Washington, Estados Unidos. Constantes muestras de rechazo a polémicas decisiones en temas migratorios de la administración del presidente Donald Trump marcaron el 2018 en Estados Unidos, que se mantiene como destino de muchas personas pese al mandatario.
Desde su cuenta personal de la red social Twitter y otros espacios, el gobernante norteamericano lanzó disímiles ataques verbales contra los inmigrantes sin documentos y criticó a quienes se oponen a su severa política de seguridad fronteriza.
Sin embargo, hubo medidas oficiales que fueron frenadas por la justicia, y los afectados previamente encontraron alguna esperanza en medio de la incertidumbre y la desesperación.
Por ejemplo, el gobierno estadunidense solicitó a la Corte Suprema el 11 de diciembre imponer el decreto ejecutivo contra la posibilidad de obtener asilo para quienes entren ilegalmente a Estados Unidos, el cual fue bloqueado en tribunales inferiores.
Una decena de días después de tal pedido, la máxima instancia judicial rechazó la demanda gracias a cinco votos a favor y cuatro en contra, incluidos en el último grupo los dos jueces conservadores nombrados por Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh).
Según el Departamento de Justicia, la disposición de Trump del 9 de noviembre, debía aplicarse de inmediato para disuadir a miles de centroamericanos que se encuentran en la frontera con México en busca de dicho permiso.
Con una votación dividida de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, asentada en San Francisco, California, se rehusó a permitir la iniciativa del gobernante republicano.
La prohibición del mandatario resulta discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir al Congreso, determinó el panel.
Antes, el 19 de noviembre, el magistrado federal John Tigar, también de San Francisco, detuvo de manera temporal la disposición de Trump, quien justificó la orden con su propósito de evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes centroamericanos.
Mediante la disposición del presidente, solo quienes ingresen a territorio estadunidense por pasos fronterizos oficiales podrían solicitar asilo.
Tigar se pronunció tras una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, e indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, sea o no a través de un puerto de ingreso, puede pedir el permiso.
De la misma manera, el juez federal Emmet Sullivan bloqueó el 19 de diciembre una disposición de la administración destinada a rechazar a solicitantes de asilo que alegan haber sufrido violencia doméstica o de pandillas.
El magistrado, de Washington, DC, consideró como una violación de la ley federal de inmigración las medidas que impiden reconocerles a las presuntas víctimas un “temor creíble” de regresar a su país de origen, el primer paso en un pedido de dicho tipo.
La decisión de Sullivan prohibió al gobierno deportar rápidamente a los solicitantes de tal protección, y el juez expuso que las políticas al respecto emitidas en junio por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, se opusieron a la intención del Congreso y eran ilegales.
También ordenó a las autoridades federales regresar a Estados Unidos a los demandantes que fueron deportados ilegalmente y proporcionarles nuevas determinaciones de temor creíbles que concuerden con las leyes de inmigración.
Sessions dio a conocer el 11 de junio que pondrían en práctica una nueva interpretación de las reglas de asilo, con el argumento de que los inmigrantes indocumentados abusaban de ese sistema.
Bajo la interpretación de la ley hasta ese momento, los ciudadanos extranjeros podían pedir dicha protección si llegaban a Estados Unidos y alegaban miedo al regreso debido a persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.
En ese contexto, el Gobierno estadounidense confirmó el 20 de diciembre su decisión de regresar a México a los inmigrantes que crucen sin documentos la frontera entre ambos países, incluidos los solicitantes de asilo.
Según un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, la administración estadunidense confrontará esta crisis de frente.
Defenderemos la ley y fortaleceremos nuestros compromisos humanitarios, afirmó la funcionaria, quien explicó que Washington informó esta decisión a México, que implementará medidas a favor de las mencionadas personas.
Por otra parte, en diciembre también, indignó a la opinión pública la muerte de dos niños inmigrantes guatemaltecos de 7 y 8 años de edad bajo la custodia de autoridades estadunidenses.
El problema comenzó cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza violó la ley y no notificó al Congreso dentro de las 24 horas estipuladas que la menor Jakelin Caal había fallecido bajo su responsabilidad, subrayó en conferencia de prensa Joaquín Castro, representante demócrata por Texas.
Junto a varios congresistas, Castro visitó el 18 de diciembre el puerto de entrada de Antelope Wells y la estación de la Patrulla Fronteriza de Lordsburg, en Nuevo México.
Por ese punto de acceso ingresó la pequeña guatemalteca a Estados Unidos y quedó en custodia de los agentes previo a su fallecimiento el 8 de diciembre.
De acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza, del cual informó el periódico The Washington Post el 13 de diciembre, la menor llevaba varios días sin comer o tomar agua en el momento de su detención.
Castro mencionó que sostuvo una conversación con Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, quien admitió que la agencia violó la ley federal.
También descubrí en ese diálogo que hubo otros hechos: durante el viaje en autobús para ser procesada, de unos 150 kilómetros, en el cual la menor comenzó a presentar síntomas graves de falla física, no había nadie que pudiera ofrecerle ningún tipo de ayuda médica, explicó.
Posteriormente, dicha oficina informó que otro niño guatemalteco murió el 25 de diciembre en un hospital de Alamogordo, Nuevo México, adonde él y su padre fueron trasladados un día antes pues un agente vio lo que parecían ser signos de enfermedad.
Al principio se pensó que el chico, cuyo nombre no fue mencionado, tenía un resfriado común, lo llevaron a la institución médica y allí el personal descubrió que también poseía fiebre.
Fue retenido durante 90 minutos adicionales para observación y recibió el alta con recetas del antibiótico amoxicilina e ibuprofeno, que a menudo se usa para aliviar el dolor y reducir la fiebre, reportaron medios locales.
Sin embargo, en la noche del 24 de diciembre sintió náuseas y tuvo vómitos, lo que condujo a las autoridades fronterizas a llevarlo de regreso al Centro Médico Regional Gerald Champion, donde pereció.
Debido a la rechazada política de “tolerancia cero” hacia inmigrantes sin documentos, 2 mil 667 pequeños fueron separados de sus padres, y varias imágenes sobre esa situación publicadas por medios de prensa desataron innumerables críticas contra Trump.
Un informe difundido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos a fines de noviembre puntualizó que 147 menores se encontraban entonces bajo custodia federal casi 5 meses después de una orden judicial para la reunificación familiar.
La fuente expuso que los padres de 30 niños fueron declarados no elegibles para la unión teniendo en cuenta sus antecedentes penales, aunque algunos, a juicio de organismos civiles, cometieron faltas menores sin afectar su capacidad para cuidar a los descendientes.
Precisó además que los progenitores de los restantes 117 chicos fueron deportados a sus naciones de origen, y 11 no habían sido localizados.
Siete padres pidieron que los hijos regresaran a su lado, y 99 renunciaron a los derechos de reunificación y solicitaron que sus descendientes permanezcan en Estados Unidos para evitar exponerlos a las existentes condiciones de violencia en sus países.
Aplicada desde mayo último pese al rechazo a nivel nacional y foráneo, la política de “tolerancia cero” estableció que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea divisoria entre Estados Unidos y México fuera acusado de cargos criminales.
Frente a la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar, Trump firmó el 20 de junio una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sufrido la práctica.
Menos de una semana después, el juez federal Dana Sabraw, de San Diego, California, ordenó al gobierno que procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero los plazos dados se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.
Reiteradas veces en 2018, Trump insistió en la importancia de edificar la mencionada barrera fronteriza, una de sus promesas de campaña rumbo a la Casa Blanca, la cual siguió acaparando rechazo.
Para los trabajos de esa obra, el presidente solicitó 5 mil millones de dólares, y amenazó con permitir un cierre del gobierno si esa suma no era incluida en las leyes de gastos que debían aprobarse a finales de año.
Sin embargo, el 21 de diciembre, cuando se cumplía el plazo para financiar una parte de la administración, el Senado falló en alcanzar un acuerdo sobre una propuesta de la Cámara de Representantes que autorizó 5.7 mil millones de dólares destinados al muro.
Tal falta de acuerdo provocó la paralización de actividades en la cuarta parte de las entidades federales, entre ellas los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Estado, Interior, Agricultura, Comercio, y Vivienda y Desarrollo Urbano.
Diony Sanabia/Prensa Latina
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