En México se ha establecido la delincuencia. Unas veces es pagada por las nuevas agrupaciones de la sedición. Otras, funciona a destajo, por su propia cuenta. En esta revuelta se ha demostrado que cualquiera puede infringir la ley, amparado por los límites borrosos que supone la legalidad y la ilegalidad no sancionada, lo que genera un conflicto cuyas raíces se entienden cada vez menos, debido a las fracturas que dividen a los grupos delincuenciales, la aglomeración de acontecimientos y el desconcierto que supone un estado de emergencia permanente.
Con el paso del tiempo estas circunstancias, a todas luces irregulares, cimentarán una nueva lógica bastante estable debido al carácter del conflicto. Entonces habrá un momento en el que ya no sorprendan tanto las acciones violentas, a pesar del esfuerzo imaginativo que se permiten los responsables para impactar en la mente de sus rivales y en el imaginario de la opinión pública.
Otro fenómeno interesante en la actual situación tiene que ver con la autoría de los hechos violentos. En las noticias únicamente se mencionan (cuando se hace) a grupos armados que engloban una suerte de masa abstracta: la policía, el Ejército, la Marina, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, La Familia Michoacana, Los Zetas… No hay referencias claras acerca de personas responsables que rebasen la idea de una colectividad constituida, como no sea por el conocimiento público de los nombres de los grandes capos, que no bastan para comprender la compleja estructura que ha transformado a la sociedad de manera grave. Tampoco existen comunicados que reivindiquen los actos delictivos, salvo en el caso de las escuetas notas que acompañan a las personas asesinadas. Las noticias aparecen descritas de manera burda y con vacíos de información que se prestan a suspicacias o que explican el momento crítico que viven algunos medios, ya advertidos a través de bombas y granadazos.
En Colombia, durante la época de enfrentamientos entre los cárteles y el gobierno, los actos violentos fueron autoatribuidos por los grupos delictivos; éstos atacaron de manera sanguinaria a la población civil con el propósito de presionar al Estado para que se retractara en su intención de extraditar hacia Estados Unidos a los narcotraficantes, que eran requeridos allí debido a la ineficiencia punitiva local. Sin embargo, tiempo después, esta manera abierta de declarar sus acciones fue motivo suficiente para que todos los crímenes se les endosaran a los dirigentes de las organizaciones criminales: los hermanos Ochoa Vásquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar Gaviria o los hermanos Rodríguez Orejuela, aunque, en ocasiones, no se hubiera comprobado su participación en algunos de esos hechos.
Algo similar sucedió cuando el gobierno colombiano de ultraderecha se volcó en contra de la guerrilla durante la primera década de este siglo y los medios le adjudicaron todos los actos violentos a éstos, al ocultar gran parte de las acciones ilegales de las fuerzas paramilitares, defendidas o financiadas por personas asentadas en el poder.
Ante el amarillismo comercial que supone esta crónica roja permanente, los medios de comunicación mexicanos, liderados por las dos cadenas televisivas más importantes (Televisa y TV Azteca) firmaron el Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia con la intención de filtrar las noticias y no convertirse en portavoces o jueces de los grupos delictivos. Ambos emporios aseguraron que este acuerdo no representa una censura informativa y que habría un comité ciudadano al tanto de su cumplimiento. A pesar de la importancia que tiene reflexionar acerca de las emisiones mediáticas en estos tiempos de vicisitud, resulta significativo recordar que éste surgió por solicitud del propio presidente, quien empezó a extrañar las noticias positivas en México.
De manera simultánea, los mismos gurús de los medios informativos propusieron un proyecto que ha convertido al gobierno mexicano en una mezcla de programa de concurso y reality show, cuya intención es dirigirse a las “personas buenas del país, a las personas que, en vez de criticar, prefieren proponer”. Fue así como en la versión 2011 de este programa de televisión con altísimo rating, Iniciativa México, se recibieron más de 57 mil propuestas por parte de los telespectadores para concursar por recursos, en categorías que corresponden claramente a lo que pudiéramos denominar un plan de gobierno con sentido común: bienestar, educación, desarrollo comunitario, medio ambiente y ciudadanía. Las ideas presentadas por los interesados se eligen de acuerdo con la votación del público y de un consejo técnico; de esta manera los medios de comunicación aportan el dinero para la realización de los proyectos ganadores, sólo que en esta ocasión el gobierno, por cada peso aportado, contribuirá con dos, un inesperado gesto de solidaridad que ilustra con suficiencia la política contemporánea y la extravagancia de sus procedimientos.
Como la realidad que hoy se vive en México no se resuelve con rodeos, las noticias continúan corriendo de boca en boca y a través de las redes sociales: se habla de pueblos abandonados, de peligro inminente en los trayectos intermunicipales, prohibiciones tácitas para usar determinados vehículos, ajustes de cuentas narrados en historias que fluctúan entre el dato verificable y el mito urbano. La sociedad parece entregada a su propia suerte, mientras las armas, cada vez más poderosas, proliferan en todos los bandos, al producir espectaculares enfrentamientos en determinados lugares de la zona metropolitana de Monterrey. Asimismo, existen curiosas representaciones de militares que se paran en las avenidas principales con la intención de hacer retenes, cuando en realidad se ocupan de darle vía a los vehículos como si fueran agentes de tránsito, además de repentinos desfiles del Ejército, caravanas de jeeps sin capota en cuyo interior he visto hasta nueve uniformados dispuestos a entrar en combate.
La convivencia actual con las armas es tal, que generó, incluso, una singular demostración en el Parque Fundidora, el más emblemático de la ciudad. Se trata de una exposición itinerante a nivel nacional llamada “La gran fuerza de México”. Esta escenografía de la guerra –que incluía trincheras, equipamiento de combate y militares de verdad– tuvo a Monterrey como la ciudad más entusiasta del circuito, al superar los 400 mil visitantes que durante más de un mes pudieron tomarse fotografías con sus nuevos héroes. Sin embargo, a pesar de este júbilo armamentista me siento cada vez menos protegido. Como sabemos, la guerra es un negocio espléndido que determina las relaciones de poder.
Colombia invierte más del 4 por ciento de su producto interno bruto en gastos militares al superar la inversión en educación –que apenas rebasa el 3 por ciento–, los costos de la salud que integran las participaciones públicas y privadas están por debajo del 7 por ciento.
El propósito del Estado colombiano es erradicar a los grupos guerrilleros y al narcotráfico, sin embargo, está lejos de hacerlo. Por el contrario, se ha incrementado la tasa de crímenes cometidos, muchas veces “en defensa” de las políticas nacionales. Visto de este modo, resulta evidente que la generosidad en la inversión militar dista mucho de ser la manera más adecuada para resolver algunos problemas sociales.
En fin, parece ser que el trabajo de atemorizar a la población mexicana ha surtido efecto; es más, la gente reclama cada vez mayor seguridad, más militares en las calles, mejores salarios que inhiban su corrupción. Igualmente, ante el incremento de los asaltos, los pequeños comerciantes y los habitantes de algunas colonias han decidido instalar cámaras de seguridad y contratar vigilancia privada. Otras personas optaron por poner alarmas, rejas y puntas metálicas de protección en sus casas y apartamentos. Se puede decir que la escalada delictiva está a la par del florecimiento de las empresas de seguridad, que hoy representan un ramo bastante productivo.
In da ghetto
Las causas de estas desgracias sociales pudieran ser intangibles para una persona que tenga datos suficientes para interpretar esta situación. Un ejemplo: en la última década se han construido millones de viviendas para las clases menos favorecidas, la mayoría en el periodo de gobierno de Felipe Calderón (2007-2011), lo que ha generado el mayor incremento de la construcción de vivienda en la historia del país. Lo que pudiera ser considerado como un verdadero avance en las políticas de equidad social, resulta ser un fraude, una aberrante manera de separar a la población por su nivel de ingresos, lo cual se traduce en niveles de educación, salud, recreación y demás variables que configuran la vida normal de una persona.
En muchas partes de Colombia cuando alguien te pregunta por el lugar donde vives, te está preguntando, de manera implícita, por tu nivel de ingresos. La respuesta, sea cual sea, tiene una manera de interpretarse que se resume en una sola palabra: estrato. Es así como en Bogotá, por ejemplo, los niveles han sido definidos en orden numérico del 1 al 6, que determina, respectivamente, los niveles de pobreza extremos o altas fuentes de ingreso. Pues bien, México a pesar de tener grandes diferencias socioeconómicas en su población, no conocía este tipo de taras en el lenguaje o, por lo menos, no tan burdas. Ahora bien, con el pretexto de brindar vivienda a las clases desfavorecidas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ideó una solución más tajante que consiste en generar una ola desmedida de préstamos para trabajadores con bajos ingresos. Éstos son deudas vitalicias que, sin embargo, muchos justifican debido al bienestar que supone la propiedad privada. Resumiré lo que sucede: un porcentaje considerable de estas viviendas son construidas más allá de las periferias de las grandes ciudades de México, en medio de la nada, ocasionalmente sin servicios públicos, rutas de acceso adecuadas o suficientes, zonas de abastecimiento cercanas y con características en su construcción más que inadecuadas. Resulta que muchas de estas nuevas colonias (barrios) fueron desarrolladas con todos los errores posibles de urbanismo: fragmentación del territorio, construcción en lugares difícilmente accesibles, inexistencia de zonas verdes y recreativas, serialización de la vivienda que favorece los intereses del mercado inmobiliario, empleo de materiales de baja calidad, estructuras de edificación que inhiben las relaciones entre los habitantes, desarrollo de vivienda con mínimos de superficie construida… Frecuentemente en estas casas, cuyas dimensiones inician en los 60 metros cuadrados, se albergan familias de cuatro o más integrantes. Su costo aproximado es de 300 mil pesos (45 millones de pesos colombianos). Cuando los futuros compradores van a ver los predios se les prometen mejoras que jamás se cumplen y usualmente las casas de muestra tienen muebles a escala para que los espacios parezcan habitables.
Para las personas que hicieron uso de los préstamos del Infonavit, la idea de tener casa propia puede resultar, más que una ficción, una burla sistemática y cruel que en vez de favorecer sus condiciones de vida, las pauperiza y condena a un aislamiento cuyas dimensiones asombran.
De acuerdo con las cifras que menciona Calderón en su Quinto informe de gobierno, 3 millones de familias habitan en las viviendas construidas durante su administración. Sin embargo, a pesar de lo asombroso de este “logro”, 25.9 por ciento de las viviendas financiadas por el Infonavit entre 2006 y 2009 –lo que equivale a 356 mil viviendas– se encuentran deshabitadas. De estás, el 40 por ciento han sido abandonadas debido a que la gente huyó ante las dificultades que supone la mala planificación del ambicioso proyecto. Con todo, sobra decir que éste se propone lesionar la confianza que existe en la población y deshacer el tejido social de México, una de las cualidades mayores que tiene esta sociedad.
Con un sistema de tales características se pude adivinar lo que viene, análisis de la próxima entrega.
*Lingüista, diseñador gráfico y maestro en ciencias del hábitat
