El violento es el Estado

Se ha dicho ya muchas veces y de diferentes maneras en los medios de comunicación honestos, en las redes sociales y con las voces de la calle: “¡Fue el Estado!”, pero ahora no en referencia al asesinato y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sino con respecto de los actos de violencia en la megamanifestación del 20 de noviembre pasado. Las fotografías y videos sobre “civiles” transportados ese día en vehículos militares al Zócalo capitalino e inmediaciones abundan en la red y los únicos que parecen no verlas son ellos, los gobernantes, y si no es una maquinación desde las esferas más altas del gobierno, entonces alguien en la cadena de mando no respeta la investidura presidencial. Hay imágenes de individuos de los que algunos han sido identificados como partícipes de los actos violentos en las diversas manifestaciones de ese día. Y hasta aquí va la suposición de que es el gobierno federal el que ordena los desmanes (más adelante hablaré del gobierno capitalino) con tres objetivos primordiales: 1) desacreditar la protesta, para lo cual recurre al discurso gastado e hipócrita del apego a la ley y la búsqueda de la paz (cuando ellos son los que ponen la pólvora y los detonantes en las protestas ciudadanas), pero enfatizando en su ambivalente discurso que el Estado ejercerá su legítimo derecho a usar la fuerza para someter los actos violentos; 2) generar temor al crear sucesos violentos que buscan intimidar a los cientos de miles de manifestantes que participan en las protestas a lo largo y ancho del país, acto que se ve reforzado con las detenciones arbitrarias de civiles (nacionales y extranjeros, no solamente estudiantes) y la consignación de algunos de éstos por delitos graves, obviamente cometidos por sus esbirros; y 3) desviar la atención pública nacional e internacional de los motivos y propósitos de las manifestaciones resaltando con creces los actos violentos en sus medios a modo, principalmente Televisa, Tv Azteca y decenas de medios impresos.

No es coincidencia que esas manifestaciones violentas en las protestas sociales se hayan incrementado desde el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y que desde entonces a la fecha vayan escalando en su intensidad. Actos que le sirven a seudoperiodistas progobiernistas para atacar a Andrés Manuel López Obrador y “sus fuerzas oscuras” de ser los artífices de tales sucesos. Pero la realidad es que si hay un denominador común en los actos violentos es el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal y últimamente el discurso disuasivo por parte de Enrique Peña Nieto de su legítimo derecho al uso de la fuerza. Violencia genera más violencia, dice, y veladamente anuncia que más violencia genera represión e intimidación, lo que lleva por objetivo limitar la protesta, fin último de las acrobacias seudopolíticas que infiltradamente permean los movimientos sociales.

Las marchas del 20 de noviembre obligaron al gobierno a cancelar el desfile conmemorativo y encerrarse en el Campo Marte para llevar a cabo un festejo que sólo ellos entienden, pues únicamente cabe festejar el aniversario de la Revolución dentro de un gobierno que ha ido sepultando los ideales emanados de esa gesta y con ello cancelando las mejoras sociales logradas por los revolucionarios y los primeros priístas postrevolucionarios. La manifestación ciudadana de ese día fue muy nutrida, pues la plaza del Zócalo ya estaba llena antes de la llegada de los primeros contingentes de las marchas y se mantenía llena al tiempo que iban saliendo los manifestantes de la explanada, ya que muchos más seguían arribando; eso duró horas. Incluso seguían llegando manifestantes cuando los pocos violentos que había arreciaban contra Palacio Nacional. Si en algún momento menguó el número de manifestantes en la plaza fue cuando el mitin de los oradores (padres de los desaparecidos de Ayotzinapa) culminó y éstos llamaron a la retirada ante las escaramuzas de violencia que iniciaban algunas decenas de personas frente a Palacio Nacional. Pero ni ese llamado a retirarse vació la plaza, pues por 1 par de horas más siguieron arribando miles de manifestantes sin saber que iban a una trampa represiva.

Y aquí es donde entra en escena el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, quien si no es partícipe de la represión por orden directa, lo es por mandar cuerpos policiales tan incapacitados para contener protestas “violentas”. Abundan en la red videos y fotografías de los excesos cometidos por granaderos sobre manifestantes y transeúntes después de la refriega del Zócalo, incluso en restaurantes y locales de las calles aledañas a la máxima plaza de la nación. Vamos a ver qué hace Mancera al respecto con aquellos uniformados plenamente identificados en fotos y videos cuando hacen alarde de prepotencia y violencia física sobre los ciudadanos. Y si no hace nada, clara será su vinculación con el gobierno federal en la intención de criminalizar la protesta ciudadana: nada más alejado de la izquierda política, y que destaca otro de los síntomas de la descomposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que me lleva a pensar que no hay nada más inútil para una sociedad que un partido que se anuncia de izquierda y se asume progresista y cuyas acciones lo desmienten.

Hace mucho que sólo veo Televisa y Tv Azteca cuando quiero constatar lo que todos ya sabemos. Cuando no mienten, omiten, y en esta ocasión, después de la megamanifestación del 20 de noviembre, regresé a casa y encendí el televisor, primero con Javier Alatorre y después con Joaquín López-Dóriga, para ver lo que el duopolio televisivo decía sobre lo que mis ojos habían presenciado. En efecto ambos mencionaron las manifestaciones del día con algunos pormenores, la mayoría alejados de la realidad, como un reducido número de manifestantes y por supuesto con enormes omisiones sobre las mismas. Nada nuevo en su proceder, pero es necesario recalcarlo cada que suceda. Queda claro que Alatorre y López-Dóriga son seudoperiodistas serviles al gobierno, pues ninguno mencionó que en las múltiples manifestaciones del 20 de noviembre prevaleció un grito: “¡Fuera Peña!”

Las multitudinarias marchas de ese día estuvieron nutridas por sectores tan disímbolos y distantes como estudiantes, religiosos, sindicalistas, actores, intelectuales, campesinos, obreros, amas de casa y un interminable etcétera. Los asistentes se vieron unidos por el dolor de los padres de los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, que sin duda cala hondo y que se sentía en cada grito después del conteo de los 43: “¡Justicia!”, algo que desde hace mucho tiempo escaseaba en el país; y más hondo aún en cada: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Pero la pacífica masa humana se unió aún más en cada grito de: “¡Fuera Peña!”, frase que refleja el hartazgo de los ciudadanos ante un Estado corrupto y disfuncional. Ese “¡Fuera Peña!” que se escuchó en cada uno de los contingentes, en la voz de miles de manifestantes en todo el país y en el extranjero significa la podredumbre de las instituciones que integran el Estado. Peña Nieto sólo es la punta del iceberg, la cara visible en la que se focaliza el descontento nacional. Pero de eso ni una sola mención en los noticieros con mayor difusión en el país, y menos imágenes de la plaza del Zócalo llena, ni de la efigie de Peña Nieto quemada, ni de los cientos de carteles que portaban los marchistas en los que piden su renuncia.

En su “amplia cobertura” informativa, Televisa y Tv Azteca presentaron los discursos de algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos, por supuesto sólo segmentos de los mismos editados convenientemente, en los que se escuchaba su reclamo de la presentación con vida de los jóvenes y se sentía su dolor de padres. Pero nada de sus arengas contra el gobierno en todos sus niveles, ni sus fuertes, muy fuertes críticas a Peña Nieto y su gabinete, en las que se incluyó el ya clásico: “Si no pueden que renuncien”. En fin, periodistas mediocres y gobiernistas en los noticieros de mayor difusión. Es por ello que, aunque en los pocos medios de información dignos que hay en el país se haya dicho muchas veces que el Estado criminaliza la protesta, es necesario reiterarlo, pues un país con ese tamaño de omisiones periodísticas y analíticas del acontecer nacional está condenado a ser un Estado totalitario, represivo y antidemocrático, como en el que sobrevivimos desde hace mucho tiempo. Por ello, el violento es el Estado.

Roberto E Galindo Domínguez*

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico; integrante del taller Madre Crónica

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Contralínea 415 / del 07 al 13 de Diciembre 2014