Ahora que ha comenzado el periodo de transición, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, deberían poner especial atención en el manejo que hace Petróleos Mexicanos (Pemex) de miles de millones de pesos del erario a través de sus 55 empresas “privadas” que posee en paraísos fiscales y en México.
Y es que resultan por lo menos sospechosos los movimientos que ha venido haciendo la petrolera en su empresa instrumental PMI Holdings, BV, radicada en Holanda y encargada de operar la tesorería centralizada del Grupo PMI.
Pemex está moviendo sus piezas justo en el llamado año de Hidalgo, lo que debe prender las alertas en el equipo de transición. La jugada más reciente ocurrió 19 días después de que, el 1 de julio pasado, López Obrador resultara electo futuro presidente.
Fue el 20 de julio cuando Valentina Olvera Lara –coordinadora de asesores del director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño– asumió la dirección de Holdings Holanda Services, BV, empresa escindida en diciembre de 2017 precisamente de PMI Holdings, BV.
Destaca que personal cercanísimo al director Treviño esté tomando el control de las compañías instrumentales más relevantes en el opaco manejo de los recursos públicos, sobre todo cuando éstos son ilegítimamente considerados “privados” mientras forman parte del patrimonio de la red empresarial paralela.
En especial sobresale el papel que está jugando Olvera Lara, quien también asumió la dirección de PMI Holdings el 13 de abril de 2018, cuando ya las encuestas electorales revelaban una marcada diferencia a favor del centroizquierdista López Obrador.
PMI Holdings es una de las más importantes empresas de Pemex porque administra la tesorería centralizada del Grupo PMI, desde finales de 2010. Dicho Grupo está conformado por una veintena de compañías instrumentales radicadas, en su mayoría, en paraísos fiscales y encargadas de comercializar los productos petrolíferos de Pemex y contratar deuda en mercados internacionales, entre otras cosas.
Por ello es urgente que el próximo gobierno realice una auditoría exhaustiva a esas 55 empresas “privadas” que maneja Pemex en el extranjero. Seguramente encontrarán sorpresas negativas en el destino de recursos.
Administrada por medio de JPMorgan Chase Bank, la tesorería centralizada capta los más de 500 mil millones de pesos anuales de las ventas internacionales de Pemex, así como las cuentas por cobrar. Además, maneja los saldos en bancos, el efectivo, los préstamos y los rendimientos del Grupo PMI.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “es importante indicar que dicha tesorería opera en forma paralela a la tesorería de Pemex y sus operaciones de ingresos y egresos son totalmente independientes al presupuesto autorizado a éste por la Cámara de Diputados y, por lo tanto, no se registran en la Ley de Ingresos de la Federación, ni se reflejan en la Cuenta Pública”.
En su “Auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T4I-02-0740”, apunta que antes de constituir la tesorería centralizada se había sugerido la posibilidad de que PMI Comercio Internacional –cabeza del Grupo y entonces filial de Pemex obligada a rendir cuentas– fuera el tesorero del proyecto.
Sin embargo, refiere el máximo órgano de fiscalización, en Pemex “concluyeron que la indicada sería PMI Holdings, por tener el carácter de empresa privada extranjera, a la que no le resultarían aplicables las disposiciones legales mexicanas en virtud del principio de extraterritorialidad de las leyes y, por lo tanto, gozaría de una mayor ‘flexibilidad’ para desempeñar las funciones y los propósitos que perseguía la tesorería centralizada; por el contrario, en el caso de que se hubiera decidido que fuera PMI Comercio Internacional, ésta estaría sujeta a los preceptos normativos que regulan la actuación de cualquier entidad paraestatal.”
PMI Holdings y su escindida Holdings Holanda Services forman parte de la lista de al menos 55 empresas privadas que Pemex ha constituido con recursos públicos en territorios fiscalmente laxos y en el propio país desde finales de la década de 1980, para eludir impuestos y obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Holdings Holanda Services es la más reciente empresa que se une a la red paralela. La escisión en PMI Holdings, BV ocurrió en octubre de 2017, refiere la información oficial reportada por Pemex ante las reguladoras Securities and Exchange Commission (SEC) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Datos de la Cámara de Comercio holandesa –consultados por Agenda de la Corrupción en su Government Gazette– dan cuenta de que su escritura se registró en Ámsterdam, el 12 de diciembre de 2017.
También revelan que, el 20 de julio pasado, Valentina Olvera sustituyó en la dirección a Luis Alberto Martínez Bravo, jefe de la Oficina de la Dirección General de Pemex, quien había ocupado el cargo desde el 22 de febrero pasado.
En sus escasos 8 meses de vida, Holdings Holanda Services ha sufrido otros dos cambios de directivo: el primero en asumir esta función –el 13 de diciembre del año pasado– fue Fernando Toral Acosta, quien fuera director de PMI Holdings, BV; y que fue sucedido por Elliott Guerrero Aguilar (apoderado legal de siete empresas propiedad de Pemex radicadas en España) desde el 22 de enero de 2018.
La Government Gazette refiere que la empresa cuenta con un solo empleado: Olvera Lara, licenciada en matemáticas aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster en políticas públicas por la Universidad de Chicago, y quien figura en el juicio de nulidad 30554/15-17-06-9, en un litigio encabezado por la Unidad de Responsabilidades de Pemex ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La empresa, indica la Government Gazette, se inserta en el sector de las sociedades holding financieras en la subcategoría de sociedades financieras controladoras. Su constitución y sus frecuentes cambios de directivos no son los únicos movimientos en las empresas privadas de Pemex, pero de ello daré cuenta en la próxima columna.
El caso de PMI Holdings inició en marzo de 1988, cuando se constituyó también en Ámsterdam. Sobre esta empresa, apunta la ASF, “resulta importante mencionar que, de conformidad con los argumentos y justificaciones (los cuales no son compartidos por este órgano fiscalizador) que han sido expuestos por Pemex y algunas dependencias del Ejecutivo federal en diversas revisiones de la Cuenta Pública, al igual que el resto de las empresas del Grupo PMI, fue constituida como una empresa instrumental privada, no considerada como una entidad paraestatal, sujeta únicamente a sus estatutos y a la legislación privada del país en el que se encuentra domiciliada y, por lo tanto:
“-Las decisiones sobre aspectos fundamentales de la compañía, tales como: el pago de dividendos, contratación de deuda, otorgamiento de préstamos a otras empresas del Grupo PMI, inversiones en el capital social de empresas extranjeras, corresponde únicamente a los órganos de gobierno de dicha empresa y, por lo tanto, no le son aplicables la Constitución Mexicana, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley General de Deuda Pública, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como, en general, la legislación mexicana.
“-En función de lo anterior, Pemex ha venido operando bajo los supuestos siguientes:
“-Ni el Consejo de Administración de Pemex, ni el Comité de Inversiones y Estrategia son competentes para analizar y aprobar previamente las decisiones que tome la Junta de Directores de PMI Holdings.
“-Los financiamientos que directamente contrate esta empresa, sin la garantía expresa de Pemex, tampoco son considerados como deuda pública para nuestro país, ni requieren de la aprobación del Congreso de la Unión.
“-El capital de trabajo o flujo de efectivo que maneje PMI Holdings como recursos propios, producto de la operación internacional que se realiza por medio de las empresas del Grupo PMI, son independientes del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a Pemex y, por lo tanto, tampoco existe la obligación de rendir cuentas en la Cuenta Pública.” Así, el tamaño del problema que heredan a López Obrador y a Nahle.
Nancy Flores/Primera de dos partes
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN][COLUMNA] [D][SEMANA]
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