Existe una alianza clara y manifiesta de la derecha venezolana con Estados Unidos y las políticas de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el término de la jornada electoral presidencial de 2013, las manifestaciones violentas y el financiamiento de una oleada de marchas continuas (en donde, incluso, se produce un relevo dentro del bloque de las fuerzas de la derecha venezolana y Leopoldo López arrebata la conducción del movimiento de resistencia al resultado electoral a Henrique Capriles para imprimirle un perfil radicalizado al movimiento opositor), se engarzan con toda precisión con la política exterior estadunidense de hostilidad hacia la Revolución Bolivariana desde hace 1 década (desde la llegada de Hugo Chávez al poder), que en la coyuntura electoral presidencial en Venezuela (2013) toma el giro del “no reconocimiento de la victoria de Maduro”, articulándose con la política de la derecha de desconocer el triunfo, provocar violencia callejera, enfrentamientos, muertes, culpar al gobierno de Maduro y exigir la renuncia de éste; complementada con un conjunto de medidas de sabotaje económico que afectan especialmente la economía popular para minar las bases sociales de apoyo del gobierno bolivariano.
En ambos casos, se trata de una política estructural (desde 1999) de confrontación con vistas a forzar un cambio de régimen en Venezuela, que ha asumido distintas expresiones, previa y posteriormente a la coyuntura postelectoral presidencial. Lo más importante es que esta estrategia de pinza ofrece una amplia cobertura a la ofensiva sostenida contra el gobierno bolivariano. Detrás de estas dos grandes fuerzas y su estrategia, se han alineado otras fracciones de la derecha subregional como la colombiana, encabezada por su expresidente Álvaro Uribe, y la paraguaya, desde el Congreso de dicho país, así como una serie de mandatarios del subcontinente agrupados en la Organización Estados Americanos (OEA) bajo el manto estadunidense, señaladamente.
1. Los triunfos electorales presidenciales de Chávez y Maduro, focos de alarma:
Las luces de alarma para esta coalición de derecha de corte intervencionista y golpista, fue el triunfo de Hugo Chávez en octubre de 2012, con el 54.42 por ciento de los votos (que significaba su tercera reelección), contra su opositor derechista Henrique Capriles, quien obtuvo el 44.97 por ciento. Luego vino el agravamiento del padecimiento cancerígeno de Chávez, su muerte (el 5 de marzo de 2013), el interinato de Nicolás Maduro y el nuevo proceso electoral.
Una vez concluida la jornada para elegir presidente en 2013, Nicolás Maduro obtuvo el 50.66 por ciento de los votos y Henrique Capriles el 49.07 por ciento. El opositor exigió que se hiciera un recuento de los sufragios. Este margen menor al 1 por ciento (200 mil votos) no sólo sorprendió a propios y extraños, sino que daba un inmenso espacio de maniobra a la coalición reaccionaria para presionar al gobierno, deslegitimarlo y acusarlo de fraude, es decir, desestabilizar la coyuntura y llevar al cabo un plan debidamente concertado que forzara la renuncia de Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Concentrar toda la presión posible era la fórmula del derrocamiento. El resultado electoral fue el primer espacio de esa lucha.
La coalición reaccionaria de la derecha interna-externa se aprestó a aprovechar dos debilidades de las fuerzas del gobierno bolivariano en la era poschavista: el evidente menor liderazgo de Maduro comparativamente con Hugo Chávez y la menor experiencia política del presidente actual; así como el reacomodo interno de fuerzas en la coalición gobernante que, sin Chávez, requerían de una mayor cohesión interna y unidad de criterios para actuar con la eficiencia política necesaria. La derecha decidió probar a Maduro en una situación de crisis política progresivamente agravada, bajo la hipótesis de que no podría sobreponerse a ella.
Sobre la experiencia del derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile por parte de la derecha chilena y la Agencia Central de Inteligencia (CIA)-gobierno estadunidense, Luiz Alberto Moniz Bandeira, autor brasileño del libro Fórmula para el caos (editorial Debate, Santiago de Chile, 2008), explica la esencia de la obra y de su título: “…fue inspirado en la expresión que el jefe de la estación de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, usó para designar el conjunto de operaciones encubiertas (atentados terroristas, asesinatos, sabotaje, boicot económico) para impedir la elección, la toma de mando y, después, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.
Entre el triunfo electoral de Allende el 4 de septiembre de 1970 y su instalación en el poder el 4 de noviembre de 1970, nos comenta el autor citado, surgió el Proyecto Fubelt, que contenía dos posibilidades para evitar el gobierno de Salvador Allende: uno, llamado Track I, que consistía en establecer los lineamientos precisos de orden legal para que el Congreso no reconociera el triunfo de la Unidad Popular, induciendo al entonces presidente Frei (saliente) a dar un “golpe constitucional”. Paralelamente, la “guerra sicológica” trataba de aterrorizar a la población para crear temor sobre las “medidas comunistas” que asumiría el nuevo gobierno, al igual que en el sector empresarial, pronosticando el caos económico que sobrevendría una vez instalado el gobierno socialista. Aquí se trataba de frustrar la asunción al poder de la Unidad Popular.
Y el Track II, cuyo propósito fue fomentar la crisis económica y social –una vez instalado Salvador Allende en el Palacio de la Moneda–, promover el desorden en la sociedad chilena, atemorizar a la población y crear las condiciones propicias para la ruptura de la legalidad por la fracción más dura del Ejército, ejecutando un golpe de Estado.
“Éste era el objetivo de Estados Unidos, y provocar el caos significaba crear las condiciones objetivas al golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973”, si no se podía lograr evitar la ascensión del nuevo gobierno al poder. Y agrega:
“La estrategia, fundamentalmente, consistió en provocar el caos, con el apoyo de los medios de comunicación financiados por la CIA, provocar el desabastecimiento, movilizar a las clases medias y altas, radicalizar artificialmente el proceso de cambio en las formas de propiedad, para lo que contribuyeron ciertos sectores de la extrema izquierda inconsecuentemente.”
Es decir, bajo esas condiciones de caos y asedio, la radicalización del proceso de cambios era funcional a los planes desestabilizadores. Un detallado importante que hace también el autor de la fórmula aplicada es el relativo a las técnicas empleadas para vulnerar la cohesión interna del gobierno socialista, o bien, para inducir a los militares a la ruptura del orden jurídico. Dentro de esta segunda vía, el entrenamiento y financiamiento del grupo ultraderechista Frente Nacionalista Patria y Libertad, que ejecutó múltiples provocaciones callejeras y sabotajes, incluso terroristas, volando gasoductos y oleoductos, es de importancia capital. Obsérvense todas las semejanzas (desde luego, también las diferencias) con otras experiencias recientes en América Latina: Paraguay, Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.
Fueron tres políticas y técnicas las que para ello aplicaban en las organizaciones sociales chilenas: a) Spoiling operations: operaciones de engaño que consistían en penetrar organizaciones políticas, sociales y profesionales afines al gobierno para inducir artificialmente la radicalización de las medidas y agudizar la crisis, intensificando y prolongando el periodo de agitación política, enfrentamiento y desorganización social, como una manera distinta de hacer más compleja la acción del gobierno al interior de sus bases de apoyo, que presionaran los alineamientos políticos e ideológicos internos y que coadyuvaran a su derrocamiento; b) Covert actions: actividades clandestinas o secretas destinadas a influir en los eventos, en los gobiernos extranjeros, organizaciones o personalidades, a favor de la política exterior de Estados Unidos respecto del gobierno de Salvador Allende, conducidas de tal manera que el gobierno estadunidense no apareciera directamente involucrado; c) Democratic procure: que estimulaban en demasía la intervención de los militares en el desarrollo de la política y la crisis interna, induciendo la ruptura del orden constitucional, bajo los pretextos que la situación reclame, es decir, reprimir a la subversión, a los agentes del “comunismo internacional”, imponer el orden, la democracia y la libertad, etcétera (página 76).
Por lo tanto, inflación inducida, desabastecimiento, acaparamiento, la llamada “marcha de las cacerolas” o consignas como “¡expulsión de los cubanos!”,son sólo algunos hechos producidos intencionalmente de los que el pueblo venezolano viene siendo víctima en los años de la Revolución Bolivariana, y que fueron recrudeciéndose a raíz de la enfermedad y posterior muerte del comandante Hugo Chávez, y que tomó una nueva faceta injerencista a partir del no reconocimiento, por parte del gobierno de Barack Obama, del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro como sucesor del otrora comandante Hugo Chávez.
Lo anterior, sin omitir que la economía venezolana tiene problemas estructurales serios, como su alta dependencia del petróleo y la necesidad política de mantener altos montos de gasto público para atender los programas sociales que le dan mayor sustento político-social. El desabasto y el sabotaje económico son posibles desde la empresa privada, dado que Venezuela posee un sistema económico mixto donde el sector privado comercializa mayoritariamente alimentos y artículos de primera necesidad, motivo por el cual el sector privado decide la escasez sobre los productos y el acaparamiento estratégico, obligando a la población venezolana a adquirir en el mercado negro los alimentos de primera necesidad, que en el marco general de un proceso inflacionario creciente, eleva considerablemente el precio de los artículos de primera necesidad. Sin embargo, las maniobras desestabilizadoras son justamente para quitar margen de acción al gobierno constituido y hacer más aguda la problemática, acompañada de una continua ofensiva de perfil político provocador en las calles.
En Venezuela, toda la etapa previa de medidas y acciones encubiertas contra los gobiernos del entonces presidente Hugo Chávez, incluido el frustrado golpe de Estado en abril de 2002, conforman una primera fase de la ofensiva de la derecha interna y externa continental contra la Revolución Bolivariana.
A partir del no reconocimiento del presidente Maduro por parte de Estados Unidos, junto a la oligarquía venezolana y la ultraderecha subregional, comenzó a efectuarse un nuevo plan sistemático de quiebre de la estabilidad político-institucional y del sustento social de la Revolución Bolivariana por diversas vías (política, mediática, cultural) pero, fundamentalmente, económica, que configuran la segunda etapa de la ofensiva sostenida contra la Revolución Bolivariana con nuevos métodos y acciones.
2. Primera fase: la ofensiva encubierta permanente:
Con base en archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA, la copiosa información procesada durante años por Jean Allard y Eva Golinger en su libro La agresión permanente: USAID, NED y CIA deja pocas dudas: de Irak a Venezuela, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) es uno de los mecanismos de inteligencia y desestabilización más activos del mundo, concluyen los autores (www.rebelion.org/docs/122608.pdf). Y acuñan una frase importante, altamente ilustrativa: “la ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares” (página 14).
De fachada “humanitaria”, la USAID subsidia una densa red de instituciones y grupos políticos cuyos objetivos apuntan a reforzar la política exterior, cooperando con los gobiernos receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Sin embargo, documentos desclasificados de la CIA demuestran que millones de dólares de su presupuesto son manejados en operaciones coordinadas por agencias clandestinas. En 2009, la CIA incorporó a la USAID en la denominada Iniciativa Interferencia de Contrainsurgencia, plan conjunto de intervención junto al Departamento de Estado y el Pentágono. Son ramas de un mismo árbol, brazos diferentes de un mismo mecanismo.
El periodista y ensayista José Steinsleger documentó, en febrero de 2012, que la USAID financió a la oposición venezolana con 57 millones de dólares acumulados a lo largo de poco más de 1 década.
La injerencia externa estadunidense desestabilizadora no es un artificio político: puede documentarse a través de los archivos desclasificados de la CIA. Eva Golinger sostiene que desde enero de 2002 (coincidente con la coyuntura del fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez), en que el señor Russell Porter llegó a Venezuela para dirigir la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI, división de la USAID), dedicada a la promoción de “transiciones democráticas” en países estratégicamente importantes para Washington, por supuesto, como Venezuela, donde se producen cambios importantes en la ofensiva estadunidense contra la Revolución Bolivariana.
Igualmente, el periodista del diario La Jornada, en México, también informó que en su reporte posterior al fallido golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Chávez, Russell Porter estableció que: “una de las grandes debilidades en Venezuela es la falta de una sociedad civil vibrante”, es decir, que era necesaria una oposición más agresiva, radical, “vibrante”, como la actual en plena ofensiva concertada desde el Departamento de Estado.
Además agrega: “la USAID aumentó su presupuesto y reorientó la estrategia de su gestión enfocándola en la juventud (sector que no había sido explotado), con talleres sobre cómo utilizar redes como Twitter y Facebook. Desde 2006, USAID gastó más de 34 por ciento del presupuesto en el país (15 millones), hasta completar 57 millones de dólares en 2010.”
Un proceso similar se ha desarrollado para otros países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua, sustentado en una oposición que es “tan democrática” que vive y se nutre de las orientaciones políticas y del dinero desde el extranjero.
Son nuevos protagonistas, medios e instrumentos, pero los mismos objetivos injerencistas y de derrocamiento de los gobiernos del cambio social a la izquierda en América Latina, que evocan aquel lejano, y tan cercano a la vez, programa del 16 de marzo de 1960 elaborado y presentado por la CIA al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos llamado Programa de Acción Encubierta contra el Régimen encabezado por Fidel Castro. El enemigo no descansa.
Pero también la “fórmula del caos” comprende el ataque a los frágiles tipos de cambio latinoamericanos, como síntesis de sus debilidades estructurales, tal y como ha sido la experiencia en Chile (1970-1973), la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1980-1981) y como lo han hecho en distintas jornadas en los mercados de Argentina (2012-2013), aprovechando al máximo los problemas económicos de tales países para darle cobertura a la masiva “fuga de divisas”, a los mercados paralelos ilegales y para fragilizar por esa vía el tipo de cambio, potenciar la inflación y forzar el alza en las tasas de interés que lesionan la economía productiva al encarecer el crédito, los adeudos de las empresas, etcétera. Plan de las oligarquías para agudizar los problemas financieros.
Confrontando estas maniobras, el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó la creación de un “mercado cambiario alternativo con permuta de títulos valores”, en una medida que abre y flexibiliza el férreo sistema de control de cambios vigente desde hace más de 1 década y que estaba siendo vulnerado mediante un mercado paralelo ilegal que encarecía la moneda venezolana y favorecía la fuga de divisas.
Este sistema “autoriza a que los privados compren o vendan divisas entre sí, a través de operadores cambiarios bajo supervisión del Banco Central” y permite “a Petróleos de Venezuela, SA, (PDVSA) y al Banco Central participar como oferentes”, dijo Maduro, en cadena nacional de televisión, el 19 de febrero de 2013.
La medida, cuyos detalles fueron anunciados por el vicepresidente para temas económicos, Rafael Ramírez, se tomó en momentos en que Venezuela soporta una inflación de 56 por ciento anual y fuertes presiones cambiarias que llevan al dólar estadunidense, en el ilegal mercado paralelo, a cotizar hasta 13 veces más que en el mercado oficial. La especulación cambiaria es brutal, devastadora, desde luego posible ante los problemas estructurales que confronta la economía venezolana, pero se aprovechan “óptimamente” dentro de una estrategia de desestabilización atizada externamente.
“Buscamos torcerle el brazo al sistema del dólar fantasma, perverso, llamado paralelo”, dijo Maduro, y precisó que este nuevo tipo de cambio fluctuará.
La tasa de cambio oficial en Venezuela, fuertemente subvencionada, es de 6.3 bolívares por dólar. Hace unas semanas, el gobierno decidió limitar ese tipo de cambio para las importaciones prioritarias (alimentos, medicinas) y derivar las importaciones no prioritarias y el turismo a un segundo mercado de subastas, que cotiza a 11.7 bolívares por dólar. En el ilegal mercado paralelo, el dólar estadunidense ha llegado a tener una tasa de cambio de hasta 75 y 80 bolívares. Esto debía detenerse porque desquiciaría los equilibrios monetarios y financieros.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, soportó el último año (2013) una fuerte caída de 9 mil millones de dólares en sus reservas. El país enfrenta, además, un déficit fiscal estimado en 15 por ciento del producto interno bruto. Evidentemente el control de las variables económicas fundamentales se está perdiendo y es necesario retomar su control a la brevedad posible. La medida de apertura parcial, flexibilización y subastas para compras importadas no prioritarias va en ese camino.
Ya un halcón disfrazado como John McCain, según la cadena estadunidense de televisión NBC, declaró sobre la eventualidad de “estar preparados con una fuerza militar para entrar y otorgar la paz en Venezuela y, sobre todo, garantizar y proteger el flujo petrolero hacia Estados Unidos, cuidando esos recursos estratégicos y velando por nuestros intereses globales” (17 de febrero de 2014).
Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, afirmó que las protestas de las semanas pasadas “no son de carácter social, sino de carácter conspirativo”, que “buscan llevar al país a la guerra civil […]. No se trata de un hecho espontáneo, sino que hay una organización que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que intenta prender [incendiar] al país de una manera irracional”, señaló a Venezolana de Televisión.
3. Segunda fase: los planes para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro:
Según el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, citado por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN), en el país hay “grupos violentos que buscan llevar a Venezuela a una guerra civil”. Sostuvo que “grupos de derecha” utilizaron la movilización de estudiantes “para introducir infiltrados e involucrar a una vanguardia preparada dentro y fuera del país”.
La violencia en Caracas, Nueva Esparta, San Cristóbal y Mérida son acciones que forman parte de la serie de maniobras que desde 2010 gesta una organización radical de la derecha para conducir al país a una salida irracional, inconstitucional y violenta.
El funcionario subrayó que el presidente de la organización no gubernamental Humano y Libre, Gustavo Tovar, a quien calificó de derechista, coordinó una reunión que se efectuó en México en octubre de 2010. El encuentro lo financiaron el banquero Eligio Cedeño y el exsubsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Otto Reich.
La finalidad era “adiestrar en métodos de desestabilización violenta a un grupo de líderes estudiantiles y de la juventud de un movimiento de extrema derecha venezolana”, explicó. Según la versión del ministro del Interior, a esa reunión asistió Gaby Arellano, quien atizó distintas movilizaciones junto al político opositor Leopoldo López, a quien Rodríguez acusó de “pretender incendiar el país”. Ambos representan la facción radical de la derecha venezolana. Henrique Capriles, excandidato presidencial de la derecha, condenó y se deslindó de las manifestaciones callejeras violentas lideradas por López.
También estuvieron en el encuentro Vilcar Fernández, Yon Goicoechea y el alcalde del municipio El Hatillo, en el área metropolitana de Caracas, David Smolansky, además del alcalde de San Cristóbal, Táchira, Daniel Ceballos, este último vinculado al expresidente colombiano Álvaro Uribe, aseguró Rodríguez.
Aunque en ningún momento involucró a autoridades mexicanas de ningún nivel político, la acusación es muy seria y debiera ameritar una investigación del Congreso de la Unión (mexicano) para deslindar responsabilidades. No puede quedarse en el olvido.
Es evidente que aún con Hugo Chávez en el poder, los planes se venían formulando y madurando. La muerte de Chávez y la reducida ventaja de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles encontró la coyuntura más oportuna para una ofensiva total.
Efectivamente, además de la reunión mencionada, se ha podido documentar que en junio de 2013, se conjuntó un plan estratégico de desestabilización y derrocamiento. El documento fue titulado Plan estratégico venezolano, creado por la Fundación Internacionalismo Democrático al mando del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (el lacayo mayor que finalizó su mandato con la ruptura de relaciones con Venezuela a iniciativa de Chávez, y en respuesta llamó a una intervención internacional en Venezuela), la Fundación Centro del Pensamiento Primero Colombia, y la empresa estadunidense FTI Consulting, el cual se redactó el 13 de junio del año citado durante una reunión entre representantes de las tres organizaciones y dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges, Ramón Guillermo Aveledo, el experto en guerra sicológica JJ Rendón, y el encargado de la USAID para América Latina, Mark Feierstein. No olvidar que a la USAID la han expulsado de varios países por considerarla “un frente de la CIA” y por desarrollar maniobras encubiertas de espionaje y desestabilización bajo una coartada de “ayuda al desarrollo”. Entre quienes la han expulsado están la propia Venezuela, Bolivia y Rusia.
Dicho plan señaló cuatro objetivos precisos: I) derrotar al gobierno en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013; II) provocar el desgaste acelerado del gobierno para facilitar el triunfo opositor; III) la realización de actos de sabotaje al sistema eléctrico y otros servicios importantes para la población; y IV) especialmente, el desabasto de productos de primera necesidad, aprovechando todo ello para difundir internacionalmente una imagen negativa y negligente de la gestión del presidente Nicolás Maduro. En la sección de “Acciones”, el documento establece la necesidad de “perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique Capriles (entonces todavía actuaban conjuntamente, luego se diferenciaron), así como generar “emoción con mensajes cortos”. Además, se habla en el documento, de movilizar tras de su causa a personalidades internacionales promoviendo el concepto de que “se devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que se ha perdido desde hace 14 años” (www.actualidad.rt.com/expertos/eva_golinger/view/).
Adicionalmente, se estableció también la necesidad de “crear situaciones de crisis en las calles, que faciliten la intervención estadunidense y de fuerzas de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], con el apoyo del gobierno de Colombia”. Incluso, “la violencia debe provocar muertos o heridos” (los cuales ya superaron los 30). Hay que recordar que este último país está propuesto para ingresar al bloque militar OTAN. ¿Quiénes más le seguirán? Por último, en el documento se recomienda inducir en lo posible “una insurrección militar”, sabedores de que el Ejército es un soporte fundamental, sin el cual la correlación de fuerzas se modificaría radicalmente.
Como puede observarse, el plan estratégico injerencista y reaccionario se ha ejecutado –por esta coalición de “grandes patriotas y adalides de la democracia liberal”– con meridiana precisión y contundencia. La bazofia está al ataque. Podríamos decir que se han logrado prácticamente todos los objetivos, unos más, otros menos, con excepción de los dos más relevantes: no hay sublevación militar ni se produjo el derrocamiento del gobierno.
Los conspiradores se presentan en medios electrónicos ofreciendo una cara de lucha democrática, legal, cuando no son más que peones de tercera de la política injerencista y golpista de Estados Unidos en aquél país. Esto, independientemente de los conceptos, criterios y opiniones que podamos tener cada uno de nosotros sobre la Revolución Bolivariana, sus liderazgos y políticas.
En las elecciones municipales de diciembre de 2013, el mapa político de Venezuela se modificó respecto de 2008 ante el avasallamiento de la alianza dirigida por el entonces presidente Hugo Chávez. Esta vez experimentó un cambio notable bajo el mando de su sucesor Nicolás Maduro, toda vez que la oposición le arrebató la capital del estado natal de Hugo Chávez, Barinas, simbólica en muchos aspectos. La oposición también ganó las alcaldías de las cinco ciudades más pobladas del país. En 18 de los 23 estados venezolanos y el Distrito Capital, la alianza presentada por el gobierno ganó 196 municipios en disputa, mientras que la oposición triunfo en 53. Fue un avance espectacular de la derecha, pero no revirtieron la mayoría bolivariana preexistente al nivel de las cabeceras municipales. Hubiera sido una catástrofe electoral.
En septiembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro denunció el plan “Colapso Total” para Venezuela, que se trató esencialmente de una ofensiva económica y de sabotajes a la infraestructura venezolana. Lo hizo en los siguientes términos:
“Yo tengo los datos de la fecha en la que se hizo una reunión en la Casa Blanca, el nombre y apellido de quienes asistieron. Yo sé cuáles son los planes que ellos hicieron. Hicieron el ’Plan Colapso Total’ del país”, aseguró el mandatario en un acto en el estado Aragua. “Ellos piensan que en octubre Venezuela colapsa, así lo planificaron ahí, que iban a sabotear la comida de la gente, la electricidad, el combustible y las refinerías.”
La denuncia se hizo luego de que un apagón de gran magnitud dejó sin servicio eléctrico al 70 por ciento del territorio de la República de Venezuela, mismo que el gobierno denunció como un “acto fascista de sabotaje”. Aunque el interior de Venezuela padece continuos cortes y racionamientos en el suministro de energía, el problema llevaba años sin afectar a la capital, Caracas, que desde 2008 no sufría un apagón de tal magnitud. Este gigantesco corte se produjo inexplicablemente desde el punto de vista técnico, según Jesse Chacón, ministro de Energía:
“Hemos avanzado en optimizar los procesos. Aumentamos la generación eléctrica en 1 mil 370 megavatios (MW), llegando hoy a generar 20 mil MW. Logramos avances significativos en la reducción de la demanda y en disminuir el 44 por ciento de interrupciones en el sistema. Es importante destacar la visita del presidente Nicolás Maduro a China, donde fueron presentados cuatro proyectos: robustecer las líneas de 400 kilovoltios (kV), 230 kV y 115 kV; la ampliación y modernización de la red de distribución; un plan de alumbrado público con tecnología LED; y la colocación de medidores en los hogares venezolanos (14 de octubre de 2013, www.eluniversal.com/economia/).”
De igual manera, los servicios de inteligencia del Estado venezolano recabaron información en el sentido de que la oposición posee un plan secesionista para que seis de los 23 estados que conforman la República de Venezuela se separen de la misma: Zulia y Táchira (Oeste), fronterizos con Colombia; así como Mérida (Oeste), Lara (Oeste), Carabobo (centro) y Nueva Esparta (Este), lo cual dio a conocer el propio presidente Maduro en cadena nacional, aunque aclaró que el plan viene de algunos años atrás, pero se atiza bajo la coyuntura actual de enfrentamientos y polarización político social (4 de abril de 2014).
El presidente Maduro agregó a este respecto: “En Carabobo ya se ha concretado la primera visita autonomista secesionista preliminar y luego vendrán los demás estados en crisis […] en caso de que los ciudadanos decidan tomar esta determinación, cooperarán en la organización de dicha salida y serán los ciudadanos los que decidirán si toman el camino de constituirse como Estado autónomo. Y no es descartable, por cierto, la fusión con Colombia […]. Es un proyecto de la oligarquía. Ustedes sabrán en su momento. Máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al Comando Estratégico Operacional de la FANB”, dijo. Comparó la situación con Yugoslavia, Libia, Ucrania o Siria.
Carabobo es uno de los estados más ricos e importantes de Venezuela –estratégicamente hablando– y está ubicado en el centro-Norte costero del país, en la región central, al filo de la cordillera de la costa, y cuya capital es Valencia. En su territorio se ubican la principal industria petroquímica y una de las más importantes refinerías de petróleo del país, así como la prestigiosa Universidad de Carabobo además de varias instituciones educativas que hacen de este estado el punto estudiantil principal de la región central venezolana.
Otros medios de comunicación han denunciado el desabastecimiento combinado con acaparamiento (más de 3 mil acaparadores con toneladas de alimentos fueron detectados), escasez de medicinas, sabotaje por parte de las líneas aéreas… Teniendo como su vehículo, relativo a la “guerra desinformativa”, los medios de comunicación privados nacionales e internacionales, utilizando lo más avanzado y refinado de las redes sociales para el mismo efecto.
Actualmente empresas petroleras trasnacionales han interpuesto cerca de 20 demandas contra Venezuela debido a las expropiaciones realizadas en la faja petrolera, ante tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por un monto estimado de entre 20 mil millones y 30 mil millones de dólares. Acción que representa un peligro potencial, ya que las trasnacionales podrían embargar bienes de Venezuela en el extranjero, tal como hicieron en Chile durante la época de la “fórmula del caos”, con su principal recurso de exportación, el cobre.
La penetración en las universidades autónomas y privadas fue el objetivo de otra, más que plan, estrategia denominada por Leopoldo López “La Salida” (se refiere a la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República), para provocar decenas de asesinatos directos y muertos indirectos que no fueron atendidos a tiempo debido a las barricadas e interrupción de autopistas y calles que no permitieron que las ambulancias con heridos y enfermos pasaran a tiempo para llegar a los hospitales.
Adicionalmente, la incorporación reciente de más de 200 paramilitares al mando del expresidente Álvaro Uribe en Táchira, estado fronterizo entre Colombia y Venezuela, es otro ejemplo de que “La Salida” tiene su combinación con un paramilitarismo mercenario de corte internacional; aunado a ello, están las declaraciones injerencistas del gobierno estadunidense, particularmente del presidente Obama y el secretario de Estado, John Kerry, con el argumento de la “defensa” de los derechos humanos (www.alai.com, 23 de febrero de 2014). Cierran así la pinza de la ofensiva interno-externa contra un gobierno constitucional.
Es evidente que la derecha recalcitrante venezolana está dispuesta a todo. Las debilidades políticas de Nicolás Maduro la han favorecido, ya que podía imaginarse que se imponía una negociación temprana a partir del reconocimiento de la actual correlación nacional de fuerzas y la necesidad del aislamiento del sector más retrógrado, impulsado por Leopoldo López y las fuerzas extranjeras, para impedir cualquier acción conjunta con la derecha comandada por Henrique Capriles (con casi la mitad del electorado y los más grandes empresarios de su lado), y a partir de la condena de éste a las manifestaciones violentas encabezadas por el primero. La mesa de negociaciones se dio a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los dos grandes actores venezolanos: el presidente Maduro y el propio Capriles. No hubo avances sustanciales.
La elaboración de un plan conjunto (es lo más sensato) con la derecha más moderada y que esté dispuesta a reconocer el carácter constitucional del gobierno de Maduro (de ser posible, porque la política es el arte de lo posible, no de lo deseable) tendría que girar en torno a dos ejes estratégicos: la diversificación económica y el impulso a la economía venezolana contando con el capital privado, negociando sus espacios de actuación garantizada y una cierta redistribución del poder con la oposición, a partir de aceptar ciertas demandas y procesarlas en los órganos de Estado controlados por el chavismo, como es la Asamblea Nacional. Es una vía.
Otra cosa puede ser la prolongación del conflicto y el riesgo de la reducción de los espacios democráticos en lo económico-social y en lo político, abiertos por la Revolución Bolivariana. El auge de los precios del petróleo que tanta fuerza le dio a esta última, nacional y regionalmente, hoy no está presente y la economía se cae a pedazos ante el peso de sus deficiencias históricas y la injerencia desestabilizadora de la alianza reaccionaria interno-externa.
Es necesario también impulsar con total determinación todas las resoluciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, particularmente, y a propósito de lo aquí dicho, la relacionada con un plan de resistencia ante la injerencia de Estados Unidos, quien cada vez se queda más solo, respecto de las más grandes potencias, en su afán de provocar un cambio de régimen en Venezuela.
Son estos los planes fundamentales que se han dado a conocer (es difícil saber el grado de certeza sobre ellos y cuántos más puedan existir) y que se han conformado en la coyuntura postelectoral presidencial en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, más la ofensiva permanente de carácter encubierto desde el fracaso del golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2002. Estructura y coyuntura, largo plazo y corto plazo, se articulan para configurar una ofensiva total contra un gobierno constitucional. No parece importarles demasiado a los “campeones de la democracia y el humanismo”.
Es fundamental vencer la ofensiva del sabotaje económico. Lo dice la experiencia. Si se puede con tan sólo recursos propios, magnífico, pero si no, es necesario negociar, aunque sin dejarse chantajear; más aún, con un electorado nacional prácticamente divido en dos partes iguales, pero con una base territorial municipal que vira a la derecha y se aleja gradualmente de la coalición político-ideológica en el poder. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro tiene la palabra.
*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
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