiago García López, se lo dijo a este diario digital desde noviembre de 2015: “Era militante distinguido priísta (…). Era un militante… A ver… lo importante es subjetivo, era un militante y un cuadro del partido. O sea, la pregunta se me hace tanto como que yo tengo que saber todo lo que pasa en todos los casos de irregularidades judiciales que hay en el estado. O sea, yo creo que la pregunta que tú me haces debes hacérsela a la autoridad judicial. Ellos son los que llevan, por supuesto, las investigaciones de todos los casos y no solamente la de él. Eso nada más”.

A todo lo que aquí se relata se suma el tronante silencio de los medios de comunicación de Guanajuato, donde el círculo se cierra. Ya nadie se acuerda o dejó de ser noticia en un estado, vaya paradoja, que se ha convertido en un cada vez más ancho campo de toda suerte de abusos criminales. Donde las amenazas y difamaciones a periodistas se suceden con pasmosa frecuencia, hasta tres por semana en pleno cierre del proceso electoral.

De todo lo que ello significa habla la hoy reiterada negativa a conceder una entrevista de familiares, amigos y personas que conocieron menos o más de cerca a Gerardo Nieto. Su temor a declarar porque no saben qué pueda pasar queda registrado, igual que la preocupación por toda esta impunidad de organismos nacionales e internacionales defensores de la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Casa de los Derechos de Periodistas.

La tarde del 25 de junio de 2015 Gerardo Nieto asistió a una reunión en las orillas de Comonfort con el grupo de priístas al que pertenecía. Todavía se sentía contrariado por los errores que llevaron a la derrota del PRI en el municipio, tal como lo había denunciado y pronosticado en su semanario. Al terminar, ya por la noche, regresó caminando a la ciudad. En el trayecto casualmente se encontró con otras personas aparentemente conocidas en sus andanzas de político. Se fueron directamente a las oficinas de El Tábano. Subieron las escaleras de la plaza Nuevo Siglo y a eso de las 23 horas se quedó solo, inerte. Sus acompañantes dejaron muchas evidencias en el lugar: huellas entre manchas de sangre, una gorra, vasos, ceniceros, colillas de cigarros. Lo que no olvidaron y que nunca apareció fueron su computadora y una memoria USB, donde guardaba la información publicada en El Tábano y, cuentan, la que estaría por publicar.

Agustín Galo Samario

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