El nuevo narco mexicano: viejas prácticas y medios de comunicación

/Tercera parte

La década de 1990 constituye un periodo clave para la comprensión de la situación de la violencia que se vive en la actualidad, debido fundamentalmente a que durante ese lapso se produjo una serie de cambios que trastocaron las estructuras del narcotráfico en México. En 1989 fue encarcelado el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. A partir de ese momento tuvo lugar un reparto de los territorios: se trata del nacimiento de los cárteles que conocemos hoy en día (Ricardo Ravelo, Los capos. Las narco-rutas de México. México, Distrito Federal, Plaza y Janés, 2006, pp. 95-108).

Anteriormente habían caído Ernesto Fonseca, Don Neto, y Rafael Caro Quintero. Unidas a las de Gallardo y otras figuras relevantes de la época, las detenciones coincidieron con un periodo en el que el narco pasó de “transportista” de la droga colombiana, a socio e, incluso, después, a dueño de la mercancía (Thomas A Constantine,?administrador?de la DEA [Agencia Antidrogas Estadunidense], en International drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995). De este modo, a la vez que los viejos grandes capos mexicanos caían, aparecieron otros que liderarían los nuevos cárteles, dejando atrás la idea de colaboración o de gran familia para verse entre sí como competidores o rivales (ídem).

Durante esta década se produce un incremento progresivo de la información periódica en los medios de comunicación sobre el narcotráfico, los cárteles, los grandes capos y la corrupción asociada. Paradójicamente, este es uno de los aspectos más importantes que marcarían el decenio de 1990, ya que a medida que se publican noticias sobre el tema en algunos medios la sociedad demanda más información, lo que favorece que se origine un aumento de la cobertura mediática directamente proporcional.

Conforme pasaron los años los grandes narcos acabarán acabarían por aparecer (a veces como grandes empresarios) en las portadas de periódicos y revistas, e incluso en las cabeceras de noticieros a nivel estatal y nacional (Proceso, ediciones 688-1207). De esta forma, el narcotráfico y su riqueza asociada se convierten en algo evidente y de dominio público (Testimonios de la DEA: Constantine, Wankel, Marshall, Milford, Horn y Fiano).

Se instaura la tendencia de mostrar la eficacia de la lucha contra éste en los medios a través de las detenciones o las muertes de los narcotraficantes. Esta práctica, que se sigue usando en la actualidad, señala que el poder político se dio cuenta de la necesidad de utilizar los medios de comunicación masivos para convencer a la opinión pública de su “gran profesionalidad” y de la eficacia del combate contra el narco, a la vez que salían a la luz la corrupción de esos mismos cargos políticos.

El problema fue que, debido a la corruptela y las redes clientelares existentes en el propio sistema político (Rosario Castellanos, et al, La corrupción. Los grandes problemas nacionales. México, Distrito Federal, Nuestro Tiempo, SA, 1969, p. 73-146) y en el aparato de justicia arrastradas desde décadas anteriores, en pocas ocasiones altos cargos políticos, empresariales, policiales y militares, fueron condenados por sus vínculos con el narco (David García Salinas, ¿Jueces o verdugos?, México, Distrito Federal, La Prensa, 1993). En lugar de ello los escándalos por los nexos con los cárteles se repetían a la par que se multiplicaban exponencialmente las noticias en las que los “presuntos” corruptos hacían alarde de su conducta ética y moral. Lentamente se normalizó una situación que tenía poco de estándar. La sociedad se empezó a acostumbrar a los señalamientos públicos por corrupción de sus líderes políticos (y familiares), a sus discursos de réplica que clamaban por su inocencia y, debido a graves fallos en el sistema de justicia, a que estos saliesen impunes en una gran cantidad de ocasiones. Como consecuencia directa, a pesar de que en décadas anteriores se conocían por los medios de comunicación los grandes y constantes revuelos por corrupción y vinculación de políticos, empresarios, policías y militares con el narco (Frontline, “The rise and fall of the Salinas brothers. Family tree, interviews, readings. Maps, drug cartels and mexican news reports on the scandals”. 1995-2011. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mexico/), esta dinámica quedó instaurada como el natural devenir de los hechos.

Mientras, al otro lado de la frontera, el vecino del Norte tomaba nota del poder que había alcanzado el narcotráfico en México, sin apenas plantearse la existencia de una corresponsabilidad debido al gran beneficio económico que conseguían los cárteles por el aumento exponencial de la demanda de drogas en Estados Unidos. Todo esto a pesar de que ya en 1995, Thomas A Constantine declaraba en el Congreso de Estados Unidos: “[…]In fact, mister Chairman, we estimate that the colombian drug mafia is using Mexico as a cocaine safe haven to store, at any one time, as much as 70 to 100 tons of cocaine that will eventually be smuggled across the United States border for distribution on american streets. This is enough to provide a line of cocaine to every man, woman, and child on this planet, and then some. At a conservative estimate, this cocaine would be worth over 700 million to 1 billion on america’s streets […]” (De hecho, señor presidente, estimamos que la mafia de la droga colombiana está utilizando a México como un refugio para guardar la cocaína; se trata de entre 70 y 100 toneladas que finalmente contrabandean para su distribución en las calles estadunidenses. Esto es suficiente para proporcionar más de una línea de cocaína a cada hombre, mujer y niño en este planeta. En una estimación conservadora, esta cocaína tendría un valor entre 700 millones y 1 mil millones de dólares en las calles de Estados Unidos) (Thomas A Constantine,?en International Drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995).

Sin embargo, el discurso del gobierno estadunidense tampoco varió sustancialmente en la década de 1990. El planteamiento era el mismo de siempre: había que acabar con el narco a través de la fuerza. Evidentemente Estados Unidos apoyaría a México en todo lo necesario y, por supuesto, la ayuda económica prestada sería invertida en armas y entrenamiento (Thomas A Constantine, en Cooperation with Mexico, Mexico and the southwest border initiative; Milford, DEA: Anti-narcotics cooperation with the government of Mexico, 29 de octubre de 1997). Y eso a pesar de que ya en 1990 había salido a la luz un documento de la DEA que relacionaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el uso del dinero del narcotráfico y el entrenamiento de contras nicaragüenses en el rancho de un capo mexicano (DEA México OPS, Informe de inteligencia; “FBI/DEA/CIA files on William Robert ?Tosh’ Plumlee”; Scott, Cocaine politics, pp. 36-42. http://toshplumlee.info/).

Por ello, de vez en cuando se mencionaba también la necesidad de combatir el lavado de dinero… en México, claro. Y es que se consideraba que una gran parte de éste obtenido por los narcos mexicanos era lavado en México, no en Estados Unidos. Además, a penas se hacía mención al hecho de que la droga transportada a través de México era vendida en Estados Unidos por ciudadanos estadunidenses a ciudadanos estadounidenses, donde el intercambio “comercial” último (donde más beneficio se obtiene) se realizaba en ese país (Donnie Marshall, jefe de operaciones nacionales de la DEA, en US law enforcement response to money laundering activities in Mexico, 5 de septiembre de 1996). Es más, en 1988 Lee Rensselaer calculó que a mediados de la década de 1980 los traficantes suramericanos habían ganado unos 5 mil millones de dólares fruto de las ventas de drogas en Estados Unidos, de los que sólo regresaban a sus países entre 1 mil 500 y 2 mil millones de dólares, por lo que por lógica, entre 3 mil y 3 mil 500 millones de dólares se quedarían en Estados Unidos.

Poco después, en 1992, Peter Smith estimó que a finales del decenio de 1980 la venta de drogas en Estados Unidos superaba los 110 mil millones de dólares (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico, México, Distrito Federal, Grijalbo, 2001, p. 142). Y si a este dato unimos las “estimaciones conservadoras” del administrador de la DEA en 1995, Thomas A Constantine, de que en México había cocaína colombiana para vender en Estados Unidos por valor, en calle, de cerca de 1 billón de dólares, los beneficios parecen simplemente estratosféricos. (Thomas A Constantine,?en International Drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995).

Yendo más allá, si tenemos en cuenta el informe What america’s users spend on illegal drugs, en 1998 los estadunidenses habían gastado unos 66 mil millones de dólares en drogas ilegales. Por lo tanto, el volumen de dinero negro generado era inmenso en ambos lados de la frontera. El problema surge si se toma en cuenta que según la Casa Blanca y la DEA la venta de estupefacientes en las calles estadunidenses era también controlada por los cárteles mexicanos, lo cual fue rechazado categóricamente por la Procuraduría General de la República (Carlos Loret de Mola, op cit, p. 125-136).

Dicha teoría no sólo parecía intencionada sino que no tiene coherencia histórica, ya que hasta la década de 1980 los cárteles colombianos dominaban el tráfico de cocaína a Estados Unidos, con lo que obtenían grandes beneficios económicos. Es entonces imposible que durante el decenio de 1990 (y por lo tanto en menos de 10 años) los cárteles mexicanos, además de hacerse socios de los colombianos, dominaran también el tráfico de drogas en las calles de Estados Unidos y desplazaran a los minoristas a los que los colombianos anteriormente vendían la cocaína que transportaban a Estados Unidos. Simplemente es imposible si se toma en cuenta la extensión del territorio a cubrir y el personal necesario para ello.

En las décadas de 1960, 1970 y 1980 el discurso oficial en México aseguraba categóricamente que las autoridades luchaban contra el narcotráfico (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas. México, Distrito Federal, Impresiones Modernas, Procuraduría General de la República, 1976, pp. 39-70, 147-259). Lo curioso es que esta arenga se mantuvo también durante la década de 1990. El problema surge precisamente derivado de la información periódica y progresiva acerca del narcotráfico y la corrupción política asociada, ya que, si bien en las décadas anteriores se informaba muy poco sobre detalles de este tipo, en la de 1990 la reacción mediática a la corrupción política, policial y militar vinculada al narco se originó de forma casi inmediata, al igual que las reacciones políticas a nivel nacional e internacional (Thomas A Constantine,?en International Drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995). Por ello, la propia sociedad mexicana acabó viéndose inmersa en una amalgama de informaciones y desmentidos, con una importancia similar debido a la magnitud de los hechos a los que se hacía referencia. Es decir, que a pesar de que salen a la luz a través de los medios escándalos de corrupción o vinculación política con el narco, frecuentemente estos hechos eran negados categóricamente (Frontline, “The rise and fall of the Salinas brothers. Family tree, interviews, readings. Maps, drug cartels and mexican news reports on the scandals”, 1995-2011. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mexico/).

A pesar de los grandes discursos institucionales que elogiaban la eficiente lucha contra el narcotráfico en México, del otro lado de la frontera la versión era casi opuesta. Las propias agencias de inteligencia estadunidenses empezaron a señalar con cierta periodicidad que algunos poderosos narcotraficantesmexicanos habían conseguido corromper a una parte del poder político, policial y militar, convirtiendo a sus cárteles en algunos de los más poderosos del mundo. Es decir, que las organizaciones más potentadas habían conseguido orientar la lucha contra el narco a su favor, al hacer de este modo que las propias autoridades persiguieran a algunos narcotraficantes, mientras que protegían claramente a otros. Por ello se podría afirmar que el propio narco consiguió dominar una parte de la lucha contra el tráfico de drogas, utilizándola para eliminar a sus enemigos y aumentar progresivamente su poder (Testimonios de la DEA: Constantine, Wankel, Marshall, Milford, Horn y Fiano).

A la vez, a medida que pasaban los años se repetían los asesinatos, violaciones y torturas efectuadas en la población civil, como las realizadas por el grupo de policías bajo las órdenes de Javier Coello Trejo, conocido en sus mejores tiempos como el Fiscal de Hierro. En esta década este tipo de prácticas se extenderían por todo el país al ser utilizadas por policías, militares y narcos, aunque principalmente en Guerrero, Chihuahua y Chiapas y frecuentemente en poblaciones indígenas.

Así, mientras se creaban comisiones binacionales que denunciaban la práctica de la tortura por parte de las autoridades, la infiltración del narco en las fuerzas de seguridad se hacía cada vez más evidente.

Ya en 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, las fuerzas de seguridad dejaron de disimular y se emplearon con contundencia en la represión. Salieron así a relucir a nivel nacional e internacional las violaciones de derechos humanos. Pronto, a la vez que los nexos entre narcotráficantes, policías, militares y políticos se hacían más evidentes con la difusión de casos concretos, empezó a intuirse que todos utilizaban la violencia con un objetivo en común: el control social (Mario Rojas Alba, Las manos sucias. Violación de los derechos humanos en México (1988-1995), México, Distrito Federal, Grijalbo, 1996, 397-402).

Lo curioso es que tanto las prácticas utilizadas para llevarlo a cabo como los métodos para lograrlo, eran similares a los utilizados en décadas pasadas y giraban alrededor de la violencia extrema sobre la población mediante el uso de grupos policiales, militares y paramilitares, entre los que podríamos incluir a los sicarios del narco y sus comandos armados. En realidad sólo había cambiado una cosa en todos estos años: ahora la sociedad era conocedora de la corrupción y el terror a través de ciertos medios de comunicación.

Es más, lo sorprendente es que en determinadas zonas de México daba la impresión de que la violencia de la guerra sucia tenía cierta continuidad, aunque ejercida en esta ocasión no sólo por las propias autoridades (Proceso, ediciones 688-1207; Mario Rojas Alba, op cit; Jorge Luis Sierra Guzmán, El Ejército y la Constitución Mexicana. Combate al narcotráfico, paramilitarismo y contrainsurgencia, México, Distrito Federal, Plaza y Valdés, 1999, pp. 135-154, 161-190; Jorge Luís Sierra Guzmán, El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México, México, Distrito Federal, Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Estratégicos de América de América del Norte, 2003, p. 31-40, 71-120, 160-181, 220-250).

*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España