Opinión

El semáforo corrupto

Publicado por
Óscar Enrique Díaz Santos*

El día 16 de octubre en un acto público, el presidente Enrique Peña Nieto, mostrando su enojo, comentó sobre la renuncia del ahora exprocurador Raúl Cervantes y le echó la culpa a la vorágine política que se presenta en los tiempos actuales. La renuncia es una más que se presenta en la actual administración, en este caso es la primera en la Procuraduría General de la República, que ya lleva tres titulares. De alguna manera, la causa de esa renuncia es el tema del nombramiento del fiscal anti-corrupción.

Llama la atención que, para Peña Nieto, la población busca indicios de corrupción en todo lo que pasa. El presidente dijo que no era una cuestión genética de los mexicanos pero sí cultural. Como ejemplo, habló de un choque de vehículos como efecto de la corrupción: en redes sociales se dice que si el semáforo se descompuso es porque alguien pagó para que eso pasará. Así, de acuerdo con la óptica de Peña, lo que sucede es que el semáforo es corrupto.

Ciertamente las redes sociales son un arma de doble filo: se utilizan para bien y para mal. Son efectivas para convocar a la población a protestas, manifestaciones, encontrar personas desaparecidas, para hacer denuncias, pero también son malas cuando se genera información falsa, cuando se hace uso de ellas para delinquir, cuando con ellas se provoca violencia, entre otras chuladas. Es más, los mismos servidores públicos filtran información de lo que pasa dentro del gobierno cuando así les conviene.

El presidente Peña Nieto, también hace uso de Twitter y entonces está sujeto, incluso, a que le mienten la madre. En lo particular, no manejo ninguna red social y prefiero este medio para transmitir mis opiniones y no me siento aislado.

Pero el tema no son las redes sociales sino la corrupción. Dice Peña Nieto que incluso los socavones no son un indicio de corrupción, porque a nivel mundial se presentan. Bueno, esto ocurre cuando existen fallas geológicas o reblandecimientos de tierra. Los sismos también son fenómenos naturales y nadie los puede predecir ni saber la intensidad que tendrán; los huracanes provocan grandes desastres naturales y la corrupción no los provoca.

Pero la corrupción no se da como desastre natural, si no tendríamos que hacer un “super” Fonden [Fondo de Desastres Naturales] para cubrirla y a lo mejor comprar coberturas de riesgo. ¿Entonces, por qué se da la corrupción?

Para que ésta exista se necesitan dos o más partes involucradas. Por ejemplo, en el socavón de la carretera de Cuernavaca, Morelos, se trata de los gobiernos federal y estatal y las empresas que tuvieron a su cargo la obra. La mala construcción y la omisión de corregir fallas detectadas, incluso por los vecinos de la zona, lo provocaron. ¡Qué más da! Según el secretario Gerardo Ruiz Esparza, sólo fueron dos víctimas que pasaron un mal momento: se murieron.

En los sismos, en el desplome de viviendas y edificios vuelven a estar involucrados el gobierno (en sus niveles federal, estatal, delegacional y municipal), los directores responsables de obras y las empresas inmobiliarias. No es posible que después del sismo de 1985 no se hayan respetado las normas de construcción y se haya autorizado poner estructuras y materiales de baja calidad primordialmente en edificios de construcción reciente.

De acuerdo con las funciones de director de obras, éste es responsable desde el inicio de la obra hasta la entrega de la misma y, de acuerdo con un cronograma, debe verificar que se esté cumplimiento con las normas de construcción. En su caso, si recibió dádivas para que se incumplieran las normas de construcción u omitió su responsabilidad, es corrupción.

En la Ciudad de México, las delegaciones no están exentas de culpa, ya que debieron verificar que las edificaciones contarán con los permisos correspondientes, constatar que eran acordes al uso de suelo y verificar los avances de la obra. Si se omitió esa responsabilidad o recibieron sobornos, es corrupción.

Respecto de las inmobiliarias, éstas no sólo se corrompen, sino que en el caso de edificios nuevos, como el de la colonia Portales, realizaron un grandioso fraude al no cumplir con las promesas que le hicieron a los adquirientes de una vivienda. Las vigas de acero se quedaron en concreto, las losas en lugar de curvas fueron planas, las varillas se convirtieron en alambrón, los castillos principales no tuvieron castillos vecinos. Pobrecitos, se quedaron solos. ¿De qué manera pudieron evadir las normas de construcción? Pues fácil, recurriendo al semáforo corrupto.

En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, no sólo se permitió construir una escuela en donde el uso de suelo es habitacional (claro, para corregir el error, encima de la escuela se construyó un departamento de lujo). Aunque se tiran la piedra entre los supuestos responsables, existe una culpa colegiada entre las dos anteriores administración de la delegación Tlalpan y la actual administración de Claudia Sheimbaum. Ahora se supone que al fantasma de Frida Sofía se agregan las “desapariciones” de un gestor y de servidores públicos de la delegación que autorizaron las obras. Ahí, el semáforo corrupto de Peña Nieto causó 26 víctimas mortales (entre ellos 19 niños).

En los casos de la casa blanca del presidente y la casa Malinalco de Luis Videgaray, ambas del Grupo Higa, no se descompuso el semáforo para echarle la culpa. Con toda impunidad recibieron las casas a cambio de los multimillonarios contratos que se asignaron a la empresa. Claro, que en su momento Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública, exoneró a los funcionarios señalando que no existía conflicto de intereses. Una vez cumplida su labor para la que fue puesto, fue despedido.

En el caso de la trasnacional Odebrecht-Petróleos Mexicanos-Emilio Lozoya, el ahora exprocurador dijo que las investigaciones están concluidas y que en los próximos días se harán las imputaciones. Bueno, a Peña Nieto no le pueden hacer nada porque el artículo 108 constitucional lo protege, y a Lozoya Austin tampoco, porque procesarlo por corrupción equivale a acusar de lo mismo al presidente de México y al Partido Revolucionario Institucional. Entonces volverán a agarrar a servidores públicos de medio pelo para justificar que cumplieron. Condenado semáforo está muy activo.

Otro asunto que ha quedado en el olvido es el de los Papeles de Panamá, en donde varias empresas mexicanas estuvieron implicadas invirtiendo en paraísos fiscales y evadiendo impuesto en México, entre ellas el Grupo Higa. Y qué pasó, señor presidente, cuál ha sido la sanción. Su omisión es corrupción. Parece ser que el semáforo corrupto tiene la culpa.

En casi todas las licitaciones públicas, la corrupción recae en los gobiernos (federal, estatales y municipales) y las empresas que se prestan a ello porque desean ganar. Conste que, como proceso, las licitaciones públicas son bien habidas y se puede decir que es el área más normada del sector público. Pero durante los procesos es imposible comprobar si existe o no corrupción, porque ésta se hace “bajo la mesa”, como dice una canción de Luis Miguel.

La corrupción no se realiza directamente por los altos funcionarios, por los riesgos que corren, sino que éstos designan a los que denominaré “operadores de la corrupción”. Éstos son los expertos en fijar tarifas (del 10 al 20 por ciento) y diseñar los mecanismos para recibir dinero, regalos, viajes, vacaciones para la familia, etcétera. Algunos pensarán que no le roban al sector público, pero no es así: para no perder, las empresas establecen sobreprecios de bienes y servicios, que cobran del presupuesto público.

En el semáforo corrupto el color verde designaría poco corrupto; amarillo, mediamente corrupto, y rojo, excesivamente corrupto. Los casos expuestos aquí están en rojo. Si aplicáramos el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, el efecto es la corrupción, las causas: el gobierno en sus tres niveles, empresas, algunos sectores de la población, consultores, profesionistas, coyotes (intermediarios), entre otros. Y lo peor de todo es la impunidad que existe, empezando por la de Peña Nieto.

Óscar Enrique Díaz Santos*

*Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuesto

 [OPINIÓN]

 

 

Contralínea 562 / del 23 al 29 de Octubre de 2017

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