Recuerdo que hace algunos años uno podía moverse por el territorio nacional sin más preocupación que la de realizar lo que se tenía planeado, ya fuera un viaje escolar, de trabajo o vacaciones. En gran cantidad de ocasiones recorrí caminos de la mayor parte de los estados de la República Mexicana, fuera de mochilazo, en transporte público o en automóvil. Siempre me ha gustado recorrer los caminos de nuestro territorio, pues eso brinda la oportunidad de conocer lugares recónditos y alejados de las guías turísticas, así como interactuar con la gente, comer diversos platillos y pasar infinidad de aventuras. Pero actualmente viajar por tierra, e incluso permanecer en algunos lugares es peligroso, y en algunos casos se torna en asunto de vida o muerte.
Aquella libertad de tránsito que gozábamos hasta hace algún tiempo se ha restringido en diversas zonas del país, y en la actualidad son pocos los estados en los que no es un riesgo viajar por sus carreteras y caminos vecinales, donde aventurarse a sus poblados o comunidades más alejadas de sus principales vías de comunicación implica la alta probabilidad de ser asaltado, secuestrado, violado o asesinado. Pero eso no es todo. En varias entidades es un verdadero peligro recorrer las urbes más importantes desde que empezó el sexenio de Felipe Calderón y su “guerra” contra el crimen organizado. En algunas de las ciudades más relevantes del Norte de nuestro país, como Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Gómez Palacio, Durango; Torreón y Saltillo, Coahuila; Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua; y Tijuana, Baja California, entre otras, y en muchas otras poblaciones de menos habitantes, así como en centros urbanos y poblados de Michoacán o Zacatecas, los viajeros se exponen a terminar sus días en medio de un enfrentamiento entre bandas criminales, o de éstas con el Ejército, o formar parte de las “víctimas colaterales” de un atentado contra algún restaurante, bar o antro de cualquier especie, pues los ataques a estos centros ejecutados por pistoleros solitarios, grupos de sicarios con armas de alto poder y hasta con el uso de granadas, es ya cotidiano. Y eso no sólo sucede en los lugares mencionados. En los últimos 2 o 3 años, y ante el ataque frontal del Ejército sobre algunos grupos criminales en el Norte, muchos de sus integrantes han desplazado sus centros de operaciones a otras regiones, y así hemos visto cómo Veracruz y Tabasco en el Sureste, o Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa en la costa del Pacífico, y principalmente Morelos, Hidalgo y el Estado de México en la zona centro se han vuelto lugares peligrosos para vivir y para cualquier viajero que se aventure por sus caminos.
Para ilustrar lo anterior, baste mencionar algunos casos que destacan por su difusión: el de los 20 michoacanos que, cuando viajaban en plan vacacional y familiar, fueron secuestrados y asesinados en Acapulco, presumiblemente por una rencilla entre cárteles de Guerrero y Michoacán, aún cuando a las víctimas nunca se les comprobó vínculo alguno con el crimen organizado (www.jornada.unam.mx/ 2010/10/05/politica/010n2pol); el de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron asaltados y agredidos por un comando de hombres armados en una casa de descanso en Cuernavaca, Morelos (www.excelsior.com.mx/nacional/2013/02/18/884770); el escándalo internacional desatado por el asalto a un grupo de ciudadanos españoles y la violación de las mujeres en una casa en Acapulco, Guerrero (www.eluniversal.com.mx/notas/900757.html); hace algunos días, durante el periodo vacacional de Semana Santa, el levantón de cuatro estudiantes y un chofer de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Zacualpan, Estado de México (La Jornada, 31 de marzo de 2013), quienes afortunadamente fueron liberados tras la amplia movilización de efectivos militares y policiacos para su búsqueda y rescate; así como un incidente cometido contra turistas, cuando una familia fue atacada a balazos por supuestos policías comunitarios en la carretera México-Acapulco en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Juan R Escudero, acto en el que el conductor resultó herido de bala (La Jornada, 27 de marzo de 2013). Aquí cabe aclarar que, Policía Comunitaria o no, el incidente es el resultado de la inseguridad que se vive en el país. Existen otros casos que no han recibido mayor atención más que la de algunos medios comprometidos con mostrar la realidad que se vive en nuestro territorio, como el de los poblanos Hugo Juárez Martínez y dos amigos suyos, quienes viajaron en noviembre pasado a la frontera Norte para comprar vehículos, quienes a su regreso a Puebla, a través de Tamaulipas, desaparecieron sin dejar rastro (Proceso 1894, 17 de febrero de 2013).
Los anteriores sólo son algunos ejemplos de lo que sucede y de lo que se da a conocer, pues aunque hubo un cambio de personal en el gobierno federal, los criminales siguen operando en el país y de la misma forma, pues continúan los asesinatos relacionados con actos violentos además de enfrentamientos entre delincuentes y el Ejército. Los resultados del “combate” al crimen organizado han seguido un patrón similar a lo que sucedía hacia el final del mandato de Calderón, pues en los primeros 4 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, en promedio, se han cometido 23 asesinatos diarios, 2 mil 821 personas en total (Alfredo Méndez, “En la gestión de Peña han sido ejecutadas 2 mil 821 personas”, La Jornada, 1 de abril de 2013). Y aunque el gobierno federal presume una nueva estrategia en el combate a la delincuencia, parece ser que la única diferencia se ha dado en el ámbito de las comunicaciones y en la cantidad y calidad de información que el Estado y sus medios masivos (sumisos) nacionales y locales “conceden” a los mexicanos, en una clara tendencia a ocultar las cifras reales y los escasos resultados (Fernando Camacho Servín, “Estrategia actual contra el crimen, igual a la de Calderón: ONG”, La Jornada, 7 de abril de 2013). En este sentido es preciso reconocer el trabajo de algunos medios de cobertura nacional que proveen información sobre los crímenes que se cometen, como La Jornada, Proceso, algunos noticiarios de MVS (Multivisión) y otros medios locales como Vanguardia de Saltillo, El Norte, de Monterrey, e Imagen y El Centinela, de Zacatecas, entre algunos otros que valientemente han informado a pesar de ser agredidos y sus periodistas asesinados o desaparecidos (www.zetatijuana.com/2011/06/06/atacan-periodico-vanguardia-de-saltillo/); o los de diversos informadores en Veracruz, entidad que últimamente se ha caracterizado por los crímenes cometidos contra comunicadores, más allá de los medios a los que pertenecen, en un asedio por parte de los criminales y de las corporaciones policiacas (Daniela Pastrana, www.proceso.com.mx/?p=338047). En suma, el actual gobierno, a diferencia del de Calderón, está empeñado en maquillar la situación que sigue viviendo el país, y los medios de comunicación, sumisos, principalmente Televisa y Tv Azteca, han minimizado sus notas referentes al clima de violencia, asesinatos y víctimas “colaterales” que se dan diariamente en territorio mexicano.
¿Por qué el énfasis en los medios masivos de comunicación? Es evidente que la mayoría de la población mexicana tiene acceso a la televisión abierta, y ese medio, en un amplio porcentaje, es el único acceso a la información, pues existen regiones en el país en las que encontrar diarios como La Jornada, revistas como Proceso o tener acceso a internet es simplemente imposible, además de que mucha gente no acostumbra leer o no está dispuesta a pagar por la adquisición de la información impresa (o en la red), o simplemente no puede asumir esos costos por la razón que sea; si su único acceso a la información de lo que acontece en el país es la televisión, entonces estamos frente a un escenario en el que si en ese medio no se informa verazmente con relación a la zonas del país de alto riesgo por la presencia del crimen organizado y con base en las estadísticas de asesinatos, secuestros, violaciones y asaltos, los ciudadanos de a pie no pueden tener un panorama de los lugares a donde no es conveniente trasladarse o de las precauciones que deben tomar si se dirigen a estos sitios. Con ello, las decisiones de viajar hacia algún destino en particular, de los caminos a transitar y del medio de transporte elegido, pueden redundar en una fatalidad. Y si las víctimas involucradas en los hechos no tenían o tienen una información completa sobre lo que acontecía en los lugares por los que transitaban, entonces tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado y los medios de comunicación que ocultaron información, que en algunos casos pudo ser tomada en cuenta para no tomar una decisión de trasladarse a algún lugar a través de una región violenta e insegura. Si el Estado ya ha demostrado su incapacidad para contener el crimen y para impartir justicia, no debería eludir su responsabilidad de procurar información veraz y oportuna a los mexicanos. En cada crimen perpetrado en contra de una persona que no está bien informada, el Estado tiene una doble responsabilidad: primero, la de no haber garantizado su seguridad, función primaria del gobierno; y segundo, no haber proveído la información necesaria para que, en última instancia, el ciudadano desprotegido por el Estado pudiera decidir con base en la mayor cantidad de datos, trasladarse o no a algún lugar.
Hace unos meses realicé un viaje en automóvil por Oaxaca presumiendo estar bien informado. Mi regreso de las costas del estado hacia la Ciudad de México estaba planeado por la carretera costera que llega hasta Acapulco, y de ahí por la Autopista del Sol, al aducir que es una zona transitada y no tan solitaria como la propia Sierra de Oaxaca; pero, al platicar con amigos de Mazunte y San Agustinillo, la sugerencia siempre fue la misma: “No te atrevas a viajar por carretera hacia Acapulco”, pues esos caminos se han vuelto un verdadero peligro para el viajero. Me relataron una gran cantidad de casos de robo, secuestro y asesinato contra turistas y miembros de sus comunidades en la zona. En otro viaje a Tuxpan, Veracruz, lugar en el que cotidianamente hay una especie de “toque de queda” a partir de las 8 de la noche, con rondines de policías y militares, ya es imposible caminar sobre la ribera del río, ya que el crimen organizado tiene gran presencia en la demarcación y comete actos violentos con frecuencia. Mis conocidos me comentaron que ni siquiera pensara en seguir el viaje hacia Tamaulipas vía terrestre, pues el secuestro y robo de vehículos son una constante. Y ya ni hablar de algunas zonas del Norte del país, en las que apenas te separas de las autopistas y dejas de ver policías o militares, por lo tanto, la única “ley” que impera es la de las gavillas de criminales que se dejan ver en sus camionetas, fuertemente armados y a cualquier hora del día, como lo presencié en algunos lugares de Durango y Chihuahua hace algún tiempo en un viaje de trabajo. El caso más reciente es el de un colega que, tras arribar al aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, debió esperar, por órdenes de Petróleos Mexicanos –empresa para la que eventualmente trabaja–, más de 1 día en el aeropuerto, hasta que se le consiguió un grupo del Ejército que lo trasladó de manera segura hasta el lugar de trabajo requerido, debido a los enfrentamientos entre criminales y militares que se suceden en la zona. Son hechos que cada vez es más difícil encontrar en los medios de comunicación y que, si no son del dominio público, nos pueden llevar como viajeros en nuestro territorio a tomar decisiones que pueden poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos.
Si los gobiernos de países como Estados Unidos, España y muchos otros emiten alertas a sus ciudadanos para no visitar México o específicamente algunos de sus estados y recomiendan extremar precauciones en su tránsito por nuestro territorio, ¿por qué los gobiernos federal y estatales no nos alertan sobre la peligrosidad de viajar a zonas donde impera el crimen y en las que evidentemente se pone en riesgo la vida? ¿Es que acaso no les importamos, o privilegian la derrama económica que deja el viajero a su paso antes que el valor de la vida? Todo parece indicar que es así, y que además alertarnos sobre esos riesgos sería aceptar la ingobernabilidad y su actuación fallida ante el crimen. Está a punto de reajustarse y culminarse la Ley General de Víctimas, en la que tanto han trabajado Javier Sicilia y un valeroso grupo de la sociedad (http://movimientoporlapaz.mx/tag/ley-de-victimas/), y entonces me pregunto: ¿de qué servirá una nueva ley si los encargados de aplicarla serán los mismos incompetentes que no han sabido hacer respetar los derechos básicos de propios y extranjeros, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que supuestamente ya nos protegía? ¿Es acaso que el gobierno sabe que las víctimas del crimen organizado y de las fuerzas del “orden” seguirán apareciendo aquí y allá? Me parece que una nueva ley específica sobre víctimas es la aceptación del Estado de su incapacidad de evitar que las haya, aunque cabe resaltar que no es un logro menor si se considera que como ciudadanos comunes estamos indefensos y que además hay miles de víctimas, a las que es urgente les sean resarcidos sus daños de alguna manera. Pero además de nuevas leyes debemos exigir a todos los órdenes de gobierno, y a los medios de comunicación en su conjunto, un mapa de zonas de peligro del territorio nacional que se actualice constantemente y sea de amplia difusión, mismo que permitiría a todo mexicano saber del riesgo en que puede estar su vida al viajar por el país, y en la medida de lo posible le ayudaría a evitar convertirse en un “daño colateral” más, en una de tantas víctimas que ninguna ley protege y que para el Estado siguen siendo números y estadísticas que se pueden maquillar.
*Maestro en ciencias; arqueólogo subacuático; diseñador gráfico; integrante del taller Madre Crónica
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Fuente: Contralínea 331 / abril 2013
