Nunca imaginé Colombia… en México

Futuro Moncada*/Tercera y última parte

Mientras haya consumidores dentro de una sociedad que penaliza las drogas, éstas serán un negocio. En tanto sean un negocio no habrá posibilidades de erradicar la producción, la comercialización ni los efectos sociales que supone una empresa tan poderosa en geografías en vías de desarrollo como las de Colombia o México. La condición económica de ambos países plantea un panorama ideal para la proliferación de este tipo de comercio, es decir, la situación de pobreza de cerca del 50 por ciento de la población en México y 60 por ciento en Colombia y la insuficiencia alimentaria de por lo menos el 20 por ciento, en ambos.

El narcotráfico supone corrupción en todas las capas de la sociedad, pero también posibilidades de subsistencia para personas que han perdido la noción de legalidad, o que bajo su propio riesgo han decidido adoptar peligrosas interpretaciones acerca de la ley. Las drogas no se acaban, sólo cambian las circunstancias: funcionarios más o menos corruptibles, legislaciones más o menos respetadas, pirámides socioeconómicas más o menos alargadas y gente que ve en la producción y el tráfico un empleo posible.

Es de esta manera como Monterrey pasó de ser una de las ciudades más productivas de México –una de las más adineradas y con mejores oportunidades de trabajo– a una de las más temidas debido a las acciones violentas del narco y las manifestaciones ilícitas subsecuentes. La ilegalidad del narcotráfico se ha propagado a todas las clases sociales tal como sucedió en Colombia. Hoy dentro de ciertos grupos existen nuevas dinámicas culturales que empiezan a validar el uso de la fuerza al costo de la vida ajena, si es que existe una razón económica que lo justifique. El gobierno instituido en México perdió autoridad ante el asedio de un verdadero empoderamiento de clase que instaura una manera de ascender en la escala social por las armas y que negocia bajo sus propios códigos. En este nuevo terreno sin ley opera la voz del más fuerte, es decir, la de quien mejor se arme, lo que propicia la existencia de pequeñas repúblicas en las cuales existen otras leyes.

Los paraestados o gobiernos neoinsurgentes que proponen los grupos del narcotráfico se pelean el país con un poder altamente destructivo que se impone a sangre y fuego. Esta lógica se haya motivada solamente por el lucro; no crece ninguna ideología o conciencia que rebase la inmediatez de la fuerza, salvo una cierta revancha social que le concede poder mediante las armas a los que antes estaban sometidos. El narcotráfico ha instaurado una lógica rampante y aterradora, que le deja ver, de repente, a la delincuencia, su verdadero poder en un país que ha desconocido los derechos de las mayorías.

En fin, ningún Estado puede exigir legalidad y ética si ha sido ilegal y antiético durante décadas, lo que equivale a decir que el Estado no puede generar un comportamiento obediente en sus gobernados si es corrompido, incluso, por los propios grupos delictivos que combate. El resultado es una revolución contemporánea, una sublevación de guerrillas sin ideología mayor que el propio sustento a mansalva, una revuelta en la que, a pesar de todo, la vida sigue adelante con tintes de normalidad.

El narcotráfico sigue siendo uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. Sus ingresos determinan dinámicas altamente lesivas en los países productores. En éstos ocurre la mayor incidencia de las víctimas mortales que suponen las políticas de interdicción. La prohibición penal de las drogas y su propósito de erradicarlas es un proyecto de algunos países industrializados, cuya historia tiene características más que contradictorias, debido a que fueron motivadas, casi siempre, por intereses económicos. Tal es el caso de Estados Unidos, el mayor consumidor de sustancias ilegales que ha combatido las drogas y detrás de éstas, principalmente, cualquier intento de sublevación en países de Oriente y América Latina. Así sucedió cuando el gobierno de Estados Unidos se permitía financiar guerras en Centroamérica, al intercambiar armas por drogas ilegales, para deshacer cualquier movimiento social que pudiera oponérsele.

Del mismo modo ocurrió con el llamado Plan Colombia (1999-2005), que consistía en una avanzada armamentista apoyada por el gobierno estadunidense, que ha generado daños irreparables en la población civil y en ecosistemas valiosos. De esta manera se oficializó el ataque irresponsable a comunidades campesinas en las cuales el cultivo de plantas ilegales tiene características que merecen cuidadosos análisis sociales, que pasan por la imposición violenta de los cárteles, la inexistencia de políticas agropecuarias que garanticen la producción y comercialización justa de otros productos o, incluso, el sometimiento que supone la expropiación de grandes extensiones de tierra para favorecer el desarrollo de proyectos trasnacionales. Aunado a la agresión física, se ha valido del uso de agentes químicos prohibidos que se fumigan desde avionetas, y que además de volver estéril la tierra, producen malformaciones genéticas en la descendencia de las personas cuyos campos han sido afectados. Visto de esta manera, resulta interesante preguntarse por qué la lucha contra las drogas en Colombia y en México ha sido asumida como un problema de seguridad nacional y no como uno de salud pública que implique la prevención y el tratamiento de las adicciones, como ocurre en Europa y Estados Unidos. El punto clave donde confluye todo este dilema es sin duda la legalización, un tema que debe ponerse sobre la mesa, a fin de evitar la división tradicional (ya inoperante) entre países productores y países consumidores.

La complejidad de la situación actual mexicana ha dado lugar a acciones desesperadas por parte de la población civil de algunas comunidades aisladas que, ante la inexistencia de una representación gubernamental que ponga las cosas en orden, ha decidido oponerse a los grupos armados al riesgo de la vida misma. Tal es el caso del municipio indígena de Cherán, Michoacán, que en pocos años ha visto desaparecer el 80 por ciento de 18 mil hectáreas de bosque a manos de taladores ilegales que operan bajo el apoyo armado del cártel de La Familia Michoacana y la connivencia de las fuerzas militares del Estado. Fue así como los 13 mil habitantes de este pequeño pueblo se organizaron para sitiarlo y bloquear la carretera por donde sacaban la madera, al tratar de hacerles frente con lo que tuvieran a mano. En consecuencia, sus pobladores fueron amenazados, golpeados, e incluso asesinados, sin que la fuerza pública actuara para protegerlos. Sin duda, se trata de una oposición valiente que está dispuesta, también, a tomar las armas si es necesario para hacer valer sus derechos, como en efecto sucedió cuando los pobladores se apoderaron de 18 armas pertenecientes a la policía. En fin, circunstancias muy parecidas produjeron el nacimiento de la guerrilla más antigua del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su principio de autodefensa armada.

Hay tres hechos principales que pueden transformar la denominada “lucha por la plaza” en un enfrentamiento difícilmente reconciliable entre clases sociales: los acuerdos inestables entre grupos que derivan sus ingresos del narcotráfico y de otras acciones ilegales; el contubernio de la delincuencia con las fuerzas del orden y las instituciones que representan, y la consolidación de un mercado interno de sustancias ilegales, debido al creciente aumento de sus consumidores.

Hace poco, yendo en automóvil por la carretera de cuota rumbo a Guadalajara, nos cruzamos con un contingente bastante numeroso de militares cuando entramos por casualidad a Ixtlán. Queríamos conocer el pueblo que aparece en una de las obras de Carlos Castaneda. Sin embargo, en lugar de un pueblo tradicional indígena encontramos uno bastante común, sólo que en estado de alarma, debido a que por primera vez ocurría un enfrentamiento de grandes dimensiones entre Los Zetas y La Familia Michoacana. Fue tan grave, que la Marina tuvo que intervenir durante más de tres horas en un tiroteo que se irradió por las carreteras libres y de paga, incluso a pequeñas poblaciones cercanas a donde huyeron los delincuentes. El resto de nuestro viaje me quedé con una sensación muy parecida a la que solía tener cuando iba por las carreteras colombianas. Esa idea paranoica de que en cualquier curva podía terminar tu recorrido si tenías la mala suerte de coincidir con un grupo armado. La verdad es que varias veces me crucé con algunos de ellos, e incluso, en alguna ocasión recibí advertencias de paramilitares para que regresara cuando intentaba visitar una reserva de flora y fauna al Norte de Colombia.

Puedo decir que, poco a poco, repito el proceso de acostumbrarme a los hechos alarmantes que ocurren cada vez con más frecuencia. A propósito, en días pasados se comunicaron mis amigos colombianos para preguntarme cómo estaba todo por aquí, estaban sorprendidos por la masacre de 53 personas en un lujoso casino de la colonia San Jerónimo. Hombres armados arribaron al lugar en tres vehículos y, después de amenazar a los presentes, procedieron a quemar el establecimiento como represalia por el incumplimiento del pago de la cuota semanal que exigían por su funcionamiento. Recuerdo bien el día siguiente: oscuro, lluvioso, con el tráfico lento y una sensación mezclada de pesadumbre y temor en la gente.

El Casino Royale es, por ahora, mientras no suceda algo peor, una marca honda en el imaginario de la sociedad mexicana. Sin embargo, resulta interesante pensar por qué las vidas de las personas que murieron en este lugar son más lamentadas que las de los 72 migrantes torturados y asesinados por Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, ante la negativa de integrarse a sus fuerzas; o las víctimas (aún no hay cifras definitivas, pero en fosas comunes se han encontrado más de 110 cuerpos) de un autobús de la línea ADO que, en la misma ciudad y rumbo a Reynosa, sufrieron de acciones infames antes de ser ultimados; o los 21 asesinados en el Bar Sabino Gordo, en el centro de la ciudad de Monterrey, a manos de la delincuencia organizada, que reclamaba por una extorsión no pagada. Pudiera argumentarse el hecho de que unos eran migrantes ilegales; otros, pasajeros de un transporte de servicio público y, otros más, clientes de un lugar de dudosa reputación. Sucede que de pronto ya no se piensa en el valor de la vida sino en la procedencia de los asesinados: si pertenecen a cierto grupo social, si estuvieron o no vinculados con los delincuentes, si se lo merecían o no, como si no fueran intolerables sus circunstancias desde donde quiera que se les vea.

A consecuencia de los hechos del Casino Royale, el gobierno federal decidió tranquilizar la situación al enviar a 1 mil 500 soldados y 1 mil 500 policías. Las armas ya no aparecen como una excepción, ni como una representación, ahora lucen como una verdadera amenaza aparentemente justificada; por eso no es raro ver a militares con sus fusiles descubiertos caminando por la calle. Debido a que ya algunos periodistas reclaman estados de excepción o facultades extraordinarias para que las Fuerzas Armadas impongan el orden que no se ha conseguido a pesar de todo el despliegue militar que hemos vivido durante los últimos años, diré que hoy, justo cuando termino de escribir este texto, después de varios meses de pensar si vale o no la pena publicarlo, veo por la ventana de la cocina a un chico que vive en la casa de enfrente. Tiene unos 13 años y juega en la terraza con un rifle de juguete como si fuera un francotirador, simula que dispara a las personas que pasan por la calle; en su celular se escucha uno de los temas del grupo Cártel de Santa:

*Lingüista, diseñador gráfico y maestro en ciencias del hábitat