Ha sido inaugurado el gasoducto Los Ramones, profusamente anunciado como una gran contribución al desarrollo económico, que contribuirá a mejorar el abasto de gas y con mejores precios. Ciertamente hubo coincidencia general sobre su necesidad, porque la insuficiencia en transporte por ductos no permitía aprovechar la sobreoferta en Eagle Ford, de Texas; pero reconocer su necesidad no debe impedir el examen de una serie de anomalías alrededor de esa enorme obra, especialmente que fue de inmediato secuestrada por grupos de políticos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes crearon empresas fantasma para hacer negocios privados que, eventualmente, pueden llegar a anular las ventajas de la obra, parcialmente construida con recursos públicos.
Comencemos precisando que lo que se inauguró no es el gasoducto completo, sino un tramo de alrededor de 120 kilómetros que permite la entrada de gas de lutitas de la frontera a la terminal en Los Ramones, Nuevo León.
Se eligió una franja en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde el río presenta muchas curvas y se estrecha, acortando la distancia entre las orillas. Esta ventaja también la conocen los narcotraficantes y ese punto es de intenso tráfico de lanchas, vuelos de helicópteros, balaceras y detenciones diarias. Ignoramos a quién correspondió la elección, si a los vendedores gringos o a los compradores mexicanos.
Hace más de 3 años, el 8 de noviembre de 2011, en Guaymas, Sonora, Felipe Calderón, entonces presidente de México, y varios gobernadores de los estados ribereños del Pacífico, funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener), de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros anunciaron el nuevo programa de construcción de gasoductos con participación de capital privado.
Algunos son ridículos e innecesarios, como el que trasladará gas natural importado de Perú a la planta de ciclo combinado cerca de Cuautla, Morelos; dos son de gran longitud, el que nos ocupa, en el Golfo, y el otro, el del Pacífico, cuya licitación estuvo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y del que sólo haremos algunas menciones.
Por su capacidad de transporte, entre 2 mil millones y 2 mil 100 millones de pies cúbicos diarios (más que toda la producción de la cuenca de Burgos), Los Ramones es el más importante. Comprende más de 1 mil kilómetros de tubería que, desde luego, se fabrica en México, por lo que era factible un contenido nacional cercano al ciento por ciento.
Unos meses más tarde, en 2012, surgieron las primeras revelaciones de que en las elites estaban disputando los contratos. La noticia, que puede leerse en el Boletín de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), aseguraba que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) e industriales de Nuevo León de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), se quejaban de que no sería Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) quien formularía la licitación, sino lo harían sus empresas filiales, MexGas International (MGI) y TAG Pipelines, domiciliadas en Islas Caimán [ahora mudadas a Madrid, España].
¿Por qué estas maniobras en el extranjero? Lo ha puesto en claro Nancy Flores en esta revista: porque elude la fiscalización. Nadie puede pedir informes a una empresa con sede en Islas Caimán (o en España, “nuevo paraíso fiscal”, véase Contralínea 413 , del 24 de noviembre de 2014).
Rebelión en el Consejo de Administración de Pemex
No necesitamos abundar mucho: un poco más tarde, curiosamente cuando el sexenio expiraba, todos los miembros profesionales del Consejo de Administración de Pemex denunciaron en una carta al entonces secretario de Energía, Jordy Herrera:
El proyecto se está realizando a través de MGI, una filial de PGPB, domiciliada en el extranjero, que creará a su vez otra filial donde estará asociada con una empresa privada.
A la fecha no conocemos por qué es este el camino mejor, cuáles son las bases del EPC o esquema financiero, lo cual compromete el principio de transparencia” (sic). Agregaba que el procedimiento de usar filiales “lo deja fuera del escrutinio de los comités de Adquisiciones, el de Estrategia e Inversiones”.
La carta se publicó en El Universal, casi completa, y en varias revistas petroleras.
Los consejeros profesionales se apoyaban en afirmaciones de la propia CRE, quien señalaba que el proyecto de licitación de la Sener inflaba los costos en 60 por ciento y por ello el gobierno pretendía imponerlo como asignación directa. Fue tan grave, que el propio Adrián Lajous criticó la “opacidad” de este contrato en un seminario sobre gas natural organizado por la doctora Leticia Campos en el Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Terminó el sexenio de Calderón y el gasoducto Los Ramones continuaba sin avances. Hasta aquí parecería que el obstáculo era la disputa por los contratos entre grupos de la elite.
A poco más de 1 mes del inicio del nuevo sexenio, el 23 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto destrabó la licitación pero introdujo algunos cambios: 1) mantuvo el procedimiento de adjudicación directa, pero favoreció a otra empresa filial en la cual están asociados la compañía Sempra y Pemex; 2) pero el contrato fue sólo de un primer tramo; es decir, dividió el proyecto en dos etapas: la Fase 1, de 120 kilómetros, parte de la frontera a la nueva estación de compresión de gas Los Ramones; y la Fase 2, de casi 800 kilómetros, de Los Ramones hasta Guanajuato.
Observemos el manejo de las licitaciones como en la época de los señores feudales y aclaremos que Sempra Energy es una empresa extranjera que opera en México con el nombre de Infraestructura Energética NOVA, SA de CV, y que su ejecutivo es un exdirector de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Con respecto de la Fase 2 del proyecto, el segmento más largo que, partiendo de Los Ramones llegaría hasta Guanajuato, se dijo que se licitaría en un concurso internacional, en ese mismo 2013.
El plan inicial para la licitación, anunciado por Alejandro Martínez Sibaja, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica en 2012, consistía en una modalidad en la que sólo participarían ocho empresas internacionales, entre ellas: Techint, argentina; Bechtel, Estados Unidos; los chinos de Sinopec, y la asociación ICA-Flour. Las condiciones eran que el socio privado tendría que financiar la obra para ganar el derecho a construir el gasoducto.
Según el Boletín de la Onexpo (www.onexpo.com.mx), el ganador sería “el mejor postor”, es decir, quien ofreciera la tarifa más baja de transporte, con independencia de los proveedores, es decir, del “contenido nacional”. Onexpo veladamente criticaba: “Podría resultar ganadora una empresa que usara acero de China” o mano de obra de cualquier país. Era evidente la molestia de los aspirantes mexicanos. Ahora, con Peña Nieto, en la licitación participarían todas las empresas interesadas.
Igual que ocurre ahora con la Ronda 1, la publicidad oficial aseguraba que decenas de empresas acudieron a eventos promocionales celebrados en Houston, Estados Unidos, y en la Ciudad de México. Se llegó a publicar que 94 empresas estaban interesadas en el negocio. Martínez Sibaja, de PGPB, pregonaba que había un “gran apetito” de las empresas.
Pero pronto se reveló que las dificultades continuaban.
Las fechas de la precalificación se postergaron (véase la nota de James Fredrick en BNamericas: “Pemex posterga licitación de gasoducto Los Ramones”, 13 de mayo de 2013); finalmente, la presentación de ofertas terminó a fines de julio de 2013 y la adjudicación se anunció para el 15 de agosto de ese mismo año.
Quizá hoy se ha olvidado que la licitación fracasó: aunque se inscribieron dos o tres, solamente concursó un participante (fue un consorcio formado por una empresa francesa y otra egipcia). En octubre de 2013, Pemex declaró desierta la licitación.
¿El transporte, uno de los negocios más jugosos en la industria petrolera no le interesaba a los inversionistas nacionales ni a los vecinos estadunidenses? ¿Por qué fue desairada esta licitación de Peña Nieto?
Los interesados en estos episodios oscuros de la historia petrolera reciente de nuestro país pueden consultar algunas opiniones en los periódicos mexicanos de octubre de 2013. Por mi parte sólo citaré la explicación de Erik Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo:
“Una de las lecciones que debemos de aprender de proyectos como Los Ramones es que licitaciones de proyectos tan ambiciosos deben ser más flexibles. Las condiciones técnicas y financieras tan exigentes hacen que el participar sea poco atractivo para grandes empresas extranjeras y casi imposible para empresas nacionales, prueba de ello es muchas empresas mexicanas desempeñan un papel de subcontratistas únicamente” (www.forbes.com.mx/las-lecciones-de-los-ramones/).
No me parece correcto, si realmente se tratara de un negocio, que los texanos que operan decenas de ductos en los condados como Webb, Maverick y otros apenas cruzando el Río Bravo hubieran participado; lo mismo compañías mexicanas que podrían haber negociado lo que Legorreta califica como “las exigentes condiciones financieras”. Mi hipótesis es que el caso de Los Ramones es el mismo que también se ha presentado en cuencas de lutitas en Estados Unidos, donde el capital privado se ha mostrado renuente a realizar grandes inversiones en ductos por la inseguridad de mantener un flujo sostenido de hidrocarburos, por lo menos por el periodo suficiente para recuperar las inversiones adelantadas.
De este planteamiento se deduce que Los Ramones es una obra faraónica, exagerada, la cual pudo haber sido de un diámetro más reducido; el ducto en la Fase 1 es de 48 pulgadas, más de 1 metro, algunos entrevistados me indicaron que el plazo es de 25 años y el contrato señala la obligación de pagar aunque no se transporte el volumen de gas convenido… De ahí la duda: ¿podríamos estar ante otro elefante blanco?
El problema es que las empresas fantasma que heredó Peña y las nuevas que se han creado en sus arreglos en Los Ramones han participado en las inversiones, con exposición directa al riesgo de caídas del flujo de hidrocarburos. Pero usan en sus apuestas recursos de Pemex.
Así transcurrió otro año y el ya famoso gasoducto permanecía sin construir.
En 2014, como resultado del fracaso, se decidió dividir todavía más en fases o subfases el proyecto, surgiendo Los Ramones Fase 2 Norte, de 450 kilómetros, que llega sólo a San Luis Potosí, y Los Ramones Fase 2 Sur, de 287 kilómetros, que alcanzará hasta Guanajuato.
Finalmente el 9 de julio de 2014, coincidiendo con la imposición de la legislación secundaria de la reforma energética, los dos nuevos tramos fueron adjudicados. A mis alumnos interesados les recomiendo la lectura de los artículos publicados por excelentes periodistas en Reporte Índigo.
La última novedad: los costos del gasoducto se elevaron
Apenas Sempra Energy amarró el contrato, a escasos 10 días de la adjudicación, el 24 de julio pasado anunció que los costos se habían elevado. Ahora la construcción de la Fase 2 Norte se elevaría en 40 por ciento (“Costo de gasoducto Los Ramones Norte 1 aumenta 40 por ciento: IEnova”, www.elfinanciero.com.mx/empresas/aumenta-40-costo-de-gasoducto-los-ramones-norte-i-ienova.html).
La nota dice que “la firma explicó que a raíz de los procesos de licitación sobre el gasoducto Los Ramones, el costo para Los Ramones Norte tiene una nueva estimación, la cual es ahora de 1 mil 400 millones de dólares, cuando el plan inicial contemplaba 1 mil millones de dólares”.
Desde luego, el costo se traslada a los consumidores finales, industriales o domésticos.
Tendremos que esperar para conocer los diferenciales de precios en la región Noreste del país.
¿Elefante blanco?
Finalmente, en relación con el problema de si Estados Unidos podrá ofrecer un flujo sostenido en los próximos 10 o 15 años, debe decirse que, a la fecha, tenemos suficiente evidencia para asegurar que las cuencas de lutitas tienen un ciclo de vida más corto que las de gas convencional. La cuenca Barlett, donde hace 10 años comenzó la revolución de las lutitas, hoy se encuentra en franca declinación. La oficina estadunidense que publica estadísticas la ha borrado de sus informes, porque el número de equipos operando ha descendido en 90 por ciento. El auge se ha trasladado a otros lugares.
Desde luego, por lo menos en esta etapa, el suministro a nuestro país provendría de Eagle Ford, al Sur de Texas, que por ahora es una cuenca todavía en desarrollo. Presentamos la información estadística más reciente.
Por otro lado, en Nuevo León, hay la convicción muy extendida que en su entidad y en toda la cuenca de Burgos se descubrirán pozos productores en formaciones en lutitas, creencia que no tiene, a la fecha, suficiente respaldo empírico.
Finalmente, a falta de indicadores directos sobre número de pozos perforados, acudimos a la estadística sobre permisos de perforación tramitados que muestran un descenso, mismo que podría expresar movimientos en los últimos meses a partir de la caída de precios y no decisiones motivadas por fracasos geológicos (ver cuadro 4).
Las que hemos llamado empresas fantasmas, es decir, filiales, sólo son un ardid para eludir la fiscalización, no es un problema de corrupción que un procurador pueda evitar, es el resultado de la correlación de fuerzas que permitió nuevas formas de hacer negocios a los políticos.
Si realmente tuviéramos un Poder Legislativo, en un simple periodo de sesiones todas las empresas fantasmas podrían ser canceladas; las licitaciones podrían ser transparentes.
Pero mientras las empresas fantasmas subsistan, camarillas de políticos y funcionarios las seguirán usando para enriquecerse, anulando el potencial de las obras públicas como detonantes de industrias locales y de empleo regional.
El efecto más pernicioso de estas asociaciones de políticos y empresarios es que anulan las especificaciones sobre contenido nacional, trasladan al extranjero los efectos multiplicadores de las grandes inversiones y esto contribuye al desempleo y, como ahora se reconoce, es la causa de fondo de explosiones sociales como la que actualmente protagonizan los jóvenes mexicanos.
Las empresas fantasmas forman parte de un modelo depredador que está en el fondo de la crisis que hoy se discute en todo el país a partir de las protestas que desató [el caso de] Ayotzinapa.
Fabio Barbosa Cano*
*Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
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