Una de las promesas de campaña del hoy presidente de Colombia, Iván Duque, fue que bajo ninguna circunstancia iba a permitir la explotación petrolera vía fracking. Es claro que todos los políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de Estado para tomar sus propias decisiones.
Iván Duque tiene la presidencia hipotecada.
En efecto, el entonces candidato llegó afirmar que en Colombia existe la “superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos, por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking” [1]. Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país. El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la “viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil. Veamos por qué.
En primera instancia, multitudinarias marchas en por lo menos 70 municipios del país, se llevaron a cabo en contra de la decisión del gobierno de dar vía libre a esta técnica de explotación. La Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque que cumpla su palabra de prohibir el fracking [3]. A pesar de que parezca un acto simbólico, la marcha-carnaval fue una manifestación política que demuestra la transformación social que se está generando, pues los líderes de la marcha fueron estudiantes de colegios y universidades que tienen una perspectiva muy distinta con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. No sólo fue una marcha más en el país, sino una concentración con fines políticos de llevar la cuestión del fracking a la agenda de lo público y generar un debate de altura frente a los daños que trae consigo esta técnica.
Sumado a la toma de conciencia política, la implementación del fracking tiene además una traba de un orden jurídico. En efecto, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que no existen elementos que prueben su utilización segura. En una reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o permitir su uso controlado. Este grupo que es diferente a la Comisión de expertos convocada por el gobierno, deberá emitir un concepto en el inicio del segundo semestre de 2019 [2]. Por esa razón, miembros de la comunidad académica, enviaron una carta a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, solicitando más tiempo para el análisis de las implicaciones del fracking, pues debe tenerse en cuenta en su dimensión integral que incluya no sólo variables biofísicas sino también elementos socioeconómicos, ambientales y culturales.
Desde esta perspectiva, la comisión de la Universidad Nacional tendrá un importante papel para defender al país de la fracturación hidráulica, pues si el Consejo de Estado emite un fallo de fondo sobre su decisión, es posible que el fracking quede prohibido definitivamente. Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará. De hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente [4]. Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de abastecimiento energético en Colombia [5]. Según esta visión, si el gobierno cede ante la presión de los grupos ambientalistas, en unos años el país podría tener una crisis energética considerable y necesitaría importar petróleo y gas, algo impensado para un territorio con grandes reservas de hidrocarburos.
Siguiendo esta misma línea, la ministra asegura que los ingresos vía recaudo tributario estarían en el orden de los 230 billones de pesos, además de 90 billones en regalías, en total 320 billones, lo que representa un 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) en Colombia [6]. Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La Guajira, Antioquia y Santander. En caso de demostrar que el fracking puede llevarse a cabo de “manera responsable”, se estaría dando un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tampoco puede aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica. De acuerdo con los defensores del fracking, la técnica ha evolucionado de manera permanente por lo que los primeros daños causados en el ambiente han sido controlados y corregidos, entonces por este motivo, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta forma de explotación ha sido aceptada.
En contraste con la postura del gobierno y los economistas de ultraderecha, los cuestionamientos a la fracturación hidráulica se concentran en tres aspectos. Por una parte, los niveles de sismicidad que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron denunciados por Iván Duque-candidato. En este orden de ideas, se ha logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con sismos de diferentes grados. La segunda dimensión tiene que ver con el uso y disposición final de la industria, pues para generar la fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie, contienen altos índices de contaminación. Además, existe el riesgo permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos (otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato). Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica. No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto con gas [7], sino además por las emisiones que contaminan el aire.
De hecho, las razones otorgadas por el Consejo de Estado para suspender provisionalmente la reglamentación de los yacimientos no convencionales estuvieron relacionadas con el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la afectación de la salud, aun más tomando en cuenta que el fracturamiento se desarrolla en zonas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos [8] (nuevamente una de las hipócritas preocupaciones de Iván Duque-candidato). Por si fuera poco, la Contraloría General de la Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones ambientales de la utilización del fracking en el país. Sin embargo, en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no se opone si se hace de manera responsable [9]. De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de explotación de hidrocarburos. Pero debe tomarse en cuenta que los socios del presidente harán hasta lo imposible por lograr la aceptación de la técnica.
Por esa razón, la batalla contra el fracking en Colombia será larga y complicada pues diversos sectores harán presión para que se logre la aceptación definitiva de esta técnica que pone en riesgo la salud humana y la calidad del medio ambiente. Otro de los elementos que debe considerarse, es el aumento de la brecha social que se ha generado históricamente en los municipios petroleros. En efecto, la gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que profundiza los niveles de desigualdad. De esa manera, de acuerdo con Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de expertos, “el gobierno debe dar garantías de protección al ambiente y ofrecerles a los municipios acueductos y agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros proyectos” [10].
Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo mismo, a los socios del presidente Iván Duque. Es importante entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los recursos naturales.
El concepto técnico de los expertos de la Universidad Nacional marcará un antes y un después en la historia ambiental del país. De las recomendaciones que este grupo le haga al Consejo de Estado dependerá la decisión de suspender definitivamente la reglamentación del fracking en el país. Por ese motivo, estos meses son determinantes para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la explotación minera. Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país, pues en busca del “equilibrio en la balanza de pagos” y otro tipo de conceptos falaces, miles de personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales, culturales y económicas. Con todo, la batalla por el fracking no ha terminado y las manifestaciones continuarán hasta que el presidente traiga a su memoria aquellas frases que pronunció en su campaña, cuando no le debía la Presidencia a nadie.
La lucha continúa: no al fracking en Colombia
Notas
Rodrigo Bernardo Ortega/Telesur
[OPINIÓN] [ARTÍCULO]
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