Políticas antinarco en México: pasado, presente y futuro

Santiago Gallur Santorum*/ Quinta y última parte

El análisis exhaustivo del contexto del narcotráfico en México de los últimos 50 años nos ha permitido sacar a la luz una serie de situaciones poco analizadas. Concretamente me refiero al hecho de que no haya habido un cuestionamiento abierto y contundente sobre la eficacia de las políticas de lucha contra el narcotráfico. Y es que los discursos oficiales antinarco, tanto de México como de Estados Unidos, carecen de coherencia histórica, aunque por motivos y condicionantes distintos. Mientras Estados Unidos ofrecía una férrea moral de oposición frontal contra el tráfico de drogas, a la vez que algunas de sus agencias de inteligencia eran señaladas por sus vínculos puntuales con el tráfico de estupefacientes (DEA [Agencia Antidrogas Estadunidense]: Mexico OPS, Informe de inteligencia; “FBI/DEA/CIA files on William Robert ?Tosh’ Plumlee”; Scott, Cocaine Politics, páginas 36-42, http://toshplumlee.info/), México se veía obligado (como siempre) a asumir la violencia impuesta contra el narco como única forma de enfrentarse al problema.

Es más, el país enfrentó el problema del narcotráfico de la misma manera en que enfrenta todo problema de seguridad doméstica. La Guerra Sucia se muestra como el ejemplo perfecto de la aplicación genérica de la violencia extrema contra la supuesta disidencia, impuesta por el vecino del Norte (Comisión de Trabajo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Procuraduría General de la Republica [PGR] Mexicana. Informe general sobre la Guerra Sucia [carece del capítulo dos]. Capítulos del 1 al 12, borrador del informe del Fiscal Especial) México, Distrito Federal, 26 de febrero de 2006, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/).

Esta sumisión a Estados Unidos se entiende dentro del contexto de sus relaciones bilaterales de los últimos 50 años (The National Security Archive [NSA], The Mexico project, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/mexico/), del dominio de dicho país sobre América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el periodo de la Guerra Fría (NSA. Electronic Briefing Books. Latin America, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/index.html#Latin%20America). Dicha sumisión se tradujo en una violencia extrema y constante como forma de lucha y control del comunismo. El amparo, asesoramiento y apoyo económico (y armamentístico) a México fue absoluto por parte de Estados Unidos, y sirvió como forma de controlar los “daños colaterales” sobre su sistema político y económico. La política contra el narcotráfico fue una derivación directa de dicho “apoyo” estadunidense y provocó la continuación de un patrón de actuación proveniente del otro lado del Río Bravo. El problema es que dicho patrón de acción continúa hasta hoy, bajo la Iniciativa Mérida, sin que apenas haya un cuestionamiento de su eficacia (Anthony P Placido, administrador adjunto de Inteligencia de la DEA: “The US government’s domestic obligations under the Merida Initiative”). Esto obliga a revisar comparativamente el discurso antinarco y sus efectos durante las últimas cinco décadas, para contrastar su eficacia y la necesidad de cuestionar la viabilidad de una política fallida.

Supuestamente tanto México como Estados Unidos llevan luchando activamente contra el narcotráfico en territorio mexicano desde la década de 1960 (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas. México, Distrito Federal, Impresiones Modernas, PGR, 1976, páginas 39-70, 147-259). Así lo han proclamado “a viva voz” los discursos oficiales de ambos gobiernos durante las décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. Sin embargo, de la mano de políticas basadas en la erradicación de los cultivos de drogas (Francisco Ortiz Pinchetti, et al. La Operación Cóndor, México, Distrito Federal, Proceso, 1981, páginas 5-75), el consumo de estupefacientes en Estados Unidos “producidos” en el país (como la mariguana y la heroína) no dejó de aumentar durante la década de 1960 y 1970, debido a un incremento exponencial de la demanda (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico. México, Distrito Federal, Gijalbo, 2001, páginas 35-52, 68-84), por lo que en la década de 1980, a pesar de todas las campañas contra el narco, los cárteles mexicanos vieron aumentado su poder (Guadalupe González y Marta Tienda. México y Estados Unidos en la cadena internacional del narcotráfico. México, Distrito Federal, Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, 1989, páginas 15-33, 37-64, 65-90, 97-121, 171-174) debido a los grandes beneficios económicos que empezaron a obtener al colaborar y hacerse socios de los cárteles colombianos en el transporte de la cocaína hacia Estados Unidos (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel: historia de la droga, Bogotá, Colombia, Investigación y concepto LTDA, 1991, páginas 180, 181, 198-203, 365-368; Thomas A Constantine, administrador de la DEA, International drug trafficking organizations in Mexico,?8 de agosto de 1995).

Es más, como ya se comentó anteriormente, en 1992 Peter Smith estimó que a finales de la década de 1980 la venta de drogas en Estados Unidos superaba los 110 mil millones de dólares (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico. México, Distrito Federal, Gijalbo, 2001, página 142).

Así, después de que a finales de esa década y principios de la de 1990 los nuevos capos mexicanos se repartieran el territorio, la DEA estimaba que había cocaína colombiana almacenada en México para pasar al otro lado del Río Bravo por valor de cerca de 1 billón de dólares (Thomas A Constantine: International drug trafficking organizations in Mexico, 8 de agosto de 1995), cuando a través de informes de organizaciones de Estados Unidos se había constatado que tan sólo en 1998 los estadunidenses gastaron 66 mil millones de dólares en drogas (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico. México, Distrito Federal, Gijalbo, 2001, página 142).

Una decenio más tarde, un informe de la DEA señalaba que los narcos mexicanos en asociación con los colombianos obtenían beneficios económicos de entre 19 y 39 billones de dólares anuales (Lanny A Breuer, secretario auxiliar de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, et al, DEA, “The rise of mexican drug cartels and US National Security”, 9 de julio de 2009). Es decir, que en tan sólo 10 años (y si se considera cierto que a mediados de la década de 1990 los narcos mexicanos pudieran haber vendido toda la droga colombiana que tenían almacenada en México según la DEA) los cárteles mexicanos habrían incrementado sus ingresos entre 19 y 39 veces (ídem). Es más, ya en 2010 la DEA afirmaba en otro informe (al hacer referencia al narcotráfico a nivel mundial): “[…] Drug trafficking is a global enterprise that, according to the UN [United Nations] Office on Drugs and Crime, generates approximately 394 billion per year. This figure dwarfs the proceeds from other forms of organized criminal activity […]”: El narcotráfico es una empresa global que, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, genera aproximadamente 394 mil millones por año. Esta cifra empequeñece los ingresos procedentes de otras formas de actividad criminal organizada (Anthony P Placido, “Transnational drug enterprises, parte dos: Threats to global stability and US policy responses”, 3 de marzo de 2010).

Es decir, que los cárteles mexicanos estarían obteniendo un beneficio económico aproximado de entre el 4.82 y 9.89 por ciento de los ingresos derivados del narco de todo el mundo, de acuerdo con los cálculos realizados a partir de las cifras dadas por la misma agencia antidrogas estadunidense (Lanny A Breuer, et al, y Anthony P Placido, op. Cit).

El 3 de marzo de 2010, Placido pronunció un discurso en el que alababa el coraje del gobierno de Felipe Calderón al combatir contundentemente el narcotráfico, a la vez que informaba que el encargado de la lucha en México protegía a los cárteles: “[…] The Calderon administration also has aggressively investigated allegations of corruption within the government, arresting hundreds of officials for taking bribes from the cartels. Even the deputy attorney general responsible for prosecuting traffickers was allegedly protecting them, for a fee of 450 thousand dollars a month…”: El gobierno de Calderón también ha investigado enérgicamente las acusaciones de corrupción dentro del gobierno, arrestando a cientos de funcionarios por aceptar sobornos de los cárteles. Incluso al fiscal general adjunto responsable de procesar a los traficantes, quien presuntamente los protegía, por un costo de 450 mil dólares al mes (Placido: “Transnational drug enterprises. parte dos: Threats to global stability and US policy responses”, 3 de marzo de 2010). Además, reconocía que el consumo de drogas en Estados Unidos era lo que provocaba las ganancias “billonarias” de los cárteles y la entrada de una cantidad “indeterminada” de armamento en México para uso del narco: “[…] On our side of the border, an appetite for illicit drugs causes billions of US dollars and an unknown number of weapons to enter Mexico annually. Many of the smuggled weapons are used against the mexican security forces. The single objective of those who ply the drug trade is profit: for mexican traffickers, that profit is estimated by NDIC [Centro Nacional de Inteligencia de la Droga] at 18-39 billion [of dollars] per year. For all of these reasons, the US and mexican governments share the responsibility to defeat the threat of drug trafficking […]”: En nuestro lado de la frontera, un apetito por las drogas ilícitas produce miles de millones de dólares y provoca que un número indeterminado de armas ingresen a México cada año. Muchas de las armas de contrabando se utilizan contra las fuerzas de seguridad mexicanas. El único objetivo de los que manejan el tráfico de drogas es el lucro: para los narcotraficantes mexicanos (ídem).

Poco después, el 5 de mayo de 2010, Placido y Kevin L Perkins, subdirector de la División de Investigación Criminal de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), reconocían públicamente que la mayoría de la cocaína de Suramérica que entraba a Estados Unidos lo hacía a través de México: “[…] Current estimates suggest that approximately 93 percent of the cocaine leaving South America for the United States moves through Mexico […]”: Las estimaciones actuales indican que aproximadamente el 93 por ciento de la cocaína de América del Sur que ingresa a Estados Unidos pasa por México (Anthony P Placido y Kevin L Perkins. “Drug trafficking violence in Mexico: Implications for the United States”. 5 de mayo de 2010).

Lo realmente grave era que, a la vez, se señalaba algo que ponía totalmente en entredicho la lucha antidrogas por parte de las propias autoridades estadunidenses. Y es que, de acuerdo con Placido y Perkins, “[…] the vast majority of bulk currency interdicted within the US is derived from drug trafficking activities. It is estimated that approximately 18-39 billion dollars annually is moved from the interior of the US to the Southwest border on behalf of mexican and colombian DTOs. Thus, billions of US dollars are sent back to Mexico annually. From the mexican perspective, the flow of vast sums of money engenders corruption […]”: La mayoría del dinero sucio en Estados Unidos se deriva de las actividades de tráfico de drogas. Se estima que aproximadamente entre 18 mil y 39 mil millones de dólares al año se desplazan desde el interior de Estados Unidos a la frontera Suroeste, para los cárteles mexicanos y colombianos. Por lo tanto, miles de millones de dólares son enviados de regreso a México cada año. Desde la perspectiva mexicana, el flujo de grandes sumas de dinero engendra la corrupción (Anthony P Placido y Kevin L Perkins, “Drug trafficking violence in Mexico: Implications for the United States”, 5 de mayo de 2010). Es decir que Estados Unidos tenía conocimiento de que decenas de billones de dólares en dinero negro, derivados de la venta de drogas en su territorio, pasaban por las aduanas estadunidenses de la frontera con destino a México.

Lo anterior significa que, primero, las autoridades estadunidenses estarían permitiendo que miles de millones de dólares salgan hacia México, para ser lavados e integrados en el sistema económico legal. En segundo lugar, indicaría que el narco mexicano no está lavando dinero en Estados Unidos y que, por lo tanto, la economía de dicho país no estaría siendo beneficiada por el tráfico de drogas. Si se toma en cuenta que el patrón de actuación de las redes del narcotráfico suele utilizar empresas de los países donde venden las drogas para lavar su dinero, la información de la DEA en este sentido es cuestionable. Así, hay que recordar que investigadores como Lee Rensselaer han calculado que a mediados de la década de 1980 los narcos suramericanos enviaban de vuelta a sus países unos 1 mil 500 millones de dólares de los 5 mil que obtenían en Estados Unidos (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico. México, Distrito Federal, Grijalbo, página 142). Es decir que sólo salía de Estados Unidos el 30 por ciento del dinero negro del narcotráfico. Por ello no tiene lógica que los cárteles mexicanos, que empezaron como simples transportistas de los colombianos, se atreviesen a cambiar de golpe un sistema en el que una parte importante del dinero negro del narco se quedaba en Estados Unidos. Tampoco tiene sentido que los cárteles mexicanos se arriesgasen a mover hacia México la totalidad de sus ganancias (por encima de 19 billones de dólares) si se toma en cuenta que, o bien podrían ser incautados por las propias autoridades estadunidenses en las aduanas fronterizas, o bien podrían ser robadas por otros cárteles rivales. Es más, es necesario señalar que en el pasado la incautación o el robo de grandes cantidades de dinero del narco han sido motivos suficientes para que los jefes del cártel mandaran matar a los capos responsables de dichas pérdidas.

También se debe tener en cuenta un artículo de mediados de la década de 1990 del profesor estadunidense Peter Lupsha, en el que señala que en 1993 salió a la luz el primer caso oficialmente conocido de “simbiosis” entre el sistema financiero legal de Estados Unidos y el crimen organizado mexicano: “[…] The full scope of Garcia Abrego’s activities surfaced in february 1993 when officials of the Beverly Hills, California, branch of American Express Bank International, a subsidiary of the American Express Co, were indicted for laundering over 100 million dollars of his money […]”: El clímax de las actividades de García Abrego se alcanzó en febrero de 1993, cuando los funcionarios de la Beverly Hills, California, filial de American Express Bank International, una subsidiaria de la American Express Co, fueron acusados ??de lavado de más de 100 millones de dólares (Lupsha: “Transnational narco-corruption and narco-investment: A focus on Mexico”). En esta línea es necesario mencionar un libro publicado en 1992, El imperio de la droga, a modo de estudio sociológico sobre el tema a través de la compilación de artículos académicos de varios expertos en la materia. Al principio de éste aparece un mapa desplegable sobre el cultivo, tráfico y lavado de dinero, cuya fuente es el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Lo sorprendente es que en dicho mapa se identifican tres ciudades estadunidenses (Los Ángeles, Nueva York y Huston) como centros de lavado de dinero del narcotráfico a nivel internacional (Francisco Gómez Jara, et al. El imperio de la droga. México, Distrito Federal, Fontamara, 1992, p. 1).

Hay que recordar que fue precisamente a principios de la década de 1990, cuando los cárteles mexicanos empezaron a consolidar su asociación con los colombianos, viendo incrementados exponencialmente los beneficios que obtenían del narcotráfico.

Entonces, si se toma en cuenta que lejos de verse reducido el beneficio económico del narco mexicano, con el paso de los años los cárteles han incrementado sus ganancias de forma exponencial, ¿para qué han servido las políticas llevadas a cabo contra éste? En realidad esta pregunta retórica esconde otra más seria, si cabe: ¿Por qué el narco ha visto incrementado tanto sus beneficios con el paso de los años si, según el discurso oficial, las autoridades lo han estado combatiendo con contundencia? Evidentemente, de ambas preguntas sólo se puede obtener un razonamiento, en coherencia con la evolución del poder y de los beneficios económicos del narco: Si bien a lo largo de los años se han llevado a cabo políticas puntuales de “lucha”, primero contra el cultivo de drogas y después contra algunos narcotráficantes, estas actuaciones han sido parciales y mientras ciertos cárteles se veían atacados por las autoridades, otros eran ampliamente beneficiados al librarse de la “competencia”. Es obvio, por tanto, que utilizar la violencia contra los cárteles no ha tenido resultados eficaces sobre el tráfico de drogas, ya que los ingresos de los narcos sehan acrecentado sin parar. Por ello, la única “guerra” válida y eficaz contra el narcotráfico será aquella en la que las autoridades se centren en perseguir y detener el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, ya que ésta es la clave del poder armamentístico y de la capacidad de corrupción de los cárteles. De lo contrario, en un futuro próximo, la violencia que hoy se vive en muchas zonas de México se extenderá e inevitablemente llegará al otro lado del Río Bravo.

*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España