Tradicionalmente la jerarquía católica ha sido tolerante con los curas pederastas, pero no con quienes denuncian esas transgresiones.
A la cúpula de la Iglesia no le importa que los sacerdotes abusen sexualmente de los niños, o que no cumplan con sus votos de castidad: lo que le interesa es que esos hechos permanezcan ocultos para que los escándalos no dañen su imagen ante los fieles.
La jerarquía clerical no tiene inconveniente en proteger a los pederastas, pero no está dispuesta a admitir que se denuncie dicha protección.
El Comité de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza, recomendó al Vaticano quitar de inmediato a cualquier sacerdote que se sepa o sea sospechoso de abusar de niños, abrir sus archivos sobre los abusadores y los obispos que los encubrieron y entregar los casos a las autoridades legales.
En respuesta, la Santa Sede atacó al organismo internacional señalando que estaba influido por organizaciones no gubernamentales y por “grupos anticatólicos”, según afirmó su vocero, el jesuita Federico Lombardi.
Es decir, de acuerdo con la perspectiva clerical, los culpables de las secuelas de la pederastia son quienes defienden a las víctimas y no los curas pederastas, transgresores de la moral sexual que pregona la Iglesia Católica. Una moral basada en la abstinencia, cuya práctica resulta tan difícil para la mayoría de las personas y desde luego para los sacerdotes y seminaristas, pues se opone a imperativos biológicos y emocionales.
Se explica así que muchísimos religiosos y religiosas incumplan sus votos y violen los preceptos de su propia Iglesia, a la vez que con hipocresía pregonan a los fieles el deber de la abstinencia sexual, e incluso de rechazar los anticonceptivos y la masturbación, así como la condena de la homosexualidad.
Esos comportamientos se convierten en criminales cuando incurren en el abuso sexual, especialmente de niños y niñas. Empero, generalmente, las autoridades clericales admiten la existencia y gravedad de algunos de esos casos sólo cuando se han visto forzadas a hacerlo, ante la indignación que despiertan en la opinión pública.
Así sucedió con Marcial Maciel, fundador de la acaudalada y conservadora congregación de los Legionarios de Cristo, quien gozó de la confianza y el apoyo de pontífices como Juan Pablo II, pues Maciel respaldaba con entusiasmo la cruzada del papa polaco contra la sexualidad.
No obstante, Maciel practicaba una intensa vida sexual, lo mismo con mujeres que con hombres, y que invariablemente estaba basada en el abuso y en el engaño.
Si las denuncias de sus víctimas no hubieran encontrado eco en los medios y en la opinión pública, el jerarca quizá habría llegado a los altares, pues durante décadas su posición se fue fortaleciendo dentro del clero sin que el Vaticano tomara medidas contra sus desmanes, de los que estaba bien informado.
Por añadidura, la polémica en torno a los pederastas pone en cuestión el supuesto carácter renovador del papa Francisco, quien ha tratado no de reformar a la Iglesia, sino de realzar su imagen mediante cotidianos alardes mediáticos sin implicaciones reales.
Resulta que, bajo Francisco, la respuesta vaticana ante la pederastia es la usual: atacar a quienes denuncian esos problemas y exigen respeto a los derechos de la niñez.
Si la condena pública del pontífice contra la pederastia clerical fuera sincera y no meramente retórica, el Vaticano no tendría por qué reaccionar airadamente ante los señalamientos de la ONU, donde se exige que la jerarquía católica tome medidas eficaces para evitar ese mal.
En México
Mientras tanto, el 6 de febrero pasado fue detenido en Puebla el sacerdote Henry David Betancourt Morales, acusado de los delitos de pederastia y pornografía infantil (www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/02/10/el-cura-salesiano-acusado-de-pornografia-infantil-ingreso-al-cereso-de-la-capital-estatal/). Al parecer, el religioso participaba en una red de pornografía infantil y varias de sus víctimas eran menores de edad que acudían al oratorio Don Bosco, de los religiosos salesianos, a los que pertenece Betancourt.
En 2008, se dio a conocer que el rector mundial de la orden de los salesianos, el mexicano Pascual Chávez Villanueva, encubrió al sacerdote Juan Manzo Cárdenas, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 menores de edad en León, Guanajuato. El caso de Manzo se dio a conocer en un semanario nacional por lo menos desde mediados de la década de 1990, pero cobró importancia a raíz de muchos otros escándalos de pederastia clerical que se difundieron en años posteriores, tanto en medios nacionales como internacionales.
En Morelia, el cura Francisco Bravo, quien laboraba en un colegio de la orden, fue acusado de pederastia y únicamente fue removido de su cargo.
Raúl Cabrera, otro salesiano, también fue transferido para protegerlo después de haber sido acusado de pedofilia en 1982.
Por su parte, el cura Nicolás Aguilar Rivera, acusado de haber violado a más de 120 niños en México y Estados Unidos y de quien se afirma que cuenta con la protección de Norberto Rivera, se encuentra prófugo desde 2010.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
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