El establecimiento de un gobierno contrario a la Constitución

Las políticas económicas públicas, con la punta de lanza del neoliberalismo que postula la privatización del sector público que se inició con Salinas de Gortari en 1988 y ha seguido durante 28 años hasta rematar con Peña, actualmente ataca a la educación pública para convertirla de gratuita y laica, en otra empresa privada para formar cuadros en servicios, lo que con la quiebra intencional de Petróleos Mexicanos ()Pemex y la venta de los yacimientos a inversionistas del monopolio de los energéticos, ha llevado ya al establecimiento de un gobierno contrario a los principio fundamentales sancionados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La raíz de esta metamorfosis está cuando el avilacamachismo traicionó las conquistas de la Revolución de 1910-1917, facilitando el triunfo electorero del Cachorro Miguel Alemán que fue amamantado por la ubre empresarial. Y, después, por los enviados a estudiar en las universidades estadunidenses, cuando en ellas se filtraban las enseñanzas del coloquio organizado por Walter Lippman en 1938, donde participaron Friedrich A Hayek y Ludwing von Mises.

Y 10 años después, en 1947, éstos crearon la Sociedad Mont Pelerin, para reactivar al liberalismo económico por la vía del neoconservadurismo que se vistió de neoliberalismo económico. Esto para postular que el “Estado era el problema” y el “mercado la solución”; divisas célebres que hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y su hijo adoptivo-bastardo: Augusto Pinochet en 1973 con Nixon, quienes pusieron en circulación a los Chicago Boys para asesorar a los gobiernos de América Latina. Y en México empezó el contagio en 1982 con Miguel de la Madrid y Salinas. Éste primero en la Secretaría de Programación y Presupuesto e inmediatamente después como presidente con Zedillo y Pedro Aspe. Este proyecto siguió con Fox y Calderón, para estar rematando con Peña-Videgaray.

En los últimos 28 años (1988-2016), los formados en las universidades estadunidenses han ido interrumpiendo a la Constitución, con contrarreformas salidas del Congreso de la Unión, avaladas por la Suprema Corte como cúpula del Poder Judicial. Y no sin reacciones políticas desde López Mateos y Díaz Ordaz (1958-1970): estudiantiles, campesinas y obreras, estableciendo, pues, gobiernos-administraciones, fines políticos, económicos, educativos y sociales, contrarios a la Constitución. Con el peñismo, ese viraje posrrevolucionario y hacia la derecha en un escenario de elecciones controladas y no pocas veces manipuladas, para afianzar la democracia representativa con partidos con todos los ismos que han estado, con un toma y daca por medio de la corrupción y la impunidad, ratificando el neoliberalismo económico, e impulsando la privatización de la educación pública para ponerla al servicio de esa economía y que “el Estado deje de entender la educación como un servicio público” (Pilar Carrera y Eduardo Luque, Nos quieren más tontos: la escuela según la economía neoliberal, edición El Viejo Topo, 2016).

Esto mientras Videgaray continúa dejándole todo el campo económico a los empresarios, financieros y enclaves de la globalización en lo que resta de Pemex que agoniza con el desmantelamiento peñista, la complicidad sindical y la venta-entrega de Coldwell de los yacimientos. La nación ha estado acusando el establecimiento de un gobierno contrario a la Constitución en lo que queda de sus principios fundamentales. Hay muchos problemas y conflictos contra esa política económica del neoliberalismo. La réplica de los maestros a Nuño y su encubierta privatización de la educación pública ha sido oportuna y radical, como respuesta a ese ataque nuñista, que ha salido con la “novedad” de su modelo educativo que es más y peor de lo mismo de la “reforma” laboral, para despedir maestros y tener en la mira la desaparición de las escuelas normales rurales.

 “Asistimos de esta forma al desarrollo de un nuevo modelo basado en tres principios: la competitividad, la eficacia y la rentabilidad económica… para la flexibilidad, es decir, la capacidad de despedir a los empleados, el incremento de la criminalidad y apuntar a un riesgo no sólo nacional para la incertidumbre… y despojar al gobierno de sus poderes en el ámbito de la educación”. Para conseguir lo anterior: “el sistema escolar público es uno de los objetivos básicos a destruir”.

Los mexicanos estamos ante la alternativa de consentir el establecimiento de un gobierno contrario a la Constitución o ejercer, hasta sus últimas consecuencias, que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo [que] todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste [y que] el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. O de rendirnos ante la embestida del neoliberalismo económico y de la derechización política. La alternativa es democracia representativa sin democracia directa o autoritarismo. Con la Constitución o contra ella.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]

Contralínea 503 / del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 2016