El derecho de piso de Duarte

No sólo la prensa vivió en medio de un ambiente de terror durante el caótico gobierno de Javier Duarte Ochoa. Los empresarios del estado pasaron de la persecución del crimen organizado al embate de un gobierno dispuesto a obtener beneficios a través de prácticas de extorsión. Obra pública y publicidad a sus propios medios de comunicación (por supuesto, a través de prestanombres) fue el camino ya conocido por muchos funcionarios corruptos que también Duarte Ochoa puso en práctica para obtener recursos como si en esa encomienda le fuera la vida o como si ese fuera el principal objetivo de su administración y no mejorar la calidad de vida de los veracruzanos.

El modus operandi era sencillo pero doloroso para una economía lastimada por el crimen organizado que cobraba a muchos empresarios el derecho de piso.

Sin importar quién ganara un contrato de obra pública a nivel municipal o estatal, y tras esperar que comenzaran la ejecución de los trabajos para asegurar que los empresarios se comprometieran con sueldos y créditos bancarios, un enviado del clan Duarte se presentaba a informar que –por un error– la obra se había adjudicado de manera incorrecta; que una nueva empresa se haría cargo de los trabajos. La angustia de los empresarios no era menor. La propuesta, mientras tanto, ya estaba en la mesa: un 15 por ciento del monto total del contrato a cambio de conservar el negocio. No fueron pocas las constructoras que dijeron “no” a la propuesta de los enviados de Javier Duarte y hoy la quiebra de compañías en el estado confirma esta situación. Extorsión tendría que sumarse a los cargos en contra de Javier Duarte.

Nanchital y el impuesto predial

Bancomext y Nacional Financiera participaron en el financiamiento estructurado que contribuyó a consolidar el capital necesario para la inversión por más de 3 mil millones de dólares que exigieron la puesta en marcha de la planta de polietileno que el consorcio formado por Braskem e IDESA que se construyó en Nanchital, Veracruz.

El objetivo de que el capital de la banca de desarrollo se invirtiera en este complejo fue sustituir importaciones por entre 1 mil millones y 2 mil millones de dólares que año con año afectan la balanza de pagos, porque se trata de importaciones al mercado estadunidense.

Roberto Bischoff fue designado por los accionistas de Braskem-IDESA como el hombre responsable de las estrategias para reducir las importaciones y ganar clientes mediante soluciones integrales de servicio, porque en este mercado las variaciones en precios son mínimos, se trata de un commodity cuya gran variable es la oferta y la demanda. Los márgenes, de esta forma, están determinados por la eficiencia y el acceso a combustibles como el gas natural (que ya se encuentra en niveles mínimos) y, por supuesto, el acceso a la materia prima. Para garantizar el éxito de este proyecto, Pemex tuvo que firmar con Braskem-IDESA un acuerdo para el suministro de etileno a un plazo de 20 años. De esta forma, los banqueros privados y de la banca de desarrollo lograron cerrar números sobre la rentabilidad en el corto, mediano y largo plazos. El problema es que, al menos por ahora, Pemex no puede cerrar muchos convenios de este tipo aunque de por medio se encuentre la salud de la balanza de la economía nacional frente a importaciones que a nivel global ya suman más de 20 mil millones de dólares. Así, la participación de la banca de desarrollo en este proyecto se justifica con un impulso a la industria nacional porque, si bien el 70 por ciento del capital del consorcio Etileno XXI está a cargo de los brasileños, IDESA seguirá creciendo con este proyecto, mientras más del 70 por ciento de los insumos que necesita esta planta se están adquiriendo en México. Estos son los antecedentes de un proyecto que se pensó con un gran sentido nacionalista y que recibió el apoyo de todo el gobierno federal. El problema ahora es que Etileno XXI no está dejando contentas a las autoridades del municipio de Nanchital. El conflicto se generó por el cobro del impuesto predial que las autoridades locales exigen al gigante del polietileno. Para los inversionistas privados (mexico-brasileños) las pretensiones del municipio de Nanchital resultan francamente desproporcionadas tomando en cuenta que muchos de los servicios, carreteras, hospitales y hasta escuelas alrededor de la planta fueron construidos y financiados por Etileno XXI como parte de las obras de mitigación que formaron parte de los compromisos sociales acordados para hacer posible la edificación de estas instalaciones. Por todos los medios, la alcaldesa Esther Manzanillo Rico insistió en realizar un avalúo de la planta; de todo los metros construidos y, por supuesto, de los consumos de los servicios como agua y electricidad. Desde junio pasado se inició esta negociación y hasta ahora siguen las negociaciones que buscan determinar una tarifa industrial para Braskem-IDESA.

Investabank y la SHCP

Fue hace unos días cuando funcionarios de la Secretaría de Hacienda recibieron a Enrique Vilatela, director y presidente de Investabank, para analizar la situación en la que se encuentra esta institución crediticia que busca adquirir varios de los negocios de Deutsche Bank aquí en México. El conflicto es que Carlos Djemal, uno de sus principales accionistas, sigue detenido en Estados Unidos, acusado por fraude al fisco y por supuesto lavado de dinero a través de la creación de empresas fantasmas que importaban y exportaban teléfonos celulares inservibles. Nos cuentan que uno de los temas que se comentó en esa reunión con funcionarios hacendarios fue una de las líneas de defensa de Djemal: un problema y confusión en las aduanas con lo que se buscará demostrar que no incurrió en simulación ni fraude alguno.